Resumen: Auto de admisión. Las cuestiones de interés casacional son: i) Sí conforme la interpretación dada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2022 -asunto C-409/20 - a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, la sanción que en un primer momento, se ha de imponer a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular, es la multa con la obligación de abandonar el territorio nacional en el plazo fijado salvo que, antes de que este expire, regularice su estancia; y, en un segundo momento, si no se ha regularizado su situación, la sanción de expulsión. ii) si la apreciación de circunstancias agravantes añadidas a la situación irregular del extranjero (concretamente, la falta de presentación de documentación identificativa) en un momento inicial de la tramitación del expediente administrativo sancionador, puede ser modulada con posterioridad (bien en fase administrativa -alegaciones/recurso de reposición-, bien en fase jurisdiccional), de acreditarse un cambio en relación con dichas circunstancias (como la aportación de testimonio notarial del pasaporte), a efectos de valorar nuevamente la proporcionalidad o no de la sanción de expulsión. Normas a interpretar: artículos 53.1.a), 55.1.b) y 57.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Resumen: En los supuestos de resolución del contrato en los que no se haya practicado la liquidación el dies a quo para computo del plazo de prescripción de la acción que tiene el contratista para reclamar el importe de las obras realizadas con arreglo al proyecto empieza con la conclusión o extinción de la relación contractual.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que la cuestión que se plantea en este recurso, respecto de la competencia de la CNMC para dictar la resolución recurrida, es materialmente idéntica a la suscitada en los recursos admitidos por AATS de 26 de enero (RCA 7649/2021), de 2 de febrero (RCA 8003/2021), de 9 de febrero (RCA 7662/2021) y de 16 de marzo de 2022 (RCA 8681/2021) por lo que, en virtud de los principios de unidad de doctrina y de seguridad jurídica, procede, también en este caso, la admisión del recurso. Lo subyacente en el recurso es si resulta determinante o no la existencia de procedimientos masivos a efectos de determinar los efectos supraautonómicos de prácticas restrictivas de la competencia consistentes en la elaboración, publicación y difusión de baremos de honorarios por parte de los Colegios de Abogados, y, en consecuencia, para determinar la autoridad administrativa competente para la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores, y ello en relación con el principio de colegiación única previsto en el artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero (27) , de Colegios Profesionales (...)"; señalándose la procedencia de la admisión del recurso al concurrir la invocada presunción del artículo 88.3.d) LJCA (28) , y no apreciarse carencia manifiesta de interés casacional, y el supuesto del artículo 88.2.c) LJCA (29) , pues se suscitan cuestiones jurídicas de alcance general que trascienden del caso objeto del proceso.
Resumen: Función púbica. Proceso selectivo Anulación de una base de la convocatoria. Ejecución de sentencia. Reconocimiento a ser incluidos como aprobados los aspirantes que superen la nota de corte que debe ser la misma para todos los que participaron en el proceso selectivo.
Resumen: La Sala confirma la doctrina ya acordada en SSTS de 29 de octubre de 2021 (RCA n.º 4697/2020), y de 20 de enero de 2022 (RCA n.º 6037/2020). En este caso se reclama el derecho a pasar a la fase de concurso y a las consecuencias que deparasen a los recurrentes la valoración de sus méritos en función de su puntuación final y del último aprobado en la relación (14 de marzo de 2011). La sentencia recurrida opta por la nota de corte fijada tras la revisión de oficio, aplicando retrospectivamente un criterio que no se observó en el curso del proceso selectivo, durante la reclamación ante el SESCAM, o cuando se interpuso el recurso contencioso-administrativo, ni durante su tramitación. La utilización de la nueva nota de corte produce efectos dispares para aspirantes del mismo proceso selectivo que se hallan en la misma situación: unos, los aprobados inicialmente, conservan su nombramiento, otros mantienen el que se les ha reconocido en ejecución de sentencia, otros aprueban en virtud de la revisión y los hay, como la recurrente, que hubieran logrado plaza solo unos días antes de resolver la Sala de Discordia, pero ahora no la obtienen. Ello contraviene el principio de seguridad jurídica pues la nueva nota se aplica más de ocho años después de terminado el proceso selectivo. La revisión de oficio de las bases de un proceso selectivo ya realizado y de sus actos de aplicación, no puede conducir a resultados contrarios a dicho principio, siendo la nota de corte inicial la aplicable.
