Resumen: La sentencia de apelación revoca la de instancia y desestima la demanda en ejercicio de una acción de retracto de comuneros .Argumenta la Sala en síntesis, que resultan insuficientes las manifestaciones del actor para concluir que desconocía la existencia del procedimiento y la adjudicación, cuando la notificación del procedimiento se realizó en el que era domicilio del actor y en la persona de su esposa, con quien el mismo convive, con independencia de las relaciones que tengan entre ellos, pues la esposa asumió la obligación de entregar dichas notificaciones la actor, sin que conste, ni pueda presumirse, como hace la resolución e instancia, que no lo hiciera.El artículo 552.4 del CCC computa, en todo caso, el inicio del término de caducidad para ejercer el derecho de retracto a partir de la inscripción registral y tiene como finalidad la seguridad jurídica. La demanda se presentó habiendo transcurridos los tres meses que para el ejercicio del derecho establece el indicado precepto .
Resumen: Se alega que cuando a los Tribunales españoles no les sea posible fundamentar con seguridad absoluta la aplicación del derecho extranjero deben juzgar según su derecho interno y en este caso no existe jurisprudencia ni disposición legal en derecho luxemburgués sobre imputación de pagos, por lo que debe acudirse al derecho español. El Tribunal teniendo en cuenta que el crédito fue reconocido como contingente en el informo provisional del concurso por la existencia de una condición suspensiva consistente en que el producto de las prendas pudiera aplicarse a la satisfacción de la deuda y habiendo ejecutado la prenda y aplicado su producto a otra deuda, el eventual derecho de reembolso frente a la concursada no ha llegado a nacer y eso aun cuando se dice que se imputaron de forma incorrecta los pagos, pues deberían modificarlo las acreedoras o existir resolución judicial que lo acordase, ya que el derecho de reembolso se sustenta en la efectiva satisfacción previa de la deuda y no en la eventual satisfacción que debiera haberse producido. Respecto del derecho extranjero, su no aplicación surge cuando existe un vacío probatorio, pero aquí existe un informe sobre el contenido y vigencia del derecho luxemburgués y como es el único dictamen, no existen criterios para rechazarlo y se dice en el mismo que por él se permitía la imputación de la deuda en la forma realizada por las acreedoras y el derecho nacional tampoco ampara la pretensión del recurrente de imputación a prorrata.
Resumen: Se solicita el cumplimiento del contrato de compraventa de vivienda en construcción suscrito por las partes, alegando que la vendedora se ha negado a otorgar escritura pública, momento en el cual abonaría el precio debido. La demandada reconviene alegando que los actores carecían de dinero para abonar la vivienda, por lo que incluso se llegó a entregarles la misma y financiar la demandada el precio, abonando los compradores a ésta las cuotas hipotecarias que se fuesen produciendo, lo que así hicieron hasta que la actora dejo de pagar dichas cuotas. Solicita la demandada el pago de la totalidad del precio restante, IVA, daños y perjuicios. Desestimada la demanda y estimada la reconvención recurren ambas partes. La actora no niega las alegaciones de la demandada, sino únicamente indica que debe menos cantidad de la que se le reclama, lo cual es cierto en parte, ya que a partir del mes de octubre de 2012 y hasta enero de 2017, inclusive, los compradores vinieron directamente haciendo frente al pago de la cuota del préstamo hipotecario, de tal modo que si hicieron frente al pago del préstamo al promotor, con sus intereses, estos no pueden ser repercutidos a los compradores como perjuicio derivado del incumplimiento, debiendo procederse a detraer, como perjuicios irrogados a la entidad vendedora, los intereses del préstamo hipotecario entre octubre de 2012 y enero de 2017, a los que se añadirá el IBI y tasa de basuras, lo que se determinará en ejecución de sentencia.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda reconvencional en solicitud por la actora de que se declare que las fincas objeto de litis son de la exclusiva propiedad del reconviniente por concurrir causa de revocación de la donación efectuada a favor de la demandante entonces su esposa, concretamente por ingratitud.Argumenta la Sala en síntesis,que el desistimiento solicitado por el recurrente es un desistimiento previsto en el art. 20 LEC respecto del que, dado el estado procesal de las actuaciones, la parte contraria podía oponerse y el Juez acordar lo que estimara procedente.El auto que desestimó la petición de desistimiento era recurrible en reposición y no consta que por la parte actora se hiciera uso de tal recurso adquiriendo, por ello, fuerza de cosa juzgada. La parte actora en modo alguno ha acreditado que la demandada carecía de ingresos y que la titularidad conjunta de los bienes fue fruto de una donación.Tampoco se ha acreditado que la adquisición de los bienes comunes se efectuara solo con bienes o dinero del actor, por lo que no puede operar la presunción legal de donación ex articulo 232-3-1 del CCCAt. Y aún en el supuesto de que pudiera considerarse la existencia de donación, tampoco concurre la causa de ingratitud alegada en la demanda.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que ,estimando la demanda y desestimando la reconvención, declara la resolución del contrato de suministro e instalación de maquinas,celebrado entre las partes y condena a la demanda a abonar al actor la suma reclamada así como a la retirada y recogida de las máquinas de venta automática del local del demandante e indemnizar a éste por los daños sufridos .Argumenta la Sala en síntesis, que lo caracteriza la compraventa mercantil es el elemento intencional configurado por el propósito de revender la cosa, tal y como la recibió o transformada, y lucrarse con la reventa , de modo que no merece dicha calificación la adquisición de bienes destinados a ser integrados en una explotación El fondo del debate pasa por, primero, examinar si lo entregado coincide con lo contratado; segundo, si así no fuese, si el actor mostró conformidad con lo suministrado; y tercero, si, incluso siendo así, lo instalado no es idóneo o útil para el fin para el que se celebró el contrato. Y lo que se concluye en este proceso es que la demandada recurrente no cumplió, luego, entonces, no resulta asumible ni justificado imputar al adverso proceder de mala fé o con abuso de derecho.
