Resumen: Por la entidad prestamista, instituto de crédito oficial, se opuso por la mercantil prestataria en primer lugar el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado, valorando la audiencia la necesidad de que el deudor ostente la condición de consumidor para hacer valer esa abusividad y raqzonando al efecto que Examinado el curso de las actuaciones resulta indubitado que la mercantil demandada, una sociedad limitada,. no tiene en el caso de autos la condición de consumidora y usuaria, y que, dada su naturaleza misma, no puede invocar siquiera la aplicación de la normativa tuitiva en materia de consumo pero es que, además, el préstamo ICO suscrito es un préstamo destinado a la inversión por importe, por lo que tal deudora no puede invocar. Por último en cuanto a la abusividad de los intereses moratorios, tampoco se puede invocar por la deudora, al margen de ser cuestión nueva planteada en la segunda instancia. .
Resumen: Estamos ante una cuestión de relevancia pública, pues la grabación se produce en el desarrollo de un mitin político por parte de quien se presenta a las elecciones municipales pretendiendo la alcaldía. El incidente no se puede desconectar de ese carácter público aunque tenga un origen anterior derivado de una deuda. Que el demandante entienda que la difusión del video y los comentarios posteriores le han podido perjudicar en su campaña electoral o en su vida en general, es algo meramente subjetivo que tampoco se ha acreditado en absoluto, y aun no desconociendo la vertiente subjetiva del derecho al honor, lo cierto es que en este caso la libertad de expresión debe prevalecer.
Resumen: En cuanto a la custodia compartida si bien es el régimen general por ser mas beneficioso en interés de los hijos como se acredita que los padres no mantienen ninguna relación que la hija mas mayor se decanta por continuar con la madre se opta por un régimen mayor de comunicación pero en custodia con la madre como venia siendo habitual si se admite limitar el uso de la vivienda a la mayoría de edad de las hijas al ser la vivienda propiedad del padre aplicando una regla proporcional a los ingresos de los padres para contribuir a los gastos extras de los hijos.
Resumen: Se ejercita acción por el titular de una finca al entender que se ha realizado una plantación de cipreses por los demandados en el predio colindante infringiendo la distancia mínima. Desestimada la demanda al entender que la actora no ha acreditado la propiedad de la parcela, recurre ésta. Alega que el art 591 CC no regula una servidumbre, sino que impone una restricción del derecho de propiedad derivada de las relaciones de vecindad entre fundos, añadiendo que la titularidad de la parcela del actor ya fue reconocida de contrario en el acto de conciliación previo. La Sala reconoce que efectivamente existió ese reconocimiento extrajudicial realizado por el demandado, por lo cual la legitimación del actor, no puede ser ya discutida en el litigio. En cuanto al fondo, el dictamen pericial indica que la plantación de cipreses se ha realizado para obtener una barrera visual, con árboles que si bien pueden alcanzar una altura de 20 m, con las podas adecuadas genera gran follaje horizontal para evitar vistas y, actualmente tienen 3 m de altura desde el nivel de tierra a los puntos más elevados. Afirma también que la distancia entre la pared que hace de medianera y el tronco de los árboles es de 50 cm, no observando invasión de la finca del actor por ramas de los cipreses. La Sala considera que dichos árboles no pueden ser considerados "árboles altos", que deben estar a 2 m de distancia, sino que por sus características tan solo precisan estar a 50 cm, como es el caso enjuiciado.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y condena al demandado abonar a la actora la suma reclamada correspondiente a la factura impagada de suministro eléctrico de la vivienda del demandado .Argumenta el tribunal en síntesis que el motivo de caducidad de la acción no puede se estimado ya que el precepto invocado a tal efecto ( articulo 96 del RD 1955/2000 regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica) es aplicable en el caso de un mal funcionamiento del contador, lo que no sucede en este caso, ya que se trata de una manipulación del contador. No se puede saber cuál ha sido el consumo eléctrico durante el periodo que recoge la factura que se reclama, pues la manipulación consistía en que se registrara menos consumo del real. Para la determinación del importe de la refacturación por manipulación del contador resulta de plena aplicación, al no poder fijar cual es el consumo eléctrico producido y no abonado, la norma subsidiaria recogida en el artículo 87 antes reseñado.
