Resumen: Se dilucida en el litigio la validez de una cláusula suelo y su posterior novación, analizando la audiencia en primer lugar las condiciones de la novación, concluyendo que (i) los prestatarios no alcanzaron el conocimiento concreto sobre cómo iba a repercutir patrimonialmente la cláusula del párrafo de la estipulación tercera del préstamo, como agregado de la cláusula dedicada a los intereses remuneratorios, ya que no se les transmitió oportuna y debidamente. (ii) no es relevante lo que se puede leer, ya que el texto no es discutido, y se leyó por un fedatario público experimentado, y el saber que existe un "suelo", sino la captación de las consecuencias patrimoniales en el devenir del contrato, (iii) no se hicieron prospecciones de evolución del Euribor, no se atendió al nulo perfil experto en inversiones, no se acredita la entrega de la oferta vinculante, de modo que no se demuestra que no se leyera por primera vez como contrato público en la notaría, y esa lectura no fue idónea, (iv) La frase de la limitación a la variabilidad está solapada como agregado de una información excesiva y confusa, que no logra transmitir las circunstancias en las que un interés variable iba a ser un interés fijo de hecho, y (v) respecto a la novación , los actores accedían al ofrecimiento dirigido por la caja de eliminar la cláusula suelo, de entre cinco opciones que combinaban cambios en el tipo de interés, estable o provisionalmente, por un límite, pero sin información de su alcance.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda en ejercicio de una acción por incumplimiento de contrato de seguro de vida y condena a la entidad aseguradora demandada a satisfacer al actor la cantidad reclamada. Argumenta la Sala en síntesis ,que el art. 10 de la Ley de Contrato de Seguro no establece una obligación genérica de declarar por parte del asegurado acerca de su estado de salud, sino la de contestar o responder a las preguntas que le formule la Compañía de seguros en el correspondiente cuestionario, de tal suerte que ninguna responsabilidad tendrá el primero si no es sometido a ese cuestionario o si no aparecen en él reflejadas patologías o dolencias que padezca y luego sean determinantes de la producción del riesgo. Es la aseguradora la que debe presentar el cuestionario y sobre la que recaerán las consecuencias que derivan de la no presentación conforme al sistema de carga de la prueba que establece el art. 217 LEC , acudiendo tanto a criterios de disponibilidad probatoria como a ser un hecho positivo para ella y negativo para el demandante.
Resumen: Se desestima el recurso de una de las demandadas y la impugnación de los actores, confirmando la sentencia recurrida y condenando a cada parte al pago de las costas causadas por su respectivo recurso. Insiste la demandada apelante en que hay error en la valoración de la prueba, pues lo que se vendía por medio del contrato de autos no era un derecho de aprovechamiento por turnos, sino una participación indivisa de un apartamento que daba derecho al uso exclusivo del mismo en una semana concreta. Y la actora circunscribe su impugnación al error de derecho y vulneración del art. 394 LEC, por no imponer la sentencia recurrida las costas a las demandadas. La Sala mantiene el criterio seguido en sentencias anteriores -que cita o reseña- y destaca que el contrato carece de la información esencial del art. 9 Ley 42/1998, y vulnera el art. 12 de esta misma Ley y de la jurisprudencia que lo interpreta, relativo a la eficacia del préstamo vinculado. El contrato de compraventa litigioso fija un plazo de duración indefinido, sin que quepa obviar lo establecido en el art. 3 de la Ley, infracción que implica la nulidad radical del contrato (art. 1.7 del texto legal). Se remite la Sala a la jurisprudencia que reseña respecto a la nulidad del préstamo destinado a financiar un contrato de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles también nulo, y a la vinculación entre ambos contratos por acuerdo previo de colaboración y beneficio mutuo entre la transmitente y la entidad financiera.
Resumen: Estima parcialmente el recurso interpuesto en el sentido de incrementar las rentas objeto de condena. Rechaza parte del recurso interpuesto por la parte actora en relación con el pago de la renta, al entender que aunque se pactase su abono a través de una cuenta corriente en el contrato, lo cierto es que del conjunto de pruebas practicadas se ha acreditado que muchos de los pagos se hicieron en mano, debiendo de valorar los documentos privados aportados conforme a las reglas de la sana crítica al no haberse solicitado por ninguna de las partes prueba pericial para el cotejo de las conversaciones de WhatsApp aportadas. Estima la pretensión de actualización de la renta en un 3 %, al no haber existido renuncia ni expresa ni tácita a la actualización por parte del arrendador, lo que justifica una elevación de la renta y del importe de la condena fijado en la sentencia apelada.
