Resumen: El Tribunal reitera la posibilidad de presentar la demanda frente a los ignorados ocupantes, puesto que cuando se desconoce su identidad así debe admitirse por derivarse de lo dispuesto en el art. 437 LEC que no exige los nombres y apellidos de los demandados y ha sido reconocido por el Tribunal Supremo. Se concreta el concepto y se resumen los requisitos de la acción de precario, habiendo alegado el demandado que mantiene relación contractual con el propietario, pero no se ha acreditado, y por tanto, la ocupación es gratuita y sin título que la justifique lo que constituye una situación de precario que cesa por voluntad del propietario y se manifiesta, como en este caso, con la presentación de la demanda.
Resumen: La Audiencia Provincial confirma que la demanda de exequátur no cumple los requisitos del art. 54 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, pues no se aportaron los documentos exigidos: resolución original debidamente legalizada o apostillada, acreditación de firmeza, notificación en caso de rebeldía y traducciones pertinentes. Además, aprecia que la resolución siria cuya eficacia se pretende reconocer atribuye la custodia al padre con fundamentos incompatibles con el orden público español, especialmente con el interés superior de la menor, lo que por sí mismo impediría el reconocimiento. Confirma íntegramente la resolución apelada.
Resumen: Acción de nulidad de testamento. El testador dispuso de sus bienes a favor de sus hijos legitimarios, entonces menores de edad, pero excluyó de su administración, por las razones expresadas en el testamento, a la madre de éstos (de la que se encontraba divorciado y con la que mantenía malas relaciones) para atribuírsela a sus hermanos, tíos de los herederos hasta que los legitimarios tuvieran 25 años. Una de las hijas y la madre en representación de los otros dos instó la nulidad del testamento por absoluta falta de capacidad del testador, subsidiariamente por falta de las formalidades esenciales del testamento, y subsidiariamente, también, la declaración de invalidez de determinadas disposiciones testamentarias por entender que constituían un gravamen de la legítima de los herederos forzosos. La demanda fue desestimada en ambas instancias. El derecho fundamental a utilizar los medios de prueba: alcance. La inadmisión de la pericial propuesta (que el dictamen sobre la capacidad del testador se llevara a efecto por la Real Academia de Medicina) fue conforme a Derecho, no se acreditó que de haberse practicado hubiera variado el resultado del proceso y además el perito judicial se encontraba debidamente cualificado. Inexistencia de error patente en la valoración probatoria, planteamiento improcedente de cuestiones sustantivas en infracción procesal. En todo caso, el testamento se llevó a cabo en unidad de acto, la eficacia probatoria del documento público se extiende a la percepción sensorial directa del notario autorizante sobre dicha capacidad y no se ha desvirtuado la presunción de capacidad del testador. La decisión del testador de excluir a la madre de los hijos de la administración era perfectamente válida. Pero no lo fue la de extender la administración de los tíos hasta que los hijos legitimarios alcanzaran los 25 años, pues con ello se limitó el derecho de estos a poder disponer de los bienes una vez alcanzada la mayoría de edad, en perjuicio de sus derechos legitimarios
Resumen: Se recurre sentencia que declara culpable el concurso por diversas causas, alegando el apelante la existencia de buena fe en su actúar, si bien habiéndose aplicado las presunciones legales, puede discreparse del acierto de su empleo pero no pueden desvirtuarse con la simple alegación de la existencia de "buena fe". Se constata en la sentencia la existencia de irregularidad contable relevante, señalando el apelante que se trata simplemente de una mala contabilización, pero no discute los argumentos de la sentencia y no explica la causa de los cambios que se realizaron ni el respaldo documental que tenían, por lo que debe mantenerse la presunción al no desvirtuarse con los medios probatorios, siendo relevantes las irregularidades para la comprensión por terceros de la situación patrimonial de la mercantil. En cuanto a la persona afectada, alega que su labor ha sido ímproba en la gestión social y que nunca ha perjudicado a la concursada, si bien, no se niega que era el administrador de hecho y Director, y la gestión le correspondía, por lo que la situación de la sociedad, que le ha llevado a la insolvencia, le es imputable, siendo consecuencia del incumplimiento de los deberes propios y consta además que ha dispuesto de cierta cantidad de dinero, que no ha ingresado a la sociedad.
Resumen: Recurso de casación. Desestimación por concurrir causas de inadmisión. Reitera la Sala que los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica: (i) que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria; y (ii) que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión). En el caso examinado, la Sala concluye que no se respeta esta exigencia pues los motivos del recurso de casación fundan la existencia de las infracciones legales denunciadas (sin que se argumente cómo se ha producido la vulneración de las distintas normas legales citadas) en una base fáctica que se aparta completamente de la que ha servido a la Audiencia Provincial para fundar su decisión y que la recurrente establece a partir de una valoración de la prueba acorde a sus intereses pero divergente de la realizada en la sentencia recurrida. En consecuencia, considera la Sala que concurre una carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2.4.º LEC) por basarse los motivos del recurso de casación en la alteración de la base fáctica de la sentencia recurrida, que determina la desestimación del recurso.
