Resumen: La transmisión a título oneroso de valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión se corresponde con el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, el valor de transmisión no podrá ser inferior al mayor de los dos siguiente: El teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto, o el que resulte de capitalizar al tipo del 20 por ciento el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto. Los Resultados que los obtiene la Administración de las declaraciones autoliquidaciones presentadas por la sociedad, no se han aportado al expediente administrativo, por lo que se genera una evidente indefensión contribuyente, pues no puede cuestionar los datos que figuran en la liquidación ni aportar las pruebas que estimase oportunas frente a dichos datos, por lo que no esta justificado por la Administración la media de los resultados de los 3 ejercicios anteriores de la sociedad
Resumen: Se trata de determinar si es posible que, aunque en la escritura de préstamo hipotecario figuren tres prestatarios solidarios, el interesado pueda deducirse la totalidad de las cantidades satisfechas a la entidad bancaria por la amortización del préstamo, si acredita que dichas cuotas han sido cargadas o satisfechas a través de una cuenta de su titularidad, o solo sería posible que se dedujese por adquisición de vivienda habitual el 33,33% de las cuotas satisfechas. El derecho a la deducción previsto legalmente es a las cantidades satisfechas en la compra del inmueble que constituye la vivienda habitual y esas cantidades se ha acreditado por el actor que han sido satisfechas por él al haberse cargado las correspondientes cuotas del préstamo hipotecario en su cuenta corriente.
Resumen: En base al necesario juicio de relevancia que debe hacerse, en el sentido de que debe existir la obligada conexión entre lo que debe resolverse en el recurso y el contenido del debate producido, que ya hemos visto constituye un verdadero puzle, no es posible contestar a las cuestiones formuladas antes transcritas. Ya se ha dejado dicho la incongruencia en que ha incurrido la sentencia de instancia, que además acoge la nulidad de pleno derecho sin tan siquiera indicar que supuesto es el que concurre en el presente caso, al punto que básicamente se limita a transcribir varios pronunciamientos judiciales en los que se anularon liquidaciones que no eran firmes, y, en definitiva, otorgando el mismo tratamiento jurídico a actos firmes consentidos respecto de liquidaciones que fueron impugnadas por el sistema ordinario de recursos dispuestos al efecto, obviando lo excepcional del cauce seguido al efecto. [...se dice que ha alegado la interesada la nulidad por el art. 217.1, e (53) ) y g)] y se afirma que se ha infringido el (54) art. 114.7 del Real Decreto Legislativo 1/2001, [TRLA (55) ] sin más (...)
Resumen: Impuesto sobre el Patrimonio. Base imponible. Deducibilidad de las deudas por cuotas del IRPF. La cuestión con interés casacional consiste en confirmar, precisar o matizar la jurisprudencia existente sobre la deducibilidad de las deudas del IRPF en la base imponible del impuesto sobre el patrimonio y, en particular, determinar si resulta procedente computar en la base imponible del impuesto sobre el patrimonio las cuotas del IRPF, correspondientes a ejercicios previos o coetáneos al del impuesto sobre el patrimonio, que hayan resultado de liquidaciones que, en el momento de la liquidación del impuesto sobre patrimonio, no son firmes ni se encuentran suspendidas.
Resumen: La sociedad no contaba en los ejercicios inspeccionados con medios materiales o personales suficientes para desarrollar los servicios profesionales que facturaba a su cliente, ya que aunque dispusiera de la colaboración de determinadas profesionales para el desarrollo de los servicios prestados por el socio, dada la cualificación profesional de las personas contratadas como auxiliares administrativas, meramente residual, sin que se haya acreditado, por ningún medio de prueba, que desarrollasen trabajos de mayor entidad que se correspondiesen con los servicios facturados por la sociedad a sus clientes. El hecho de que por la administración emplee el término servicios profesionales del socio no implica que se estén calificando como actividades económicas los servicios prestados por el socio al no apreciarse que hubiese ordenación de medios de producción por el actor para la prestación de los servicios y no se ha acreditado que las cantidades percibidas de la sociedad fuesen como retribución a su cargo de administrador Al no valorarse las operaciones vinculadas por su valor de mercado, se produce un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad que recibe los servicios por un valor inferior al de mercado. El exceso de aportación que realiza el socio tiene la consideración de ingreso para la sociedad porque beneficia a los otros socios que nada han aportado a la sociedad, de modo que la calificación fiscal es la de una donación debe incluirse en la base imponible.
