Resumen: Reitera la trabajadora la improcedencia de la sanción administrativa impuesta motivada por su actuación fraudulenta dirigida a obtener una mejora cuantitativa de la base reguladora de la prestación de riesgo por embarazo al transformar su contrato a tiempo completo justo en el mes anterior a la baja (que es el tenido en cuenta para la fijación de la misma); destacando (en su recurso) tanto la amplitud de su historial laboral como su rechazo a la prueba de la Inspección que el Juzgador aprecia desde el valor presuntiva que la norma le confiere, en aplicación de la facultad que le otorga el art. 97 de la LRJS en su hermenéutica constitucional y sobre la base de una prueba de presunciones eficaz para constatar constatar la existencia del fraude que examina. Acreditándose que había venido prestando sus servicios al 50% de la jornada incrementó la misma en temporal coincidencia con su baja por maternidad y, por tanto, de forma fraudulenta sus bases de cotización.
Resumen: En el presente caso, el demandante formula recurso frente a la sentencia de instancia que ha desestimado la demandada, denegando al actor el grado absoluto de incapacidad.No siendo discutido el cuadro residual que declara la sentencia de instancia, se ha de partir de que el actor presenta degeneración macular bilateral (campimetría: pérdida del 90 % del campo central). La agudeza visual, con corrección, en el ojo derecho es de 0,2 y en el ojo izquierdo de 0,1.Por tanto, nos encontramos ante un supuesto en el que concurre la pérdida de un ojo y la merma de visión superior al 50% en el otro.En materia de limitaciones visuales, de ordinario, se emplean los parámetros dispuestos en el derogado reglamento de accidentes de trabajo de 22-6-1956, cuyo artículo 38.e) establecía que la pérdida de visión completa de un ojo y de menos del 50% en el otro, determinaba el reconocimiento del grado total de incapacidad, mientras el art. 41 de la misma norma fijaba el grado absoluto, para los supuestos de pérdida completa de visión de un ojo y si la residual del otro queda reducida en el "50% o más de su fuerza visual", limitando el art. 37.b), la declaración de incapacidad parcial, a los casos de pérdida total de la visión de un ojo, subsistiendo el otro sin limitaciones. Por tanto, en el presente caso el porcentaje de pérdida de visión global, derivado de las dolencias anteriormente indicadas, permite el reconocimiento del grado absoluto de incapacidad.
Resumen: En el supuesto actual, según consta acreditado, el demandante, que postula la incapacidad absoluta, está diagnosticado de un trastorno bipolar grado II, en el que los episodios maníacos no son frecuentes, no hay síntomas psicóticos, tampoco hay ingresos hospitalarios frecuentes, y el actor conserva su capacidad volitiva y no presenta alteraciones del pensamiento ni de la sensopercepción. También está diagnosticado de trastorno de ansiedad, con rasgos disfuncionales de la personalidad Cluster C, con predominio de rasgos obsesivos. Partiendo de dicho cuadro clínico, en modo alguno se puede afirmar que tales dolencias, en su estado actual, y valoradas en su conjunto, imposibiliten al actor para realizar cualquier trabajo retribuido dentro de los existentes en el mercado laboral, en los términos del art. 194.1.c) de la LGSS, ya que la repercusión funcional de su patología psíquica no impide cualquier trabajo retribuido. Para ello valoramos especialmente que, en la exploración médica practicada, se encontraba abordable, con buen contacto, aunque triste y con llanto frecuente, mostrando apatía, anhedonia, aislamiento con tendencia a la clinofilia, sentimientos de culpabilidad e impotencia, pero con buena capacidad volitiva y sin alteraciones del pensamiento En definitiva, como pone de manifiesto la sentencia recurrida, su enfermedad no alcanza en su manifestación clínica la gravedad suficiente como para justificar la declaración de incapacidad permanente absoluta.
