Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda en ejercicio por la parte demandante de una acción de resolución de contrato de compraventa por incumplimiento contractual de la parte compradora demandada. Argumenta la Sala ,en síntesis ,que la conducta de la parte compradora no constituye un incumplimiento que pueda considerarse relevante en términos de justificar la resolución contractual. Se trata de un mero retraso en el pago del precio, y además justificado por la propia actuación de la vendedora, que obliga a la compradora a negociar una nueva financiación relativa a una sola finca. Lo que existe en realidad es una falta de cumplimiento de la vendedora, fruto de una voluntad de no seguir adelante el contrato, por considerar que económicamente no es satisfactorio. Y ello le lleva a no acudir a la Notaria a escriturar cuando es convocada por la compradora, obligando a esta última a acudir a la vía judicial interesando judicialmente se proceda a otorgar escritura publica. El pago del precio iba unido al otorgamiento de escritura pública. No produce los efectos resolutorios del art. 1504 el requerimiento realizado por burofax , pues este ha de hacerse a través de autoridad judicial o fedatario público notarial.
Resumen: La sentencia de la AP confirma la de instancia, y aprecia la vulneración del derecho al honor por la indebida inclusión del demandante en el fichero, teniendo en cuenta la incerteza de la deuda , discutida desde el primer momento por el actor, y la falta de acreditación del requerimiento. Además confirma la cuantificación de los daños que entiende proporcionales atendiendo a las circunstancias acreditadas.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y declara resuelto el contrato de compraventa de vehículo suscrito entre las partes condenando a la demandada a restituir el precio pagado con indemnización de daños y perjuicios. Argumenta la Sala en síntesis que si bien el incumplimiento o inhabilidad del objeto del vehículo debe basarse fundamentalmente en cuestiones técnicas, pese no constar pericial elaborada por tercero, valorando conjuntamente la documental que acredita las continuas entradas en taller, las reparaciones necesarias desde que se entregó el vehículo , así como los correos electrónicos y las averías identificadas, todo ello permite acreditar la inhabilidad del objeto para la finalidad pretendida.Procede en este caso la resolución del contrato ya que el el actor se ha visto privado del uso del vehículo para la finalidad de su adquisición, y no se consideran ordinarias ni habituales las averías que presentaba sino de entidad y gravedad suficiente para estimar un incumplimiento esencial atribuible a la vendedora demandada.
Resumen: La demandante sustenta su pretensión en una acción legal de revocación de donación modal, así como en la acción ex contractu (punto 20 de la Convocatoria "Reintegro de la asignación otorgada"); para terminar con suplico de declaración de incumplimiento de las condiciones de la AE-0079/2011 y de condena a indemnizar la donación, resolviendo la audiencia que (i) "la donación será revocada a instancia del donante, cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aquél le impuso", (ii) La acción de revocación de donaciones presenta un plazo de caducidad en el que el dies a quo es el del "conocimiento del incumplimiento del modo, lo cual es evidente, ya que en dicho momento se produce la actio nata, (iii) la intervención de los órganos de fiscalización inicia el cómputo de la caducidad conforme a la doctrina de la actio nata porque, en tal momento, en el que, por la gravedad de las incidencias, el Informe TCu propone la reducción a cero de las Ayudas, (iv) en el régimen de las subvenciones, ahora vigente para esta clase de reintegros, la prescripción es la figura adecuada para los ingresos de derecho público y se interrumpe "por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora, conducente a determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro.
Resumen: El recurso de casación está fundado en la infracción de normas civiles aragonesas, por lo que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón declara su competencia, e inadmite le recurso por el motivo principal de afirmar como motivo de casación la discrepancia con la valoración de la prueba realizada en la instancia sobre la acreditación de las partidas cuya inclusión se pretende en el activo del inventario como créditos contra la comunidad frente al recurrido.