Resumen: Se acciona por intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor. Éste fue incluido en un fichero de morosos. El Juzgado desestima la demanda porque considera que el mantenimiento del dato en el fichero fue correcto. En el recurso se alega por la parte actora que nunca fue informada de su inclusión en un fichero de morosos, ya que nunca conoció ese hecho ya que la comunicación, ni fue cursada, ni recibida. La Audiencia comparte la valoración de la prueba realizada por el Juzgado. Entiende que, existiendo la posibilidad de que se vulnere un derecho fundamental, no pueden rebajarse las exigencias en cuanto a la calidad del dato, ni establecer obstáculos adicionales al ejercicio por el afectado de sus derechos. Examina los requisitos legales de requerimiento de pago y advertencia de inclusión. Señala que es carga de la demandada aportar el certificado postal de entrega al destinatario, no bastando la inclusión en un listado de envíos. Y, en cuanto a la indemnización por daños morales, que se presumen, considera irrelevante la cuantía de la deuda y valora la exposición del dato durante más de 40 meses, así como su difusión, fijando la indemnización en 6.000 euros.
Resumen: Se discute en el juicio si por el asesor financiero hubo una falta de diligencia, infracción de la lex artis, a la hora de confeccionar las nóminas y cuotas de seguridad social, generadora de un perjudico par la parte actora. No le es exigible al demandante que pruebe que la empresa no consintió o autorizó la confección de las nóminas por encima de las retribuciones establecidas en el convenio. Lo que tiene que probar la parte actora es la negligencia y culpa del demandado, como causa del pretendido daño económico por razón del cual reclama. No existe prueba suficiente de que esta forma de confeccionar las nóminas fuese debido a su actuar negligente y no con el conocimiento y aceptación o aquiescencia de la empresa durante todos esos años.
Resumen: Demanda de error judicial. Alegación de apreciación errónea de la prescripción de la acción. La naturaleza propia de este procedimiento no radica en reproducir el debate propio de la instancia, como si de un recurso se tratase. Está vedado en él discutir sobre el acierto o desacierto del tribunal de instancia en la interpretación de las normas aplicadas o en la valoración de la prueba, salvo que se trate de supuestos de craso error o de arbitraria o manifiestamente injustificada interpretación del ordenamiento jurídico. La solicitud de declaración de error judicial exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquella se dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o haya sido dictada con arbitrariedad. En este caso, el error denunciado es la apreciación de la prescripción sin tener en cuenta un burofax de reclamación extrajudicial aportado con la demanda, pero no hay constancia de lo que ocurrió con dicho burofax, ya que no se acredita que se entregara a su destinataria ni, por lo tanto, que esta lo recibiera. El demandante nada ha dicho ni argumentado al respecto. Por lo tanto, no cabe atribuir a dicho documento, con arreglo a la jurisprudencia, los efectos de interrumpir la prescripción que sostiene el demandante ni tampoco, consecuentemente, construir sobre él el error judicial cuya existencia se alega en la demanda. Se desestima la demanda.
Resumen: La sentencia recurrida absolvió al administrador de la sociedad responsable de la infracción directa de los derechos de propiedad intelectual de la demandante por no apreciar infracción indirecta. Se estima el recurso de casación. Una vez firme la declaración judicial de que la actividad desarrollada por una sociedad al explotar un sitio web que ponía a disposición de cualquier persona los enlaces que permitían tener acceso a la visualización de partidos de fútbol respecto de los que la demandante tenía derechos de propiedad intelectual, constituía una infracción directa de esos derechos, en concreto los relativos al derecho de comunicación pública, se entiende que la actividad desarrollada por el socio único y administrador de esa sociedad, que gestionaba la web, constituye una infracción indirecta en la modalidad de tener interés directo en el resultado de la infracción y capacidad de control sobre la conducta infractora. Siendo socio único de la compañía, cuyos rendimientos más relevantes provienen del desarrollo de la conducta infractora, su interés económico es innegable, máxime cuando se ha constatado que el montante de los beneficios logrados oscilaba entre uno y dos millones de euros al año. Además, la condición de administrador único, en una sociedad que no tiene empleados, y el hecho de tener las claves de acceso son una manifestación clara de su capacidad de control sobre la conducta infractora.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó parcialmente la demanda presentada para solicitar indemnización por daños causados por sobreprecios derivados de prácticas anticompetitivas (cártel de camiones). El tribunal de apelación desestimó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia recurrida. A) Sobre la prescripción de la acción: considera de aplicación retroactiva la norma de transposición de la directiva, que contempla un plazo de prescripción de cinco años, por lo que la acción no ha prescrito. B) Sobre la demostración del daño: no sería de aplicación retroactiva la norma de trasposición de la directiva, pero considera el tribunal que es aplicable la presunción del daño también según el Derecho interno. C) Sobre la cuantificación del daño: ni el informe pericial de la parte actora acredita el daño concreto ni el de la demandada desvirtúa la realidad del daño, por lo que se recurre a la estimación judicial del daño y lo fija en un 8% del precio de adquisición del camión.
