Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Una Mutua, sancionada con 60.000€, por falta muy grave, por "Falta de diligencia suficiente en la supervisión de la gestión de la prestación, de forma reiterada y prolongada en el tiempo" recurre la sentencia que confirma la sanción. La Sala estima parcialmente la sanción y la rebaja al grado medio. Se aplica el principio de culpabilidad y así se ponderan las circunstancias, entre ellas la dificultad de la gestión ante tan elevado número de trabajadoras de la empresa (cuya plantilla está mayoritariamente compuesta por mujeres) durante el tiempo de la pandemia, COVID-19, con sus enormes restricciones, no apreciándose dolo o intención torticera alguna por parte de la Mutua, en un momento en que masivamente se solicitó la prestación por riesgo durante el embarazo. En ese momento las declaraciones empresariales sobre la situación por riesgo durante el embarazo fueron firmadas por el Servicio de Prevención Inditex SA, declaración no válida puesto que el Servicio de Prevención Mancomunado no cuenta con la especialidad preventiva de vigilancia de la salud, sino que esta especialidad está concertada con Quirón Prevención, Servicio de Prevención Ajeno.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Se desestima el recurso y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial por un retraso en el diagnóstico de la patología que provocó el fallecimiento del paciente frente a la resolución impugnada por la que se declaró a los recurrentes desistidos en su reclamación de responsabilidad sanitaria. Sostienen los recurrente que la comunicación de inicio del expediente fue notificada al estar declarado el estado de alarma y en vigor el RD 463/2020 por el que se suspendían los términos y se paralizaban los plazos procesales. En todo caso al recibir la comunicación,en pleno confinamiento y de baja laboral cumplimentó el requerimiento,enviando la documentación de la que había sido requerida, mediante correo ordinario al no poder acudir a una oficina presencial de correos.Interesa la nulidad de la notificación al vulnerar el RD 463/2020 por tratarse de una actuación no autorizada por dicha norma. Se desestima el recurso interpuesto atendiendo al requerimiento de subsanación que les fue formulado en el expediente administrativo por un plazo de 15 días hábiles con el apercibimiento de tenerlos por desistidos y sin que la notificación efectuada cuando ya estaba vigente el estado de alarma y suspendidos los plazos administrativos, requiriendo la subsanación,conlleve la nulidad de la resolución impugnada y plazo,que quedó suspendido,hasta que se levantó la suspensión y sin que dentro de dicho plazo, prorrogado 4 meses, se presentara la documentación requerida.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
