Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020, sobre novación de cláusulas suelo, y de la STS 645/2021, sobre los acuerdos firmados con Ibercaja como sucesora de las cajas de ahorro extremeñas. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las SSTS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo y de la STS 645/2021, sobre los acuerdos firmados con Ibercaja como sucesora de las cajas de ahorro extremeñas. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: La comunidad demandante concertó con las demandadas, con una el diseño de una instalación de biomasa y con la otra su instalación, así como su mantenimiento durante un determinado plazo, presentando la misma determinadas deficiencias que fundó la resolución del contrato, concretando la audiencia que (i) que el presidente de la comunidad ostentaba legitimación para el ejercicio de la acción, pues aunque se entienda exigible un mandato concreto, en el caso consta que la junta por mayoría aprobó resolver el contrato y emprender acciones legales, (ii) para determinar si ha existido un incumplimiento debe estarse a los términos de lo pactado, (iii) que de ello resulta que la instaladora no asumió la ejecución de una chimenea nueva y sí solo de una caldera, (iv) que para la responsabilidad se genere es necesario que concurra una causalidad física y una jurídica, esto es que concurra un título de imputación, (v) que la instalación no cumplía normativa técnica en la protección acústica ni en cuanto a la protección mínima de la instalación eléctrica y (vi) que no procede analizar la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jurídica por no ser cuestión planteada en la apelación.
Resumen: La audiencia afronta las características del contrato de obra sin suministro de materiales y de "ajuste alzado" o precio alzado y cerrado para tales unidades de obra, considerando que no implica que por tal razón la reclamación por trabajos adicionales derivados del retraso o entrega defectuosa de materiales por parte de la demandada, suponga necesariamente su cálculo como si fuera por administración, pues, si no se producían las reuniones "para acordar tiempos y beligerancias económicas", se sentaban las bases de tal cálculo al valorar el precio de las horas extraordinarias en cada una de tales obras , que es lo que, precisamente, alega, fundamenta y reclama la parte actora con base en el retraso en la entrega de materiales y su estado defectuoso, que así, ajusta su reclamación a la base negocial que deriva de los contratos.
Resumen: El Pleno de la Sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal, al considerar que la Audiencia efectúa una razonable valoración de la prueba, cuando a la vista del burofax de 18 de septiembre de 2009 entiende que el demandante conocía plenamente que el banco emisor de los bonos había entrado en liquidación. Asimismo, desestima el recurso de casación, con aplicación de la doctrina sobre el comienzo del plazo de caducidad de la acción por error en el consentimiento en el caso en que el banco emisor de los bonos ha entrado en proceso de intervención. Aunque, como regla general, los bonos se consuman en la fecha de vencimiento, en tales casos, se fija el inicio del plazo de cuatro años del art. 1301 CC desde que el contratante conoce la situación de insolvencia del emisor y su sometimiento a un proceso liquidatorio. En el caso objeto del recurso, la acción de anulación ejercitada estaba caducada por transcurso de dicho plazo, computados desde el 18 de septiembre de 2009 (recepción del burofax) hasta el 21 de noviembre de 2016 (interposición de la demanda). En el referido burofax recibió una información exhaustiva sobre la nula liquidez del producto adquirido dado el proceso de intervención y liquidación bancaria del emisor de los bonos. La entrega posterior de bonos de sustitución con vencimiento en 2035 y la amortización parcial de alguno de ellos no es una consecuencia contractual, sino un efecto derivado de los acuerdos adoptados en el proceso de liquidación.
