• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: JAVIER ALBAR GARCIA
  • Nº Recurso: 88/2022
  • Fecha: 24/03/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Burgos
  • Ponente: JOSE LUIS CONCEPCION RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 21/2023
  • Fecha: 16/03/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO PIGNATELLI MECA
  • Nº Recurso: 51/2022
  • Fecha: 15/03/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Falta grave consistente en "la grave desconsideración con los subordinados en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas", prevista en el apartado 6 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.Indefensión; el derecho a la utilización de los medios de prueba en el procedimiento disciplinario no es ilimitado; pertinencia y necesidad -indispensabilidad- de la prueba; la Administración o el órgano judicial han de decidir motivadamente sobre la pertinencia y necesariedad de la prueba, rechazando, motivada y convincentemente, la que resulte no pertinente, superflua, inútil o innecesaria, en sí misma considerada y en relación con el conjunto probatorio y al estado del procedimiento; la parte recurrente no ha llegado a acreditar no ya la indispensabilidad de la prueba denegada o no practicada, ni siquiera su necesariedad para la fijación de los hechos con relevancia disciplinaria, no habiendo identificado en qué haya consistido el menoscabo o minoración sustancial que hubiera experimentado por culpa de la actuación administrativa o judicial, en cuanto a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, ni cuáles fueron los hechos relevantes que quiso y no pudo acreditar, de forma que no ha concretado de qué manera se le originó una indefensión material real y efectiva. Incongruencia omisiva o fallo corto por omisión de pronunciamientos; falta de solicitud de complementación ante el propio Tribunal de instancia -antes de alegar la incongruencia omisiva en sede casacional puede hacerse uso, en su momento, de la facultad de complementación de la sentencia que confiere el art. 267.5º de la LOPJ-; el derecho a la tutela judicial efectiva se cumple con un pronunciamiento judicial que dé respuesta fundada y no arbitraria a las pretensiones de la parte; el juicio de congruencia se refiere a las pretensiones de las partes y no a las meras alegaciones, siempre que la omisión resulte relevante en cuanto al fondo y no sea subsanable incluso en sede casacional; no resulta exigible la respuesta pormenorizada y caben las contestaciones implícitas; se ha llegado a ofrecer en la sentencia impugnada una respuesta fundada en Derecho ciertamente no ya tácita sino expresa, en definitiva, una conclusión explícita, jurídicamente fundamentada, sobre las cuestiones aducidas, no pudiendo, en consecuencia, apreciarse la inexistencia de respuesta alguna a las pretensiones formuladas, y ni siquiera una respuesta tácita, por lo que es obvio que, a través de la explicita argumentación con que se contesta a las alegaciones de mérito, no se ha vulnerado el deber de atendimiento y consiguiente resolución razonada de las mismas, no viéndose frustrado así el derecho del ahora recurrente a obtener una respuesta, favorable o no, fundada en Derecho acerca de las cuestiones planteadas, lo que, en consecuencia, no comporta una automática vulneración del derecho reconocido en el art. 24.1 de la Constitución, pues solo han de estimarse constitucionalmente relevantes, a estos efectos, aquellos supuestos de incongruencia omisiva que hayan colocado a la parte en una real y efectiva situación material de indefensión. Vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia; en la nueva regulación del recurso de casación contencioso-administrativo, este se encuentra esencialmente destinado a resolver cuestiones jurídicas, aunque en la casación contencioso-disciplinaria cabe una interpretación más laxa y abierta, lo que en definitiva nos permite extender nuestro análisis a constatar la existencia de un mínimo de actividad probatoria y a si la valoración de la prueba efectuada en la única instancia cabe tildarla de arbitraria o irrazonable; apreciación de la existencia de prueba de cargo en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador; lo que la Sala de instancia concluye como realmente acaecido responde a una valoración razonada y razonable de la prueba, de cargo y de descargo, de que ha dispuesto; imposibilidad de revalorar la prueba en casación; apreciación razonable por la Sala de instancia del conjunto de la prueba obrante en los autos, extrayendo de la misma conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica. Tipicidad; bien jurídico protegido; elementos del tipo; tipo subjetivo. Proporcionalidad -art. 19 de la L.O. 12/2007- de la sanción impuesta de dos meses de suspensión de empleo, con los efectos que señala el art. 13 de la L.O. 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil; conforme al art. 11.2 de la L.O. 12/2007, la de suspensión de empleo es la sanción imponible por falta grave de aflictividad intermedia; se impone en su grado y extensión medios. Desestimación del recurso.Falta grave consistente en "la grave desconsideración con los subordinados en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas", prevista en el apartado 6 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.Indefensión; el derecho a la utilización de los medios de prueba en el procedimiento disciplinario no es ilimitado; pertinencia y necesidad -indispensabilidad- de la prueba; la Administración o el órgano judicial han de decidir motivadamente sobre la pertinencia y necesariedad de la prueba, rechazando, motivada y convincentemente, la que resulte no pertinente, superflua, inútil o innecesaria, en sí misma considerada y en relación con el