Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el interpuesto contra resolución desestimatoria de la solicitud de que se permita a los agentes de la Unidad Especial de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local de Zaragoza disfrutar de la compensación de horas extraordinarias de manera acorde con las necesidades del Agente de la UAPO y sin la obligatoriedad de gastar necesariamente las 8 horas que se viene imponiendo hasta la fecha, en igualdad de condiciones que respeto de los demás integrantes del Cuerpo de la Policía Local de Zaragoza y del resto de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Señala la Sala que en cuanto al principio de igualdad, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Constitucional han precisado perfectamente sus características y delimitación, señalando al efecto que el mismo encierra y presta contenido a una prohibición o discriminación de tal manera que ante situaciones iguales deban darse tratamientos iguales, por lo que sólo podrá aducirse ese principio de igualdad como violado cuando, dándose los requisitos previos de una igualdad de situaciones entre los objetos afectados por la norma, se produce un tratamiento diferenciado de los mismos en virtud de una conducta arbitraria no justificada de los poderes públicos quedando enmarcados con rigurosa precisión los perfiles dentro de los cuales ha de desenvolverse la acción promovida en defensa de ese derecho fundamental de igualdad , que ha de entenderse entre iguales, es decir, entre aquellos que tiene circunstancias de todo tipo iguales. Y añade que existen unidades de Policía Local que no pueden hacer uso de la compensación de horas de forma fraccionada, como es el caso de la UNIDAD DE SERVICIO NOCTURNO, la POLICIA JUDICIAL y de la ECO (EMISORA), como también sucede con la UAPO. Y que la principal característica de la Unidad va a ser precisamente su flexibilidad y disponibilidad a la hora de atender los servicios encomendados, lo que va a exigir que los horarios, turnos y ciclos de trabajo sean diferentes a los que se realizan en la actualidad en Policía Local, fruto de las nuevas necesidades de servicios. Dicha especificidad conllevará la asignación a los miembros de la Unidad de un complemento de carácter económico, en tanto en cuanto permanezcan en la misma.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez estimó el recurso interpuesto por MERCANTIL NAFUS 50, S.L frente a la Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en fecha 7 de marzo de 2023, por la que se había acordado: "Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto con fecha 18/01/2023, por Blas (repres NAFUS 50 SL), contra Resolución del Coordinador General del Área de Urbanismo y Equipamientos y Gerente de Urbanismo, de fecha 12/12/2022, que ordenó requerir para que en el plazo de un mes procediera a dejar en su estado inicial terrazas y obras realizadas de reforma en Cesáreo Alierta, avenida, 103 3º-3ª, anulando la misma sin perjuicio del derecho a la obligación de legalización del resto de obras realizadas". Señala la Sala la interpretación que postula la administración, que el cómputo es en todo caso desde que hay un signo externo que permita incoar el correspondiente procedimiento, se destruiría todo el fundamento de la prescripción, que no es la justicia sino la seguridad jurídica, que se vería enormemente dañada pues podrían haber pasado veinte años y cuatro propietarios cuando se descubriese una obra ilegal, y, según ese criterio, habría de procederse al restablecimiento de la legalidad, lo cual, tratándose de domicilios privados, en los que es difícil que pueda haber un signo externo cuando se trata de obras interiores -en este caso el derribo del tabique interno de separación de la galería y el interior, simultáneo o posterior al cierre de la galería- convertiría en prácticamente imprescriptibles tales hechos. De hecho, la regla más habitual, en la prescripción por delitos e infracciones, y lo mismo sería aplicable a la actividad gravosa de ordenar el restablecimiento de la legalidad, es el momento del hecho. Otra cosa es que, lógicamente, frente a la evidencia que ha permitido actuar, que se constituye en presunción iuris tantum, deba ser el interesado el que, como ha hecho en el caso concreto, con múltiple material gráfico, deba probar que la fecha de comisión de la infracción fue anterior. Y añade que si vemos la denuncia, se dice que "desde la calle los agentes también observan como ya no existe puerta de acceso a la terraza como en el resto de inmuebles, siendo el acceso totalmente diáfano desde el salón, por lo que se ha derribado un tabique", por tanto, parece claro que los signos de derribo del tabique podían haber sido apreciados desde la calle desde el mismo momento en que, años antes, se había llevado a cabo.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto por el que se deniega la medida cautelar de suspensión de la efectividad de la resolución recurrida solicitada en relación con la orden de demolición de una edificación. Señala la Sala que dada la especialidad de la materia de que se trata, y de conformidad con la doctrina establecida en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la ponderación de los intereses en conflicto ha de llevar a denegar la medida cautelar en cuanto que de acuerdo con lo declarado en las SSTS de 24-9-09 , 13-7- 09 y 14-5-09 , que desestimaron recursos de casación interpuestos contra resoluciones que habían denegado la adopción de medidas cautelares en relación con actos administrativos que decretaban demoliciones, existe un interés público en el restablecimiento de la legalidad urbanística y en la no persistencia de una construcción que ha sido ejecutada sin la preceptiva autorización. Y añade que no cabe afirmar que la ejecución del acto administrativo comporte la pérdida de la finalidad del recurso, ya que no resulta irreversible la ejecución de la orden de demolición recurrida, ello por consecuencia de la compensación económica y la posible reconstrucción que pudiera hacerse al efecto en el caso de estimación del recurso contencioso administrativo. Y, por último, en referencia al "fumus", la relación fáctica expuesta debe de ser valorada en el fondo sin que esta pieza sea o pueda ser el momento en que deba valorarse la aplicación de preceptos y jurisprudencia que invoca la falta, sin que de la resolución se pueda constatar una situación de nulidad evidente que permita aplicar el buen derecho que la parte refiere.