Resumen: Demanda instada por una asociación de consumidores por las expresiones vertidas por unos socios en un blog. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la audiencia la confirmó. Recurre ante la sala la asociación actora y se estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, en lo relativo a la admisión y práctica de prueba propuesta. La sala efectúa el juicio de pertinencia, diligencia y relevancia de la prueba propuesta, concretamente una documental consistente en librar oficio a una mercantil radicada en San Francisco, USA, para que certifique la identidad de los administradores del blog, el número de visitas que ha recibido, y personas que interactúan en dicho blog, así como dirección IP de estas personas que incluyen los comentarios. La sala considera que la prueba era pertinente, que se solicitó en el momento oportuno (diligencia de la parte que la propone) y que la misma era relevante, pues podría tener influencia decisiva en la resolución del pleito y alterar, en su caso, el fallo favorable a la actora. En consecuencia, se estima el recurso y se acuerda remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial para que admita y practique la prueba indebidamente rechazada y, posteriormente, dicte sentencia, al faltar en la resolución impugnada el juicio pleno de hecho y de derecho sobre la materia objeto del proceso. Se estima el recurso extraordinario por infracción procesal.
Resumen: Se ejercita acción sumaria de tutela de la posesión, con la finalidad que se reponga a la actora en la posesión del paso que venía disfrutando, condenando a la demandada a la eliminación de las cerraduras que ha instalado en el inmueble discutido y reposición de las anteriores. Desestimada la demanda recurre la actora alegando que se le ha perturbado por el demandado el derecho de paso que la actora tiene sobre la finca del mismo a una casilla de su propiedad ubicada en la finca de un tercero. Consta que la actora es propietaria de una finca rústica la cual tiene anexa una casilla sita en otra parcela, a la que se accede por un camino que discurre por la finca del demandado. Así se acredita con la escritura de donación de sus padres en favor de la actora, apareciendo en el Registro que la propiedad de la actora tiene "paso de herradura" por la del demandado. Consta que el ultimo cierre del acceso por la finca fue realizado en Julio 2020, presentándose la demanda el 24 de Julio. A la vista de todo ello debe concluirse que se producen todos los requisitos necesarios para que prospere el interdicto, cuales son la posesión por el actor, el despojo por el demandado y el no haber trascurrido mas de un año desde el mismo, por lo que procede estimar el recurso, quedando fuera del procedimiento las cuestiones relativas a la propiedad de los inmuebles o servidumbre existente.
Resumen: Reclamación de cantidad a Comunidad de Propietarios en concepto de indemnización derivada del artículo 1902 CC y realización de las obras necesarias para impermeabilizar la terraza de la vivienda desde donde se producen filtraciones. Desestimada la demanda por entender el juez que existe falta de legitimación pasiva de la comunidad de propietarios recurre el actor, que la terraza desde la que tienen lugar las filtraciones, tiene carácter común. En la mayoría de los casos, las terrazas de las viviendas de los edificios por pisos, aunque no tengan estructura piramidal, son el techo del piso inferior, siendo el suelo del piso superior siempre de carácter privativo respecto del inferior, si como señala la sentencia, aparece en la escritura como parte de la vivienda, solo son elementos comunes aquellas terrazas que tienen una finalidad exclusiva de cubierta. Así lo manifestó además el perito y el administrador de la comunidad. Ello, sin perjuicio, que los elementos estructurales relativos al forjado y demás elementos de sostén del edificio, sean elementos comunes por naturaleza, pero no aparece probado que unas filtraciones de agua, correspondiente a una reclamación de 1981,98 € por daños, sean debidos a un defecto estructural, pues, si como asegura el perito, se trata de una deficiente impermeabilización de la misma, ello no significa que sea un problema de estructura, sino que puede ser de un mal mantenimiento y de fácil solución con cargo al dueño privativo.
