Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: CONDUCCIÓN BAJO INFLUENCIAS BEB.ALCOHÓLICAS/DROGAS
Resumen: La Sala comienza recordando que no le corresponde valorar la calidad del sistema sanitario de los Estados Unidos, que la parte actora considera el mejor del mundo, ni compararlo con el sistema sanitario español; ni las políticas sanitarias -presentes o futuras- del Gobierno y en concreto del Ministerio de Sanidad, únicamente si concurren o no en la actora las condiciones establecidas en la normativa de aplicación para que le sean reconocidos efectos profesionales en España a su título de médico especialista en neurología obtenido en Estados Unidos. El informe de comprobación previa fue positivo y se da traslado del expediente al Comité de Evaluación, al quedar acreditado que la formación alegada por la interesada reúne las condiciones mínimas de formación exigidas por la Unión Europea, según lo establecido en el artículo 37, en relación con el 6.2 del Real Decreto 1837/2008. La conclusión alcanzada por el Comité de Evaluación es erróneo porque la interesada acredita documentalmente haber realizado cuatro años de residencia para obtener la especialidad en neurología. Además, se está evaluando la actividad asistencial de la recurrente tomando como fecha de referencia la de la resolución de 2021, sin tener en cuenta que la solicitud se presentó el 15 de julio de 2016. Y es en esa fecha cuando debía acreditar que reunía los requisitos exigibles, tal como se establece en el artículo 3 del RD 459/2010.