Resumen: Entrega de documentación bancaria referida a tarjeta de crédito revolving: pronunciamiento sobre las costas del procedimiento declarativo. La parte apelante argumenta que no se ha negado la entrega de la documentación solicitada, ya que estaba disponible a través de su plataforma digital, y sostiene que el procedimiento utilizado por la parte actora no es el adecuado para solicitar dicha entrega. La Audiencia analiza la adecuación del procedimiento y la obligación de entrega de la documentación y concluye que la entidad demandada tiene la obligación de proporcionar la información solicitada sin coste alguno. La jurisprudencia mayoritaria reconoce que la obligación de hacer relativa a la entrega de la documentación que formaliza la relación jurídica que une a las partes del procedimiento puede ser reclamada a través de un procedimiento declarativo. Acudir a la vía judicial de las diligencias preliminares es facultativo de la parte. El consumidor no está obligado a comunicarse con la entidad bancaria vía digital, pues puede carecer de medios o no tener conocimientos suficientes para hacerlo. En el pronunciamiento de costas se estima parcialmente el recurso y se considera justificada la no imposición de costas. No todos los órganos jurisdiccionales han dado la misma respuesta a la cuestión de la procedencia del cauce procesal elegido por el actor para una petición preparatoria del proceso, el procedimiento de diligencias preliminares también era medio procesal idóneo para articular la petición de reclamación documental preparatoria de un ulterior proceso, y el ejercicio de esta opción incrementa notablemente las costas y gastos del proceso, aspectos que introducen las dudas suficientes para no imponer las costas, por entender que se busca de forma artificiosa dicha imposición.
Resumen: La Audiencia Provincial revoca la sentencia de primera instancia que había estimado la demanda de reclamación de filiación basada en posesión de estado. No concurren sus requisitos (nomen, tractatus y fama), lo cual es determinante para determinar qué plazo de caducidad debe aplicarse. Que la demandante consintiera que la demandad tuviera al niño por medio de técnicas de reproducción asistida no equivale a que considerase al menor como hijo suyo. Según la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida, si existe una relación de pareja, se precisa para que una mujer se someta a tales técnicas que su pareja lo consienta; se tiene en cuenta que , tras el nacimiento, no se hicieron constar los apellidos de la primera, siendo esto posible de acuerdo con la jurisprudencia. Se valoran otras circunstancias, tales como que un hermano de la demandante fuese padrino de bautizo y que durante la relación tuvieran una cuenta en común e incluso adquiriesen una vivienda. El primero puede ser un mero acto de tolerancia y el segundo solo prueba es que existía una intención de hacer vida común. Algunos hechos que se declaran probados en la sentencia solamente constan por manifestaciones de la demandante. No hay certeza de la consideración social del niño como hijo: no hay reflejo en documentos oficiales y no se ha practicado prueba testifical. Se echa en falta explicación sobre el interés del menor. Se concluye que es de aplicación el artículo 133.2CC y que la acción está caducada.
Resumen: Se reclaman diversas facturas de transporte en autobús del equipo demandado durante varias anualidades, analizando en primer lugar el Tribunal la legitimación pasiva y la capacidad procesal, ya que siendo un Club deportivo, se alega que carece de ella y que deberían haber sido demandados todos los socios, que es alegación que no se comparte, pues el club posee legitimación y puede ser demandado, estando la relación procesal bien constituída y siendo aplicables los plazos de prescripción del código civil al tratarse de un contrato de arrendamiento de servicios. Respecto de las facturas, de la prueba se deduce la realidad de los transportes reclamados y aunque existen diferencias entre las facturas presentadas en el procedimiento monitorio y las del posterior ordinario, son errores, pues ha quedado acreditada la realidad de los transportes y la existencia de la deuda reclamada, que ha sido reconocida en interrogatorio, vinculando el reconocimiento de deuda a quien lo realiza.
Resumen: Divorcio. Pensión de alimentos en favor de hijo menor de edad. Debe ser proporcional a las necesidades del menor y a las posibilidades económicas del alimentante, debiendo entenderse por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia sanitaria, comprendiendo también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. En el caso, el padre dispone de un elevado nivel de ingresos económicos por su trabajo (240.000 €/año), junto con la titularidad del 50% de acciones de 12 empresas de las que se negó a percibir dividendos, pero entiende el tribunal que de ello no se desprende que sea procedente acceder a la pensión alimenticia solicitada en favor del hijo menor, quien acude por decisión materna a un colegio público, por lo que se considera que 1500 €/mes es más que suficiente, no obstante lo cual, al haber venido gozando el hijo de un alto nivel de vida antes de la separación de los padres, se incrementa hasta los 2000 .€/mes , haciéndose cargo el padre del 70% de los gastos extraordinarios.
Resumen: El demandante solicita la condena a la entidad bancaria demandada a dar cumplimiento a su deber de información en relación a un contrato de tarjeta de crédito y a la entrega de copia del contrato. Estimada la demanda en primera instancia recure la entidad demandada que plantea en su recurso la inexistencia de controversia y la falta de obligación de conservar o entregar documentos o movimientos de más de seis años de antigüedad. Las alegaciones sobre la inexistencia de controversia son rechazadas dado que constan las reclamaciones extrajudiciales previas pidiendo en contrato de tarjeta y el histórico de movimientos, que no se facilitaron. La obligación de entrega del contrato está prevista no sólo para el momento en el que se perfecciona en contrato, sino durante toda su duración y más allá, en el plazo de ejercicio de acciones derivadas de aquel. La obligación de guardar documentación de las operaciones y en concreto del histórico de los movimientos y liquidaciones de la tarjeta de crédito, volvemos a precisar que los 6 años se extiende desde que se produjo el último movimiento de la tarjeta.
