Resumen: La SAN recurrida acoge en parte la demanda de impugnación de convenio colectivo formulada por el Sindicato de Trabajadores y declara la nulidad del inciso "en alta en la empresa a 31/12/97", contenida en la DT 1ª párrafo 1 del Convenio Colectivo de Repsol Exploración, S.A. Recurren separadamente Repsol Exploración, S.A. y STR. Se plantea en casación unificadora la cuestión de determinar si lo dispuesto en la mencionada DT constituye una doble escala salarial contraria al derecho a la igualdad de trato, en tanto que determina una distinta retribución para los trabajadores en función de su fecha de ingreso en la empresa. La Sala IV declara la ilicitud de la norma convencional por contravenir el derecho a la igualdad de trato de todos los trabajadores de la empresa, sin que su consecuente nulidad puede considerarse subsanada por el hecho de que se hubiere venido aplicando pacíficamente durante más de veinte años sin generar litigiosidad alguna durante ese periodo, ni por el hecho de que actualmente tan solo queden en la empresa 5 trabajadores que perciben el complemento de antigüedad por haber ingresado antes de 31/12/1997. Desestima también el recurso del sindicato al declarar que la constatación de la ilegalidad del precepto convencional que es objeto del procedimiento de impugnación del convenio colectivo, únicamente puede dar lugar a un pronunciamiento en el que se declare su consiguiente nulidad sin entrar a abordar cuales puedan ser las posteriores consecuencias jurídicas.
Resumen: La finalización válida de contrato temporal conlleva la indemnización que esté prevista normativamente y no la indemnización por despido por causas objetivas del art. 52 ET, de forma que cuando se extingue un contrato de relevo por una causa válida como es la jubilación total del trabajador jubilado parcialmente, no procede indemnizar con la indemnización de 20 días por año de servicio. Llega a dicha conclusión la sentencia, en aplicación de lo dispuesto en las STJUE 05-06-2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y recogida en la STS 13-03-2019 (Rec. 3970/2016), en las que se estableció que no es contraria al derecho comunitario una norma que permite que la extinción regular del contrato temporal no dé lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato accionante, en la que solicita que se declare que la facultad de la que dispone la empresa conforme al art. 20.4 ET de verificar el estado de salud del trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, no puede ser realizada por una empresa externa contratada a tal fin, y por otro lado, que esa empresa (TEBEX, en el caso) no pueda emitir ninguna propuesta de alta ni justificar la suspensión de derechos económicos, por ser esto facultad privativa del servicio médico de empresa. Razona que el art 20.4 ET es una facultad del empresario en la dirección y control de la actividad laboral, que debe adecuarse a los límites que rigen con carácter general en el ejercicio de las facultades de dirección empresarial, con arreglo a las disposiciones legales y convencionales pactadas, y se cumplen perfectamente las exigencias legales en materia de protección de tales datos habida cuenta de que, por un lado se recaba el consentimiento del trabajador, mediante la información de sus derechos y la aportación voluntaria de los documentos solicitados; y, por otro, los datos podrían ser necesarios para la ejecución del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 6.1.b del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Se desestima asimismo el segundo motivo en relación a la apreciada falta de acción por la Sala de origen.
Resumen: Estimación. Necesidad, para derivar la responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital, además de la constatación fáctica de insolvencia de la sociedad y de verificar que aquel no ha cumplido los deberes legales referidos en el art.367.1 de la Ley de Sociedades de Capital, de justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad. Requisitos para que los administradores puedan y deban responder por deudas de la sociedad: existencia de una causa de disolución de las previstas en el art.363 TRLSC, como el incumplimiento por los administradores de la obligación de convocar a los socios a Junta general antes de los dos meses siguientes a la concurrencia de la causa para adoptar el acuerdo de disolución o incumplimiento de la obligación de solicitar la disolución judicial o el concurso en casos de insolvencia en el plazo legalmente previsto. Imposibilidad de considerar el estado de insolvencia en sí mismo como una causa legal de disolución. Distinción entre estado de insolvencia y la situación que describe el art.363 e) TRLSC como causa de disolución.
