Resumen: Declarada en primera instancia la nulidad de un contrato de préstamo por existir un interés remuneratorio usurario, interpone recurso de apelación la entidad de crédito. Al tratarse de un contrato de préstamo ordinario el interés con el que se debe establecer la comparación es el de los créditos en operaciones al consumo. El tipo de interés del contrato no supera el doble de la media recogida en las tablas del Banco de España, por lo que no puede considerarse usurario. Se cumple también con el control de transparencia. En el contrato está perfectamente clara la carga económica que el mismo supone para su cliente. En efecto, no solamente se explicita la TAE, sino que se recoge la cuantía de la deuda, el tipo de interés aplicable, el plazo de duración del contrato y el número de cuotas fijas a pagar. Entra a analizar la sentencia la comisión de reclamación por posiciones deudoras, petición que no se había solicitado en la demanda y a la que se hace referencia en el escrito de oposición a la apelación. Es exigible que el tribunal se pronuncia sobre las cláusulas abusivas existentes, aunque las mismas hayan sido alegadas con posterioridad al momento procesal ordinario. Se trata de una cláusula abusiva ya que por un lado resultaría desproporcionada cuando las actuaciones realizadas por la entidad bancaria que se prevén en la misma resulten de tan escasa entidad que el abono de dicha suma sea desproporcionada y también se produce la automaticidad ya que une el devengo de la comisión al mero hecho de hacer una reclamación por escrito cualquiera que sea esta. Se estima parcialmente el recurso y se estima parcialmente la demanda declarando la nulidad de esta cláusula con imposición de costas a la parte demandada.
Resumen: La sala concluye que la superación o no del control de transparencia de las cláusulas que contienen el IRPH como índice de referencia no admite una respuesta única y que la solución dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo. Esta apreciación, considera la sala, no le exime de facilitar un catálogo de los diferentes elementos que habrán de ser tenidos en cuenta por los órganos jurisdiccionales en la realización del control de transparencia, en cumplimiento de su obligación de formar doctrina jurisprudencial y de la función que, como tribunal de casación, le corresponde en orden a la armonización de la interpretación del Derecho nacional y en aras de la seguridad jurídica. Sintetiza tales parámetros del modo siguiente: i) La primera comprobación será la correspondiente al régimen jurídico del préstamo, esto es, la aplicación del bloque normativo de la Orden de 1994 y de la Circular 5/1994, del propio de la Orden EHA/2899/2011 y la Circular 5/2012, o, por último, exclusivamente la normativa general sobre condiciones generales de la contratación y consumo. ii) Solo en los préstamos sometidos a la Orden de 1994 será necesario comprobar las circunstancias relativas a la entrega del folleto previsto en su Anexo I-3 y al diferencial negativo mencionado en la Circular 5/1994. iii) Como regla general, el acceso al conocimiento de la composición, de las peculiaridades, de los valores y de la evolución del tipo oficial estará garantizado a través de la publicación en el BOE de las Circulares 5/1994 y 5/2012 y de los sucesivos valores de los índices IRPH (trasladados luego a la sede electrónica del Banco de España), lo que permitirá entender superado este elemento del control de transparencia. iv) La Directiva 93/13 no impone que la información sobre la evolución pasada y el último valor del índice, ni siquiera en los préstamos sometidos a la Orden de 1994, tuvieran que ser necesariamente facilitados por la entidad prestamista. La información necesaria puede provenir de elementos no facilitados directamente por el prestamista profesional, siempre que esos elementos estén públicamente disponibles y pueda accederse a ellos, en su caso, a través de ciertas indicaciones dadas en tal sentido por ese profesional, para lo que bastará que en la información facilitada conste la mención a la Circular 5/1994. v) No será suficiente, a estos efectos, la sola mención de la Circular 8/1990. vi) Si en los préstamos sometidos a la Orden de 1994 la entidad prestamista ha incumplido el deber de entrega del folleto mencionado en el Anexo I, apartado 3, habrá que tener en cuenta si en el concreto procedimiento se acredita que esa omisión pudo ser suplida por la información facilitada por otros medios, incluidas las indicaciones sobre la fuente y publicación de los datos pertinentes sobre el índice. vii) La omisión de una referencia concreta al diferencial negativo mencionado en el preámbulo de la Circular resultará irrelevante si la información incluía la referencia a la Circular 5/1994 y, en caso de existir una primera franja temporal a tipo fijo, se indicaba la TAE aplicable a ese primer periodo o, se incluía cualquier otra referencia al concepto TAE. No será suficiente, a estos efectos, la sola mención de la Circular 8/1990. viii) La utilización del IRPH en sí no merma la posibilidad del consumidor de comparar una propuesta de préstamo que utilice este índice de referencia con otras propuestas que utilicen otros índices oficiales que no consisten estructuralmente en una TAE.
