Resumen: El TEAC estimó en este caso la reclamación económico administrativa y admitió la emisión de la factura rectificativa como consecuencia de la modificación del tipo impositivo del IVA aplicado en una compraventa de inmueble, y ello al entender que concurrían los presupuestos a los que el artículo 89.Tres de la LIVA condiciona esa posibilidad. Frente a esta decisión recurre la entidad afectada, y la Sala parte para enjuiciar su pretensión del examen de los supuestos contemplados en dicho precepto, a cuya vista concluye que, en este caso, era admisible la rectificación pretendida por cuanto el número 2 del apartado Tres del citado artículo 89 excluye la posibilidad de la rectificación cuando sea la Administración Tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas por el sujeto pasivo y resulte acreditado, mediante datos objetivos, que dicho sujeto pasivo participaba en un fraude, o que sabía o debía haber sabido, utilizando al efecto una diligencia razonable, que realizaba una operación que formaba parte de un fraude; y en este supuesto no se había acreditado en modo alguno la existencia de fraude.
Resumen: Resumen: Determinar el Epígrafe del IAE en el que se ha de incluir la actividad de comercialización de electricidad a consumidores finales, desplegada en todo el territorio nacional. Cuestión resuelta por la sentencia de 11 de mayo de 2021 (casación 6913/2019): antes de la adición del Epígrafe 151.6 por la Ley de Presupuestos para el 2021, debía encuadrarse conforme a las reglas de la instrucción contenida en el Anexo II del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el Epígrafe 151.5.
Resumen: En el presente caso, la discrepancia se centra en determinar si por la recurrente se ha acreditado que la vivienda de su titularidad tenía la consideración de vivienda habitual a los efectos de la deducción por inversión en vivienda habitual pretendida en el ejercicio 2012. Los consumos constatados de energía eléctrica en la vivienda controvertida en el ejercicio 2012 fueron de 12 Kwh, facturados durante todo el año, (correspondiente al mes de enero), figurando el resto de meses con lectura real de 0 Kwh. La residencia habitual en una vivienda es un hecho de fácil acreditación con la aportación de diferentes documentos que lo justifiquen. No se han aportado recibos acreditativos del consumo de agua. Hay un dato que evidencia en gran medida la residencia en una vivienda y es la contratación de una línea de teléfono móvil o de internet asociada a la vivienda y nada se ha acreditado en este recurso sobre ese extremo. Las facturas relativas a la adquisición de muebles, electrodomésticos y otros enseres no prueban la residencia efectiva y permanente en la vivienda pues bien se pueden adquirir tales elementos pero no residir en la vivienda. Lo mismo cabe decir de las obras realizadas de mantenimiento o reparación en la vivienda, ya que, el hecho de acondicionarla, no significa que se ocupe a continuación la vivienda. Lo mismo cabe decir de la asistencia a las juntas de la comunidad de propietarios, o el pago de seguros o recibos asociados a la vivienda.
Resumen: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, constituye un "canon" a los efectos del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 (16) , relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) cuando grava la constitución de una concesión sobre el dominio público radioeléctrico al estar vinculado su hecho imponible a la concesión de los derechos de uso de radiofrecuencias. El artículo 13 de la Directiva Autorización se opone al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, en su modalidad de concesiones administrativas, como consecuencia de la extensión de la concesión administrativa de uso del dominio público radioeléctrico, al sujetarse esos derechos de uso de radiofrecuencias además a una tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, al no cumplir el carácter proporcionado del importe percibido como contrapartida del derecho de uso de las radiofrecuencias.
Resumen: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por préstamo cualificado. La exención prevista en el artículo 45.I.B)12.b) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, no se extiende a una escritura pública de préstamo hipotecario que se destinará a construir viviendas de protección oficial respecto de aquellos elementos inmobiliarios (locales comerciales y garajes), correspondientes al 3 por 100 de la promoción, que no ostentan la calificación de protección oficial. En el presente caso, dado que la calificación definitiva de VPO, sólo alcanzaba al 97% de lo edificación, sin haberla obtenido el 3% correspondiente a locales y garajes, por lo que resulta correcta la sentencia de instancia en cuanto declara que: quedando acreditado que el préstamo no está destinado exclusivamente al financiamiento de la construcción de un edificio destinado a protección oficial, las entidades que forman parte del conjunto inmobiliario y que no tienen la cualificación de protección oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.2 de la Ley del Impuesto, están sujetas al gravamen de AJD.