Resumen: La Sala IV aplica doctrina previa y reitera que no puede reconocerse la pensión de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta, a quien se encuentra en situación de jubilación anticipada por discapacidad. Del acceso a la prestación de incapacidad permanente se excluye a quien a la fecha del hecho causante ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación, prevista en el art. 205.1 a) y reúna los requisitos para su reconocimiento. Esta edad, o la que corresponda según el régimen transitorio (Disposición Transitoria 7ª de la LGSS), puede verse alterada configurando otra modalidad de protección de la contingencia. Así, tenemos los supuestos en que la edad ordinaria pasa a ser otra diferente en razón la situación física del trabajador - jubilación por discapacidad, del art. 206.2 de la LGSS -. Por tanto, la jubilación ordinaria no solo es la que establece el art. 205 sino que, junto a ella, hay otras que merecen igual calificativo al constituirse como jubilaciones propias y autónomas, como son las del art. 206 de la LGSS y sin coste en la protección. La remisión que hace el citado precepto al art. 205.1 a) no lo es a un simple guarismo, sino que dicho número, referido a la edad de una persona, se vincula también a una contingencia.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que confirmó la responsabilidad solidaria de administrador acordada por la TGSS. Reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia aclarar si, a efectos de declarar la responsabilidad solidaria de los administradores de la sociedad que incurre en causa de disolución, las operaciones destinadas a corregir los déficits financieros y compensar pérdidas, (en particular, las aportaciones a fondos propios que devienen en no retornables), remueven la causa de disolución de la sociedad o, por el contrario, resulta ineludible la ampliación de capital.
Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior se confirma la sentencia de suplicación que confirmando la de instancia desestimó la demanda de despido presentado por el trabajador, controlador aéreo, de Enaire, que fue cesado por jubilación obligatoria cuando cumplió 65 años en aplicación de la DA 4 Ley 9/2010 y art. 4 Ley 27/2011. El argumento es que es conforme a derecho la jubilación forzosa de controladores aéreos, por estar amparada la medida legislativa en evitar las consecuencias negativas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre operaciones aéreas.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la decisión de ENAIRE de extinguir el contrato de trabajo de un controlador aéreo por jubilación forzosa resulta o no ajustada a derecho. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda y califica la decisión de ajustada a derecho en aplicación de la DA 4ª de la Ley 9/2010, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, que establece que los controladores civiles del tránsito aéreo deben jubilarse de manera forzosa a los 65 años. Al efecto reitera doctrina argumentando que tribunales han establecido que la igualdad es violada sólo si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable, lo que debe analizarse llevando a cabo un examen de proporcionalidad entre medios y finalidad perseguida. Tal condicionante se da en este caso; la Ley 9/2010, guarda directa relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los controladores aéreos y tiene como finalidad evitar consecuencias negativas derivadas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. Algunas actividades exigen unas condiciones físicas o intelectuales que el transcurso del tiempo puede menoscabar, por lo que en estos casos puede presumirse razonablemente que esa disminución de facultades resulta patente a una edad determinada y sobre esta base establecer la extinción de la relación.
Resumen: La trabajadora venía prestando servicios para el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) desde el año 2000 como auxiliar de hostelería con contrato de interinidad de una vacante vinculada a la oferta de empleo público correspondiente al año 2001. Por Orden de 3 de abril de 2009 se inició proceso de consolidación de empleo. Constituye el objeto del presente recurso determinar si el contrato de interinidad por vacante suscrito por el Servicio Madrileño de Salud con la actora debe ser considerado válido o, bien la relación laboral tiene el carácter de indefinida no fija, como sostuvo el Juzgado y confirmó la Sala. El TS, rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3-6-2021 (Asunto C-726/19), desestima el recurso del Servicio Madrileño de Salud concluyendo que la relación laboral tenía naturaleza indefinida no fija en el momento de extinción del contrato. Tras indicar que la STJUE no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificarla relación de indefinida no fija.
Resumen: La Sala de Admisión plantea a examen si con base a la solicitud del informe de vida laboral, el trabajador puede impugnar su contenido ante la Tesorería General de la Seguridad Social por no comprender los periodos de cotización que acredita o debe acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Resumen: La trabajadora venía prestando servicios para el Sermas desde 2011 con contrato de interinidad por vacante vinculada a la oferta de empleo público del año 2003. En 2009 se inició proceso de consolidación de empleo, que fue resuelto en 2016, extinguiéndose el contrato de la trabajadora por haberse cubierto la vacante. Se examina la incidencia de la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19). El contrato de interinidad por vacante es un contrato a término y deberá persistir el tiempo que dure el proceso de selección; la licitud de la contratación está supeditada a la existencia de vacante, y se considerará fraudulenta por inexistencia de causa que la justifique aun cuando el contrato haya identificado la plaza. Una duración excesivamente larga del contrato debido a la falta de actividad dirigida a la cobertura definitiva de la plaza debe tenerse en cuenta en la configuración de la decisión judicial. Se concluye precisando y rectificando la doctrina, para afirmar que, aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998, la duración por un período inusual e injustificadamente largo, y el desempeño de forma constante y continuada las mismas funciones, lleva a considerar la relación como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que al personal interino que ocupaba la plaza vacante como indefinido no fijo.
