Resumen: La cláusula suelo fue incluida en el contrato (subrogación en el préstamo al promotor) como una condición general de la contratación, sin que fuera objeto de negociación y así es tratada por la Audiencia Provincial, que en ningún momento considera que se trate de una cláusula negociada. El hecho de que el préstamo se concierte por subrogación no libera al banco prestamista de la obligación de suministrar al prestatario la información precisa para que pueda adoptar una decisión consciente de contratar. No obstante, en este caso está probado que los consumidores, antes de la subrogación, contaban con información clara y precisa sobre la existencia de la cláusula y su trascendencia económica en el contrato. En la misma fecha de la escritura se firmaron varios documentos privados, uno de ellos referente exclusivamente a la rebaja de la cláusula suelo. Se valoran, además, las propias afirmaciones de la demanda sobre la existencia de conversaciones previas, el interrogatorio del empleado del banco que intervino en la contratación, la existencia de esos pactos de modificación de las condiciones del préstamo original, suscritos en beneficio de los consumidores, así como de la opción elegida sobre las condiciones relativas al tipo de interés aplicable (el prestatario debía elegir entre la referencia IRPH Cajas o el Euríbor más un diferencial). La conclusión de la Audiencia de dar por cumplido el debe de transparencia no es ilógica ni contraviene la doctrina de la Sala Primera.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada, imponiéndole las costas, y se confirma la sentencia recurrida, que estima la demanda, declara nulas las cláusulas suelo y gastos y condena a dicha demandada en los términos recogidos en dicha resolución, imponiéndole las costas de primera instancia. La Sala recuerda su reiterado criterio sobre la valoración probatoria judicial y sobre la modalidad de hipoteca joven canaria. No aprecia error alguno en esa valoración y destaca que tal modalidad no se ajusta a los parámetros exigidos por la normativa tuitiva de consumidores y usuarios, ni supera el doble control de transparencia, reseñando las sentencias que reputa relevantes. Destaca que la entidad apelante -a quien incumbía la carga probatoria- no ha probado el cumplimiento de su obligación de proporcionar a la parte actora -prestataria y consumidora- una información correcta, adecuada y suficiente de las diversas circunstancias que pudieran influir en la decisión final de concertar o no la cláusula suelo controvertida, así como a los términos y alcance de esa concertación; y la falta de información bastante y adecuada por la entidad apelante no puede entenderse convalidada por el hecho de la intervención notarial en el otorgamiento de la correspondiente escritura pública. La condena en costas se mantiene conforme al art. 394 LEC y a los principios de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la Unión.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda en los términos y con los efectos en ella transcritos; en lo que ahora interesa, declara nula la cláusula relativa al tipo de interés variable (suelo-techo y bonificaciones); también impone las costas a la referida demandada. Recuerda la Sala su criterio sobre la valoración probatoria judicial, niega el error en tal valoración invocado por la apelante y reitera su propio criterio al analizar la problemática de la denominada hipoteca joven canaria, en concreto, sobre la abusividad de la cláusula controvertida, que entiende no supera el doble control de transparencia jurisprudencialmente exigido. Destaca la falta de acreditación por la apelante -a quien incumbía la carga probatoria- del cumplimiento de su obligación de proporcionar a la parte actora -prestataria y consumidora- una información correcta, adecuada y suficiente de las diversas circunstancias que pudieran influir en la decisión final de concertar o no la cláusula suelo controvertida, así como a los términos y alcance de esa concertación; defecto de información precontractual que no cabe entender convalidado por la intervención notarial en el otorgamiento de la escritura pública. Sobre costas, mantiene la condena en aplicación del art. 394.1 LEC y de los principios de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la Unión Europea.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda y declara nula la cláusula relativa al tipo de interés variable (suelo-techo y bonificaciones), fijando los efectos de tal declaración e imponiendo las costas de primera instancia a dicha demandada. Recuerda la Sala su criterio sobre la valoración probatoria judicial, niega el error en tal valoración que invoca la apelante y reitera lo establecido por la misma al analizar la problemática de la denominada hipoteca joven canaria, en concreto, sobre la abusividad de la cláusula controvertida, que no supera el doble control de transparencia jurisprudencialmente exigido. Destaca la falta de acreditación por la apelante -a quien incumbía la carga probatoria- del cumplimiento de su obligación de proporcionar a la parte actora -prestataria y consumidora- una información correcta, adecuada y suficiente de las diversas circunstancias que pudieran influir en la decisión final de concertar o no la cláusula suelo controvertida, así como a los términos y alcance de esa concertación; ausencia de información precontractual que no cabe entender convalidada por el hecho de la intervención notarial en el otorgamiento de la correspondiente escritura pública. Sobre costas, mantiene la condena en aplicación del art. 394.1 LEC y de los principios de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la Unión Europea.
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se estima acción de resolución de contrato de arrendamiento de vivienda y su novación por transcurso del plazo y prorrogas, condenando al demandado al desalojo, con imposición de costas al arrendatario. Recurrida en apelación, por el tribunal se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida, al desestimarse el motivo de recurso; consistente en el hecho de que al haberse propuesto el interrogatorio de la actora, ésta no compareció, por lo que en base a la ficta confesio, debería darse por probada la prórroga concedida por teléfono por la actora, por lo que solicita la revocación de la sentencia; desestimación que tiene su fundamento en que, habiendo reconocido el demandado los hechos alegados como causa petendi en la demanda, el hecho obstativo, de que se le concedió una prórroga voluntaria en conversaciones telefónicas, a la acción de resolución y desahucio por expiración del plazo y prorrogas, corresponde su prueba a la parte demandada que lo alega, no siendo aceptable la ficta confesio dado que su admisión es potestativa del Tribunal y en el caso de autos hay una falta absoluta de concreción de la persona que concedió la prórroga, cuando y si la misma era por un año o hasta que el arrendatario consiguiera trabajo, por lo que el hecho de la prórroga voluntaria ha quedado huérfana de toda prueba.
