Resumen: Admisión. Regasificación de Sagundo. La sección de Admisión considera que el escrito de preparación cumple las exigencias del artículo 89. 2 LJCA, invocando diversos supuestos de interés casacional previstos en el artículo 88.2 y 3 de la Ley de la Jurisdiccional, en relación con el pronunciamiento novedoso del auto de ejecución y ajeno a lo que se debatió en el pleito, a juicio de la recurrente, al denegar la autorización del proyecto por razón de circunstancias sobrevenidas. Entiende que el recurso presenta interés casacional objetivo y lo admite precisando que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, en supuestos de sentencias que anulan la resolución recurrida y acuerdan retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictarse la misma, la nueva resolución administrativa que se dicte en ejecución de sentencia debe atender a las circunstancias y hechos concurrentes a la fecha en que se dictó la resolución anulada, o si, por el contrario, puede tomar en consideración circunstancias sobrevenidas con posterioridad a dicha fecha. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación, son los artículos 24 y 118 CE y 103 y 105 LJCA.
Resumen: Se cuestiona, en el ámbito del acceso a la información y transparencia, el alcance de la información solicitada de un expediente de un expediente administrativo minero solicitado por una plataforma vecinal. La empresa muestra su oposición al estimar que le ocasionaría perjuicio al contener la información extremos relativos a datos económicos y secretos comerciales de estrategia económica y comercial. Se considera que reviste interés casacional objetivo si puede considerarse abusivo el acceso a la información concedida, al suponer un perjuicio para los intereses económicos, el secreto comercial y la estrategia competitiva de la sociedad recurrente.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado que, en cuanto a la procedencia de fijar jurisprudencia o completar o matizar la existente en lo que concierne a la prescripción y representación institucional de los sujetos colectivos se estima que reviste interés casacional objetivo determinar si se hace preciso que la fecha inicial del plazo prescriptivo se encuentre acreditada para poder apreciar la prescripción. Serán objeto de interpretación los preceptos relativos a la prescripción con carácter general, 1973 del Código Civil en relación con el artículo 30.1 b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda pública de Andalucía. De igual modo reviste interés casacional, en relación con lo anterior si la acción emprendida por una entidad interrumpe el plazo prescriptivo para el caso de considerarse que ostenta representación institucional de los sujetos colectivos. Como señala el recurrente la cuestión afecta potencialmente a un número elevado de situaciones. Todas esas cuestiones evidencian la existencia de interés casacional objetivo al objeto de poder precisar, matizar, o, en su caso, corregir la jurisprudencia por lo que concurre la presunción prevista en el artículo 88.3.a) LJCA e invocada en el recurso, siendo procedente la admisión del recurso.
Resumen: La Sección de Admisión aprecia que el escrito de preparación presentado cumple con las exigencias del art. 89.2 LJCA, justificando suficientemente la recurrente (Generalitat Valenciana) la concurrencia, al menos, de los supuestos invocados previstos en el art. 88.3.c) y e) LJCA. Admite el recurso de casación, precisando que las cuestiones de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar: A) Si la exigibilidad de estudio económico financiero establecida por la jurisprudencia (entre otras, STS de 31 de marzo de 2016, RC 3376/14) en todo tipo de instrumentos de ordenación urbanística es trasladable a instrumentos de ordenación territorial como el concernido (donde se protege el suelo, pero no se transforma).B) Si los informes de impacto de género, familia e infancia y adolescencia "neutros" (en los que se indica la no afectación a tales cuestiones) equivalen a su inexistencia. C) Qué alcance puede exigirse al estudio de alternativas que debe contener una evaluación ambiental estratégica. Las normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación en sentencia son: el art. 37.5 del RD 2159/1978, de 23 de junio, la D.A. 10ª de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, el art. 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, los arts. 1.1.b), 5.2.c), 18.1. b) y 26 de la Ley 21/2013 y los arts. 47 a 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sobre estas mismas cuestiones, han recaído SSTS de 27/4/22 (RCA 4034/21 y 4049/21).
