Resumen: Justificación en razones de interés público de la reserva de la LOE en favor de arquitectos y arquitectos para redactar o dirigir proyectos constructivos cuyo objeto sea la construcción de edificios para usos del art.2.1 a) LOE. Justificación en razones de interés general de las restricciones del ejercicio de una actividad a determinados profesionales. Respaldo de la exigencia de unas determinadas condiciones de preparación y cualificación de los profesionales cuando la actividad administrativa trate de verificar que un inmueble cumple las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad necesarias para ser destinado al uso previsto. Prevalencia del principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de exclusividad y monopolio competencial. Necesidad de estar al caso concreto para determinar si en la redacción de un proyecto en concreto es suficiente la intervención de un arquitecto técnico o es necesaria la intervención de un técnico superior. Imposibilidad de admitir el monopolio sobre todo tipo de construcción a favor de una profesión determinada. En este caso, atendiendo al uso administrativo del edificio de cuya ampliación se trata, la competencia es de los arquitectos y arquitectos técnicos.
Resumen: Los docentes interinos que son cesados durante los meses de julio, agosto y septiembre en periodos vacacional estival no tienen derecho a cobrar las correspondientes retribuciones, dada la finalización del vínculo de relación de servicio en los citados periodos, y la iniciación de una nueva relación al comienzo del siguiente curso escolar. Cuestión resuelta por Sentencias de fecha 16 de julio de 2020 (recurso de casación n.º 793/2018) , 1 de diciembre de 2020 (recurso de casación n.º 2516/2019) , 3 de diciembre de 2020 (recurso de casación n.º 1809/2019), 16 de diciembre de 2020 (recurso de casación n.º 1812/2019), 10 de febrero de 2021 (recurso de casación n.º 3155/2019), 24 de febrero de 2021 (recurso de casación n.º 4130/2019).
Resumen: Admitido, en su día, el recurso para resolver la cuestión de interés casacional relativa a si un funcionario docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al inicio del curso escolar tiene derecho a percibir retribuciones por este periodo cuando (i) ni existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y (ii) ha aceptado el cese por no haberlo recurrido en tiempo y forma, el TS reitera su doctrina contenida en varias sentencias similares: la finalización del vínculo de relación de servicio se produce en las respectivas fechas de los ceses del personal funcionario interino -que en este caso fue a 30 de junio de cada uno de los años reclamados-, y la iniciación de un nueva relación de servicio al inicio del siguiente curso escolar no invalida los efectos jurídicos de cada uno de los ceses precedentes, y, por ende, no otorga derecho alguno al funcionario interino en esta situación para percibir retribuciones por el periodo de tiempo transcurrido entre el cese anterior y el inicio de una nueva relación de servicio, como tampoco otorga derecho al reconocimiento de otros efectos de índole administrativa, como antigüedad o cómputo de servicios prestados, en relación al indicado periodo.
Resumen: El TS aborda si existe discriminación entre profesorado funcionarios de carrera e interinos. El TS sigue la doctrina fijada en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de 16 de julio de 2020 (recurso de casación núm. 793/2018), seguida por la de 16 de diciembre de 2020 (recurso de casación núm. 1812/2019), de 10 de febrero de 2021 (recuro de casación núm. 3155/2019), 24 de febrero de 2021 (recurso núm. 4130/2019), 3 de marzo de 2021 (recurso núm 4128/2019) y de 19 de abril de 2021 (recurso 4283/2019), estimando el recurso de la Comunidad de Madrid al entender que la relación de servicio había sido extinguida válidamente al final del periodo lectivo de cada curso escolar, sobre la base de razones objetivas y predeterminadas, sin que proceda reconocer el devengo de retribuciones sin que traiga causa de una relación de servicio existente, dada la extinción legítima y consentida de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada.
Resumen: El TS consolida la jurisprudencia recaída sobre docentes no universitario interinos y sus derechos tras el cese finalizado el curso académico y siendo nombrados a comienzos del curso siguiente con un nuevo nombramiento, de manera que la finalización del vínculo de relación de servicio se produce en las respectivas fechas de los ceses del personal funcionario interino -que en este caso fueron al 30 de junio de cada uno de los años reclamados-, y la iniciación de una nueva relación de servicio al inicio del siguiente curso escolar no invalida los efectos jurídicos de cada uno de los ceses precedentes, y, por ende, no otorga derecho alguno al funcionario interino en esta situación para percibir retribuciones por el periodo de tiempo transcurrido entre el cese anterior y el inicio de una nueva relación de servicio, como tampoco otorga derecho al reconocimiento de otros efectos de índole administrativa, como antigüedad o cómputo de servicios prestados, en relación al indicado periodo.
Resumen: Función pública. Situación de abuso de concatenación de diversos nombramientos de carácter temporal. Derecho a la subsistencia de la relación de empleo. Inexistencia del derecho a la consolidación con carácter fijo. Derecho a reclamar en concepto de responsabilidad patrimonial con arreglo a las normas de la institución indemnizatoria.
Resumen: Los docentes interinos que son cesados durante los meses de julio, agosto y septiembre en periodos vacacional estival no tienen derecho a cobrar las correspondientes retribuciones, dada la finalización del vínculo de relación de servicio en los citados periodos, y la iniciación de una nueva relación al comienzo del siguiente curso escolar. Cuestión resuelta por Sentencias de fecha 16 de julio de 2020 (recurso de casación n.º 793/2018) , 1 de diciembre de 2020 (recurso de casación n.º 2516/2019) , 3 de diciembre de 2020 (recurso de casación n.º 1809/2019), 16 de diciembre de 2020 (recurso de casación n.º 1812/2019), 10 de febrero de 2021 (recurso de casación n.º 3155/2019), 24 de febrero de 2021 (recurso de casación n.º 4130/2019).
Resumen: El TS examina la legitimación de los ayuntamientos para impugnar los estatutos de un consorcio, se determina que los ayuntamientos estarán legitimados para impugnar los estatutos de un consorcio del que no forman parte si acreditan verse afectados por sus disposiciones de manera que su anulación les suponga una ventaja real cierta o les evite un perjuicio igualmente concreto y efectivo. A falta de ese presupuesto, su sola intervención en el procedimiento administrativo conducente a la aprobación de dichos estatutos o de sus modificaciones o la suscripción de convenios de colaboración para gestionar servicios de interés municipal no es suficiente para reconocerles, conforme al artículo 19 de la LJCA, legitimación activa para impugnarlos.
Resumen: Licencia de taxi. Cesión ilegal. Sanción y revocación de la licencia. Cesión ilegal de datos de naturaleza tributaria sobre los que se basa el procedimiento sancionador. La sentencia declara, si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios. Si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto, el acto dictado en virtud de unos datos tributarios cedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sólo será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula resolución de la Asamblea General de Colegios Oficiales de Enfermería de España por la que se ordenan determinados aspectos del ejercicio profesional de enfermero en el ámbito de los cuidados corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento. Desestimación. Las funciones atribuidas a los Colegios Profesionales, que se relacionan en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, que se refieren en el apartado i), relativo a "ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y la dignidad profesional", no apoderan al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España para regular, en los términos en los que se hace en la resolución impugnada en la instancia, las funciones de los profesionales de enfermería, desvinculadas de la actividad asistencial del médico y de la coordinación médica cuando resulta precisa. La regulación realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España en la resolución 19/2017 impugnada, excede de la reserva legal existente y supone una extralimitación del Consejo recurrente en el ejercicio de la función del artículo 5 de la Ley 2/1974.
