Resumen: La sentencia recurrida absolvió al administrador de la sociedad responsable de la infracción directa de los derechos de propiedad intelectual de la demandante por no apreciar infracción indirecta. Se estima el recurso de casación. Una vez firme la declaración judicial de que la actividad desarrollada por una sociedad al explotar un sitio web que ponía a disposición de cualquier persona los enlaces que permitían tener acceso a la visualización de partidos de fútbol respecto de los que la demandante tenía derechos de propiedad intelectual, constituía una infracción directa de esos derechos, en concreto los relativos al derecho de comunicación pública, se entiende que la actividad desarrollada por el socio único y administrador de esa sociedad, que gestionaba la web, constituye una infracción indirecta en la modalidad de tener interés directo en el resultado de la infracción y capacidad de control sobre la conducta infractora. Siendo socio único de la compañía, cuyos rendimientos más relevantes provienen del desarrollo de la conducta infractora, su interés económico es innegable, máxime cuando se ha constatado que el montante de los beneficios logrados oscilaba entre uno y dos millones de euros al año. Además, la condición de administrador único, en una sociedad que no tiene empleados, y el hecho de tener las claves de acceso son una manifestación clara de su capacidad de control sobre la conducta infractora.
Resumen: Estima el recurso y revoca la sentencia absolutoria dictada frente a la acción de reclamación de rentas y servicios. Discrepa de la sentencia apelada en el régimen de la carga de la prueba aplicado, pues producido el desistimiento del contrato de arrendamiento de vivienda por el arrendatario, le corresponde al actor la carga de probar los hechos básicos de su demanda, la existencia del contrato y la fecha del desistimiento y la parte demandada, como arrendataria, la de acreditar el pago de las mensualidades y de los suministros reclamados por cuanto supone un hecho extintivo de la obligación de pago esgrimida de adverso, así como justificar que el contrato se desistió en fecha anterior a la prórroga por un año pactada, viéndose perjudicada por la situación procesal de rebeldía, pues aunque la misma no equivale al reconocimiento de las pretensiones del actor, ni tan siquiera al reconocimiento tácito o presunto de los hechos de la demanda, sin embargo la misma no ha de acarrear como consecuencia que se convierta en más gravosa la posición de la demandante. No habiendo probado el pago de las rentas que se reclamaban, el contrato suscrito y las facturas de pago de los suministros constituyen prueba suficiente de la realidad de la deuda que se reclama, de ahí la revocación de la sentencia y la estimación de la demanda.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó parcialmente la demanda presentada para solicitar indemnización por daños causados por sobreprecios derivados de prácticas anticompetitivas (cártel de camiones). El tribunal de apelación desestimó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia recurrida. A) Sobre la prescripción de la acción: considera de aplicación retroactiva la norma de transposición de la directiva, que contempla un plazo de prescripción de cinco años, por lo que la acción no ha prescrito. B) Sobre la demostración del daño: no sería de aplicación retroactiva la norma de trasposición de la directiva, pero considera el tribunal que es aplicable la presunción del daño también según el Derecho interno. C) Sobre la cuantificación del daño: ni el informe pericial de la parte actora acredita el daño concreto ni el de la demandada desvirtúa la realidad del daño, por lo que se recurre a la estimación judicial del daño y lo fija en un 8% del precio de adquisición del camión.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo y de otras sentencias que aplican dicha doctrina en los recursos de Ibercaja contra sentencias de las Audiencias de Cáceres y Badajoz sobre cláusulas suelo y acuerdos novatorios. Se declara la validez de la estipulación del acuerdo por la que se suprime la originaria cláusula suelo y la nulidad de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio. No se hace expresa imposición de las costas de los recursos de casación y apelación y se mantiene la condena en costas en primera instancia.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo y de otras sentencias que aplican dicha doctrina en los recursos de Ibercaja contra sentencias de las Audiencias de Cáceres y Badajoz sobre cláusulas suelo y acuerdos novatorios. Se declara la validez de la estipulación del acuerdo por la que se suprime la originaria cláusula suelo y la nulidad de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio. No se hace expresa imposición de las costas de los recursos de casación y apelación y se mantiene la condena en costas en primera instancia.
Resumen: La sentencia desestima el recurso y confoirma la de instancia que habia apreciado la indebida intromision, rechazandose el argumento de apelación consistente en que el requerimiento remitido por el deudor para dicuitir la deuda no fue valido para poner en cuestón la misma.
Resumen: La sentencia de apelación revoca la de instancia y estima la demanda condenando a los demandados a la realización de las obras necesarias para dejar libre y expedito el muro propiedad de la actora.Argumenta la Sala en síntesis, que no resulta discutido por las partes que el muro de separación de ambas propiedades es un muro privativo de la actora.Partiendo de dicho carácter privativo y por ello, ausencia de carga o gravamen alguno que pese sobre el mismo, la propiedad de dicho muro da derecho a su uso y goce pleno, sin limitación ni restricción alguna que restrinja el legítimo derecho de su propietario.Ha resultado totalmente acreditado que la construcción auxiliar realizada por los demandados en su parcela invade y se apoya en el muro privativo de la parte actora de modo que limita su derecho de propiedad con independencia de que el mismo no cargue estructuralmente . Por ello, ha de condenarse a los demandados a la realización de las obras necesarias para dejar libre y expedito dicho muro de separación en toda su altura y proyección.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda en solicitud por la parte actora de que se declare la extinción de la servidumbre de paso que describe .Argumenta la Sala ,en síntesis ,que la constitución de la servidumbre de paso estuvo motivada por la necesidad de paso y salida de la finca a dominio público al encontrarse aquella enclavada Realmente nos encontramos no ante una servidumbre voluntaria sino ante una forzosa, porque el origen voluntario de la servidumbre litigiosa no es óbice para poder calificarla como forzosa por su naturaleza .Si bien en la segunda instancia es factible realizar un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, no puede olvidarse que en aquellos aspectos en que el objeto del recurso se refiere a la valoración de la prueba efectuada por el tribunal "a quo", el juez, que ha gozado de la facultad de practicar esas pruebas con total inmediación, tiene elementos más reales y fundados -privilegiados- para su mejor apreciación y valoración. La documental y la testifical practicada han permitido concluir que la finca de litis nunca llegó a ser propiedad del matrimonio codemandado, de modo que resulta ocioso entrar a valorar cuestiones urbanísticas como las planteadas por la recurrente para fundamentar un fraude de ley o un abuso de derecho en la conducta de quienes carecían de titularidad alguna sobre la finca para llevar a cabo la conducta descrita.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; redacción clara e inteligible; facilidad de comprensión de las consecuencias jurídicas y económicas que supone la aplicación de un interés remuneratorio a tipo fijo, más aun si se indica el importe de la cuota resultante; y aplicación subsiguiente del sistema de interés variable previsto en el contrato originalmente sin la cláusula suelo, que es el que la parte prestataria está interesada en que se aplique, son suficientes para que puedan superar el control de transparencia, pues un consumidor medio, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas que para él se derivan de esta novación. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo y de otras sentencias que aplican dicha doctrina en los recursos de Ibercaja contra sentencias de las Audiencias de Cáceres y Badajoz sobre cláusulas suelo y acuerdos novatorios. Se declara la validez de la estipulación del acuerdo por la que se modifica la originaria cláusula suelo y se reduce el límite mínimo a la variabilidad del interés remuneratorio, y la nulidad de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio.