Resumen: La declaración complementaria del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2013 se presentó el 16 de julio de 2015. El art. 6.1 de la Orden HPA/865/2014, de 23 de mayo indicaba que el modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades aprobado en el artículo 1 de la presente Orden, se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. De ahí que el plazo de presentación voluntaria de la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2013 finalizaba el 25 de julio de 2014, por lo que la presentación de la declaración extemporánea se produjo con once meses de retraso con lo que el recargo correcto, después de la modificación legal sería en este caso de un 1%, más otro 1% por cada mes de retraso, lo que implica un 12% de recargo en contra del 15% aplicado por la AEAT en la liquidación impugnada. En esa liquidación ya constaba que la recurrente tenía derecho a una reducción de un 25%, prevista en el art. 27. 5 LGT, al haber efectuado el ingreso en periodo voluntario de pago. En definitiva, el nuevo recargo aplicable del 12% de la cuota a ingresar de 626.517,83 € sería de 75.182,14 €. A esa cantidad habría que aplicarle un 25 % de reducción, lo que implica un resultado final de recargo de 56.386,61€. Por ello, el recargo aplicado por la AEAT en su liquidación, de 70.483,26 €, conforme a la anterior normativa, debe ser modificado, lo que supone una estimación parcial del recurso
Resumen: Resumen: Impugnación indirecta de disposiciones generales. Determinar si resulta posible la impugnación indirecta, al amparo del artículo 26 LJCA, de ordenanzas fiscales reguladoras de tributos locales potestativos, con base en la inexistencia del preceptivo acuerdo de imposición y establecimiento de dichos tributos (art. 15 y 16 TRLHL).
Resumen: La Sala, después de rechazar que la resolución del TEAREX haya dejado imprejuzgada la pretensión anulatoria, conforme a las concretas pretensiones alegadas por la recurrente, se adentra a estudiar la nulidad de los procedimientos de gestión tributaria, comenzando por recordar que la separación en compartimentos estancos entre los procedimientos de gestión y de inspección está hoy superada, de tal forma que las liquidaciones provisionales y las actividades de comprobación no son ya funciones exclusivas de los órganos de inspección. Y sentado ello, se adentra en valorar la trascendencia que tiene en el caso concreto la mezcla procedimental que realiza la Administración que dice incoar un procedimiento de comprobación limitada pero introduce en los actos administrativos preceptos y menciones a los procedimientos de comprobación de valores. Y en este caso no le concede la virtualidad anulatoria que se pretende en el recurso por aplicación de la doctrina jurisprudencial que establece que los defectos de forma sólo determinan la nulidad o anulabilidad, en este caso, si se hubiera producido indefensión o la omisión completa del procedimiento, que no es el caso. Finaliza recordando que los procedimientos terminan cuando se dictan las liquidaciones provisionales y no cuando se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra ellas.
Resumen: Concepto de ajuar doméstico. Impuesto sobre sucesiones. Exclusión de los bienes inmuebles, los bienes susceptibles de producir renta, los afectos a actividades profesionales o económicas y el dinero, los valores y títulos. Remisión a la sentencia de 10 de marzo de 2020 dictada en el recurso de casación núm. 4521/2017.
Resumen: ¿Quién tiene derecho a solicitar y obtener la devolución de ingresos indebidos en los supuestos como el presente en el que el dueño de una construcción, instalación u obra ha practicado y abonado la autoliquidación provisional por el concepto de ICIO, pero, posteriormente, ha vendido o transmitido la construcción, instalación u obra que pasa a ser propiedad de un nuevo titular? Aclarar si en el caso en que el Ayuntamiento hubiera ordenado la devolución al nuevo dueño de la construcción, instalación u obra estaríamos en presencia de un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquiría un derecho careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición que habilitaría la declaración de la nulidad de pleno derecho. No hay oposición, en este punto, entre la normativa general de la devolución de ingresos indebidos y la que deriva de la técnica bifásica propia del ICIO, entre liquidación provisional y definitiva, pues desde ambas perspectivas tenía derecho el dueño de la obra a obtener la devolución de lo abonado en exceso, como el Ayuntamiento acordó en su día, accediendo e esta devolución, en acto correcto y ajustado a derecho, que luego incomprensiblemente y sin una explicación aceptable, revisa de pleno derecho con muy escaso fundamento.
