Resumen: Se trata de determinar cuál es el régimen jurídico aplicable a las relaciones laborales entabladas entre la Universidad y aquellos con los que suscribe contratos temporales acogidos formalmente a los denominados como “predoctorales” y cuyo objeto es la realización de tareas de investigación en el ámbito de un proyecto específico y novedoso teniendo la condición de personal investigador predoctoral en formación. Y si son una concreción específica del contrato para obra o servicio determinado o si se trata de una modalidad contractual autónoma y distinta de las que regula el catálogo de contratos temporales del ET. La Sala IV sostiene, en el caso, la acomodación de la efectiva prestación de servicios a los requisitos exigidos por el art. 23 de la Ley 14/2011, hallándonos, por tanto, ante una verdadera relación de carácter predoctoral. En cuanto a las consecuencias de la finalización de estos contratos, no existe disposición alguna en el marco jurídico que dibuja la indicada ley. De ahí que lo que plantee el conflicto colectivo confronta con el dilema sobre si la remisión al ET debe abarcar un reenvío al régimen general de finalización de la contratación temporal recogido en el art. 49.1 c) ET. Extrapolando la conclusión de la STJUE 21/11/2018, De Diego Porras II, concluye que no procede la indemnización por finalización del contrato, al no haber sido fijada por el legislador y no ser aplicable la que el art. 49.1 c) ET fija para el contrato para obra y servicio dete
Resumen: El recurso denuncia la aplicación indebida de las normas de interpretación de los contratos y reclama una exégesis distinta del acuerdo suscrito entre Cajastur y la representación de los trabajadores en el punto relativo a las retribuciones del personal adscrito a la escala de niveles; reclamando una interpretación distinta que conllevaría la desestimación de la demanda. La Sala considera que se ha de verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC. La argumentación de la sentencia recurrida descansa en las manifestaciones del único testigo que depuso en el acto del juicio oral y que resultó ser una persona que intervino en las negociaciones y en la consecución del pacto sobre el Acuerdo cuya interpretación aquí se cuestiona. Igualmente, la sala de instancia apoyo su interpretación en la literalidad de las cláusulas explicando detalladamente el por qué la redacción del pacto permitía la interpretación acogida. También ha tenido en cuenta los actos coetáneos y posteriores de las partes; y, finalmente se apoyó en una interpretación conjunta de las cláusulas examinadas. Tal forma de proceder implica una total adecuación interpretativa de la sala de instancia a las pautas y criterios consolidados normativa y jurisprudencialmente e impide que pueda considerarse irrazonable o ilógica, sino que, al contrario, debe ser mantenida en esta sede casacional.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de conflicto colectivo solicitando se anulara la Instrucción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29-01-2019 de fijación del calendario laboral del personal y administración de servicios para el año 2019, y que se reconociera el derecho del comité de empresa previsto en el art. 52.9 del convenio colectivo de aplicación de negociar la instrucción de vacaciones, permisos y licencias que la gerencia debía presentar antes del 15 de diciembre de cada año, o subsidiariamente la anulación del apartado 7.3 de la Instrucción y el derecho del comité de empresa a negociar el establecimiento de los servicios mínimos. Considera la sentencia que no se ha infringido el art. 52.9 del convenio colectivo aplicable, ya que la Instrucción de 26-02-2018 sobre permisos, licencias, vacaciones, jornada y horario, fue acordada con el comité de empresa conforme a la norma convencional, refiriendo la denuncia del comité de empresa, más bien, a la Instrucción de 29-01-2019, cuya previsión sobre servicios esenciales no infringe la de 2018, ya que la de 2019 parte de servicios ya determinados para cubrir necesidades en periodo de cierre de las instalaciones, sin que la Instrucción de 2019 sea la que determine dichos servicios, por lo que no incide a la determinación a la que se refiere la instrucción de 2018, que corresponde al Rector previa negociación con los representantes de los trabajadores
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si es exigible que los trabajadores justifiquen el gasto ocasionado con motivo del desplazamiento, aunque éste no supere el importe de la dieta fijado en el convenio colectivo. La sentencia desestima el recurso por considerar que la resolución recurrida establece la doctrina correcta, ya que lo relevante es la regulación del convenio colectivo que no exige el requisito que impone la empresa, sin que a ello se oponga la naturaleza que tenga la dieta, pues el debate no gira en torno a esta última cuestión sino sobre la necesidad de justificar el gasto que pretende cubrir su abono y, como ha entendido correctamente la sentencia recurrida, los negociadores no han sometido el pago de la media dieta a justificación alguna del gasto, salvo cuando éste sea superior al importe fijado para ella en el convenio colectivo.