Resumen: La sentencia de instancia estima la pretensión de la actora y reconoce su derecho a la prestación en favor de familiares que solicitaba. La sentencia aplica el criterio de la previa sentencia de esta Sala, de fecha 6 de marzo de 2020 (Rec. 149/2020) y toma en cuenta el rendimiento neto obtenido en el año 2018, que ascendió a la cantidad de 9.790,20 euros y al ser esta cuantía inferior al importe anual del salario mínimo interprofesional previsto para dicho año (10.302,60 €), al igual que ocurría en el año 2019, estima la demanda. Lo que se cuestiona en el recurso es el modo en el que deben computarse los ingresos de la actora, a efectos del reconocimiento de la prestación en favor de familiares. Sobre este aspecto, como adecuadamente recoge la sentencia de instancia, esta Sala se ha pronunciado ya, entre otras, en referida sentencia, que estableció que, para determinar el límite de rentas, parece adecuado acudir al artículo 50 del TRLGSS que impone el criterio de que se hayan de computar los ingresos íntegros, pero excluidos los gastos deducibles conforme la normativa fiscal. La cuestión relativa a qué periodo temporal debe referirse la indicada carencia de rentas, resuelta en citada STSJ de Cantabria de 20 de julio de 2020, parece que una interpretación lógica y sistemática permita disociar el periodo de dos años, previsto para vivir a expensas del causante, del que deba considerarse para computar las rentas del solicitante y éste requisito se cumple también.
Resumen: Consta que el causante se separó de su 1ª esposa en 1986, contrayendo matrimonio con la actora en 1989, distribuyéndose la pensión proporcionalmente por resolución del INSS de 1996. En abril de 2017 fallece la primera esposa y la viuda reclama la pensión íntegra, lo que resulta denegado. En la demanda reclama la actora el abono íntegro de la pensión de viudedad. La sentencia de suplicación revoca la sentencia de instancia estimatoria de la demanda. La sala IV, tras apreciar que concurre la necesaria contradicción a pesar de aplicar las sentencias comparadas normas diferentes y exhaustiva remisión a la evolución normativa sobre la materia, interpreta sistemáticamente el art. 174.2 LGSS 1994 en la redacción dada por la ley 26/09- razonando que en la misma se consagra la percepción proporcional de la pensión por la viuda y la 1º esposa, sin perjuicio de los mínimos establecidos para la viuda, y se establece que la subida o bajada de la pensión para uno de los beneficiarios repercute en el otro. Ello conduce a estimar el recurso de la actora y declarar que, cuando la pensión del excónyuge se extingue, la parte de su pensión se traslada a la del viudo o conviviente. Sin que ello implique que la muerte de la excónyuge constituya un nuevo hecho causante, ni se trate de una revisión de los porcentajes de pensión atribuidos, ni de un acrecimiento de la pensión. Sin que esta solución no es aplicable a supuestos de fallecimiento del viudo o de reparto de la pensión entre excónyuges.
Resumen: Se resuelve si las empresas del sector turístico y asimilado que cumplan con las condiciones fijadas en la DA 110.1 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, disponen de un plazo de 3 meses (art.20.4 del TRLGSS) para aplicarse las bonificaciones previstas, o del plazo de 4 años del artículo 26.4 del mismo texto legal previsto para solicitar ingresos indebidos o reembolso de los costes de las garantías y pago de las cantidades declaradas por sentencia. Determinación de la aplicación del plazo de tres meses establecido en el art.20.4 del TRLGSS, que se computará desde la fecha de publicación de la Ley 3/2017, como plazo aplicable para solicitar las bonificaciones que prevé la DA 110.1 de la referida Ley. Con base en ello se determina la extemporaneidad de una solicitud de devolución presentada correspondiente a los beneficios no practicados en la liquidación de los meses de febrero y marzo de 2017. Consideración delart.20.4 del TRLGSS como norma específica. El retraso en la publicación de la LGP tiene como consecuencia el retraso del inicio del cómputo del plazo, pero no la aplicación de una diferente regulación, como sería la relativa a la devolución de ingresos indebidos. Distinción de las diferentes regulaciones: reintegro de beneficios en la cotización y devolución de ingresos indebidos.
