Resumen: La Sala estima el recurso, revoca la sentencia de instancia, y declara que si el trabajador estuvo sometido a los elementos susceptibles de generar la enfermedad profesional y durante ese periodo el riesgo estaba asegurado en el INSS, y con posterioridad a esa fecha siguió sometida a la exposición a dichos riesgos -periodo en el que la contingencia estaba asegurado por la Mutua-, la responsabilidad derivada de las prestaciones que por contingencia de enfermedad profesional le han sido reconocidas al trabajador, ha de ser imputada a ambas entidades, en proporción al tiempo respectivo de aseguramiento. En el caso que nos ocupa, es lógico que -a estos únicos efectos- solo deba tenerse en cuenta los periodos de tiempo en los cuales el trabajador estaba cubierto de las contingencias profesionales, y no aquel periodo -desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2018- donde dicha trabajadora no optó por el aseguramiento de las mismas.
Resumen: La Universidad reclamó a una trabajadora determinadas cantidades que afirma pagadas en exceso y esta interpuso demanda en la que solicitaba se declarara que no adeudaba cantidad alguna y se dejara sin efecto el expediente de reclamación de las mismas. El juzgado estimó parcialmente la demanda condenando a la actora a abonar determinada cantidad a la Universidad. La Sala estima el recurso de la trabajadora que apreciaba incongruencia en el fallo respecto a lo peticionado en la demanda, señalando que la actora ha terminado condenada sin mediar reconvención alguna. Y al no ser posible resolver sobre lo reclamado por insuficiencia de hechos probados declara la nulidad de actuaciones reponiéndolas al momento inmediatamente anterior a la admisión a trámite de la demanda, para que por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia se proceda a requerir a la parte actora, para que aclare el suplico de la demanda, concretando lo que solicita,
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que estimó la demanda sobre complemento de maternidad en pensión de jubilación y declara sus efectos económicos desde la fecha de la pensión de jubilación y no solo desde los tres meses anteriores a la solicitud del complemento, porque la interpretación que el Tribunal de Justicia efectúa de una norma de Derecho de la Unión, aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. De ello resulta que la norma que ha sido interpretada puede y debe ser aplicada por el Juez a las relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se haya pronunciado la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación si, además, se cumplen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma.
Resumen: Se deniega el subsidio de desempleo para mayores de 52 años por estimar que el beneficiario no tenía la carencia específica de los dos años exigida para acceder a la jubilación, pues solo tenía cotizados 656 días de los 730 legalmente exigidos, e inaplica la denominada teoría del paréntesis porque desde que se dejó de trabajar en el año 2002 han transcurrido periodos de varios años sin estar inscrito como demandante de empleo. En el recurso sustanciado pretende el recurrente que se le aplique la indicada teoría y la Sala desestima la pretensión señalando que para que se aprecie la retroacción de la carencia específica se exige que la ausencia del periodo mínimo de cotización específico tenga su origen en una imposibilidad en el beneficiario de trabajar, manifestada a través de una pérdida de la ocupación cotizada, del agotamiento de prestaciones por desempleo y de una posterior inscripción persistente en la oficina de empleo que demuestre la voluntad de permanecer inmerso en el sistema laboral. En este caso el recurrente hasta el momento de la solicitud del subsidio ha estado inscrito de forma aleatoria en el desempleo, existiendo periodos de no inscripción de 4 años y 8 meses, y de casi cinco años que acreditan la inconsistencia de la permanencia en el sistema.
Resumen: La sentencia anotada reitera la doctrina relativa a la interpretación y aplicación de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre a los contratos de colaboración social celebrados con anterioridad al 27/12/2013 y que continúen vigentes a la entrada en vigor del RDL 17/14 ( el 31/12/2014), pueden seguir desarrollándose válidamente cualquiera que sea la actividad, temporal o permanente, que haya sido contratada, sin perder por ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como contratos laborales. Partiendo de la definición de los trabajos de colaboración social se analiza la evolución de la jurisprudencia en la materia y que concluye con que que la exigencia de temporalidad va referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya establecido una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la prestación de desempleo, de suerte que se exige a la administración pública contratante la acreditación de la obra, trabajo o servicio que se vaya a realizar y su exacta localización, así como la duración prevista del total de la obra, trabajo o servicio. Aquella disposición se trata de una norma legal con vocación transitoria.
