Resumen: De conformidad con lo dispuesto en la STC 182/2021, las liquidaciones provisionales o definitivas por IIVTNU que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco podrá solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex art. 120.3 LGT, de autoliquidaciones respecto a las que aún no se hubiera formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la STC. Sin embargo, sí será posible impugnar, dentro de los plazos establecidos para los distintos recursos administrativos y el recurso contencioso-administrativo, tanto las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieren alcanzado firmeza al tiempo de dictarse la sentencia, como solicitar la rectificación de autoliquidaciones ex art. 120.3 LGT, dentro del plazo establecido para ello, con base en otros fundamentos distintos a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por dicha a STC 182/2021. Así, entre otros, con fundamento en las previas sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de las normas del IIVTNU en cuanto sometían a gravamen inexcusablemente situaciones inexpresivas de incremento de valor (entre otras STC 59/2017) o cuando la cuota tributaria alcanza confiscatorio (STS 126/2019) al igual que por cualquier otro motivo de impugnación distinto.
Resumen: Los procedimientos de cancelación de la inscripción en el registro de preasignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, se siguen directamente con el titular de la inscripción, que es el titular de derechos e intereses legítimos, sin perjuicio de que el avalista pueda comparecer en los mismos. Y en el de ejecución de la garantía, diferente del anterior, es parte en el procedimiento el prestador de la garantía o aval, al que ha de notificarse la incoación. El incumplimiento del plazo de un mes para iniciar el procedimiento de ejecución o cancelación del aval establecido en el artículo 8.4 del Real Decreto 1578/2008, no produce el efecto de caducidad o extinción de la obligación de pago. Inaplicación de los plazos del artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. La acción para ejecutar el aval no puede ejercitarse por la Administración con anterioridad al acuerdo de cancelación por incumplimiento de la inscripción del proyecto en el registro de preasignación de retribución. No es aplicable Reglamento de Cajas y Depósitos aprobado por el Real Decreto 937/2020. Plazo de prescripción de 4 años de la acción para ejecutar el aval.
Resumen: Cuando la contribuyente presentó el recurso de reposición contra la liquidación, basándose en la declaración de inconstitucionalidad y nulidad que, a su juicio, proyectaba sobre la misma la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, concurría ya una situación consolidada, por lo que procede desestimar su recurso contencioso-administrativo.
Resumen: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Situaciones consolidadas. Remisión a las sentencias de 12 de julio de 2023, recurso de casación núm. 4701/2022, y de 10 de julio de 2023, recurso de casación núm. 5181/2022.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si la nulidad de los preceptos de una norma que regulan el objeto y el hecho imponible, la base imponible y la determinación de los tipos imponibles de un tributo, en cuanto configura una ayuda de Estado contraria al ordenamiento comunitario, alcanza al tributo en su conjunto, debiéndose confirmar o no las liquidaciones tributarias por cumplir el resto de los presupuestos recogidos en dicha norma. Cuestión resuelta por las SSTS de 30 de abril de 2024 (rec. 7341/2022 y 7429/2022) y 6 de mayo de 2024 (rec. 7393/2022).
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar, en supuestos en los que han sido anuladas dos liquidaciones dictadas por la Administración respecto de un mismo concepto tributario y por defectos que, a pesar de no ser idénticos, sí son de semejante naturaleza -en este caso, vicios formales causantes de indefensión-, si es posible dictar una tercera liquidación tributaria en relación con el citado tributo en tanto no incurra la Administración en idéntico yerro; o si, por el contrario, tal conducta podría ser contraria a los principios de buena fe y seguridad jurídica a los que se encuentra obligada la Administración conforme a normativa legal y constitucional, así como el de buena administración, que impediría repetir una y otra vez la posibilidad de liquidar deudas anuladas en procedimientos revisorios.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si la nulidad de los preceptos de una norma que regulan el objeto y el hecho imponible, la base imponible y la determinación de los tipos imponibles de un tributo, en cuanto configura una ayuda de Estado contraria al ordenamiento comunitario, alcanza al tributo en su conjunto, debiéndose confirmar o no las liquidaciones tributarias por cumplir el resto de los presupuestos recogidos en dicha norma. Cuestión resuelta por las SSTS de 30 de abril de 2024 (rec. 7341/2022 y 7429/2022) y 6 de mayo de 2024 (rec. 7393/2022).
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si la nulidad de los preceptos de una norma que regulan el objeto y el hecho imponible, la base imponible y la determinación de los tipos imponibles de un tributo, en cuanto configura una ayuda de Estado contraria al ordenamiento comunitario, alcanza al tributo en su conjunto, debiéndose confirmar o no las liquidaciones tributarias por cumplir el resto de los presupuestos recogidos en dicha norma. Cuestión resuelta por las SSTS de 30 de abril de 2024 (rec. 7341/2022 y 7429/2022) y 6 de mayo de 2024 (rec. 7393/2022).
Resumen: La cuestión que plantea interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la facultad prevista en el artículo 13 LGT ampara la recalificación de determinados rendimientos declarados en el IRPF como provenientes del trabajo en rendimientos de actividades económicas -con el correspondiente impacto en la tributación del IVA-, cuando dicha regularización se funda, en último término, en la constatación de que la sociedad pagadora de los rendimientos no cuenta con medios humanos ni materiales para realizar la actividad económica que constituye su objeto social, actividad que es materialmente efectuada, con los medios que él mismo aporta, por el contribuyente -persona física- del IRPF e IVA regularizado.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si respeta el principio de la Unión Europea de libre circulación de servicios -y de prohibición de la restricción a su libre prestación, ex art. 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea- una ley interna como la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que impone al pagador de rendimientos por servicios prestados por una entidad no residente sin establecimiento permanente la obligación de retener e ingresar un importe calculado sobre los rendimientos íntegros. En particular, tomando como punto de partida la calificación de las rentas obtenidas por OMEA (abonadas por Oracle Ibérica) como cánones, y puesto que, con arreglo al CDI, han de tributar en España, precisar si la base sobre la cual ha de aplicarse el tipo de retención ha de calcularse previa deducción de los gastos directamente relacionados con la actividad o, por el contrario, sin posibilidad de efectuar esa deducción de los gastos necesarios.
