Resumen: INCAPACIDAD PERMANENTE: FALTA DE CONTRADICCIÓN. A pesar de ello, se señala que en la sentencia recurrida -al contrario de lo que sucede en la de contraste-, no se debate ni cuestiona si por el hecho de encontrarse el actor en situación de jubilación anticipada no pueda serle reconocida la incapacidad permanente solicitada, por lo que en vía de recurso de casación para la unificación de doctrina, se plantea una cuestión nueva en tanto que el INSS y la TGSS consintieron el recurso de suplicación formulado por el demandante, no impugnándolo, ni formulando recurso de suplicación autónomo.
Resumen: La sentencia de suplicación dejó sin efecto la resolución del INSS que suprimió el complemento de maternidad de la pensión de viudedad que tenía reconocida la actora. Recurre el INSS en casación unificadora alegando que dicho organismo está facultado para revisar actos declarativos de derechos relacionados con la gestión ordinaria de las prestaciones. Pero la Sala IV desestima el recurso de casación unificadora por considerar que no concurre la necesaria contradicción entre sentencias. Y ello porque son dispares las situaciones fácticas contempladas ni las cuestiones debatidas. Así, en la referencial no se debate la incompatibilidad de las prestaciones, mientras en el la recurrida la actora funda su pretensión en que los complementos son compatibles.
Resumen: PRESTACIÓN ECONÓICA POR CUIDADO MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE:se discute en caso de separación o divorcio si es un requisito ineludible para acceder a percibir el subsidio que ambos progenitores trabajen. El Juzgado y la Sala de lo Social del TSJ consideraron que no lo era. Recurrido en casación unificadora se estima el recurso de la Mutua y se considera que si la finalidad de la norma es compensar la pérdida de ingresos al tener que reducir la jornada con la consiguiente disminución de los salarios por la necesidad de cuidar a los hijos menores a su cargo durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad fuera del centro hospitalario, se exige que ambos progenitores trabajen, por lo que siendo esa la finalidad del subsidio en el caso de separación o divorcio no queda abierta la posibilidad de que sólo trabaje uno de ellos. Reitera doctrina STS 12 de junio de 2018 (rec. 1470/2017).VOTO PARTICULAR.
Resumen: ACCIDENTE DE TRABAJO:En esencia se discute quién se hace responsable de la prestación por enfermedad profesional cuando el riesgo al que ha estado expuesto el trabajador se ha producido antes y después del 1 de enero de 2008. El Juzgado desestimó la demanda de la Mutua. El TSJ la confirmó. Ahora el TS estima la casación unificadora, y considera que la prestación ha de ser imputada a las entidades aseguradoras en proporción al tiempo de aseguramiento de la prestación de servicios sometida al riesgo de enfermedad profesional. Reitera doctrina (STS de 10 de julio de 2017, recurso 1652/201; 21 de marzo de 2019, recurso 4300/2017; 21 de marzo de 2019, recurso 3901/2017 y 13 de octubre de 2020, recurso 3947/2017.
Resumen: En la sentencia anotada, la Mutua recurrente centra la cuestión casacional en el reconocimiento de una incapacidad permanente total a un trabajador de profesión yesista efectuado por la sentencia que impugna, negando que el beneficiario se encuentre en esa situación. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso. Así, los cuadros clínicos de los afectados resultan diferentes. Y si bien las profesiones que prestaban guardan similitudes: oficial 2º yesista y oficial 2ª escayolista, necesitando ambas requerimientos visuales que pueden considerarse análogos, así en cuanto a la agudeza visual, sin embargo, las exigencias que inciden en el campo visual variará en función de la realización de trabajos en el exterior o dependiendo de la altura en la que se desempeñen. Y en ese marco es en el que ha recalado la sentencia recurrida al valorar la merma que sufre el trabajador, merma en la percepción esteoroscopica, lo que pone en conexión con la necesidad de deambular en andamios y los trabajos en altura para concluir que se trata de un trabajo de media alta exigencia visual, que el actor no puede realizar con los requerimientos expuestos de eficacia y de seguridad. Estas circunstancias resultan inéditas en la resolución de contraste e impiden la existencia de contradicción.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada radica en determinar si debe aplicarse la bonificación por coeficientes reductores de la edad de jubilación del Régimen Especial de Trabajadores del Mar (RETM) cuando la jubilación no se ha anticipado, a lo que la sentencia recurrida da una respuesta positiva. Sin embargo tal parecer no es compartido por la Sala de suplicación. Razona al respecto que al igual que sucede con el personal de vuelo de trabajos aéreos, los trabajadores de alta en el RETM que prestan sus servicios en condiciones de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad o con alejamiento del hogar, tienen derecho a reducir la edad mínima de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores. Para evitar que dicha reducción de la edad de jubilación perjudique al trabajador, al no alcanzar el periodo de cotización que hubiera tenido si hubiera seguido trabajando hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, el art. 6 del del Real Decreto 1311/2007 y preámbulo del RD 1311/2007 consideran como cotizado del tiempo de reducción a efectos de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión. En consecuencia, si no hay adelanto de la edad de jubilación, no debe aplicarse el coeficiente reductor para incrementar el periodo cotizado en una supuesta reducción que no existe en la realidad.
