Resumen: Doctrina jurisprudencial sobre el planteamiento en el recurso extraordinario por infracción procesal de error en la valoración de la prueba: (i) entre los motivos tasados que se enumeran en el art. 469 LEC no figura el error en la valoración de la prueba; el legislador reservó dicha valoración para la primera y la segunda instancia a fin de no convertir al Tribunal Supremo en una tercera instancia; (ii) con fundamento en el art. 24 CE, como garantía del juicio justo y por el cauce del art. 469.1.4º LEC, cabe corregir las valoraciones probatorias que contravengan el canon de racionalidad que debe presidir la adopción de cualquier decisión judicial conforme a lo exigido por el Tribunal Constitucional para que se respete el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; (iii) dicho canon se contraviene por la concreta infracción de una norma tasada de valoración de la prueba o cuando se incurre en errores fácticos de constatación objetiva y trascendencia en la decisión del proceso, patentes, manifiestos, evidentes o notorios e inmediatamente verificables de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales. En el caso, alegado error en la valoración de un documento, se desestima: frente a la valoración conjunta de la prueba documental no se puede cuestionar aisladamente uno de los documentos; en todo caso, aun considerado aisladamente, inexistencia de valoración arbitraria o ilógica.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo, y de otras sentencias que aplican dicha doctrina en los recursos de Ibercaja contra sentencias de las Audiencias de Cáceres y Badajoz sobre cláusulas suelo y acuerdos novatorios. Se declara la validez de la estipulación del acuerdo por la que se suprime la originaria cláusula suelo y la nulidad de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio. No se hace expresa imposición de las costas de los recursos de casación y apelación y se mantiene la condena en costas en primera instancia.
Resumen: MODIFICACIÓN DE MEDIDAS MATRIMONIALES. PENSIÓN ALIMENTICIA. EXTINCIÓN/REDUCCIÓN. PROCEDENTE. Se ha producido una sustancial alteración de circunstancias desde el dictado en el año 2007 de la sentencia de divorcio, en donde el marido, demandante-apelado ahora, percibía un salario de 1100 € mensuales, estando en la actualidad desempleado, y los hijos, a quiénes se les fijara una pensión alimenticia de 150 € mensuales a cada uno de ellos, por ser menores de edad, en la actualidad el mayor, de 21 años de edad, está incorporado al mercado laboral, percibiendo el correspondiente salario, en tanto que el otro, de 18 años, dispone de trabajo temporal, en formación, por lo que se considera ajustado a derecho el declarar extinguida la pensión de aquél y la reducción de la de éste a 100 € mensuales durante 18 meses, plazo suficiente para que pueda encontrar un trabajo estable. INCONGRUENCIA EXTRA PETITA. IMPROCEDENTE. No cabe ser apreciada porque frente a la petición de extinción de la pensión alimenticia, el tribunal puede reducir la cuantía y fijar un período máximo de percepción.
Resumen: Reclamación de cantidad por incumplimiento de contrato. Estimada la demanda recurre la demandada. El actor y la demandada eran marido y mujer y con ocasión de un convenio regulador suscrito por ambos se acordó que la esposa entregaría al actor la propiedad de una vivienda determinada. Si bien la demandada no era propietaria de la vivienda, lo cierto es que la misma incumplió el acuerdo incorporado al convenio regulador, suscrito con el actor de entregarle en propiedad la misma. Cierto es que la demandada no podía transmitir la propiedad de una vivienda al no figurar está a su nombre y pertenecer a la sociedad familiar, pero se comprometió a que en el momento en que legalmente fuera posible inscribiría dicho apartamento a nombre del demandante. Esto constituye un negocio jurídico de venta de cosa ajena lo cual constituye un negocio perfectamente válido y que ante su incumplimiento por la demandada justifica que el actor tenga derecho a percibir una indemnización y a reclamar los daños y perjuicios. La venta de cosa ajena es perfectamente valida, a diferencia del contrato nulo en el que el vendedor vende una cosa careciendo de poder de disposición sobre ella. En cuanto a la ausencia de causa, el convenio en realidad contiene un reconocimiento de deuda, debiendo presumirse que su causa existe y es lícita, en tanto el deudor, con inversión de la carga de la prueba, no demuestre lo contrario, lo que no ha realizado, por lo que debe desestimarse el recurso interpuesto.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y condena a la parte demandada a que restituya a la actora la servidumbre de paso descrita en la demanda y para que en lo sucesivo se abstengan de realizar actos que obstaculicen dicha posesión.Argumenta la Sala en síntesis, que la prueba practicada permite concluir que el paso se estaba utilizando hasta que lo obstaculizó la parte demandada. y que la ubicación de la servidumbre controvertida es la más adecuada pues es la que menos perjuicio causa al predio sirviente, representa el acceso más corto a camino público y la existencia del paso es compatible con la construcción de las viviendas unifamiliares en curso sobre la propiedad sirviente.Se cumplen todos los requisitos jurisprudencialmente exigidos para que proceda la tutela sumaria de la posesión, sin entrar a valorar el derecho que pueda legitimar la actuación de una y de otra parte, aspecto impropio del proceso en que nos encontramos y que está reservados para un proceso ulterior, lo que viene propiciado por el hecho de que, en casos como el que nos ocupa, la sentencia no produce efecto de cosa juzgada.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda en ejercicio por la parte actora de una acción para el reconocimiento de una servidumbre de paso por prescripción de veinte años durante los que dice la poseyó de manera pública ,pacífica y no interrumpida.Argumenta la Sala en síntesis, que hay un evidente error en la demanda que invalida su planteamiento toda vez que no se le aplica a la servidumbre de paso el régimen de las servidumbres continuas, sino el de las discontinuas y exclusivamente es apta para su adquisición la llamada prescripción inmemorial cuya existencia ha de ser anterior al Código Civil.La servidumbre de paso, al gozar del carácter de discontinua, sólo puede adquirirse en virtud de título, y a falta de éste, por la escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente, o por una sentencia firme salvo que se trate de prescripción inmemorial consumada antes de la vigencia del Código Civil exceptuado el caso de constitución por signo aparente por disposición del padre de familia .De ahí la improcedencia de estimar la demanda y el recurso, pues el transcurso del tiempo invocado en la demanda (no nos hallamos tampoco ante la servidumbre del páter familias) resulta "per se" insuficiente para su adquisición.