Resumen: En este supuesto no hay controversia acerca de que el episodio cardiovascular se produjo en lugar de trabajo. Sin embargo, los hechos declarados probados impiden considerar su vinculación con el tiempo de trabajo. Aunque habitualmente el fallecido finalizaba su jornada laboral a las 19 horas, en ocasiones se quedaba después a terminar el trabajo propio de la empresa. Sin embargo, no es esto lo que ocurrió el día en que murió tras sufrir una arritmia una vez pasada esa hora, pues, aunque se encontraba sentado en la ubicación propia de su puesto de trabajo y utilizando los medios materiales de su empleadora, su actividad no formaba parte del ciclo productivo de la demandada sino que correspondía a otra entidad distinta, tal y como revelan los distintos documentos que fueron encontrados sobre su mesa, ajenos al negocio propio de la mercantil recurrida. No consta, por otra parte, que manifestase síntoma alguno a lo largo de la jornada. En definitiva, ni el trabajador estaba en su jornada laboral, ni estaba realizando el trabajo determinante de la acción protectora que ahora se pretende.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si procede declarar la responsabilidad empresarial respecto de la base reguladora de la pensión de IPT, derivada de accidente de trabajo, haciendo responsable a la empresa en la diferencia entre la reconocida y la que resultaría de tomar la cotización realizada por aquella. La Sala IV declara que no existe responsabilidad empresarial en el pago de la prestación al haber cumplido en el pago de la cotización correspondiente al contrato para la formación y el aprendizaje conforme a las reglas propias del mismo. No se le puede hacer responsable al empresario de una prestación cuando no ha incurrido en incumplimiento alguno en relación con sus obligaciones con la SS. Esto es, se han cumplido por la empresa con todas las normas generales y particulares que permiten al trabajador el acceso a la prestación de invalidez, con lo cual la responsable en el pago es la Mutua Colaboradora. Además, no es posible mantener que la empresa haya incurrido en infracotización generadora de la responsabilidad exigida. No está declarado probado que lo cotizado en relación con el trabajador fuera incorrecto, esto es que lo que cotizado en el año de referencia fuera inferior a lo marcado por las respectivas normas en la materia.
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación que, confirmando la de instancia, estimó la demanda y reconoció el derecho a pensión por jubilación anticipada, considerando acreditado el abono de la indemnización por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido documento privado, careciendo de relevancia la ilegalidad del pago en efectivo tras Ley 7/2012. Ante la cuestión de si para el acceso a la jubilación anticipada cabe acreditar el cobro de la indemnización mediante documento privado, la Sala 4ª, siguiendo su propia jurisprudencia en que se determinó que en los supuestos de jubilación anticipada por cese producido como consecuencia de reestructuración empresarial (art. 161 bis 2 A) d) LGSS), debe acreditarse haber percibido la indemnización correspondiente mediante transferencia bancaria o documentación equivalente, concluye que el documento privado no lo es, ya que el legislador modificó la norma para eliminar la posibilidad de alegar que se había percibido la indemnización cuando ello no fuera cierto, de ahí que la transferencia bancaria sea el referente, ya que lo que se pretende es que exista constancia de que efectivamente se ha percibido la indemnización, siendo instrumento inadecuado aquél que únicamente consigne una manifestación de voluntad de las partes de saldar el débito indemnizatorio, sin que exista una justificación efectiva y contable de que se ha producido el percibo de la misma.
Resumen: La actora tiene reconocida una pensión de IPT y la Consejería le reconoció un grado de discapacidad del 10%. El objeto del recurso es determinar si los beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez tienen derecho a que se les reconozca a todos los efectos, al amparo de lo previsto en el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, el 33% de discapacidad, o si el precepto incurrió en ultra vires en relación con la autorización normativa. La cuestión ha sido resuelta por sentencias de la Sala Cuarta. El RD Legislativo 1/2013 ha incurrido en un exceso en el mandato de legislación delegada llegando a reconocer un grado de discapacidad del 33% «a todos los efectos» a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, y no exclusivamente a los efectos de aquella Ley. La sustitución de la frase “a los efectos de esta ley” por la de “a todos los efectos” constituye una evidente alteración del mandato legislativo que modifica de manera esencial el texto que debía refundir. Si el legislador quería mantener en sus términos la dicción literal del precepto que equiparaba al 33% de discapacidad a los pensionistas de IPT, IPA y GI a los exclusivos efectos de esa ley, no estaba en su espíritu la extensión de este beneficio a todos y cualquiera de los múltiples, variados y muy heterogéneos efectos que despliega en distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento de un grado de discap
Resumen: Se confirma la extinción del subsidio de incapacidad temporal que venía percibiendo el beneficiario por causa de su incomparecencia a la cita de reconocimiento médico que tenía programada. Se argumenta por el recurrente que la inasistencia a la cita médica se debió a una confusión, por haber acudido de urgencia al médico de cabecera al sufrir una crisis de lumbalgia, lo que le impidió acudir a la cita programada por la tarde debido a la fuerte medicación prescrita y al dolor agudo que padecía; sin embargo, ello se rechaza por la Sala al entender que con el sistema de control se ha establecido un medio eficaz de supervisión de las incapacidades temporales para combatir las situaciones de fraude en el cobro de la prestación, y en este caso no consta la imposibilidad de acudir a la cita prevista.