Resumen: Formulada demanda contra una mercantil suministradora de energía eléctrica en la que se ejercita acción de responsabilidad contractual en reclamación de indemnización por daños ocasionados por cortes y alteraciones en suministro eléctrico, la sentencia de primer grado la desestima por considerar que las irregularidades en el suministro de energía son directamente imputables al proceder de la actora. La sentencia de segunda grado, que la confirma, señala que la normas reguladoras del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica que establecen la responsabilidad cuasi objetiva de la suministradora por daños por incumplimiento de la calidad del suministro individual no modifican los principios generales de responsabilidad, lo que conlleva la exigencia de acreditación de la relación de causalidad entre el daño producido y la conducta demostrada imputada a la suministradora y que no cabe exigir responsabilidad a la suministradora por no haber aumentado la potencia del transformador pues tal actuación requería la previa petición de la actora, ni falta información para adecuación de la instalación a las necesidades de consumo porque la información debe aportarse en el momento de la contratación, que fue muy anterior al acaecimiento de las incidencias, vinculados a la ampliación de las instalaciones que determinaron un consumo de mas potencia de la contratada, por lo que se le aplicaba un recargo.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y declara haber lugar al desahucio por precario de la vivienda ocupada por la parte demandada a la que condena junto con sus ignorados ocupantes a dejarla vacua, libre, expedita y a disposición de la actora .Argumenta la Sala que la sentencia de primera instancia ha de ser confirmada por sus propios fundamentos que el tribunal hace suyos y da por reproducidos para evitar inútiles repeticiones ya que la motivación por remisión está recogida por la jurisprudencia .Añade que el demandado recurrente no sólo no acredita que ocupara la vivienda con anterioridad a la adquisición de la finca por la actora, sino que tampoco acredita (ni siquiera lo alega) que la poseyera en virtud de un título oponible a la misma, ni que le otorgara los derechos de tanteo y retracto que alega ostentar.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar indemnización por daños causados a consecuencia de sobreprecios por prácticas anticompetitivas (cártel de camiones). El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación, pero reduce el importe de la indemnización a pagar. En primer lugar, el tribunal rechaza la prescripción de la acción: el cómputo de la acción se inicia desde que se publicó la versión no confidencial de la Decisión de la Comisión Europea que sancionó las infracciones por prácticas anticompetitivas (plazo de prescripción de un año). En segundo lugar, el tribunal expone el régimen jurídico aplicable en relación con la prueba del daño y su cuantificación: la normativa anterior a la Directiva (art. 1902 CC); presunción del daño por prácticas anticompetitivas. En tercer lugar, el tribunal valora el daño causado a partir de criterios presuntivos (estimación judicial del daño); lo aplica al caso concreto y fija una indemnización inferior a la reconocida en la sentencia recurrida. Por último, en relación con el interés legal, considera que se devenga desde que se adquirió el camión.
Resumen: Se estima el recurso de la actora, sin costas de la alzada y se revoca la sentencia apelada, declarando usurarios los intereses pactados en el contrato de tarjeta de crédito de autos y la nulidad del contrato, con los efectos restitutorios que en esa resolución se indican y con expresa imposición de las costas de primera instancia. El recurso se centra en el ejercicio acumulado de acciones de nulidad e indemnizatoria de daños y perjuicios, integrando dentro de la acción principal a que se refiere la presente apelación la de nulidad de condiciones generales de contratación en cuanto a intereses ordinarios, comisiones de demora y otras comisiones por falta de transparencia y abusividad por no superación del control de incorporación, y acción declarativa por ser el interés remuneratorio de la tarjeta de crédito usurario. La Sala examina en primer lugar el carácter usurario de los intereses fijados, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el criterio de esa misma Sala. Señala esta que para determinar qué ha de entenderse como "interés normal del dinero" para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. Concluye que, en este caso, los intereses remuneratorios son usurarios, fijando los correspondientes efectos restitutorios.
Resumen: Confirma la sentencia apelada que desestima la demanda formulada por un arrendatario contra su arrendador por los perjuicios derivados de la no ocupación de la vivienda como consecuencia de un incendio habido en la misma. Reconoce que el artículo 1563 CC establece una presunción de responsabilidad del deterioro o pérdida de la cosa arrendada, a no ser que se pruebe ocasionado sin culpa suya, constituyéndose, por tanto, en una presunción iuris tantum que puede ser destruida por prueba en contrario, lo que implica una inversión de la carga de la prueba sobre el origen de los daños en el inmueble arrendado, sin que quepa entender que por el mero hecho de haberse dedicado la cosa arrendada al uso pactado se haya de tener por probado que se ha actuado con toda la diligencia exigible, de manera que dicho artículo contiene una responsabilidad extraordinaria del arrendatario de conservación de la cosa arrendada que deriva del hecho mismo de la posesión. En este caso entiende que la prueba practicada no permite dar una explicación causal al incendio que exima de responsabilidad al arrendatario o la existencia de caso fortuito. Finalmente, rechaza el motivo que pretendía la no imposición de las costas de la primera instancia pues entiende que no existen dudas de derecho sino falta de prueba de los hechos que corresponde acreditar al arrendatario.
Resumen: Se ejercita acción por el titular de una finca al entender que se ha realizado una plantación de cipreses por los demandados en el predio colindante infringiendo la distancia mínima. Desestimada la demanda al entender que la actora no ha acreditado la propiedad de la parcela, recurre ésta. Alega que el art 591 CC no regula una servidumbre, sino que impone una restricción del derecho de propiedad derivada de las relaciones de vecindad entre fundos, añadiendo que la titularidad de la parcela del actor ya fue reconocida de contrario en el acto de conciliación previo. La Sala reconoce que efectivamente existió ese reconocimiento extrajudicial realizado por el demandado, por lo cual la legitimación del actor, no puede ser ya discutida en el litigio. En cuanto al fondo, el dictamen pericial indica que la plantación de cipreses se ha realizado para obtener una barrera visual, con árboles que si bien pueden alcanzar una altura de 20 m, con las podas adecuadas genera gran follaje horizontal para evitar vistas y, actualmente tienen 3 m de altura desde el nivel de tierra a los puntos más elevados. Afirma también que la distancia entre la pared que hace de medianera y el tronco de los árboles es de 50 cm, no observando invasión de la finca del actor por ramas de los cipreses. La Sala considera que dichos árboles no pueden ser considerados "árboles altos", que deben estar a 2 m de distancia, sino que por sus características tan solo precisan estar a 50 cm, como es el caso enjuiciado.
