Resumen: RCUD. La cuestión a resolver es la de establecer la fecha en la que deben fijarse los efectos económicos derivados del procedimiento judicial de determinación de contingencia de la prestación de incapacidad temporal, reconocida en vía administrativa por enfermedad común y calificada como derivada de accidente de trabajo en el proceso judicial. Esto es, si han de retrotraerse la fecha del hecho causante y reconocimiento de la incapacidad temporal, o ha de ser la de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de determinación de contingencia. La Sala IV, tras admitir la recurribilidad de la sentencia y la competencia funcional según STS 22/2021 de 13 enero (rcud. 2245/2019), sostiene, en interpretación del art 53.1 LGSS y del art 6 RD 1430/06, y conforme a sentencia previa que, dado que la trabajadora presenta la solicitud de determinación de la contingencia una vez transcurrido el plazo de tres meses desde el hecho causante, ello obliga a limitar los efectos económicos derivados del reconocimiento de esta pretensión a los tres meses anteriores a la fecha de dicha solicitud. Reitera Doctrina de SSTS 7 julio 2015 (rcud. 703/2014) y 22/2021.
Resumen: Se cuestiona si el INSS tiene que iniciar un expediente sancionador para suspender una prestación de IT o de maternidad conforme a la LISOS, en el supuesto de que el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena durante su percepción. Se desestima el motivo primero en el que se denuncia incongruencia omisiva porque sí se da respuesta al motivo 4 del recurso de suplicación. Los motivos 2 y 3 también se desestiman por falta de contradicción. En la sentencia recurrida la actora inició un proceso de incapacidad temporal por amenaza de aborto solicitando la prestación por maternidad más subsidio por parto múltiple hasta su reincorporación al trabajo y consta acreditado que desde el mismo momento en que inició el periodo de incapacidad temporal trabajó en un centro médico privado, por lo que la sala entiende que se vacía de contenido la finalidad protectora del embarazo y revela que el riesgo no existía desde el principio. Estas circunstancias, de gravedad en la obtención fraudulenta del subsidio y la ejecución de un trabajo de forma continua no concurren en la referencial en la que el trabajador, tras ser despedido, estando en situación de incapacidad temporal prestó servicios de forma esporádica durante dos días. Asimismo, en la sentencia recurrida se inició un procedimiento para la declaración y reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas habiéndose seguido el trámite de audiencia al interesado. Esta circunstancia no concurre en la referencial.
Resumen: La trabajadora prestó servicios como jubilada parcial el 15% de su jornada percibiendo prestación de jubilación por el 85% restante. Presentó solicitud de desempleo por ERTE que autorizó a suspender su contrato de 15/08 a 31/12/16, se le denegó por el SEPE por tener cumplida a la fecha de solicitud la totalidad de la jornada laboral hasta los 65 años, no hay pérdida de ocupación efectiva ni está acreditada la situación legal de desempleo. Existe acuerdo para acceso a jubilación parcial a partir de los 61, con prestación efectiva del 15% de la jornada de manera acumulada desde la apobación de la medida y consecutivamante por 30 días laborales. Acumuló la prestación de servicios en los primeros meses. Está en alta por el 15%, percibe retribución mensual. Recurre la denegación de la prestación, el Juzgado desestimó, confirmó el TSJ por no existir prestación de servicos que se suspenda y por la que se deja de cobrar no siendo posible acudir a la renta sustitutiva del desempleo, hubo compactación de jornada y se mantiene en la empresa sin obligación de trabajar, no incurre en supuesto de suspensión de contrato. La Sala IV remite a su doctrina desestimando la prestación por desempleo, no pudiendo suspenderse el contrato por una jornada no debida no siendo admisible la situación de desempleo porque el trabajador no sufre ningún efecto por la decisión extintiva, tenía derecho al percibo de las retribuciones y al alta y cotizaciones. No hubo cese de la actividad del art. 262.2 LGSS.
Resumen: El actor prestó servicios por cuenta ajena para la empresa del padre y después por subrogación empresarial para su hermano, no convivivía con ellos. Le fue reconocida prestación por desempleo. El SEPE revocó la prestación, declaró las percepciones indebidas durante el periodo entre 14/01/15 y 30/12/15, la reclamación previa fue desestimada. El Juzgado estimó la demanda revocando la Resolución del SEPE, el TSJ confirmó con apoyo en que no se trata de prestación laboral excluida, ni es contraria a la DA 10ª LETA al tratarse de los menores de 30 años que conviven, no siendo extensiva a quienes no conviven. Recurre el SEPE, la Sala IV remite a su doctrina, SSTS de 24 de marzo de 2021 (rcud. 3951/2018), se apoya en la literalidad de la DA 10ª LETA que permite la contratación a los padres de hijos menores de 30 años cuando convivan con ellos advirtiendo de la exclusión de la cobertura de desempleo. Por lo tanto, la exclusion no alcanza a los menores de 30 años cuando no conviven con sus padres. Un hijo no conviviente contratado por sus progenitores no se excluye de la aplicación del ET, decisión es respetuosa con la CE se concede siendo menor si no convive; la DA destruye la presunción de no laboralidad sin alterar el ET; la convivencia pemite indicios de dependencia y disciplina la concesión de la prestación y no es contraria a la CE por ser un factor determinante para la existencia de la existencia de especial relación y de dependencia como se infiere del art. 1.3 e) ET y 12 LGSS
Resumen: La cuestión que se suscita consiste en determinar si se cumple el plazo de convivencia exigido en el art. 219.2 LGSS, para la percepción de la pensión de viudedad a lo que se da una respuesta negativa. Reitera el TS que, para causar derecho a la pensión de viudedad desde la situación de matrimonio concertado con menos de un año de antelación respecto del fallecimiento del causante, es preciso que se acredite convivencia anterior a la celebración del matrimonio que sumada a ésta dure dos años, conforme a lo previsto en el art. 219.2 LGSS en relación con el art. 221 LGSS, es decir sin que exista impedimento para contraer matrimonio durante ese tiempo ni exista vínculo matrimonial con otra persona. Recuerda de este modo la sentencia la doctrina tradicional de la Sala que determinó que para acreditar la convivencia como pareja de hecho cuando el fallecimiento se produce por enfermedad común, no sobrevenida con posterioridad al matrimonio celebrado con menos de un año de antelación respecto del fallecimiento, es preciso que los convivientes no estén impedidos para contraer matrimonio ni tengan vínculo matrimonial con otra persona, en interpretación conjunta de lo previsto en los señalados arts. de la LGSS. Como en el presente caso, la convivencia acumulada -como pareja de hecho no formalizada y como matrimonio- no alcanza los dos años la convivencia acumulada, no alcanza los dos años no se acreditan las exigencias para tener derecho a la pensión de viudedad.