Resumen: La sentencia de apelación revoca la de instancia y desestima la demanda en ejercicio por la demandante de una acción de la tutela posesoria sobre un paso o acceso a su finca del que alega había sido despojado por el demandado. Argumenta el tribunal en síntesis que para que la posesión pueda ser objeto de protección por los tribunales precisa, entre otros requisitos, que sea pacífica, exteriorizada y estable, pues los actos violentos y los esporádicos no afectan al estado posesorio, la prueba de ese estado posesorio con las notas indicadas incumbe a quien reclama el amparo jurisdiccional, en tanto hecho constitutivo de su pretensión. Las pruebas obrantes en autos no permiten tener por probado que la actora estuviera en la posesión pacífica y continuada o estable del paso discutido, en la forma concreta que pretende hacerlo valer. Ello conduce a negar a la demandante la protección posesoria que invoca, sin perjuicio del derecho que pudiera asistirle sobre la posesión definitiva.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para reclamar indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente sufrido por caída al bajar las escaleras que dan acceso a las gradas de pabellón de baloncesto de propiedad de una codemandada y asegurado por la otra codemandada. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandante porque la demanda fue estimada y la sentencia recurrida no afecta desfavorablemente a la demandante, por lo que carece de legitimación para recurrir, y estimó el interpuesto por la demandada, revocando la resolución recurrida y desestimando la demanda. Expone el tribunal los criterios sobre carga de la prueba aplicables en casos de caídas en establecimientos públicos, deportivos o de ocio: no se invierte la carga de la prueba ni es aplicable la doctrina de responsabilidad por riesgo, salvo que se ejerza en el local o establecimiento una actividad susceptible de provocarlo, (actividades que impliquen un riesgo considerablemente anormal en relación con los estándares medios). En el caso concreto: no hay prueba alguna que en el momento de ocurrir la caída hubiera alguna sustancia deslizante o que no tuviera la debida limpieza y ninguno de los testigos observaron nada anormal y extraordinario en el lugar donde se produjo la caída.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar declaración de vulneración del deber de custodia y protección de datos personales y declaración de intromisión ilegítima en el derecho al honor las expresiones vertidas por los demandados. El tribunal de apelación estima en parte el recurso de apelación y accede a las peticiones formuladas por considerar que uno de los demandados, responsable del tratamiento de datos del partido Foro de Ciudadanos vulneró los deberes de custodia, protección y tratamiento de datos, que permitieron la divulgación de fotocopia de una nómina del demandante, junto con su número de cuenta corriente. Analiza el tribunal la alegación de prueba ilícita, que rechaza porque la falta de un sello de registro no convierte en falso un documento que se dice presentado. El tribunal de apelación considera que el responsable del tratamiento de datos debe velar porque no se divulguen datos personales que se encuentran a su disposición, lo que le obliga a adoptar medidas para evitar que se difunda información sensible fuera del partido político de cuyos archivos es el responsable y, por ello, estima la demanda respecto del este.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la sentencia de instancia que desestima la demanda en el ejercicio por la actora de una acción de saneamiento por vicios ocultos, en su vertiente " quanti minoris" optando por una rebaja proporcional del precio abonado por la compraventa de la vivienda adquirida a los demandados.Argumenta la Sala en síntesis que tras en nuevo examen y valoración conjunta de la prueba obrante en autos comparte la convicción de la Juzgadora de instancia y las razones que avalan esa convicción es decir, que los defectos que presenta la edificación e inmueble objeto del contrato de compraventa no afectan a la habitabilidad y además son defectos apreciables a simple vista.Los defectos de capilaridad como las filtraciones de fachada ya contempladas en el Certificado de Eficiencia energética unido a la escritura de compraventa son propios de la antigüedad de la edificación y no pueden ser calificados de vicio oculto susceptible de dar lugar a la acción ejercitada en demanda.
