Resumen: Precisar quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en relación con los inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero adscritos o transferidos a una Comunidad Autónoma en virtud de los distintos Reales Decretos sobre traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, si las Comunidades Autónomas o la mencionada Tesorería. Suscita las mismas cuestiones que los autos de 19 de septiembre de 2019 (RC/2977/2019; ECLI:ES:TS:2019:9028A) y 5 de diciembre de 2019 (RRCA/4166/2019; ECLI:ES:TS:2019:12945A y 4174/2019; ECLI:ES:TS:2019:12941A).
Resumen: Se declara que una subvención concedida para la rehabilitación de vivienda no tiene la consideración de incremento patrimonial a efectos del I.R.P.F. y por ello no concurre la obligación de reintegrar la cantidad que se entendía indebidamente percibida en concepto de complemento por mínimos. Se indica que la subvención concedida lo que pretendía es dar la mejor satisfacción al derecho constitucional al acceso a una vivienda digna, y de aquí que la incompatibilidad de los complementos por mínimos con la percepción de una serie de ingresos, entre los que se encuentran las ganancias patrimoniales, no se produce por las subvenciones para la rehabilitación de la vivienda.
Resumen: Consta que el causante se separó de su 1ª esposa en 1986, contrayendo matrimonio con la actora en 1989, distribuyéndose la pensión proporcionalmente por resolución del INSS de 1996. En abril de 2017 fallece la primera esposa y la viuda reclama la pensión íntegra, lo que resulta denegado. En la demanda reclama la actora el abono íntegro de la pensión de viudedad. La sentencia de suplicación revoca la sentencia de instancia estimatoria de la demanda. La sala IV, tras apreciar que concurre la necesaria contradicción a pesar de aplicar las sentencias comparadas normas diferentes y exhaustiva remisión a la evolución normativa sobre la materia, interpreta sistemáticamente el art. 174.2 LGSS 1994 en la redacción dada por la ley 26/09- razonando que en la misma se consagra la percepción proporcional de la pensión por la viuda y la 1º esposa, sin perjuicio de los mínimos establecidos para la viuda, y se establece que la subida o bajada de la pensión para uno de los beneficiarios repercute en el otro. Ello conduce a estimar el recurso de la actora y declarar que, cuando la pensión del excónyuge se extingue, la parte de su pensión se traslada a la del viudo o conviviente. Sin que ello implique que la muerte de la excónyuge constituya un nuevo hecho causante, ni se trate de una revisión de los porcentajes de pensión atribuidos, ni de un acrecimiento de la pensión. Sin que esta solución no es aplicable a supuestos de fallecimiento del viudo o de reparto de la pensión entre excónyuges.
Resumen: Se resuelve si las empresas del sector turístico y asimilado que cumplan con las condiciones fijadas en la DA 110.1 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, disponen de un plazo de 3 meses (art.20.4 del TRLGSS) para aplicarse las bonificaciones previstas, o del plazo de 4 años del artículo 26.4 del mismo texto legal previsto para solicitar ingresos indebidos o reembolso de los costes de las garantías y pago de las cantidades declaradas por sentencia. Determinación de la aplicación del plazo de tres meses establecido en el art.20.4 del TRLGSS, que se computará desde la fecha de publicación de la Ley 3/2017, como plazo aplicable para solicitar las bonificaciones que prevé la DA 110.1 de la referida Ley. Con base en ello se determina la extemporaneidad de una solicitud de devolución presentada correspondiente a los beneficios no practicados en la liquidación de los meses de febrero y marzo de 2017. Consideración delart.20.4 del TRLGSS como norma específica. El retraso en la publicación de la LGP tiene como consecuencia el retraso del inicio del cómputo del plazo, pero no la aplicación de una diferente regulación, como sería la relativa a la devolución de ingresos indebidos. Distinción de las diferentes regulaciones: reintegro de beneficios en la cotización y devolución de ingresos indebidos.
Resumen: Se debate la procedencia o no del recargo de prestaciones de SS derivadas del accidente sufrido por el trabajador. La sentencia de suplicación confirma la resolución que impuso a las empresas recargo del 30% por falta de medidas de seguridad. Se debate ante la Sala IV el alcance del efecto positivo de cosa juzgada que tiene la previa sentencia firme del orden Social que anuló la sanción administrativa sobre la pretensión de recargo de prestaciones. Se considera que la posible eficacia vinculante de lo resuelto en el primer litigio dimana del art. 222 LEC (efecto positivo), a lo que no es óbice la diversidad de objetos de uno y otro proceso, siendo lo trascendente si lo decidido en el primer proceso actúa como condicionante del segundo. En el caso, acreditado en la SJS que el accidente se produjo sin mediar infracción alguna por parte de las empresas, tal pronunciamiento ha de ser respetado en el presente proceso para dar cumplimiento al art. 222.4 LEC, y resolver de acuerdo con lo ya decidido en sentencia firme. Se estima el recurso de las empresas y se declara la firmeza de la sentencia de instancia que dejó sin efecto las resoluciones del INSS que impusieron el recargo.
Resumen: El actor recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que deniega el abono de cantidad en concepto de reintegro por gastos de seguro médico. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la solicitud de modificación del relato fáctico, al no darse los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma; y, en segundo lugar, desestima el recurso, tras recordar las reglas de interpretación de los contratos, ya que si bien el acuerdo de empresa interpretado tiene por objeto fijar un seguro médico privado que debe disponer de un cuadro médico que comprenda todas las especialidades y pruebas reconocidas por el sistema sanitario público, dicha expresión no puede entenderse en un sentido tan amplio que incluya cualquier técnica sanitaria y al no estar la solicitada, consistente en la "crioablación percutánea guiada por TC", comprendida en la cartera básica estatal con las mejoras propias de la Comunidad Autónoma de residencia, no cabe acoger el recurso.