Resumen: Se desestiman los recursos interpuestos frente a una sentencia que rechazó la intromisión en los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, con ocasión de la publicación de unas fotografías que ilustraban un reportaje cuya finalidad era informar sobre las actividades de la "Asociación de Parejas Liberales de Asturias". La demandante aparece en tres fotografías, de las cuales, en una resulta recognoscible para personas de su ámbito más próximo. Se descarta la infracción de las reglas sobre la carga de la prueba, pues la Audiencia concluye, tras el análisis de las pruebas practicadas, que existía un consentimiento expreso para la obtención de las fotografías practicando sexo y era la demandante, por el principio de facilidad probatoria, la que debió haber aportado al proceso los medios donde se determinaron las condiciones que limitaban su consentimiento inequívoco. Tampoco existe error patente por la sola circunstancia de que la parte recurrente llegue a conclusiones distintas de las alcanzadas por la Audiencia con arreglo a criterios valorativos igualmente lógicos. Existió consentimiento expreso para la captación y difusión de las fotografías, sin que este consentimiento deba ser necesariamente por escrito. Aunque el reportaje afecta la vida íntima de la persona, para su difusión se contó con su consentimiento y en el tratamiento de la información no se emplean frases que atenten contra su honor. Se respeta la función de los titulares, conectados con la información.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia apelada que desestimó la impugnación del inventario y lista de acreedores. Recuerda que el inventario no es inamovible y su naturaleza es predominantemente informativa, por lo que no impide una reclamación posterior sobre la existencia de un derecho de crédito no incluido en el inventario, por lo que la inclusión en dicho documento de un bien o derecho no constituye un título de dominio diferente a los previstos en el art. 609 CC siendo compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre tales derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él. Destaca que el recurso de la parte apelante se sustenta en una interpretación sesgada e interesada de la STS de 17 de octubre de 2011, en que la parte contraria debe cumplir en todos sus extremos, pero que el apelante no ha realizado ningún acto concluyente para cumplir la parte a que le compele aquélla. Precisamente, en tal tesitura en que ninguna de las partes está ejecutando dicha sentencia, la AC ha formulado su informe provisional. La parte apelante plantea su demanda, primero, y su apelación, después, desde una perspectiva eminentemente jurídica, sin tener en cuenta que la restitución debe ser recíproca y ello le exige concretos actos de cumplimiento de la citada sentencia, en concreto el pago de las acciones afectadas de la nulidad declarada por el TS.
Resumen: Reclamación de cantidad por el importe de suministros eléctricos efectuados a la demandada. Desestimada la demanda recurre la actora. Corresponde a la actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la demandada, los impeditivos o extintivos del mismo. Si el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones de la parte a quien correspondiera la carga de probar los mismos, teniendo presente la disponibilidad y facilidad probatoria de cada una de las partes. Consta que la actora suministra energía eléctrica a la demandada, en los términos convenidos en el contrato concertado, efectuando la facturación conforme a los datos que facilitan los aparatos de medida. El contrato se vino cumpliendo con normalidad hasta la factura de fecha 13-4-2021, donde se factura un periodo de 7 meses. Ello no constituye una facturación regular, sino que se debió a un error en el registro de los consumos que fue detectado y cuya avería fue corregida, lo cual fue advertido a la demandada quien tuvo que conocer dicha circunstancia. Resulta por tanto procedente la refacturación del consumo efectivamente suministrado y consumido, pero no abonado, sin que se haya acreditado que la refacturación (importe reclamado en este Juicio) fuera incorrecta, como tampoco que se hubieran aplicado precios distintos a los contratados por lo que la reclamación es correcta, debiendo estimarse la demanda presentada.