Resumen: El recargo no persigue una finalidad retributiva, represiva o de castigo, esto es, sancionadora. El recargo tiene una función indemnizatoria, además de una función coercitiva, disuasoria o de estímulo semejante a la de las medidas coercitivas respecto al pago de la deuda tributaria, excluyendo, por otra parte, la aplicación de más severas medidas sancionadoras, lo que supone un estímulo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, lo que es lo mismo, una disuasión para el incumplimiento. No se trataba de un supuesto de fuerza mayor porque los elementos de la obligación tributaria no pueden ser alterados por convenios entre los particulares, y además, esgrimido también por la contribuyente del caso el fallecimiento de la asesora, que se produjo el 28 de abril de 2016, hasta el 25 de julio de 2016, fecha en que terminaba el plazo para la presentación de la autoliquidación correspondiente al modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015, faltaban casi tres meses, siendo ese un tiempo más que suficiente para haber contactado con otro asesor si entendía que la hija de la asesora fallecida no iba a poderse hacer cargo de sus asuntos fiscales. Así las cosas, la sentencia concluye que, en todo caso, la contribuyente pudo haber realizado una declaración correcta ya que era conocedora de que no eran fiscalmente deducibles las pérdidas de ejercicios anteriores por provenir de sanciones de actuaciones inspectoras.
Resumen: Determinar si la Administración puede ejercer la facultad calificatoria que le otorga el artículo 13 LGT amparándose en normas de carácter privado, como en este caso, el Reglamento sobre los Agentes de Jugadores (RAJ), de 29 de octubre de 2007. 2. Determinar si, habiéndole negado la Administración tributaria a un sujeto pasivo la deducibilidad de determinadas cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido, aun así, por mor del artículo 14 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y de acuerdo con el principio de íntegra regularización conformado en la jurisprudencia de esta Sala, la Administración tributaria debe, asimismo, efectuar las actuaciones de comprobación necesarias para determinar si el mismo sujeto tiene derecho a la devolución de las cuotas indebidamente repercutidas, regularizando de forma íntegra la situación del reclamante con respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Resumen: Determinar, si a los efectos de aplicar la exención relativa a las operaciones de arrendamientos que tengan la consideración de servicios y a la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, ha de entenderse que la exención alcanza a los arrendamientos de terrenos de naturaleza rústica, cualquiera que fuese el aprovechamiento que de ellos se obtuviese, incluido el cinegético o, por el contrario, ha de considerarse que un eventual aprovechamiento económico (incluido el cinegético) de ese terreno excluye la aplicación de la exención.Vid. RRCA 5341/2020 y 1107/2021
Resumen: 1) La Administración tributaria no puede, en ejecución del deber de motivar el valor de determinados bienes -o de otros deberes formales- una vez ordenada la retroacción de las actuaciones a tal efecto, dictar una liquidación provisional - a cuenta de la que finalmente resulte-, ni antes ni después de realizar la valoración motivada o de cumplir lo ordenado en la retroacción. 2) Sólo puede girarse liquidación provisional cuando concurra alguna de las circunstancias que la hacen posible en el art. 101 LGT, siempre que tal liquidación provisional se adopte en el seno de un procedimiento de inspección propiamente dicho, sin que puedan considerarse como tales las actuaciones limitadas a ejecutar una resolución económico-administrativa. 3) La Administración tributaria incurre en exceso ilícito, determinante de la nulidad de sus actos, cuando adopta por su cuenta medidas distintas o ajenas a las directamente encaminadas a dar cumplimiento a lo ordenado en sede económico-administrativa, en este caso motivar sus propios actos, sin que la liquidación provisional guarde relación alguna, ni con la retroacción, ni con la actividad que debe realizarse al efecto. Nadie se puede beneficiar de sus propias torpezas
Resumen: Nos encontramos en este caso con actos dictados por la Administración tributaria en ejecución de una resolución judicial que anuló las liquidaciones tributarias practicadas, declarando la nulidad de la valoración de las fincas rústicas anteriormente reseñadas, en cuanto traen causa de unas comprobaciones de valores insuficientemente motivadas, procediendo rechazar la validez de las comprobaciones de valores con relación a tales bienes, anulándolas y retrotrayendo las actuaciones para que sean suficientemente fundamentadas las tasaciones practicadas por la Administración. Estamos ante una resolución judicial que devino firme en 2013 y que ha anulado las liquidaciones por razones formales - falta de motivación - acordando retroacción de actuaciones, para que sean suficientemente fundamentadas las tasaciones practicadas por la Administración y nuevamente notificadas, en unión de la referida justificación, hay que entender que los actos dictados por la Administración tributaria en ejecución de esa resolución judicial. La Administración tributaria debe tramitar el procedimiento retrotraído y notificar una resolución al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental causante de la indefensión del interesado, que determinó la anulación del acto administrativo que puso fin al procedimiento (en un caso como el litigioso el tiempo gastado desde la valoración inmotivada). Dicho plazo empieza a contarse desde el día siguiente a aquel en que se comunica.
