Resumen: La demanda tenía por objeto la reposición de los fondos que salieron de la cuenta bancaria de la demandante como consecuencia de operaciones no autorizadas, ordenadas por un suplantador que accedió a los datos de la titular mediante un procedimiento defraudatorio tipo "phishing. La Audiencia Provincial resalta que en el marco de la regulación especial de los servicios de pago, el consentimiento del titular no se entiende prestado por el solo hecho de que la operación de pago se haya realizado mediante la utilización de las claves personales, sino que es necesario que provenga del usuario o, en caso de que éste niegue su intervención, que se acredite fraude, incumplimiento deliberado o, al menos, negligencia grave por parte del usuario. En el hecho de responder a un SMS que el propio terminal identifica como procedente de la entidad bancaria, acceder así a una página aparentemente idéntica a la de la entidad bancaria demandada y, bajo ese engaño, seguir las instrucciones del suplantador, no hay una negligencia grave del usuario.
Resumen: La sentencia de primera instancia desestima la demanda por la que se solicita la nulidad por abusivas de determinadas cláusulas del contrato al no aportarse el mismo por la parte actora y, en consecuencia, no poder sus condiciones ser objeto de examen. Recurrida la sentencia por la parte demandante, la Audiencia ratifica el criterio del Juez a quo considerando que, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 217. y 265.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, recae sobre la parte accionante. Reitera la Sala su criterio estimando que dichas normas son de carácter imperativo y no derogables ni en el caso de ser consumidor el demandante, salvo en aquellos supuestos en que exista un requerimiento previo fehaciente de exhibición del contrato dirigido a la prestamista, lo que aquí no es el caso. Sin embargo, la Sala no realiza imposición de costa al actora al existir jurisprudencia contradictoria.
Resumen: Divorcio. Pensión compensatoria por desequilibrio económico. Improcedente. Se desestima el recurso por el que pretende la demandante-apelante le sea reconocido en su favor una pensión compensatoria por desequilibrio económico a cargo de su ex marido demandado, al haber transcurrido más de dos años desde la ruptura de la convivencia y la presentación de la demanda, momento aquél en el que debía apreciarse la existencia de desequilibrio, y en el que consta que la apelante percibía unos ingresos próximos a los 900 €.
Resumen: Medidas de apoyo a persona con discapacidad. Motivación de la sentencia. La juzgadora de instancia ofrece repuesta puntual a los motivos de hecho y de derecho planteados en cuanto a la designación de la persona idónea para ejercer el cargo de curador, por valoración individualizada de la situación de cada uno de los hermanos que se postulan al efecto, constatándose la carencia de atenciones del apelante para con su madre y escasa conciencia de su estado, sin llegar a identificar la enfermedad que padece (alzehimer), apreciando mayor capacidad en su hermano, quien conoce el estado de su madre y la complejidad y laboriosidad de los cuidados que necesita, por lo que se acuerda proceder, en interés de la discapacitada, a la vista de la carencia de facultades intelectivas y volitivas de la misma, madre de los litigantes, mantener en el cargo de curador al apelado, disponiendo de vivienda y medios para las atenciones que precisa, junto con las ayudas públicas a que tuviera derecho, con la única salvedad de que la revisión se llevará a cabo anualmente.
Resumen: Respecto a negocios sobre participaciones sociales (adquisición en aumento del capital social con aportación a cambio de inmuebles), la Audiencia considera que es competencia de la Primera instancia civil y no un juagado mercantil. Y ello porque lo que se está resolviendo en definitiva es la nulidad del contrato que recoge aquellas actuaciones. No se está impugnando un acuerdo societario. La venta de participaciones sociales sin causa onerosa supone una simulación relativa y donación encubierta, que no permite mantener la validez de la donación por no cumplir los requisitos de la misma cuando se trata de inmuebles: escritura pública. Desarrolla los elementos y la prueba de la simulación. La compraventa no es nula por la existencia de precio vil, sino que esa desproporción entre el precio y la contraprestación lleva a concluir el ánimo de donar, no de vender. Lo que se corresponde con la existencia de un precio simbólico. Sin que puedan modificarse en la segunda instancia los fundamentos de las pretensiones.
Resumen: En instancia se desestima la pretensión resarcitoria por no estar suficientemente acreditada la concurrencia de los vicios ocultos en los que se fundamentaba. En apelación se alega la infracción de normas procesales por la indebida inadmisión de prueba de designación judicial de perito, que se rechaza por ser extemporánea la solicitud y no formular queja o protesta alguna frente a dicha decisión. Discrepa la recurrente de la valoración probatoria de la juzgadora de instancia, no exponiendo una valoración alternativa y conjunta de la prueba aportada y practicada en el ámbito de las presentes actuaciones o los concretos motivos en virtud de los cuales la valoración de la sentencia de instancia resulta inadecuada o injusta, con base en el resultado de otros medios de prueba.
Resumen: Frente a la demanda de juicio cambiario sustentada en un pagaré vencido e impagado, la deudora opone la falta de aportación del original con el escrito rector del proceso y la nulidad del juicio por esta causa, así como la falsedad de la firma. Tras la implantación y generalización de los sistemas electrónicos de conformación del expediente judicial, la aportación del título cambiario mediante imagen telemática de su original físico debe estimarse bastante para el despacho inicial de ejecución. La alegación de la falsedad de la firma opuesta por el deudor demandado no traslada al actor la carga de demostrar su autenticidad, especialmente cuando ni siquiera existen indicios que sustenten la alegación.
Resumen: Reclamación por saldo impagado de una tarjeta de crédito por la entidad cesionaria del crédito. En primera instancia se desestimó la demanda por no acreditar la cesión concreta del crédito reclamado y la Audiencia considera que la documentación privada, no impugnada y coherente, era suficiente para acreditar la titularidad del crédito y el importe reclamado. La parte apelante ha logrado identificar de manera clara e individualizada el crédito objeto del litigio, así como acreditar su origen contractual, su cesión a título oneroso y el saldo pendiente actualizado.
Resumen: La demanda promovida por entidades de gestión de derechos de autor, de productores, y de artistas o ejecutantes contra la empresa que gestiona un establecimiento hotelero tenía por objeto la indemnización correspondiente a la comunicación pública no consentida de obras musicales y audiovisuales mediante aparatos de reproducción mecánica, así como de obras musicales como amenización mediante ejecución humana. Diferencia y compatibilidad entre los distintos derechos de propiedad intelectual que gestionan las demandantes: derechos de autor de obras musicales, los de productores de fonogramas y los de artistas intérpretes o ejecutantes. Valoración de los testimonio y de los hechos reconocidos por la propia apelante para deducir la realidad de la infracción.
Resumen: La demanda tenía por objeto la reposición de los fondos que salieron de la cuenta bancaria de la demandante como consecuencia de órdenes de pago y transferencias no autorizadas por el titular. El consentimiento no se entiende prestado por el solo hecho de que la operación de pago se haya realizado mediante la utilización de las claves personales, sino que es necesario que provenga del usuario o, en caso de que éste niegue su intervención, que se acredite fraude, incumplimiento deliberado o, al menos, negligencia grave por parte del usuario, cuya prueba recae sobre la entidad bancaria. No puede considerarse negligencia grave del usuario el hecho de entrar en un enlace que recibe a través de una SMS que el propio terminal identifica como procedente de la entidad bancaria, accediendo una página aparente idéntica a la propia de la entidad bancaria, y seguir las instrucciones que el cliente recibe. Por el contrario, es exigible a la entidad bancaria, la activación de un sistema de mayor seguridad.