conjunto probatorio y al estado del procedimiento; la parte recurrente no ha llegado a acreditar no ya la indispensabilidad de la prueba denegada o no practicada, ni siquiera su necesariedad para la fijación de los hechos con relevancia disciplinaria, no habiendo identificado en qué haya consistido el menoscabo o minoración sustancial que hubiera experimentado por culpa de la actuación administrativa o judicial, en cuanto a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, ni cuáles fueron los hechos relevantes que quiso y no pudo acreditar, de forma que no ha concretado de qué manera se le originó una indefensión material real y efectiva. Incongruencia omisiva o fallo corto por omisión de pronunciamientos; falta de solicitud de complementación ante el propio Tribunal de instancia -antes de alegar la incongruencia omisiva en sede casacional puede hacerse uso, en su momento, de la facultad de complementación de la sentencia que confiere el art. 267.5º de la LOPJ-; el derecho a la tutela judicial efectiva se cumple con un pronunciamiento judicial que dé respuesta fundada y no arbitraria a las pretensiones de la parte; el juicio de congruencia se refiere a las pretensiones de las partes y no a las meras alegaciones, siempre que la omisión resulte relevante en cuanto al fondo y no sea subsanable incluso en sede casacional; no resulta exigible la respuesta pormenorizada y caben las contestaciones implícitas; se ha llegado a ofrecer en la sentencia impugnada una respuesta fundada en Derecho ciertamente no ya tácita sino expresa, en definitiva, una conclusión explícita, jurídicamente fundamentada, sobre las cuestiones aducidas, no pudiendo, en consecuencia, apreciarse la inexistencia de respuesta alguna a las pretensiones formuladas, y ni siquiera una respuesta tácita, por lo que es obvio que, a través de la explicita argumentación con que se contesta a las alegaciones de mérito, no se ha vulnerado el deber de atendimiento y consiguiente resolución razonada de las mismas, no viéndose frustrado así el derecho del ahora recurrente a obtener una respuesta, favorable o no, fundada en Derecho acerca de las cuestiones planteadas, lo que, en consecuencia, no comporta una automática vulneración del derecho reconocido en el art. 24.1 de la Constitución, pues solo han de estimarse constitucionalmente relevantes, a estos efectos, aquellos supuestos de incongruencia omisiva que hayan colocado a la parte en una real y efectiva situación material de indefensión. Vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia; en la nueva regulación del recurso de casación contencioso-administrativo, este se encuentra esencialmente destinado a resolver cuestiones jurídicas, aunque en la casación contencioso-disciplinaria cabe una interpretación más laxa y abierta, lo que en definitiva nos permite extender nuestro análisis a constatar la existencia de un mínimo de actividad probatoria y a si la valoración de la prueba efectuada en la única instancia cabe tildarla de arbitraria o irrazonable; apreciación de la existencia de prueba de cargo en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador; lo que la Sala de instancia concluye como realmente acaecido responde a una valoración razonada y razonable de la prueba, de cargo y de descargo, de que ha dispuesto; imposibilidad de revalorar la prueba en casación; apreciación razonable por la Sala de instancia del conjunto de la prueba obrante en los autos, extrayendo de la misma conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica. Tipicidad; bien jurídico protegido; elementos del tipo; tipo subjetivo. Proporcionalidad -art. 19 de la L.O. 12/2007- de la sanción impuesta de dos meses de suspensión de empleo, con los efectos que señala el art. 13 de la L.O. 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil; conforme al art. 11.2 de la L.O. 12/2007, la de suspensión de empleo es la sanción imponible por falta grave de aflictividad intermedia; se impone en su grado y extensión medios. Desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JUAN MIGUEL DONIS CARRACEDO
  • Nº Recurso: 25/2021
  • Fecha: 13/03/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: JUAN CARLOS FERNANDEZ LLORENTE
  • Nº Recurso: 578/2022
  • Fecha: 13/03/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL CAMINO VAZQUEZ CASTELLANOS
  • Nº Recurso: 679/2022
  • Fecha: 09/03/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 943/2022
  • Fecha: 09/03/2023
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto no acumulación de recursos. Responsabilidad patrimonial por Covid-19.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 231/2022
  • Fecha: 09/03/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: JURISDICCION SOCIAL. La impugnación del Informe preceptivo emitido por la Dirección de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, en el marco del proyecto de un convenio colectivo que afecta a determinado personal al servicio del sector público andaluz, no es una pretensión que deba resolver la jurisdicción social. ANDALUCIA EMPRENDE, Fundación Pública Andaluza.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: YOLANDA MARTINEZ ALVAREZ
  • Nº Recurso: 1079/2022
  • Fecha: 09/03/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 5769/2022
  • Fecha: 08/03/2023
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Liquidación de precios públicos sanitarios. Costes de asistencia sanitaria prestada por Covid-19 en hospitales del sistema público a los funcionarios públicos cubiertos por mutualidades como ISFAS, MUGEJU, MUFACE. Determinar la procedencia de la asunción de gastos médicos en que incurrieron los centros sanitarios públicos a los que fueron derivados los mutualistas afectados por Covid-19.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.