Resumen: Demanda de tutela del derecho al honor por indebida inclusión en ficheros de solvencia patrimonial. En primera instancia se estimó la demanda al entenderse que no había constancia de la recepción del requerimiento por el demandante. Recurrió en apelación la demandada y la audiencia estimó en parte el recurso; entendió que se había acreditado, si no la fecha exacta de recepción, los requerimientos se enviaron al domicilio del demandante y no fueron devueltos, lo que constituye un indicio suficiente para estimar cumplido el requisito; también por la remisión previa de un correo a la dirección electrónica del deudor que este había designado y que el demandante reconoció haber recibido llamadas telefónicas requiriéndole de pago. Por la parte demandante se formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, que se desestiman. La sala recuerda la jurisprudencia según la cual puede haber otros medios alternativos, complementarios y fiables de los que pueda deducirse la recepción del requerimiento. Así, considera que que en la sentencia recurrida se han respetados los arts. 38.1 y 39 del RDLOPD y el art. 9.3 de la LO 1/1982, en cuanto se concluye que el requerimiento se ha efectuado debidamente, deducido de la remisión por correo ordinario sin devolución, complementado por correo electrónico designado en el contrato y llamadas telefónicas, reconocidas por el demandante. se confirma la sentencia recurrida.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS de Pleno 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, que se recoge en STS la 457/2020. Carácter abusivo de las cláusulas de gastos en préstamos hipotecarios anteriores a la Ley 5/2019: de no existir la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de esos gastos. Esas cláusulas implican un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Efectos de la declaración de abusividad: a) Los gastos notariales de constitución del préstamo deben ser abonados por mitad por ambas partes, los de la escritura de cancelación por el prestatario y los de las copias por quien las solicite; b) Los gastos registrales de inscripción de la hipoteca deben ser abonados íntegramente por el prestamista y los de cancelación por el prestatario; y c) El sujeto pasivo del IAJD respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo es el prestatario. Las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de intereses de demora en los préstamos hipotecarios sobre la cuota del IAJD no pueden ser reclamadas en el proceso civil por el prestatario, STS 727/2021.
Resumen: En proceso de liquidación de la sociedad de gananciales (inventario) se plantea, por un lado la inclusión en el activo de unas cuentas que se estiman de la titularidad de la esposa, y otra a nombre del actor, así como la inclusión de un crédito a favor de la esposa por las obras levantadas en una parcela privativa de ella. En cuanto a las cuentas constan informes de los bancos en que las primeras constan como privativas de la esposa, al proceder de venta de fincas privativas, y la otra aparece a nombre del hijo común, por lo que se excluyen dichas partidas del inventario. Se impugna asimismo la inclusión en el activo de la sociedad de gananciales del crédito correspondiente al valor satisfecho por la construcción efectuada sobre el suelo privativo de la esposa. Se produce la inclusión por entender que las obras se realizaron con dinero ganancial, y a este respecto de la prueba practicada no se desprende el origen privativo de la esposa de las cantidades pagadas para la construcción del inmueble, por lo que debe incluirse en el activo de la sociedad de gananciales. Se discute cual sea el valor que deba dársele a esa partida, y así, no debe determinarse el valor de la edificación al tiempo de la liquidación, sino determinar el importe de la inversión de la sociedad al tiempo de la obra de edificación, con la revalorización de la cantidad al tiempo de la liquidación, debiendo estimar en este punto el recurso.
Resumen: Nulidad de cláusula suelo. Acuerdo para la eliminación de la cláusula hecho en fecha posterior a la STS 241/2013 de 9 de mayo. Validez de la cláusula de novación del interés remuneratorio sin cláusula de renuncia al ejercicio de acciones. Conforme a la doctrina del TJUE una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuyo carácter abusivo puede ser declarado judicialmente, puede ser objeto de un acuerdo de novación entre ese profesional y ese consumidor. El contrato de préstamo hipotecario puede ser objeto de novación en lo relativo a la regulación del tipo de interés remuneratorio, aunque la cláusula que resulta modificada o suprimida, en tanto que establecía un interés mínimo o "suelo", pudiera ser abusiva, por falta de transparencia. Para que sea válida la novación de la cláusula de interés remuneratorio que contiene un interés mínimo o "suelo", es necesario que el consumidor preste un consentimiento libre e informado, pues debe estar en condiciones de comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de la celebración de ese contrato de novación. En el caso, el convenio aparece redactado de forma clara y comprensible para un consumidor medio en un momento en que ya existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo. Inexistencia de error patente en la valoración de la prueba. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda conforme a la doctrina.
