Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las desestimaciones, por silencio administrativo, de las solicitudes de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: La declaración indagatoria practicada fuera del plazo de instrucción, posterior a la previa declaración en calidad de investigado, es irrelevante. No existe un derecho a conocer los instrumentos y materiales concretos de los que dispuso la policía para la investigación. Las intervenciones telefónicas se autorizaron en base a unos indicios de comisión de delito existentes. Intercambio policial internacional de información que solo exige su constancia escrita, pero no las concretas comunicaciones policiales: no existe un derecho a que el encausado pueda desvelar el contenido de las colaboraciones policiales internacionales. La actuación del Tribunal no desborda la imputación fáctica de la Acusación, ya que los hechos declarados probados no varían los elementos sustanciales de hecho sobre la participación delictiva del recurrente en la estructura organizativa enjuiciada. Constancia de un detallado trazado en la cadena de custodia policial de la sustancia desde la apertura del contenedor hasta su remisión para su análisis químico toxicológico. Declaración confesoria y colaborativa de otros coacusados corroborada por otras pruebas. Existencia de prueba de cargo. No cabe apreciar la tentativa. Aplicación de la agravante de pertenencia a organización delictiva. Complicidad no aplicable. Simulación de operaciones mercantiles y agravante de red internacional. Cómputo del plazo para la instrucción respecto de rebeldes: se inicia hasta cuando se encuentren a disposición real y efectiva.
Resumen: Se alega que debió apreciarse el error de prohibición invencible y no vencible, ya que se reconoció en el delito de asociación ilícita y debió de aplicarse también dicho error por conexidad en el delito de tráfico de drogas; sin embargo yerra el apelante pues se aplicó el vencible al no ser posible la comisión del delito de asociación ilícita cuando se actúa sin conciencia de que las acciones promovidas son constitutivas de delito, sin embargo, esta incompatibilidad entre error vencible y delito del art. 515 CP no se da respecto del delito contra la salud pública, el cual puede ser cometido mediando error de prohibición vencible con la consecuencia atenuatoria que prevé el art. 14.3 CP. Se analizan los requisitos de la atenuante de dilaciones indebidas y se estudian los plazos de paralización del procedimiento para estimarla como muy cualificada. Está justificada la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas por la reiteración de señalamientos suspendidos en una ocasión por la pandemia de Covid 19 (abril de 2020), en otra por motivos organizativos (febrero de 2021) y una tercera vez por enfermedad de uno de los acusados (noviembre de 2021), teniendo lugar el juicio oral en Septiembre de 2022, pero no se dan las circunstancias de ralentización marcadamente exorbitante y excepcional que se requieren para su apreciación con rango de muy cualificada, pues no han transcurrido 5 años.
Resumen: La sentencia apelada estimó el recurso sobre solicitud de restablecimiento del equilibrio económico de la concesión en el periodo de confinamiento de la pandemia del covid. En la sentencia de apelación se considera que la aplicación del régimen de medidas para el restablecimiento del equilibrio concesional del RDL 34/2020 desplaza a la normativa general de contratos, como norma especial, y su finalidad es la de evitar la resolución de contratos administrativos a los que es de aplicación por imposibilidad de su ejecución, y para ello ofrece determinadas soluciones, como puede ser la suspensión del contrato, ampliaciones de plazos con indemnización por determinados conceptos o la modificación de las cláusulas de contenido económico. El término imposibilidad de ejecución del contrato se identifica con los supuestos en que el margen bruto de explotación sea negativo, entendiendo que esta delimitación conceptual, referida al margen bruto de explotación, es un requisito esencial para el reconocimiento del derecho al reequilibrio económico. En el caso, el contrato concesional no resultó afectado por una imposibilidad total de ejecución, ni tampoco consta probado que el margen bruto de explotación fuera negativo a los efectos del reconocimiento a la mercantil concesionaria del derecho al requilibrio económico mediante la compensación de la pérdida de ingresos derivada del covid-19, por lo que no procede el reequilibrio solicitado por la concesionaria.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación expresa de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, de las solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
