Resumen: El plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 LGT para el inicio de un procedimiento sancionador, derivado de la comisión de una infracción tributaria, no resulta de aplicación en caso de incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria, en particular no es aplicable en el caso de presentación extemporánea de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.
Resumen: La entidad recurrente, empresa que compite en el mercado de transporte de viajeros en las Islas Baleares, impugna la resolución de la CNMC por la cual se le impuso una sanción de multa al considerar acreditada la comisión de una infracción prevista en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia consistente en la intervención activa en la creación de un cártel entre las empresas del sector favoreciendo la adopción de acuerdos sobre precios y reparto del mercado de transporte escolar en licitaciones públicas. La Sala analiza las alegaciones exculpatorias de la entidad actora y, en particular, las que cuestionan la adecuada definición del mercado geográfico, y concluye que la realidad insular de Baleares hace que las empresas de las diferentes islas no sean competidoras entre sí puesto que su mercado geográfico es distinto, es por isla, no por la circunscripción administrativa o política de la Comunidad Autónoma, lo que hace del todo imposible que empresas presentes en distintas islas del archipiélago balear formaran parte de un solo cártel. Sin embargo, y puesto que se le imputa también su intervención en otras conductas anticompetitivas relacionadas con el reparto de mercado del trasporte discrecional de viajeros únicamente en la isla de Mallorca, la sentencia considera probados los hechos que se le atribuyen y confirma la resolución sancionadora en ese extremo al no estar afectada por la incorrecta delimitación del mercado geográfico.
Resumen: Carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles posteriores la decisión anterior, adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la Ponencia Valores. Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa misma Ponencia de Valores determine en el recurso dirigido frente a la misma -con plena cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales. No es posible anular la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por defectos de la Ponencia de Valores -constatados en procesos referidos a otros contribuyentes- cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a derecho dicha Ponencia en sentencia firme.
Resumen: Se cuestiona en este caso cual ha de ser el tratamiento que ha de darse a los vehículos que la empresa cede a sus trabajadores. La regularización que dio lugar a la liquidación recurrida entendió que el porcentaje de disposición privada de los vehículos era del 80%, frente 20% de disposición laboral, siendo así que la empresa se había deducido el 50%. La Sala, a la vista del criterio seguido por el TJUE en la sentencia que cita, concluye que procede estimar el recurso por cuanto la cesión de los vehículos por parte de empresa recurrente a sus empleados no constituye una prestación onerosa de servicios, ante la falta de prueba de la contraprestación económica por la cesión a cargo de los trabajadores en los términos indicados. En consecuencia, no procede que la Administración Tributaria le exija a la actora que hiciera imputación alguna por el uso privativo de los vehículos al tratarse de cesiones no sujetas, ni que dicha empresa repercutiera el Impuesto a sus trabajadores por esta cesión. Y señala, por último, que, tratándose de operaciones no sujetas, no forman parte ni se integran en el cálculo de la regla de la prorrata.
Resumen: La entidad recurrente cuestiona el valor catastral asignado a unos inmuebles de su titularidad al haber cambiado su naturaleza urbanística como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, perdiendo la condición de urbanos y pasando a tener la condición de terrenos rústico. La sentencia examina el alcance de dicho pronunciamiento y señala que la anulación de un instrumento de planeamiento puede implicar la anulación de la valoración catastral, salvo que la realidad física de los inmuebles revele que se deba mantener la consideración de suelo urbano, a los solos efectos catastrales, pese a haberse anulado el instrumento de planeamiento que lo clasificaba como suelo urbano. Sin embargo, para que esta posibilidad pueda prosperar se requiere de la existencia de prueba bastante que así lo justifique, prueba que no existe en el caso analizado por lo que la Sala estima el recurso y anula la valoración catastral realizada sobre la base de la consideración de urbano del suelo afectado.
Resumen: Modelo 720. Prescripción 39.2. LIRPF y sanción DA 18 LGT. Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022 en el asunto C-788/19, Comisión Europea c. Reino de España. Alegaciones.
Resumen: Fusión por absorción de entidades ya participadas por encima del 5 por 100. Fusión por absorción impropia. Determinación de la fecha a que ha de estarse para cuantificar el fondo de comercio susceptible de amortización. Remisión a las normas contables. La fecha a tener en cuenta es la de adquisición de la cartera: primera consolidación anterior a la fusión.
Resumen: Determinar, interpretando el artículo 120.3 LGT conforme a los principios de buena administración y de capacidad económica, si en los supuestos en los que el contribuyente presente junto con la solicitud de rectificación de errores de la autoliquidación una tasación pericial, para fundamentar la incorrecta asignación de valor de los bienes consignados en dicha autoliquidación, el deber de motivación del acuerdo de liquidación exige la valoración de esos bienes por parte de la Administración. Plantea idénticas cuestiones que el RCA/6490/2020, admitido por auto de 14 de julio de 2021.
Resumen: La cesión de uso o puesta a disposición de los vehículos automóviles de los que es titular una sociedad en favor de sus socios debe tributar como rendimiento del capital mobiliario en el IRPF de los cesionarios y, en la medida que constituyan una operación vinculada, resultan aplicables para su valoración las reglas establecidas en el artículo 41 LIRPF.
Resumen: Tributación de las pensiones de jubilación abonadas por Seguridad Social. Aportaciones a la Institución Telefónica de Previsión. Cuestión resuelta por la STS de 24 de junio de 2021, RCA 152/2020 (ECLI:ES:TS:2021:2601), que establece que, en interpretación de la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la reducción de la integración como rendimientos del trabajo en el IRPF de la prestación por jubilación debe extenderse únicamente respecto de aquellas aportaciones que, en su día, no pudieron ser objeto de minoración o reducción, y no a la totalidad de las cotizaciones efectuadas.