Resumen: La controversia suscitada en este pleito consiste en determinar si es compatible el incremento del 20% de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente total cualificada con la prestación de desempleo devengada por el cese en una ocupación laboral diferente de la que motivó el reconocimiento de la incapacidad permanente total. Argumenta la sentencia que mientras que el actor siga percibiendo la prestación de desempleo compatible con la pensión de incapacidad permanente total, no reúne los requisitos para que se reconozca el incremento del 20% de la base reguladora porque la finalidad de la norma reguladora del incremento es la de suplir el posible vacío de recursos económicos. Dicha carencia de recursos no existe en un caso en el que, además de ser pensionista de incapacidad permanente, el beneficiario percibe una prestación de desempleo compatible con la de incapacidad permanente total, ya que la pensión de desempleo tiene precisamente por objeto suplir la pérdida de ingresos por la pérdida del puesto de trabajo. En definitiva, la incompatibilidad entre el trabajo realizado por el beneficiario de la pensión de incapacidad permanente total y el incremento del 20% de la pensión (art. 6.4 del Decreto 1646/1972) supone que también es incompatible la prestación por desempleo que trae causa de la extinción de aquel contrato de trabajo con el citado incremento (art. 282.2 de la LGSS).
Resumen: SANCIÓN ADMINISTRATIVA: cuestiones procesales. Incongruencia omisiva por acoger únicamente lo establecido en el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y no contestar las cuestiones que planteó en su demanda la empresa. La incongruencia omisiva se produce frente a la falta de respuesta de las pretensiones, no frente a las alegaciones o argumentos, por lo que si el órgano judicial pudiere no haber examinado pormenorizadamente y de manera exhaustiva todo y cada uno de los argumentos ofrecidos en defensa de su pretensión no significa que la sentencia haya incurrido en el tipo de incongruencia denunciada.Falta de contradicción.
Resumen: SUBSIDIO DE DESEMPLEO MAYORES 52 AÑOS: limite de rentas. Rescate de plan de pensiones. Únicamente se computaran el incremento de patrimonio y no el suma total recibida. Incumplimiento requisitos formales, se inadmite recurso actora y se rechaza el del SEPE por falta de contradicción.
Resumen: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD: la cuestión que se circunscribe en este supuesto consiste determinar cuál es la fecha de efectos del devengo de los intereses del artículo 20 Ley del Contrato de Seguro (LCS) cuando la aseguradora alega que tenía causa justificada para negarse al abono del capital asegurado (art. 20.8 LCS). La Sala de unificación rechaza el recurso de la aseguradora por considerar que: a) la acción no estaba prescrita en cuanto que la aseguradora no había emitido la certificación individual de aseguramiento a la que estaba obligada, provocando con tal incumplimiento la ausencia de un conocimiento cabal del asegurado y, especialmente de sus herederos; b) porque la aseguradora le resultaba extraordinariamente fácil la comprobación del siniestro y del hecho del aseguramiento en la fecha en que aquel se produjo; c) porque no había duda razonable sobre las circunstancias descritas relativos al siniestro, a su cobertura y a la indemnización correspondiente y, d) porque la falta de pago no era el único mecanismo para proteger eventuales intereses de la aseguradora derivados de una posible prescripción, al existir otras posibilidades que hubieran podido garantizar el pago reclamado.
Resumen: Se plantea en el presente recurso de casación unificadora la cuestión relativa a si la entrada en vigor del RDL 10/2015 ha supuesto el levantamiento de la suspensión que impuso el art. 8.3 del RD Ley 20/2012, de las previsiones contenidas en los pactos, acuerdos y convenios para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición, en este caso, del personal laboral del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. La sentencia recurrida considera que la DA1 RDL 10/2015, ha dejado sin efecto lo dispuesto en el art. 8.3 RDL 20/2012, lo que supone que desde esa fecha recuperan su plena efectividad las mejoras en el régimen de permisos y vacaciones para los años 2017 y 2018 que contempla el convenio colectivo de aplicación. Recurre en casación unificadora la CAM y el TS desestima su recurso por cuanto el precepto en cuestión, simplemente, suspendió y dejó sin efecto los pactos y convenios en lo relativo a permisos particulares y demás que cita, pero no privó de eficacia a las disposiciones del Convenio, sino que la suspendió temporalmente. Con la entrada en vigor del RDL 10/15 se alza la suspensión acordada por el RDL 20/12, aunque no se derogue esa disposición de forma rotunda porque el hecho de que la nueva disposición cambie la redacción de la antigua supone, tácitamente, la derogación de la reformada a partir de la entrada en vigor de la nueva.
