Resumen: La Sala desestima el recurso de responsabilidad patrimonial urbanística de la Administración por la demolición de su vivienda unifamiliar consecuencia de la anulación de la licencia para su construcción. En este caso, la administración regional reconoce su responsabilidad, y todos los elementos configuradores de la misma, excepto que haya llegado el momento de exigirla. El supuesto incumplimiento del convenio de responsabilidad patrimonial alegado, y que sirve de basa a la reclamación, es la firma de un convenio entre el Gobierno de Cantabria y los padres de los legitimados en este procedimiento. Se predica el incumplimiento de éste por los infructuosos intentos municipales y regionales de aprobación de un plan de ordenación urbana que legalice la vivienda. Pero lo cierto es que se ha admitido como hecho no controvertido en la propia demanda que se está tramitando. La tardanza no supone inactividad ni infracción de principios ni del convenio. En nuestro caso, la vivienda existe y se está tratando su legalización, como antes hemos señalado. Por lo que no estamos ante un caso de pérdida de la cosa. Además, el plazo para la tramitación de la legalización no ha perecido, y que el propio convenio dice que la cosa debe perderse forzosamente "sin haber obtenido dichas licencias o si las mismas fueran declaradas ilegales por sentencias judicial firme".
Resumen: Responsabilidad por funcionamiento de la administración de justicia. Dilaciones indebidas. Existencia de acuerdo entre las partes sobre la procedencia de indemnizar las dilaciones indebidas, mediante indemnización por la diferencia entre el interés moratorio y el interés legal de la cantidad abonada por la responsabilidad civil derivada del delito. Allanamiento parcial que se acepta por la parte actora. Examen de los distintos periodos de tiempo en que ha existido dilación indebida, se examinan lo seis periodos objeto de discusión. Concluye la Sala que procede abonar a los recurrentes la diferencia entre el interés de demora determinado por la Agencia Tributaria y el interés legal que en cada recurrente pudo generar la deuda tributaria desde el 4 de septiembre de 2013 hasta la fecha en que hicieron el ingreso en la Agencia Tributaria (el 19 y 21 de octubre de 2016), añadiendo el interés legal desde la fecha de la reclamación administrativa hasta la fecha de esta sentencia.
Resumen: Se desestima el recurso y, con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial sustentada en la infracción de la lex artis y la pérdida de oportunidad, en solicitud de una indemnización de 58.301,87€ por los daños y perjuicios causados al hijo de los recurrentes,de 14 años de edad, por la la extirpación del testículo izquierdo, que a su criterio se habría evitado de haberse diagnosticado correctamente en su primera visita. Sostienen los recurrentes en su demanda que, en la primera visita al servicio de urgencias no se le realizaron al menor,las pruebas necesarias,para un correcto diagnóstico. Y siendo dichas pruebas necesarias, y acordes a los protocolos, a la vista de la sintomatología que presentaba el menor en la exploración física que se le practicó. Se desestima el recurso interpuesto,previa valoración de la prueba pericial practicada y,sin que a la vista de los informes médicos aportados haya quedado acreditado que ya en la primera visita, y con la sintomatología que presentaba el menor, y sobre la que no existe controversia entre las partes, y las pruebas médicas que se le realizaron, fuera necesario realizar una ecografía doppler-testicular y sin que el menor refiriera en dicha visita,a diferencia de la segunda,de dolor testicular.Sobre la aplicación de la doctrina sobre la pérdida de oportunidad se declara que no ha quedado acreditado por la actora que de haberse realizado,en la primera visita, las pruebas médicas reclamadas,se hubiera salvado el testiculo.
Resumen: Concluye esta sentencia que no ha lugar a la responsabilidad patrimonial por el hecho de que se haya realizado una contratación de un empleado público en régimen de fraude de ley. Constatada esa utilización abusiva, no es posible en nuestro ordenamiento jurídico, ni por aplicación de la cláusula 5ª del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 1999/70 , la conversión de la relación de servicios temporal en una de carácter fijo o asimilado, sino que la consecuencia jurídica será el derecho a la subsistencia de la relación de empleo, con los correspondientes derechos profesionales y económicos, hasta que la Administración cumpla debidamente lo dispuesto por el artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración con arreglo a las normas generales de ésta.
Resumen: Considera esta sentencia, después de valorar la prueba practicada, que la caída del recurrente, que circulaba conduciendo una motocicleta, se debió en parte al estado de la vía por la que circulaba, pero también a la velocidad inadecuada que llevaba. Concluye, en consecuencia, que existió una concurrencia de culpas en relación al daño causado por el accidente.
Resumen: Es un presupuesto obligatorio formular la reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa ante la Administración contra la que se pretende ejercitar la acción y agotar esta vía administrativa, antes de presentar el recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y, en este caso, la recurrente ha incumplido dicho presupuesto previo y obligatorio de la jurisdicción
Resumen: Son tres las infracciones a la lex artis que se imputan: por no haberse obtenido diagnóstico previo al no realizarse todas las pruebas necesarias para ello, lo que privó al paciente de haber optado por otras alternativas terapéuticas distintas a la intervención quirúrgica a que se sometió consistente, no haber evitado la lesión del nervio ciático en la intervención quirúrgica a la que se sometió, siendo esta evitable y que no estaba descrito en el consentimiento informado que firmó el Sr. Joaquín si existe un déficit de información en cuanto a los riesgos contemplados en el consentimiento informado, lo que le supuso una pérdida de oportunidad. La Sala confirma que no hay infracción de la lex artis, pero detecta falta de contenido del consentimiento por la falta de la inclusión del riesgo de un daño de estructuras nerviosas en el documento que obra en autos, para la exéresis de la masa y por cuanto que en contra de lo referido en la Sentencia, si consideramos que el mismo era un riesgo a contemplar a la vista de las circunstancias concretas de este caso, que son la localización del tumor (próximo a estructuras nerviosas), la dificultad de visión (profundidad del acto quirúrgico) y el alto riesgo de sangrado. Entiende que en este caso debería haber un consentimiento informado, más detallado. Copnceden una ccuantía del 10 % de lo solicitado.
Resumen: Ante la imposibilidad de ejecutar el fallo por haber concluido el período de duración del contrato y no ser posible la restitución, se fija indemnización económica pues se estaba en presencia de un claro supuesto de inejecución del fallo que no por ello supone negar la tutela judicial efectiva, pues esta no sólo se consigue con una ejecución plena y efectiva del fallo, sino también instando un incidente tendente a declarar su inejecutabilidad, debido a la imposibilidad legal o material de ejecutarla
Resumen: Es un presupuesto obligatorio formular la reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa ante la Administración contra la que se pretende ejercitar la acción y agotar esta vía administrativa, antes de presentar el recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y, en este caso, la recurrente ha incumplido dicho presupuesto previo y obligatorio de la jurisdicción.
Resumen: Estamos ante la exigencia de un mínimo de prueba, si quiera indirecta o indiciaria, del que pudiera desprenderse el desequilibrio en el que pretende sostener el indebido establecimiento de la limitación a las percepciones, todo ello sin perjuicio del muy acertado comentario que recoge la sentencia en orden a destacar la relevancia que tiene en este tipo de contratos la exigencia de diligencia en la empresa especializada tanto en la exigencia de datos como en su adecuada ponderación respecto a la viabilidad económica del contrato, sin que respecto a este aspecto esencial se haya justificado aspecto alguno que permita entender ni la existencia de una actividad destinada a conocer el alcance concreto que pudiera tener el encargo ni mucho menos que existiera una voluntad destinada a engañar u, al menos ocultar información por parte de la Administración.
