Resumen: Se cuestiona si la demandante tiene derecho a la prestación por riesgo durante la lactancia que la sentencia recurrida le ha reconocido. Recurre en unificación de doctrina la Mutua demandada. La demandante ha prestado servicios para un servicio de urgencias desde el 31 de diciembre de 2011, como interina, con la categoría de ATS-DUE de emergencias. La actora dio a luz recibiendo el hijo lactancia natural y tras finalizar el permiso por maternidad solicitó de la Mutua certificado sobre la existencia de riesgo durante la lactancia natural; siendo emitido certificado que indica exposición y manipulación de material biológico y químico La Mutua deniega la prestación al entender que no se produce la situación de riesgo. La trabajadora se halla expuesta a agentes químicos. La sentencia recurrida ha resuelto conforme a la doctrina de la Sala Cuarta porque ha dado por acreditado riesgos específicos y no genéricos, cuando de los hechos probados obtiene como tales los agentes químicos y a agentes biológicos (como fluidos corporales: sangre, saliva, orina, tos, etc, e incluso enfermedades infecciosas transmisibles: TBC,VIH etc), a cuya acción se encuentra expuesta la actora, afirmando que afectan a la lactancia, tal y como lo obtiene de la evaluación efectuada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el certificado de empresa. La sentencia que se invoca de contraste está superada por las sentencias dictadas a partir de 2018.
Resumen: La SAN recurrida acoge en parte la demanda de impugnación de convenio colectivo formulada por el Sindicato de Trabajadores y declara la nulidad del inciso "en alta en la empresa a 31/12/97", contenida en la DT 1ª párrafo 1 del Convenio Colectivo de Repsol Exploración, S.A. Recurren separadamente Repsol Exploración, S.A. y STR. Se plantea en casación unificadora la cuestión de determinar si lo dispuesto en la mencionada DT constituye una doble escala salarial contraria al derecho a la igualdad de trato, en tanto que determina una distinta retribución para los trabajadores en función de su fecha de ingreso en la empresa. La Sala IV declara la ilicitud de la norma convencional por contravenir el derecho a la igualdad de trato de todos los trabajadores de la empresa, sin que su consecuente nulidad puede considerarse subsanada por el hecho de que se hubiere venido aplicando pacíficamente durante más de veinte años sin generar litigiosidad alguna durante ese periodo, ni por el hecho de que actualmente tan solo queden en la empresa 5 trabajadores que perciben el complemento de antigüedad por haber ingresado antes de 31/12/1997. Desestima también el recurso del sindicato al declarar que la constatación de la ilegalidad del precepto convencional que es objeto del procedimiento de impugnación del convenio colectivo, únicamente puede dar lugar a un pronunciamiento en el que se declare su consiguiente nulidad sin entrar a abordar cuales puedan ser las posteriores consecuencias jurídicas.
Resumen: Se suscita en fase de casación unificadora por la dirección letrada de los actores gira en torno a la aplicación a los contratos de colaboración social de la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto-Ley 17/2014, cuando el personal afectado ha iniciado la vigencia de sus contratos con anterioridad al 27 de diciembre de 2013. La Litis planteada ha sido objeto de enjuiciamiento y resolución en sentencia de Pleno en que se fijó la interpretación de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, y se señaló que podían seguir desarrollándose válidamente cualquiera que fuera la actividad, temporal o permanente contratada, sin perder por ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como contratos laborales. Partiendo de la definición de los trabajos de colaboración social se analiza la evolución de la jurisprudencia en la materia. Al supuesto examinado, por elementales razones de seguridad jurídica, determina la confirmación de la sentencia recurrida, en tanto que ajustada a dicha doctrina y plenamente respetuosa con la normativa de aplicación.
Resumen: La finalización válida de contrato temporal conlleva la indemnización que esté prevista normativamente y no la indemnización por despido por causas objetivas del art. 52 ET, de forma que cuando se extingue un contrato de relevo por una causa válida como es la jubilación total del trabajador jubilado parcialmente, no procede indemnizar con la indemnización de 20 días por año de servicio. Llega a dicha conclusión la sentencia, en aplicación de lo dispuesto en las STJUE 05-06-2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y recogida en la STS 13-03-2019 (Rec. 3970/2016), en las que se estableció que no es contraria al derecho comunitario una norma que permite que la extinción regular del contrato temporal no dé lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato accionante, en la que solicita que se declare que la facultad de la que dispone la empresa conforme al art. 20.4 ET de verificar el estado de salud del trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, no puede ser realizada por una empresa externa contratada a tal fin, y por otro lado, que esa empresa (TEBEX, en el caso) no pueda emitir ninguna propuesta de alta ni justificar la suspensión de derechos económicos, por ser esto facultad privativa del servicio médico de empresa. Razona que el art 20.4 ET es una facultad del empresario en la dirección y control de la actividad laboral, que debe adecuarse a los límites que rigen con carácter general en el ejercicio de las facultades de dirección empresarial, con arreglo a las disposiciones legales y convencionales pactadas, y se cumplen perfectamente las exigencias legales en materia de protección de tales datos habida cuenta de que, por un lado se recaba el consentimiento del trabajador, mediante la información de sus derechos y la aportación voluntaria de los documentos solicitados; y, por otro, los datos podrían ser necesarios para la ejecución del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 6.1.b del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Se desestima asimismo el segundo motivo en relación a la apreciada falta de acción por la Sala de origen.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó la demanda sobre relación laboral, pues no se ha probado que hubo dependencia de quien presta el servicio, en el ámbito de la organización y dirección empresarial, no dándosese las notas que caracterizan el contrato laboral, voluntariedad, remuneración, ajenidad y prestación dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa.
