Resumen: Contrariamente a lo manifestado por la defensa del recurrente, por el propio reconocimiento de la denunciada y del denunciado, sí que ha quedado probado que este vive en la vivienda cuya ocupación se denuncia, y que se habían mantenido en la misma al menos hasta la fecha de celebración del juicio. Por el contrario, por el recurrente ningún documento se ha aportado que pudiera justificar la ocupación del inmueble, y que justificara que su voluntad no era la de ocupar una vivienda sin título que le legitimara para ello; de hecho, ni tan siquiera se ha acreditado que existiera un contrato que hubiera legitimado la previa utilización de la vivienda por parte del denunciado, ya fuera verbal o escrito con el anterior propietario de la misma o con persona facultada para disponer de la misma; no se ha aportado el contrato de arrendamiento suscrito con ese supuesto arrendador, ni recibo alguno de los pagos realizados y a los que el denunciado se refirió en su declaración, y tampoco se ha traído como testigo a este supuesto arrendador para que confirmara la declaración prestada por el denunciado. Ningún error ha habido, por tanto, en la calificación de los hechos como constitutivos del delito leve de usurpación por el que fue condenado el recurrente, por lo que se desestima el recurso interpuesto y confirma la sentencia apelada.
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional que deniega la suspensión del acuerdo de liquidación derivada del acta de Inspección por el concepto IVA. Se invocaba la falta de motivación de la resolución impugnada en cuanto afirma que no existen daños y perjuicios de imposible o difícil reparación y que concurren los presupuestos para la concesión de la suspensión, pero la Sala concluye que, la posible existencia de los citados perjuicios exige la prueba de los mismos, ya que la suspensión con relevación de garantías tiene carácter excepcional y en otro caso se ha de exigir las garantías para garantizar los intereses generales, por lo que en este caso de la documentación aportada se desprende la existencia de dificultades económicas, pero ello no supone por si solo la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación y que los perjuicios alegados podrían evitarse con el aplazamiento de pago previsto en nuestro ordenamiento jurídico para las posibles situaciones de dificultades de tesorería.
Resumen: La Sala condena por un delito de agresión sexual en la redacción dada tras la reforma por ley orgánica 10/2022, por ser más favorable para el reo, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de reparación del daño al haber consignado y garantizado antes del juicio el pago de las responsabilidades civiles en caso de condena, como así fue. En el supuesto de autos el acusado atentó contra la libertad sexual de la mujer mediante violencia e intimidación, consistiendo esa agresión sexual en un acceso carnal por vía bucal, al obligarle a realizarle una felación. Así, recordemos que la intimidación empleada no ha de ser de tal grado que presente caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada, basta que sea suficiente y eficaz en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima. La ausencia de señales físicas en el cuerpo de la víctima o de otros signos externos no empece para la existencia del delito la agresión sexual. No concurre el subtipo agravado del artículo 180.1.3ª CP, vulnerabilidad, pues impide su apreciación, en este caso, el principio acusatorio no pudiéndose apreciar en la sentencia hechos o circunstancias que no hayan sido objeto de acusación y sobre las cuales el acusado no haya podido defenderse.
Resumen: CONDUCCIÓN BAJO INFLUENCIAS BEB.ALCOHÓLICAS/DROGAS