Resumen: FUNCIÓN PÚBLICA. Carrera profesional. Condiciones de trabajo. Personal estatutario temporal de sustitución equiparable al personal estatutario interino. No concurren las razones objetivas a que se refiere la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco que acompaña a la Directiva 1999/70/CE, referidas al personal fijo y personal temporal en general, que proporcionen una justificación adecuada y razonable para establecer distinciones entre los tipos de personal temporal.
Resumen: La Sala reitera la doctrina ya examinada en precedentes de otras Comunidades Autónomas, en concreto, en SSTS de 8 de julio de 2021 (RCA 5928/2019) y en las allí citadas, y la de 13 de julio de 2021 (recurso de casación 878/2020). La cuestión giraba entre el personal con relación de servicio permanente y el vinculado por una relación temporal y que, en ese contexto, carece de justificación objetiva y razonable excluir de la carrera profesional, que es una condición de trabajo en el sentido del artículo 3 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, al personal eventual. Pues bien, la sentencia que nos ocupa, considera asimismo, que debe confirmarse el criterio en la medida en que las partes y las sentencias del TSJ de Galicia se refieren al personal estatutario eventual ya que no se han ofrecido razones que justifiquen una respuesta diferente. El problema es el mismo: el de si, a la luz de la Directiva 1999/70/CE, cabe dar, a propósito de la carrera profesional, es decir, respecto de una de las condiciones de trabajo a que se refiere la cláusula 4 del Acuerdo Marco anexo a dicha Directiva, un tratamiento distinto a quienes realizan exactamente la misma función, solamente porque su vínculo con la Administración, en vez de fijo o indefinido, es por tiempo determinado, esta vez como personal estatutario sustituto. La Sala concluye, que es discriminatorio para el personal estatutario temporal eventual y sustituto, su exclusión del acceso a la carrera profesional.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la naturaleza y régimen jurídico de las Cámaras de Comercio Españolas en el extranjero, y, en concreto, si en el ejercicio de su actividad están sujetas a la tutela de la Administración General del Estado, y si sus resoluciones son recurribles ante la jurisdicción española.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste aclarar si la jurisprudencia sentada en las SSTS n.º 1160/2020, de 14 de septiembre (RCA 5442/2019) y n.º 1265/2020, de 7 de octubre (RCA 5429/2019) -relativa a la intervención de entidades públicas empresariales en la tramitación de expedientes sancionadores incoados por las Administraciones Públicas- resulta de aplicación en el ámbito de procedimientos administrativos no sancionadores en cuya tramitación intervienen personas o entidades externas a la Administración; en particular y en este caso, una sociedad mercantil (INECO).
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que la cuestión casacional a dilucidar en sentencia consistirá en aclarar si la jurisprudencia sentada en las SSTS n.º 1160/2020, de 14 de septiembre (RCA 5442/2019) y n.º 1265/2020, de 7 de octubre (RCA 5429/2019) resulta trasladable a procedimientos administrativos no sancionadores en cuya tramitación intervienen personas o entidades externas a la Administración. Esto es, i) si resulta trasladable la jurisprudencia sentada por esta Sala que excluye la intervención de sociedades mercantiles o entidades públicas empresariales en la tramitación de procedimientos administrativos, en particular los de carácter sancionador, con excepción de los supuestos en que esta intervención constituye una asistencia técnica puntual y b) si, aun apreciado tal vicio procedimental, debió la Sala pronunciarse sobre las cuestiones de fondo suscitadas por la recurrente (que incluían el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE y el de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre) tal como ha reconocido la jurisprudencia en relación con determinados supuestos en el ámbito de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración.