Resumen: La sala en pleno se pronuncia sobre la abusividad de la cláusula de interés variable referenciado al IRPH. Advierte que no cabe una solución unívoca, puesto que dependerá del examen individualizado en cada caso, conforme a la prueba practicada. No obstante, fija unos parámetros de abusividad de la cláusula conforme a las sentencias del TJUE, para comprobar, después, si la cláusula supera o no el control de abusividad conforme a estos criterios. Para la apreciación del eventual carácter abusivo de la cláusula controvertida, señala el TJUE, que debe tomarse en consideración: el incumplimiento del requisito de transparencia, y la comparación del método de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por esta cláusula y el tipo efectivo de esos intereses resultante con los métodos de cálculo generalmente aplicados y, entre otros, con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato de préstamo en cuestión a un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los de dicho contrato. Los parámetros del juicio de abusividad de la cláusula de interés variable referenciado al IRPH son los siguientes: i) La valoración de la abusividad debe hacerse en el momento de la contratación del préstamo. Para determinar el carácter abusivo de una cláusula se han de tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes en ese momento. ii) La existencia eventual de un desequilibrio en detrimento del consumidor depende esencialmente, no del propio índice de referencia, sino del tipo de interés que resulta efectivamente de esta cláusula. Se han de tomar en consideración, no solo los valores del índice de referencia, sino también el diferencial aplicado contractualmente a ese índice, con el fin de comparar el tipo de interés efectivo resultante con los tipos de interés habituales del mercado. iii) El carácter abusivo de una cláusula contractual se debe apreciar con referencia a todas las demás cláusulas del contrato. Puede ser pertinente examinar la naturaleza de las comisiones eventualmente estipuladas en otras cláusulas del contrato objeto del litigio principal, con el fin de comprobar si existe un riesgo de doble retribución de determinadas prestaciones del prestamista. Pero el hecho de que, debido a sus procedimientos de cálculo, índices como los IRPH se determinen tomando como referencias diferentes TAE, no produce el efecto de transformar el tipo de interés de un préstamo adaptado periódicamente según la evolución de los valores sucesivos de un IRPH en una TAE que pueda desglosarse, por una parte, en un tipo de interés ordinario propiamente dicho y, por otra parte, en diferenciales, comisiones y gastos. iv) El hecho de que en la cláusula se haga uso de un índice de referencia establecido a partir de las TAE aplicables a los contratos tomados en consideración para calcular los valores sucesivos de este índice, y que esa TAE incluya elementos derivados de cláusulas cuyo carácter abusivo se declare posteriormente, no implica que la cláusula de adaptación del tipo de interés del contrato en cuestión deba considerarse abusiva. v) Se ha de comparar el tipo efectivo de los intereses ordinarios resultante de la aplicación de la cláusula que establece como índice de referencia el IRPH y el tipo efectivo de esos intereses resultante con los métodos de cálculo generalmente aplicados, y, entre otros, con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato de préstamo en cuestión a un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los de dicho contrato. vi) Otros aspectos del método de cálculo del tipo de interés contractual o del índice de referencia pueden ser pertinentes, si pueden crear un desequilibrio en detrimento del consumidor, para lo que habrá que estar a las circunstancias de cada caso.
Resumen: La demanda inicial la interpone una entidad bancaria en reclamación del saldo deudor de un contrato de préstamo que se ha declarado vencido anticipadamente por impago. La parte demandada formula reconvención en la que solicita la nulidad del contrato de préstamo por usurario, la nulidad de la cláusula de intereses de demora y de la comisión por reclamación de posiciones deudoras. En la sentencia dictada en primera instancia no se consideran usurarios los intereses remuneratorios, se declara la nulidad de los de demora y de la comisión por reclamación de posiciones deudoras. Se estima, por tanto, la demanda de la entidad de crédito. El recurso de apelación lo interpone la parte demandada y en él se solicita la estimación de la nulidad por ser usurario el interés remuneratorio. El recurso es desestimado dado que el interés que no supera francamente el doble del tipo promedio de esta tipología de créditos, en las circunstancias concretas. Se tiene en consideración para valorar la usura la finalidad del préstamo, que era la de refinanciación.