Resumen: Demanda sobre nulidad de cláusula suelo inserta en préstamo hipotecario y acuerdo de novación de la misma. En primera y segunda instancia se estimó plenamente la demanda y el banco demandado recurrió en casación y extraordinario por infracción procesal. La sala desestima el segundo de los recursos pero estima el primero; en primer lugar declara que, en este caso concreto, no existió pacto de renuncia de acciones, sino una novación de la cláusula que eliminó el suelo, fijó un interés fijo durante 18 meses y después uno variable (el inicialmente pactado). La sala declara que el convenio está redactado de forma clara y comprensible, que las consecuencias jurídicas y económicas que supone la aplicación de un interés remuneratorio a tipo fijo son fácilmente comprensibles por cualquier consumidor, más aún si se le indica el importe de la cuota resultante. Por ello, concluye que estas circunstancias son suficientes para que la estipulación en la que se suprime el interés mínimo, se establece un interés fijo durante 18 meses y la vuelta al sistema de interés variable fijado para el préstamo en el momento de la subrogación, pero sin la cláusula suelo cuestionada, pueda superar el control de transparencia, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de esa novación.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima en parte la demanda en ejercicio de una acción basada en la doctrina del enriquecimiento injusto . Argumenta el tribuna de segundo grado en síntesis, que resulta aplicable a este caso la doctrina del Tribunal Supremo, -seguida con absoluta reiteración por todos los tribunales a la hora de resolver controversias de esta naturaleza, que aplica la presunción de onerosidad en todo desplazamiento patrimonial, siendo la liberalidad la excepción cuya carga probatoria incumbe a quien la alega. Quien dice ser donatario, quien mantiene haber recibido bienes a título gratuito, por pura liberalidad del transmitente, debe acreditarlo cumplidamente y sufrir las consecuencias perjudiciales de su falta de prueba La circunstancia de que el demandante no hubiera reclamado la devolución de las cantidades pagadas antes de la ruptura de la convivencia no es suficiente para considerar acreditado que aquel hubiera renunciado a ello desde el principio, y por tanto acierta la sentencia de instancia cuando aplica la doctrina del enriquecimiento injusto.
Resumen: En el litigio se dilucida la responsabilidad del financiador de un tratamiento bucodental, valorando la prueba en el sentido de considerar probado que el mismo había sido defectuoso, y en cuanto a la responsabilidad del financiador la audiencia razona que si bien la cantidad máxima de la que debe responder la entidad financiera frente al consumidor en caso de incumplimiento contractual del proveedor es la misma cantidad financiada se produce el cumplimiento del prestador del servicio cuando se realiza la terminación del tratamiento correspondiéndose el objeto prestacional del contrato de financiación con el valor total (en caso de financiación total) o parcial (en caso de financiación solo de una parte) de la cosa o del servicio prestado en el contrato de consumo vinculado.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar protección por intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal porque la entidad demandada excedió de la mera notificación o certificación de deuda, con continuas llamadas encaminadas a amedrentar a la demandante y a divulgar en su entorno su situación de morosidad como medio de presión para el cobro de la supuesta deuda. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia recurrida y acordó desestimar la demanda. Expone el tribunal los criterios sobre valoración y carga de la prueba. En relación con el caso concreto, el tribunal parte de la sentencia absolutoria por coacciones dictada en el orden jurisdiccional penal, aunque no resulte vinculante (no hay declaración de inexistencia de un hecho). Afirma el tribunal que aunque la sentencia dictada en el orden penal no vincule en el orden civil sí es relevante la actividad probatoria desplegada en el proceso penal y también las valoraciones de la sentencia dictada, no como vinculante, pero sí como un medio de prueba cualificado. Expone el tribunal los fundamentos de valoración de la prueba y considera que los hechos acreditados no ponen de manifiesto intromisión en el derecho al honor y/o a la intimidad.
Resumen: Se dilucida en el litigio la validez de una cláusula suelo y su posterior novación, analizando la audiencia en primer lugar las condiciones de la novación, concluyendo que (i) los prestatarios no alcanzaron el conocimiento concreto sobre cómo iba a repercutir patrimonialmente la cláusula del párrafo de la estipulación tercera del préstamo, como agregado de la cláusula dedicada a los intereses remuneratorios, ya que no se les transmitió oportuna y debidamente. (ii) no es relevante lo que se puede leer, ya que el texto no es discutido, y se leyó por un fedatario público experimentado, y el saber que existe un "suelo", sino la captación de las consecuencias patrimoniales en el devenir del contrato, (iii) no se hicieron prospecciones de evolución del Euribor, no se atendió al nulo perfil experto en inversiones, no se acredita la entrega de la oferta vinculante, de modo que no se demuestra que no se leyera por primera vez como contrato público en la notaría, y esa lectura no fue idónea, (iv) La frase de la limitación a la variabilidad está solapada como agregado de una información excesiva y confusa, que no logra transmitir las circunstancias en las que un interés variable iba a ser un interés fijo de hecho, y (v) respecto a la novación , los actores accedían al ofrecimiento dirigido por la caja de eliminar la cláusula suelo, de entre cinco opciones que combinaban cambios en el tipo de interés, estable o provisionalmente, por un límite, pero sin información de su alcance.