Resumen: El problema jurídico que se trata de decidir es si el feto humano tras el parto, que no adquiere personalidad jurídica con la legislación anterior, sino con la posterior, puede ser considerado "hijo biológico" y permitir acceder al complemento de pensión. Se trata en este caso de un triple embarazo, con dos fallecidas a la hora y una fallecida a las siete horas La Sala se muestra de acuerdo con el criterio de las sentencias que refiere y, en concreto, con la STSJ del País Vasco, Rec. 1071/2020. El complemento de pensión tiene naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, y la fecha del hecho causante es la de las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente causadas con posterioridad a 1-1-2016 que complementa, por lo que, al no establecer nada el art. 60 del TRLGSS y la Ley 48/2015, que añadió el precepto al TRLGSS, respecto de la legislación aplicable a efectos de determinar el concepto de nacimiento, debe de estimarse que la aplicable debe de ser la vigente a la fecha del hecho causante. Incluso abordado el asunto desde la perspectiva de la LO 3/2007 y que se admitiera que debe aplicarse al caso el art. 30 CC en la redacción anterior, el hecho de haber dado a luz un ser que no alcanza personalidad por considerarse como "criatura abortiva", supuso para la madre una limitación en el acceso y mantenimiento del empleo equivalente a la provocada por un parto con éxito, ya que igualmente estuvo embarazada, parió y precisó descanso recuperatorio.
Resumen: La sentencia considera que no es posible el reconocimiento del derecho que postula. Tras el nacimiento de su hija, prosiguió trabajando y no descansó de modo ininterrumpido, cuando la prestación que pretende está prevista para aquellos beneficiarios que, sin solución de continuidad, tras el parto, cesan en los servicios. La resolución de esta cuestión exige tener en cuenta la finalidad a la que responden tanto el artículo 49.c) EBEP como el artículo 177 LGSS . En términos generales, se trata de que el progenitor distinto de la madre suspenda su contrato de trabajo por causa, ya sea del nacimiento del hijo o hija, o, de la adopción o guarda, de cara a la consecución del principio de corresponsabilidad, que trata de conseguirse mediante la atribución de carácter obligatorio al disfrute de las primeras semanas. Por tanto, desde esta perspectiva, no es admisible que su disfrute ni tampoco la solicitud de la correspondiente prestación pueda aplazarse a un momento posterior, a diferencia de lo que ocurría antes del dictado del RDL 6/2019, de 1 de marzo, respecto al permiso de paternidad regulado en el anterior artículo 48.7 ET. Es cierto que esta regla general podría quebrar en supuestos en los que fuera posible justificar las razones de la solicitud tardía. Pero aun cuando se fije la fecha del hecho causante en la fecha de efectiva constancia de la inscripción de la filiación paterna en el Registro, el retraso en la solicitud no estaría justificado.
Resumen: En términos generales, el recurrente sostiene que el actor ha precisado de un largo periodo para estabilización sus secuelas y que, si bien, consta una limitación inferior al 50% en la rodilla afectada, hay que tener en cuenta que existe inestabilidad en la rodilla y atrofia de cuádriceps. Por tanto, sostiene que la conjunta valoración de las secuelas debe determinar el reconocimiento del grado parcial de incapacidad.El recurso no puede ser estimado. Atendidas las secuelas físicas objetivadas, se aprecia que las limitaciones de movilidad de la rodilla no exceden del límite del cincuenta por ciento del arco global de movimiento. Por tanto, aunque efectivamente consta la existencia de una atrofia muscular de 4 cm. en el cuádriceps, no es posible considerar que concurra una clara limitación para la realización de tareas que son propias de su profesión habitual. Por tanto, las limitaciones que afectan a la articulación de la rodilla no determinan el grado parcial de incapacidad, tal como adecuadamente resuelve la sentencia recurrida, puesto que, como ha venido sosteniendo esta Sala, las limitaciones de movilidad de determinadas articulaciones, tanto de las extremidades superiores -codo, hombro, muñeca- como inferiores -rodillas y tobillos- determinan el grado parcial de incapacidad cuando las limitaciones de movilidad, globalmente consideradas, son superiores al cincuenta por ciento, siempre que se trate de profesiones que exijan esfuerzos físicos
Resumen: El actor recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que rechaza su petición de indemnización en concepto de mejora convencional, tras ser declarado en situación de incapacidad permanente absoluta. La Sala de lo Social desestima la revisión fáctica interesada, por su escasa trascendencia, pero estima el recurso y reconoce la mejora, tras analizar el art. 37 del Convenio colectivo aplicable al grupo de empresas SNIACE, en el que se reconoce una indemnización para incapacidad permanente. Y siendo el único requisito que se cuestiona el relativo al procedimiento, al señalar que "se devengará de acuerdo con el procedimiento contractual previsto", considera que basta con la iniciación del expediente de incapacidad permanente y la posterior comunicación del trabajador a la empresa, no siendo necesario un acuerdo previo empresa-trabajador, por el interés de aquella, no pudiendo quedar el cumplimiento del pacto al arbitrio de la parte empresarial.
