Resumen: Auto de admisión; La cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si la Administración sanitaria que realiza correcta y adecuadamente un acto sanitario debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso -previamente autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios- cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad o, sí por el contrario, la responsabilidad debe recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios. Las normas a interpretar: los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 135 a 138 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 9, 10 y 11 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y 7 del Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios. La cuestión coincide con la ya examinada y resuelta por la Sala III (Sección 5ª) del Tribunal Supremo en sentencias de 21/12/20 (RC 803/19), 21/01/21 (RC 5608/19) y 28/01/21 (RC 5467/19) en sentido favorable a la tesis que sostienen las aquí recurrentes.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en aclarar, matizar, concretar o, en su caso, corregir la jurisprudencia sentada, entre otras, en la STS de 26 de mayo de 2016 (recurso de casación n.º 1488/2015) en relación con la suspensión cautelar de una prohibición de contratar en el ámbito de defensa de la competencia; en particular, se trata de interpretar el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con los artículos 71.1.b) y 72 (apartados 2, 3, 5 y 7) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a fin de aclarar si la prohibición de contratar que incluye la resolución sancionadora dictada por la CNMC ha de entenderse inmediatamente ejecutiva a los efectos de su eventual suspensión cautelar o, por el contrario, la ejecutividad de dicha medida se produce en un momento posterior tras la tramitación del procedimiento correspondiente ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Resumen: Auto de admisión; La cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si la Administración sanitaria que realiza correcta y adecuadamente un acto sanitario debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso -previamente autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios- cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad o, sí por el contrario, la responsabilidad debe recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios. Las normas a interpretar: los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 135 a 138 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 9, 10 y 11 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y 7 del Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios. La cuestión coincide con la ya examinada y resuelta por la Sala III (Sección 5ª) del Tribunal Supremo en sentencias de 21/12/20 (RC 803/19), 21/01/21 (RC 5608/19) y 28/01/21 (RC 5467/19) en sentido favorable a la tesis que sostienen las aquí recurrentes.
Resumen: Auto de admisión; La sección de admisión considera que el escrito de preparación presentado se ajusta formalmente a las exigencias establecidas en el artículo 89.2 de la Ley procesal, entendiendo, en relación específicamente con lo dispuesto en el art. 89.2.f), que la parte recurrente ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.3.a) LJCA. En consecuencia, admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la eventual incidencia de la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2020, en el asunto Saquetti Iglesias c. España (Demanda no 50514/13) -sobre la exigencia de una doble instancia de revisión jurisdiccional de las sanciones administrativas graves- en el vigente sistema de recursos contencioso-administrativos, cuando, como aquí acaece y en aplicación de los artículos 307.4.a) y 312 TRLPEMM en relación con los artículos 10.1.m) y 86.1 LJCA, corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer en única instancia.
Resumen: La cuestión que se considera tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuál sea el régimen aplicable a la prórroga de una concesión otorgada bajo la vigencia de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, cuando la norma vigente al inicio del periodo de prórroga, en lo concerniente a la fijación de la base imponible de la tasa de ocupación durante el periodo de prórroga, es el RD Ley 8/2014, que modificó el RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante .
Resumen: Auto de admisión. La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si el art. 15 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada constituye título habilitante para el acceso directo de la Dirección General de la Policía, sin consentimiento del afectado, a los datos obrantes en el Registro Central de Penados y Rebeldes relativos a los antecedentes penales del personal de seguridad privada, a fines de control del cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención o mantenimiento de la habilitación profesional de dicha actividadprofesional de dicha actividad. E identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, las siguientes: Arts. 2.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; 6 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia; 15 apdos. 1 y 2 y 28.1.e) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y 53.d) del Reglamento de Seguridad Privada, Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación.la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 27.4 y 2 de la Ley 7/2010, de 30 de marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en relación con el resto de preceptos denunciados como infringidos en el escrito de preparación, a fin de determinar si, con arreglo a tales normas, cabe exigir a la Administración la convocatoria de concursos para la adjudicación de licencias para la prestación del servicio audiovisual de radio local digital terrestre, cuando la Administración no ha solicitado la afectación de reserva de dominio público radioeléctrico, ni se ha solicitado su convocatoria por algún interesado, dentro de los plazos establecidos por el citado artículo 27.4 LGCA.
Resumen: Se admite el recurso de casación preparado por la mercantil "SUPERFUEL SL" -en tanto que se inadmite el preparado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Orense, por cuanto que la cuestión que el mismo plantea ya ha sido ya resuelta por, entre otras, STS de 20 de septiembre de 2006 (RCA 6568/03- al entender que la cuestión que en el mismo plantea reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consistiendo la misma en determinar si la titulación de Ingeniería Técnica Industrial es título habilitante para la elaboración de un proyecto de ejecución de unidad de suministro de combustible a los efectos del otorgamiento de licencia de obra para ejecutar una unidad de suministro de vehículos, licencia que fue anulada por la sentencia recurrida en casación.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentando, cuyo Auto de admisión fija como cuestión a interpretar por la Sala en la Sentencia que en su día se dicte determinar sí la caducidad de un procedimiento constituye causa de nulidad de pleno derecho de la resolución debe considerarse como supuesto de nulidad o de simple anulabilidad, sentando si el procedimiento deviene inválido e inexistente como consecuencia de su caducidad, a los efectos de su subsunción en el art. 47.1. Ley 39/2015, en aras a instar, por el interesado, la revisión de oficio. Como supuestos casacionales se invocan el artículo 88.2.a) LJCA, por fijar la sentencia recurrida, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación del art. 47 Ley 39/2015 en relación con el art 25 y 106 de la misma Ley, contradictoria con la fijada en la sentencia nº 663/19, de 13 de diciembre, de la Comunidad Valenciana y sentencia nº 229/19, de 25 de septiembre, del TSJ de Castilla la Mancha; 2) 88.2.c) LJCA, por afectar la doctrina contenida en la sentencia a un gran número de situaciones; y, 3) el artículo 88.3.a) LJCA (30) , por entender que no existe jurisprudencia sobre la cuestión planteada. Las normas jurídicas que, en principio, deberán ser objeto de interpretación son los artículos 25, 47.1.e) y 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Resumen: Se declara la pérdida de objeto del recurso de casación interpuesto contra sentencia que confirmó la denegación de la acreditación de la recurrente para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad por entender que el procedimiento de acreditación no exige la especificación de la puntuación numérica dada a cada mérito. Dado que la recurrente que dieciocho meses después de que le fuera denegada la acreditación volvió a presentar una nueva solicitud de acreditación para poder acceder al cuerpo de Catedráticos de Universidad, que esta vez prosperó, de modo que el presente recurso carece de objeto sobrevenido pues el TS solo puede examinar si la sentencia impugnada es ajustada a Derecho y, si llega a la conclusión de que no lo es, resolver el litigio en los términos en que estuviera planteado o devolver las actuaciones a la Sala de instancia, pero no puede, desde luego, pronunciarse sobre los efectos de un acto administrativo posterior y distinto.
