Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia que no entra en el fondo porque considera el recurso inadmisible por razón de la cuantía: pero no entra en el fondo porque considera el recurso inadmisible por razón de la cuantía en relación con el reconocimiento de trienios perfeccionados como contratado laboral que adquiere la condición de funcionario público Para el TS la cuantía del pleito a efectos de admisibilidad del recurso de apelación, al ser cuestiones relacionadas con funcionarios públicos: cuando la pretensión verse sobre el reconocimiento de un derecho funcionarial, el pleito se tendrá como de cuantía indeterminada al margen de la cuantificación de los trienios.
Resumen: La sala inadmite el recurso de revisión interpuesto -con base en el artículo 102.1.a) LJCA- contra sentencia firme dictada el 10/11/20. Parte de la STS de 22/3/23 (rec. 7/2021) donde se señala que el artículo 512 LEC -aplicable por remisión del artículo 102 LJCA-, tras establecer en el apartado 1º, para la interposición del recurso de revisión, un primer plazo general de cinco años respecto de la fecha de publicación de la sentencia impugnada, contempla en el apartado 2º un segundo plazo dentro de aquél, que se concreta en los tres meses desde el día en que se descubriesen los documentos decisivos. Y aprecia que, en el caso examinado, en las actuaciones existen datos bastantes que acreditan que el recurrente conocía de la existencia del documento en cuestión ya en 2007 y, además, estaba al corriente de su contenido, concluyendo así que el documento era conocido por el demandante antes de la sentencia cuya revisión se pretende y, además, era sabedor de su contenido. Lo cual lleva a la Sala a considerar quebrado el presupuesto o requisito temporal de tres meses, e incluso la propia esencia del motivo primero de revisión, al no poderse tildar al documento como retenido por el sólo hecho de que el Ayuntamiento no contestara a un requerimiento de información del demandante, siendo, además, que el documento en cuestión, se encontraba en un archivo público; pudiendo haberlo pedido también el demandante en vía judicial.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si a efectos de procesos para ingreso en la profesión docente puede ser computada la experiencia profesional de centros infantiles de Corporaciones Locales, por considerarlos centros públicos a los efectos del apartado 1, del Anexo 1 del R.D. 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en 1) determinar hasta dónde llegan las facultades de control del Tribunal encargado de dilucidar la legalidad de la liquidación o sanción en relación con la valoración de la prueba ilícitamente obtenida por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, y, si estas facultades se ven de algún modo condicionadas, limitadas o mermadas en relación con la invocación de la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se ha autorizado por resolución firme la entrada en el domicilio del contribuyente; y 2) precisar si, la jurisprudencia emanada del recurso de casación ostenta carácter retrospectivo sobre las liquidaciones practicadas por la Administración tributaria con fundamento en las pruebas obtenidas en el curso de una entrada en domicilio autorizada por resolución judicial firme.
Resumen: La cuestión con interés casacional objetivo consiste en determinar si, cuando se impugne una tasa por prestación de servicio público de atraque de embarcaciones ante un órgano económico-administrativo de una comunidad autónoma y se suscite si es posible incluir la repercusión del IVA con ocasión de la imposición de esta, debe acudirse al Tribunal Económico-Administrativo Regional por tratarse de un impuesto estatal o es admisible plantear esta cuestión ante el órgano competente para revisar la liquidación de la tasa.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si en el ámbito del procedimiento de selección de los empleados públicos temporales, tramitado a través de los servicios de empleo de las Administraciones Públicas y en el que basta el cumplimiento de los requisitos específicos de la oferta de empleo público fijados por el órgano convocante y la disponibilidad, resulta compatible con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad establecer como criterio de desempate el relativo a la prioridad de la inscripción de los candidatos en la oferta de empleo público.
Resumen: La cuestión con interés casacional objetivo consisten en reafirmar, reforzar, completar o, en su caso, matizar o corregir la doctrina contenida en la STS de 16 de marzo de 2011 (rec. n.º 212/2007) en virtud de la cual la inclusión o exclusión de un elemento patrimonial a efectos del cálculo del límite de la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio (art. 31.Uno.b) LIP) deriva de la naturaleza o destino de los bienes, en el momento a que se refiere la liquidación, al margen de que en un momento posterior pueda ser sometido a operaciones que devenguen rendimientos en el IRPF. Aclarar si dicha jurisprudencia, fijada en un caso en el que los elementos patrimoniales controvertidos consistían en obras de arte, es extensible y directamente aplicable a bienes inmuebles que tengan la consideración de vivienda habitual.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si el reconocimiento de las patologías declaradas en sentencia firme dictada en un procedimiento de Mutualismo Administrativo, debe vincular al órgano gestor de Clases Pasivas a efectos del reconocimiento de la pensión extraordinaria de jubilación. Cuestión resuelta por STS Dde18 de enero de 2024, RCA 8570/2021.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si basta un certificado de tasación para la valoración hipotecaria como motivación del nuevo valor fijado en la comprobación.
Resumen: La cuestión con interés casacional objetivo consiste en determinar si una entidad que no tenga la disponibilidad jurídica o el uso del agua, por no ser concesionaria del elemento patrimonial en el que se realizan obras hidráulicas específicas, realiza el hecho imponible de la Tarifa de utilización del agua o si realiza, por el contrario, el hecho imponible del canon de regulación.