Resumen: Se interpone recurso de apelación por la entidad bancaria, contra la sentencia que declaró la nulidad por usura de un contrato de préstamo personal suscrito el 15 de febrero de 2017, en el que se estableció una TAE del 16,29%, considerablemente superior a la media del 8,42% publicada por el Banco de España para préstamos al consumo en ese momento. La entidad recurrente argumenta que la TAE no duplica la media y que el criterio de usura aplicable es diferente al de los préstamos revolving, defendiendo la validez de las comisiones por impago y apertura. Sin embargo, el tribunal de apelación sostiene que la TAE supera en 7,87 puntos la media, lo que se considera notablemente desproporcionado, y ratifica el criterio de los 6 puntos como referencia para evaluar la usura, aplicable también a préstamos ordinarios al consumo.
Resumen: Nulidad de una cláusula del contrato de préstamo hipotecario que impone a la parte prestataria los gastos derivados de la contratación de un seguro de vida vinculado. La entidad bancaria tiene legitimación pasiva para responder a las pretensiones de la demanda, aunque no sea la entidad aseguradora ya que se beneficia de la contratación del seguro y su imposición es considerada una práctica abusiva. La falta de transparencia en la información proporcionada al prestatario sobre el seguro y su vinculación al préstamo, así como la omisión de incluir el coste del seguro en la TAE, constituyen una violación de las normas de transparencia. Se trata de una condición del contrato que ha venido impuesta por parte de la entidad bancaria a los actores, que únicamente redunda en su propio beneficio y que fue firmada por aquellos sin tener pleno conocimiento de cuáles eran sus características y sus repercusiones en el préstamo. Constituye una práctica bancaria abusiva que ha de ser declarada nula,
Resumen: Se interpone un recurso de apelación por la parte actora contra la sentencia dictada en primera instancia, que declaró nulos los intereses remuneratorios de un contrato de tarjeta de crédito revolving por considerarlos usurarios. El TAE pactado para compras era del 2471% y de disposiciones en efectivo del 2682%, siendo el contrato de septiembre de 2008. La parte apelante solicita la revocación de la sentencia argumentando que el interés aplicado no es usurario, ya que se encuentra dentro de los márgenes del mercado en el momento de la contratación. La Audiencia concluye que los intereses fijados superan el límite considerado admisible, confirmando así la nulidad del contrato por usura.
Resumen: La sentencia declara la nulidad de ciertas cláusulas de un contrato de tarjeta revolving por falta de transparencia y abusividad. El tribunal establece que, aunque el contrato supera el control de incorporación, no cumple con el control de transparencia, lo que provoca un desequilibrio en contra de la buena fe del consumidor. Se destaca que la falta de información clara sobre los riesgos y el funcionamiento del crédito revolving puede llevar al consumidor a un estado de "deudor cautivo". La mera visibilidad del TAE no basta, pues no ilustra su interacción con el sistema revolving. Se concluye que la falta de transparencia en las cláusulas esenciales del contrato justifica la nulidad de las mismas, lo que a su vez implica la ineficacia total del contrato.
Resumen: El debate en el recurso de casación ha quedado limitado a determinar cuál debe ser el tipo de contraste para determinar si el 13,80 TAE% del préstamo litigioso es un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino. La sala desestima el recurso. La desproporción del interés contractual con las circunstancias del caso es un requisito acumulativo al del interés notablemente superior al del mercado. El canon de comparación utilizado por la Audiencia Provincial fue la categoría estadística del Banco de España definida como "préstamos para fines distintos al crédito al consumo y a las operaciones hipotecarias" (7,78%) que, comparado con el tipo contractual (13,80% TAE), no se consideró notablemente superior ni manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. El recurso de la prestataria, que pretende fijar como tipo de contraste la categoría estadística del Banco de España para la media de las operaciones hipotecarias carece de efecto útil, pues realmente el canon de comparación sería el de los tipos medios de interés de los préstamos hipotecarios propios del mercado de crédito alternativo regido por la Ley 2/2009. En el caso, la sala concluye que no se trata de un préstamo usurario. Se reitera la doctrina de la STS Pleno 257/2023, de 15 de febrero y de la STS 1294/2025, de 23 de septiembre.
Resumen: Se reclama la declaración de nulidad de un préstamo para la adquisición de un vehículo por el carácter usurario del interés remuneratorio. Subsidiariamente, se solicita la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios por falta de transparencia y abusividad. La pretensión es desestimada en primera instancia. La sentencia se confirma. Al tratarse de un préstamo al consumo a tipo fijo el interés del contrato debe compararse con el interés de créditos al consumo de la tabla del Banco de España. El interés pactado no supera los seis puntos. El control de transparencia supone informar al consumidor de la carga económica y jurídica que asume. El contrato cumple con el control de transparencia dado que expresa el típo de interés nominal TAE, el importe del préstamo, su destino, el plazo de amortización, el total debido, el importe de los intereses, la comisión y la fecha de cada liquidación mensual.