Resumen: En las demandas de conflicto colectivo se pide la nulidad de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo aplicadas por la empresa a partir del 19/12/18. Es de aplicación el XVII convenio de empresas de ingeniería, vigente hasta el 31/12/17 y en régimen de ultraactividad hasta el 31/12/18. La empresa demandada inició el 6/11/18 un periodo de consultas para la implementación de una serie de MSCT, así como la inaplicación de determinadas condiciones salariales previstas en el convenio. El periodo de consultas terminó sin acuerdo, la empresa notificó a la RLT el 19/12/18 la aplicación de las citadas modificaciones, practicándose la reducción salarial en las nóminas de enero de 2019. Las AN estima en parte las demandas declarando nula la reducción salarial. La sala IV, tras rechazar la modificación del relato fáctico, e interpretando los arts. 41 y 82 del ET, concluye que el procedimiento para la MSCT sólo es posible si no existe norma convencional vigente reguladora de las mismas. Y si existe, sólo cabe instar su inaplicación por el procedimiento legalmente establecido. En el caso de autos el periodo de consultas se inicia y termina estando vigente la norma convencional y, si bien en la comunicación empresarial de 19/12/18 no se hace referencia al descuelgue salarial ni tampoco se planteó en el periodo de consultas, lo cierto es que la reducción retributiva se aplica en las nóminas de enero de 2019. Todo lo cual conduce a desestimar el recurso de la empresa.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que, dictada en proceso de conflicto colectivo, aceptando la existencia de una condición más beneficiosa respecto de la cesta de navidad, estima la excepción de prescripción, con desestimación de la demanda. En esta se impugna una medida empresarial sin acudir al art. 41 del ET, que regula el proceso en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, solicitando se declare nula la decisión unilateral de Liberbank, S.A. de suprimir la cesta de navidad. Tras una profusa labor argumental se estima que la falta de activación del art. 41 ET no impide aplicar la prescripción. Además, los plazos del art 59 ET son aplicables a las acciones colectivas. La parte actora disponía del plazo de un año para ejercitar la acción contra la medida empresarial, y ese plazo comenzó a computar desde el momento en que la empresa dejó de abonar la cesta de 2012. No especificando el escrito de recurso otro momento distinto para el cómputo del plazo de prescripción ni actos que pudieran haberlo interrumpido, no se puede tomar como día inicial del cómputo el año 2015, año anterior al de presentación de la presente demanda, sino aquel en que se adoptó la medida, máxime atendiendo a las vicisitudes que tuvieron lugar en 2013, en donde el beneficio social ya se encontraba suprimido y las partes estuvieron negociando sobre el resto de los que traían de Caja Extremadura afectados por el conflicto, evidencia la dejación del derecho.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV precisa que de la STS 9/2/2016, R. 297/14 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento – incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV precisa que de la STS 9/2/2016, R. 297/14 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV precisa que de la STS 9/2/2016, R. 297/14 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: Por sentencia de instancia se desestimó la demanda de conflicto colectivo en que se reclamaba el reconocimiento del derecho de los trabajadores a tiempo parcial sometidos al XIX CC de ámbito interprovincial de aplicación a la empresa CTSA-Portillo, a percibir los pluses de quebranto de moneda, transporte, conservación de material, de conductor repartidor e incentivo de convenio en su importe íntegro y no proporcional a la jornada realizada. La Sala 4ª estima parcialmente el recurso de casación para declarar el derecho a percibir en su importe íntegro el plus de quebranto de moneda y el plus de conservación de material, confirmando el resto de pronunciamientos por entender que conforme al art. 12.4 d) ET, debe existir igualdad en las condiciones de trabajo de trabajadores a tiempo parcial y completo, pudiendo aplicarse la regla de proporcionalidad en relación a determinados derechos conforme a doctrina del TJUE, y en aplicación de las reglas sobre interpretación de contratos: 1) El complemento por conductor-perceptor se vincula a la efectiva prestación de servicios; 2) Los otros complementos salariales, también se vinculan al tiempo de trabajo; 3) El plus de quebrando de moneda es un concepto no salarial, debiendo incluirse su importe íntegro; 4) El plus de conservación de material no se abona en atención al tiempo efectivo de trabajo; y 5) El plus de transporte, procede su abono pro rata temporis al ser perfectamente divisible