Resumen: Estimación. Necesidad, para derivar la responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital, además de la constatación fáctica de insolvencia de la sociedad y de verificar que aquel no ha cumplido los deberes legales referidos en el art.367.1 de la Ley de Sociedades de Capital, de justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad. Requisitos para que los administradores puedan y deban responder por deudas de la sociedad: existencia de una causa de disolución de las previstas en el art.363 TRLSC, como el incumplimiento por los administradores de la obligación de convocar a los socios a Junta general antes de los dos meses siguientes a la concurrencia de la causa para adoptar el acuerdo de disolución o incumplimiento de la obligación de solicitar la disolución judicial o el concurso en casos de insolvencia en el plazo legalmente previsto. Imposibilidad de considerar el estado de insolvencia en sí mismo como una causa legal de disolución. Distinción entre estado de insolvencia y la situación que describe el art.363 e) TRLSC como causa de disolución.
Resumen: La sentencia de instancia estima la pretensión de la actora y reconoce su derecho a la prestación en favor de familiares que solicitaba. La sentencia aplica el criterio de la previa sentencia de esta Sala, de fecha 6 de marzo de 2020 (Rec. 149/2020) y toma en cuenta el rendimiento neto obtenido en el año 2018, que ascendió a la cantidad de 9.790,20 euros y al ser esta cuantía inferior al importe anual del salario mínimo interprofesional previsto para dicho año (10.302,60 €), al igual que ocurría en el año 2019, estima la demanda. Lo que se cuestiona en el recurso es el modo en el que deben computarse los ingresos de la actora, a efectos del reconocimiento de la prestación en favor de familiares. Sobre este aspecto, como adecuadamente recoge la sentencia de instancia, esta Sala se ha pronunciado ya, entre otras, en referida sentencia, que estableció que, para determinar el límite de rentas, parece adecuado acudir al artículo 50 del TRLGSS que impone el criterio de que se hayan de computar los ingresos íntegros, pero excluidos los gastos deducibles conforme la normativa fiscal. La cuestión relativa a qué periodo temporal debe referirse la indicada carencia de rentas, resuelta en citada STSJ de Cantabria de 20 de julio de 2020, parece que una interpretación lógica y sistemática permita disociar el periodo de dos años, previsto para vivir a expensas del causante, del que deba considerarse para computar las rentas del solicitante y éste requisito se cumple también.
Resumen: El actor al que se ha reconocido por sentencia firme su condición de fijo continuo de la UIMP, recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que estima en parte su pretensión de abono de diferencias salariales, rechazando la obligación empresarial de cotización parcial. La Sala de lo Social tras entender aplicable el plazo de prescripción de 1 año y no el de 4 fijado por el EBEP para los empleados públicos, considera que dicho dicho plazo debe computarse desde la reclamación de cantidad y no desde la firmeza de la sentencia declarativa, que no interrumpe el cómputo; pero estima el recurso en parte respecto a la obligación genérica de cotización parcial, cuya competencia corresponde al orden social, si bien la determinación de si parte de la deuda está o no prescrita, y la fijación del alcance de la cotización es una cuestión propia de la gestión recaudatoria, en la que deberá ser llamada y parte la TGSS, por lo que se limita a efectuar una declaración genérica de la obligación de cotizar los periodos no prescritos.
Resumen: Se cuestionan los efectos jurídicos del art. 21.7 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2017, respecto al premio de jubilación que como mejora voluntaria contempla el art. 50 b) del Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la CAM. Dicha ley dejó en suspenso y sin efecto durante esa anualidad la previsión relativa a la percepción de beneficios o gastos sociales que tuvieran su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público en la CAM. El trabajador demandante pasó a la situación de jubilación anticipada y solicitó el pago del premio de jubilación conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo. La sentencia de instancia desestimó la demanda y la sala de suplicación interpuesto por el trabajador fue desestimado. En el recurso de casación para la unificación de doctrina la identidad de supuestos es indiscutible, pero no hay en realidad ninguna clase de contradicción, puesto que las dos sentencias en comparación aplican la misma doctrina y llegan igualmente a idéntico resultado, ya que en los dos asuntos se ha desestimado la pretensión de condena al pago inmediato del premio de jubilación, y se ha dejado a salvo la posibilidad de su futura percepción de quedar sin efecto la suspensión ordenada en las respectivas leyes de presupuestos, por lo que no hay doctrinas contradictorias que deban ser unificadas.