Resumen: Se debate la procedencia o no del recargo de prestaciones de SS derivadas del accidente sufrido por el trabajador. La sentencia de suplicación confirma la resolución que impuso a las empresas recargo del 30% por falta de medidas de seguridad. Se debate ante la Sala IV el alcance del efecto positivo de cosa juzgada que tiene la previa sentencia firme del orden Social que anuló la sanción administrativa sobre la pretensión de recargo de prestaciones. Se considera que la posible eficacia vinculante de lo resuelto en el primer litigio dimana del art. 222 LEC (efecto positivo), a lo que no es óbice la diversidad de objetos de uno y otro proceso, siendo lo trascendente si lo decidido en el primer proceso actúa como condicionante del segundo. En el caso, acreditado en la SJS que el accidente se produjo sin mediar infracción alguna por parte de las empresas, tal pronunciamiento ha de ser respetado en el presente proceso para dar cumplimiento al art. 222.4 LEC, y resolver de acuerdo con lo ya decidido en sentencia firme. Se estima el recurso de las empresas y se declara la firmeza de la sentencia de instancia que dejó sin efecto las resoluciones del INSS que impusieron el recargo.
Resumen: El problema jurídico que se trata de decidir es si el feto humano tras el parto, que no adquiere personalidad jurídica con la legislación anterior, sino con la posterior, puede ser considerado "hijo biológico" y permitir acceder al complemento de pensión. Se trata en este caso de un triple embarazo, con dos fallecidas a la hora y una fallecida a las siete horas La Sala se muestra de acuerdo con el criterio de las sentencias que refiere y, en concreto, con la STSJ del País Vasco, Rec. 1071/2020. El complemento de pensión tiene naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, y la fecha del hecho causante es la de las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente causadas con posterioridad a 1-1-2016 que complementa, por lo que, al no establecer nada el art. 60 del TRLGSS y la Ley 48/2015, que añadió el precepto al TRLGSS, respecto de la legislación aplicable a efectos de determinar el concepto de nacimiento, debe de estimarse que la aplicable debe de ser la vigente a la fecha del hecho causante. Incluso abordado el asunto desde la perspectiva de la LO 3/2007 y que se admitiera que debe aplicarse al caso el art. 30 CC en la redacción anterior, el hecho de haber dado a luz un ser que no alcanza personalidad por considerarse como "criatura abortiva", supuso para la madre una limitación en el acceso y mantenimiento del empleo equivalente a la provocada por un parto con éxito, ya que igualmente estuvo embarazada, parió y precisó descanso recuperatorio.
Resumen: La sentencia considera que no es posible el reconocimiento del derecho que postula. Tras el nacimiento de su hija, prosiguió trabajando y no descansó de modo ininterrumpido, cuando la prestación que pretende está prevista para aquellos beneficiarios que, sin solución de continuidad, tras el parto, cesan en los servicios. La resolución de esta cuestión exige tener en cuenta la finalidad a la que responden tanto el artículo 49.c) EBEP como el artículo 177 LGSS . En términos generales, se trata de que el progenitor distinto de la madre suspenda su contrato de trabajo por causa, ya sea del nacimiento del hijo o hija, o, de la adopción o guarda, de cara a la consecución del principio de corresponsabilidad, que trata de conseguirse mediante la atribución de carácter obligatorio al disfrute de las primeras semanas. Por tanto, desde esta perspectiva, no es admisible que su disfrute ni tampoco la solicitud de la correspondiente prestación pueda aplazarse a un momento posterior, a diferencia de lo que ocurría antes del dictado del RDL 6/2019, de 1 de marzo, respecto al permiso de paternidad regulado en el anterior artículo 48.7 ET. Es cierto que esta regla general podría quebrar en supuestos en los que fuera posible justificar las razones de la solicitud tardía. Pero aun cuando se fije la fecha del hecho causante en la fecha de efectiva constancia de la inscripción de la filiación paterna en el Registro, el retraso en la solicitud no estaría justificado.