Resumen: La sentencia comentada reitera la doctrina de la Sala establecida a partir de la STS -Pleno- de 13 de marzo de 2019 (R. 3970/2016), como consecuencia de las SSTJUE de 5 de junio de 2018 (asuntos Grupo Norte Facility C-574/16 y Montero Mateos C-677/16) y, más recientemente por la STJUE de 21 de noviembre de 2018 (Asunto Diego Porras II), que rectifican la doctrina contenida en la STJUE de 14 de diciembre de 1996 (asunto C-596/14, de Diego Porras), en el sentido de que la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista por el legislador, sin que por tanto pueda aplicarse a dichas extinciones la indemnización establecida para la extinción por las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET. En el supuesto aquí examinado, el último contrato de interinidad se extinguió válidamente por cumplimiento del término pactado, por lo que no resulta de aplicación la indemnización de veinte días por año trabajado prevista en el art. 53 ET.
Resumen: Se cuestiona el orden jurisdiccional competente para conocer de una demanda en la que se reclama por una funcionaria de carrera, una indemnización de daños y perjuicios por daños materiales y morales ante la falta de adopción de medidas de prevención frente al acoso laboral. La cuestión ha sido objeto de pronunciamiento de esta Sala en diferentes sentencias, en las que se señala que “ el apartado e) del artículo 2 LRJS que otorga competencia al orden social «para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral». El Auto de la Sala de Conflictos de Competencia de este Tribunal Supremo núm. 12/2019, 6 de mayo de 2019 (conf. 22/2018) declara la competencia de la jurisdicción social porque la demanda promovida por una funcionaria y mutualista de MUFACE, invocaba la legislación de prevención de riesgos laborales, lo que conduce, a la vista de la exposición de motivos de la LRJS y, especialmente, de su artículo 2 e), a declarar la competencia de la jurisdicción social, aun cuando la afectada fuera una funcionaria.
Resumen: Recurre en casación ordinaria la Federación de Sindicatos de Banca de la Confederación General del Trabajo (FESIBAC-CGT) la sentencia del TSJ de Madrid que desestimó la demanda en impugnación de despido colectivo contra Wizink Bank S.A., Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores. La Sala IV desestima el recurso que se articula en cuatro motivos. Se desestiman las revisiones fácticas propuestas por imprecisión en su formulación y falta de transcendencia para el fallo. Las infracciones de derechos fundamentales y del deber de negociar de buena fe que el recurso denuncia, alegando que el momento elegido es constitutivo de mala fe negocial, por aprovecharse la empresa de la "debilidad en la capacidad de respuesta sindical" con técnica procesal mejorable, no han quedado acreditadas. Respecto de la vulneración de la libertad sindical y discriminación no concurre su presupuesto fáctico, ni su fundamentación se ajusta a las exigencias legales, ni se han producido las infracciones denunciadas. No se aprecia la vulneración de los derechos fundamentales invocados o las anomalías que desembocarían en la nulidad del despido pese a la flexibilidad con que la Sala afronta su examen. Con relación a la pretensión de que se declare la nulidad del despido, el motivo no aporta argumentación válida conducente a tal fin, ni concreta en modo alguno la infracción cometida por la sentencia de instancia, más allá de la genérica cita del artículo 51 ET.
Resumen: La empresa recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que aprecia la excepción de prescripción y desestima su pretensión de condenar al trabajador demandado al pago del coste laboral derivado de la regularización de su situación en la seguridad social. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la solicitud de modificación del relato fáctico, al no darse los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma; y, en segundo lugar, desestima el recurso al entender que la reclamación está prescrita, considera que el plazo para el ejercicio de la acción es el de un año y no de cuatro o de cinco, pues el débito litigioso es de carácter laboral, y el eventual abono salarial indebido cuyo reintegro se impetra, se vincula a la decisión voluntaria y fraudulenta de la empresa de haber mantenido al trabajador en una situación irregular sin alta y cotización al RGSS, por lo que el día inicial del plazo se corresponde con el abono de las mensualidades reclamadas.