Resumen: El apelante alega la "baja en el servicio" desde hace años: se desestima pues la falta de remisión de la facturación no resulta imputable a la actora. Sostiene el apelante que no comete ninguna infracción al limitarse a la impresión en diferentes formatos y materiales de lo que le remiten los clientes, como puede ser un dispositivo USB, cuyo contenido se ignora por tratarse desde la más absoluta confidencialidad: se desestima pues se ha acreditado que imprime y encuaderna libros en su totalidad, en las que figura en la portada el autor, editorial, etc., sin que ello fuera un hecho puntual, sino prolongado en el tiempo. Aplicación del ÍNDICE CORSA: Alegación de que CEDRO solo puede reclamar las tarifas que hubiera debido percibir de haber autorizado la explotación de las máquinas fotocopiadoras (máximo del 10%): se desestima pues la licencia no autoriza reproducciones del 100% de la obra, por lo que su importe no se puede tomar en consideración para moderar la cantidad de lo que el infractor hubiera debido abonar por la obtención de la licencia diferente
Resumen: Se ejercita una tercería de dominio sobre el dinero existente en una cuenta bancaria. Desestimada la demanda recurre la actora. La Sala indica que la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación. A la vista de lo anterior el recurso no puede prosperar pues parte de una serie de alegatos inasumibles en esta alzada.Y ello porque en la demanda inicial, en la que se fijaron los hechos y la pretensión de esta tercería, se invocan unos hechos que no son ciertos, cual es el supuesto embargo en una cuenta corriente determinada, de la cantidad de 101.273,42 €. Ese concreto montante no consta embargado en esa cuenta, con lo que resulta inviable que la tercería pueda prosperar, ni pueda acogerse el relato fáctico en el que descansa. No cabe en la alzada alterar los hechos del debate y traer a colación nuevas cuentas corrientes sobre las que no se interesó el alzamiento del embargo en la demanda. El principio general de derecho "pendente apellatione, nihil innovetur", impide que la Sala pueda tomar en cuenta, a fin de decidir sobre ellas, las pretensiones formuladas en el recurso que constituyan problemas o cuestiones distintos de los planteados en la demanda. Desestimada íntegramente la apelación procede imponer a la apelante las costas de esta alzada.
Resumen: Se promueve demanda de tercería de dominio, respecto a un vehículo automóvil a fin de dejar sin efecto el embargo existente sobre el mismo al haber sido adquirido previamente por la actora. Desestimada la demanda recurre el actor, alegando que había comprado el vehículo a su padre con anterioridad al embargo, al pedirle ella que se lo vendiera al encontrarse en situación de desempleo, para así poder obtener ingresos mediante su alquiler en bodas y comuniones. Que el precio lo abonó como pudo, en tres años y en mano. La transferencia la hizo su padre y que por eso ella no tiene más documentación del vehículo. La Sala indica que la a finalidad de la tercería de dominio no es reivindicar un bien, sino dejar sin efecto un embargo incorrectamente trabado sobre un bien que pertenezca a un tercero al tiempo de la traba, lo que constituye la prueba del actor. Por otra parte, la valoración de la prueba se realiza en concordancia con los demás medios de prueba en valoración conjunta, con predominio de la libre apreciación. Especialmente la prueba testifical es de apreciación libre, no tasada, valorada por el Juez según su prudente arbitrio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación. En el presente supuesto la actora no acredita ni la realidad de la venta, ni que se hubiera realizado antes de la traba del embargo, lo que constituye la carga de la prueba de la misma, por lo que debe desestimarse la pretensión solicitada, rechazando el recurso.
Resumen: En pieza de calificación se condena a los administradores de la concursada, entre otras causas, por la deliberada omisión por parte de la concursada del crédito de la acreedora,crédito mayoritario y que representaba el 80% del total, declarado además por resolución judicial. Esa declaración se produjo en octubre del 2013 y la administración judicial se acordó en el 2015 dejando transcurrir más de un año sin solicitar el concurso. Aun nombrado un administrador judicial no pudo entrar a hacerse cargo de la sociedad. Los apelantes actuaron como administración irregular o de hecho.Presunción de agravación de la insolvencia por la experiencia de que el retrado en solicitar la declaración del concurso suele provocar una agravación de la insolvencia del concursado.Inversión de la carga de la prueba.
Resumen: Se desestima el recurso del demandado, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, que estima en parte la demanda y condena a dicho demandado a pagar a la actora el importe que se indica, más intereses legales desde la interpelación judicial, sin imponer las costas de primera instancia. Estima el apelante errónea la valoración probatoria. No advierte la Sala la existencia del error invocado y comparte el criterio de la instancia en aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el reconocimiento de deuda y a la de los actos propios. Respecto de estos, indica que el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo es aplicable cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla.