Resumen: Se ejercita acción de reclamación crédito cambiario contra el demandado quien se opone a la misma. Se dicta sentencia en la que se desestima la oposición acordando seguir adelante el procedimiento, hasta hacer completo pago al actor. Recurre el demandado alegando incumplimiento contractual pues la calidad de los productos entregados resulta muy inferior a lo pactado. La Sala indica que si bien en la vista se alegó tal circunstancia, en la demanda de oposición no se alude a los hechos en que consiste el incumplimiento, siendo así que es de singular relevancia la concreción inicial del mismo por exigencia de los principios de contradicción y defensa que rigen en el procedimiento. En todo caso incumbe a la parte demandante de oposición el acreditar los hechos en que ésta se fundamenta, y tal prueba, como aprecia la sentencia apelada no se ha producido, por lo que ha de asumir la consecuencia de desestimación de su oposición, pues no concurre la dificultad probatoria que viene a invocar (artículo 217.7 LEC), ya que en el contrato de compraventa suscrito por las partes no se hace referencia al calibre de los albaricoques vendidos, y en todo caso el calibre es un hecho positivo, cuya prueba no presenta dificultad, máxime cuando ha quedado acreditado, que se procedió al corte y recolección de la fruta por personal de la apelante, así como el transporte de la fruta desde la finca hasta las instalaciones de ésta por personal de la misma, no pudiendo apreciar incumplimiento alguno.
Resumen: La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda y condena a la aseguradora demanda abonar a la actora la suma reclamada como indemnización por los daños personales y materiales sufridos a consecuencia de un accidente de tráfico causado por el vehículo asegurado por dicha demandada.Apela la parte actora alegando como primer motivo la nulidad del juicio por graves defectos en su desarrollo. La Sala acoge este motivo y anula el acto del juicio y actuaciones sucesivas acordando se celebre un nuevo juicio en que se permita a las partes formular preguntas y aclaraciones a los peritos informantes .Argumenta la Sala en síntesis que cuando las actuaciones judiciales constituyen un quebranto de la tutela judicial efectiva, impidiendo a las partes el ejercicio de sus derechos de defensa, la nulidad de los actos procesales constituye el mecanismo idóneo para reparar la indefensión provocada.En este caso ,al visualizar todo el juicio en esta segunda instancia, se observa que no se permitió a las partes interrogar a los peritos, ni pedirles explicaciones sobre el contenido de sus dictámenes, ni comparar un informe con otro, ni siquiera efectuar aclaraciones, lo que constituye una vulneración flagrante de lo dispuesto en el artículo 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con respecto a dicha prueba.
Resumen: Accidente sufrido por una motocicleta al irrumpir un perro en la calzada. La irrupción indebida en la calzada es plenamente imputable al poseedor del animal y causa fundamental del accidente, aunque el conductor de la moto contribuyó causalmente en un 30% por el ruido desorbitado producido por la motocicleta al pasar a la altura del animal. Una cosa es que exista ese ruido excesivo y otra bien distinta que se pretenda atribuir la culpa exclusiva del resultado al conductor. Aunque el perro saltara por esta causa, hay que tener en cuenta que el demandado y su acompañante llevaban otros perros que no lo hicieron. Concurrencia de culpas.
Resumen: Se analiza la existencia de deuda social y siendo la actora titular de un pagaré que reúne los requisitos exigidos, pudiendo dirigirse contra la libradora, la deuda debe declararse y por tanto, siendo solidaria la responsabilidad del art.367 TRLSC que no precisa el previo impago de la deuda por la sociedad y sí solamente que su origen sea posterior a la causa de disolución existente, la acción debe prosperar, puesto que respecto de la existencia de causa de disolución, consta que cuando se emite el pagaré la sociedad no deposita cuentas desde dos ejercicios anteriores y en las últimas cuentas se aprecia un claro descenso de su patrimonio que es inferior al capital social y además existe imposibilidad para localizar a la sociedad deudora, indicando todo ello la existencia de causa de disolución. Concurren además el resto de los requisitos que la acción exige, pues los demandados son administradores de la sociedad y en cuanto a la posterioridad de la deuda a la causa de disolución, opera la presunción legal al no haberse practicado prueba contraria. Se debe incluir la deuda derivada de las costas y gastos de ejecución del procedimiento cambiario seguido contra la sociedad, puesto que ya está iniciado y la deuda es posterior a la causa de disolución, por lo que cumple los requisitos del art. 367 TRLSC.