Resumen: La Sala, teniendo en cuenta que sobre la cuestión suscitada han recaído sendas sentencias de 27 de abril de 2022 (RCA 4034/2021 y 4049/2021) declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto, reitera la decisión de admisión en el presente recurso, análogo a aquéllos, recordando que la cuestión que presenta interés sensacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar: i) s i la exigibilidad de estudio económico financiero establecida por la jurisprudencia (entre otras, STS de 31 de marzo de 2016, RC 3376/14) en todo tipo de instrumentos de ordenación urbanística es trasladable a instrumentos de ordenación territorial como el concernido (donde se protege el suelo, pero no se transforma); ii) si los informes de impacto de género, familia e infancia y adolescencia "neutros" (en los que se indica la no afectación a tales cuestiones) equivalen a su inexistencia; y iii) qué alcance puede exigirse al estudio de alternativas que debe contener una evaluación ambiental estratégica.
Resumen: La Sala, teniendo en cuenta que sobre la cuestión suscitada han recaído sendas sentencias de 27 de abril de 2022 (RCA 4034/2021 y 4049/2021) declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto, reitera la decisión de admisión en el presente recurso, análogo a aquéllos, recordando que la cuestión que presenta interés sensacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar: i) s i la exigibilidad de estudio económico financiero establecida por la jurisprudencia (entre otras, STS de 31 de marzo de 2016, RC 3376/14) en todo tipo de instrumentos de ordenación urbanística es trasladable a instrumentos de ordenación territorial como el concernido (donde se protege el suelo, pero no se transforma); ii) si los informes de impacto de género, familia e infancia y adolescencia "neutros" (en los que se indica la no afectación a tales cuestiones) equivalen a su inexistencia; y iii) qué alcance puede exigirse al estudio de alternativas que debe contener una evaluación ambiental estratégica.
Resumen: La Sala aprecia que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en el presente recurso consiste en determinar si el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las Administraciones Públicas para verificar las declaraciones responsables y las comunicaciones que permiten el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación, se encuentra sometido a plazo, y en su caso, determinar el mismo, o sí por el contrario, su ejercicio no se encuentra sometido a límite temporal alguno y puede ser ejercitado mientras se ejerza el derecho o se lleve a cabo la actividad comunicada.
Resumen: La Sala confirma el criterio fijado en las sentencias de 12 de noviembre y 17 de diciembre (recurso de casación nº 6469/2018 y 532/2019), donde tras el examen de STJUE de 21 de noviembre de 2018, asunto C-245/17, sobre el principio de igualdad del artículo 4 del Acuerdo de la Directiva 1999/77/CE, se concluye que no existe discriminación para los funcionarios interinos docentes no universitarios por la diferencia de trato al finalizar su nombramiento tras el cese con el curso académico, aunque se produzca un nuevo nombramiento al comenzar un nuevo nombramiento. La medida se considera proporcional y objetiva para atender las medidas organizativas de la Administración. Lo relevante es que la relación de servicio había sido extinguida válidamente al final del periodo lectivo de cada curso escolar, sobre la base de razones objetivas y predeterminadas. Por consiguiente, reconocer el devengo de retribuciones sin que traiga causa de una relación de servicio existente, dada la extinción legítima y además consentida de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, supone una vulneración frontal de lo dispuesto en el art. 14.d) y del art. 10.3 y 5 TRLEBEP. Las previsiones del artículo 110.5 b) de la Ley de la Jurisdicción han de extenderse a la doctrina del TJUE y a la del T.C. Por otra parte, la pendencia de algún recurso de casación sobre la cuestión determinante de la extensión de efectos basta para acordar la suspensión del art.110.6 de la LJCA.
Resumen: Recurso de revisión. Procedimiento de concentración parcelaria. Evaluación de impacto ambiental. Irrelevancia del documento aportado para resolver si el proyecto de concertación parcelaria precisaba evaluación de impacto ambiental en aplicación de la Ley 17/2006.
Resumen: Lo precedente es declarar que no ha lugar al recurso de casación y, al tiempo, abstenernos de formar doctrina jurisprudencial específica y propia sobre las preguntas suscitadas en el auto de admisión que, aunque poseen interés casacional, en general, para toda la comunidad jurídica, no sirven a los efectos de, mediante su análisis, llegar a la solución del recurso, toda vez que, atendidas las circunstancias concurrentes, la procedente decisión de desestimar el recurso no precisa, en relación causal, de la respuesta a tales cuestiones, pues el fallo ha de descansar, necesariamente, en la conducta silente observada por la recurrente sobre la derivación de responsabilidad, en la instancia y en esta casación.