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto en el que se deniega la medida cautelar solicitada por la actora, PIZZA PACO, S.L., de suspensión de la ejecutividad de la resolución del concejal del Distrito de Ciutat Vella, de 13 de junio de 2022, confirmada en el recurso de alzada por la resolución de 6 de octubre de 2022, en la que se le denegó la transformación de la licencia de terraza excepcional número 01-00915/VE1, en licencia ordinaria de uso común especial de la vía pública en la calle Allada Vermell, 11, de Barcelona, con prolongación de la eficacia de esa licencia excepcional hasta que se recayese sentencia firme en este recurso. Señala la Sala que es indudable que la pérdida de dos mesas podrá conllevar una merma en la rentabilidad del negocio, pero no de la magnitud alegada por la apelante, que no ha justificado cual pueda ser realmente el perjuicio que se le pueda causar con esa pérdida. Y añade que en este momento procesal no se puede entrarse a resolver sobre las consecuencias que la prórroga de la ampliación de la terraza puede suponer para terceros y, sobre todo, para el interés público en relación con la disponibilidad de libre espacio público al margen de la terraza de la apelante y de las demás concurrentes en la misma zona a las que se refiere la resolución recurrida, y con el derecho al descanso de los vecinos para denegar la transformación de la licencia extraordinaria en ordinaria, y, por otra parte, y contrariamente a lo argumentado en la apelación, tampoco puede descartarse una afectación importante para ese interés público y para terceros, todo ello sin prejuzgar en absoluto lo que resulte acreditado en el procedimiento del que dimana la pieza de medidas cautelares, ya que no es comparable la situación del espacio público en pandemia con la que ese mismo espacio presenta después de superarla, dado que las limitaciones a la movilidad de las personas para evitar la transmisión del virus no se constriñeron a Barcelona, sino que fueron universales, como lo fue la pandemia, lo que comportó la prácticamente ausencia de turistas y visitantes nacionales y extranjeros, y una disminución severa de la movilidad en todas sus manifestaciones. Esas circunstancias cambiaron, y, con ellas, cambió el marco en el que debía compatibilizarse el uso general y libre del espacio público, con su aprovechamiento especial por el titular de la licencia de la terraza.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si es aplicable al recurso de apelación contra los autos que impiden la continuación del procedimiento - como es un Auto de desistimiento- la "summa graviminis"prevista en el artículo 81.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o si, por el contrario, rige la regla prevista en el artículo 81.2.a) de la misma ley.
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en:
- Determinar -unificando el criterio interpretativo de diferentes secciones de esta Sala Tercera sobre el artículo 85.4 LJCA, a la luz del principio pro actione-, si es necesario que el recurrente en la primera instancia se adhiera al recurso de apelación interpuesto por la Administración demandada -cuando haya obtenido una sentencia totalmente estimatoria y, por tanto, favorable a sus pretensiones, en la que hayan dejado imprejuzgados alguno de los motivos de la demanda por considerarse innecesario su análisis-, para que esos motivos puedan y deban ser examinados en la sentencia que estime el recurso de apelación.
- Precisar si el copago por las prestaciones de atención a la dependencia previstas en el artículo 14 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , que perciben los grandes dependientes Grado III, en calidad de servicios y se destinen a la promoción de la autonomía personal y a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, tienen la consideración de tasa o precio público.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si el órgano jurisdiccional que conozca de un recurso de apelación interpuesto frente a la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, en el supuesto de que aprecie que dicha inadmisión fue acordada indebidamente, debe entrar a conocer del fondo del asunto, en todo caso, aun cuando no resulte competente por razón de la cuantía del recurso, o si, por el contrario, si no se encuentra facultado para conocer del asunto en apelación por esa razón, debe limitarse a declarar la indebida inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, procediendo a devolver las actuaciones al órgano apelado. Cuestión analizada en la STS de 23 de mayo de 2024 (rec. 3811/2022).
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en:
- Determinar -unificando el criterio interpretativo de diferentes secciones de esta Sala Tercera sobre el artículo 85.4 LJCA, a la luz del principio pro actione-, si es necesario que el recurrente en la primera instancia se adhiera al recurso de apelación interpuesto por la Administración demandada -cuando haya obtenido una sentencia totalmente estimatoria y, por tanto, favorable a sus pretensiones, en la que hayan dejado imprejuzgados alguno de los motivos de la demanda por considerarse innecesario su análisis-, para que esos motivos puedan y deban ser examinados en la sentencia que estime el recurso de apelación.
- Precisar si el copago por las prestaciones de atención a la dependencia previstas en el artículo 14 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , que perciben los grandes dependientes Grado III, en calidad de servicios y se destinen a la promoción de la autonomía personal y a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, tienen la consideración de tasa o precio público.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si resulta de aplicación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el denominado mecanismo de la «prejudicialidad homogénea» regulado en el artículo 43 de la LEC cuando, para resolver sobre el objeto del litigio, sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si, con la finalidad de aplicar la extensión de efectos del fallo de una sentencia firme en materia de personal, se ha de considerar que no concurre la identidad de situación jurídica a la del favorecido por el fallo, cuando el reconocimiento de una situación jurídica en la sentencia cuya extensión de efectos se pretende se haya producido en virtud de la técnica del doble silencio positivo, sin entrar en el fondo de la cuestión.