Resumen: El padre interesa la custodia para si y con aportación documental sobre los problemas de la madre con ingreso en centro de desintoxicación por consumo de cannabis padeciendo un parkinson avanzado que limita su movimiento compartiendo vivienda que no cubre las necesidades del menor sin que tales alegaciones estén acreditadas sino al contrario de las testifícales se establece la semejanza de situación de precariedad si esta con el hijo cuando además la madre ya no consume sin que la enfermedad le afecte al cuidado del hijo acreditando que el padre devolvió al hijo y que desconoce datos importantes referidos al mismo como el tutor educativo concluyendo que es mas beneficioso que continué con la madre.
Resumen: Se dilucida en el litigio la nulidad de una cláusulas de gastos en un a escritura de préstamo, que se imponen al prestatario, siendo la cuestión debatida la de los efectos restitutorios de la nulidad y su posible prescripción concretando la audiencia las diversas posturas sobre el tema y posicionándose, entendiendo que respecto a la acción de reclamación o restitución, concurre división entre quienes consideran la misma también imprescriptible, por estar anudada a la anterior; o bien, que estamos ante una acción independiente, susceptible de prescripción, pero no de caducidad, y entre estos últimos, no existe unanimidad sobre el inicio del cómputo del plazo, desde el momento del pago o quienes consideran que tal plazo no puede empezar a correr sino desde la declaración de nulidad, invocando en este sentido la STJUE de 21 de diciembre de 2.016, tesis que es la que asume la audiencia..
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones que abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al acuerdo transaccional sobre cláusulas suelo. Inadmisión del tercer motivo por falta de cita de norma infringida. El TJUE admite la validez de la renuncia siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. En caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia debería cumplir con las exigencias de transparencia, representadas porque el consumidor dispusiera de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula. Validez de la novación, pero nulidad de la renuncia por su carácter genérico, ya que afectaba a cualquier acción que trajera causa de la formalización y clausulado del préstamo hipotecario. Se estima en parte el recurso de casación de la parte prestataria.
Resumen: Se solicita la condena a elevar a escritura pública una compraventa verbal celebrada entre las partes en octubre de 2000, relativa a una finca. Estimada la demanda recurre el demandado. La cuestión que se plantea es la de determinar si los apelantes vendieron a los actores el referido bien inmueble, pues de ser cierto, como es sabido, si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. La Sala tras la valoración de los documentos obrantes en autos, el interrogatorio del testigo y presunciones judiciales llega a la misma conclusión que el juez de instancia, y así, consta que los recurrentes pusieron la casa a la venta, que encomendaron la venta a un agente inmobiliario por un precio determinado, que a los pocos meses le indicaron que el inmueble dejaba de estar a la venta porque se había alcanzado un "acuerdo familiar". En los 3 años siguientes los actores hicieron pago a los demandados precisamente de la misma la cantidad que se señaló como precio; los actores han actuado tras ello en todo momento como dueños del inmueble ocupándolo y haciéndose cargo de tributos. Los apelantes desde entonces (20 años) dejaron de hacer uso de la casa desentendiéndose de la misma, todo lo cual lleva a la Sala a la desestimación del recurso.
Resumen: Confirma la sentencia apelada que había desestimado la acción de responsabilidad de administradores sociales. En relación a la acción individual, planteada en atención a lo que el apelante considera como un planteamiento extemporáneo del concurso ante la situación de insolvencia de la mercantil, recuerda que, conforme a la jurisprudencia, no puede aplicarse de forma indiscriminada la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento en el marco de las relaciones obligatorias que nacen de los contratos so pena de alterar la diferente personalidad jurídica de la mercantil y sus socios, pudiendo exigirse en aquellos casos en los que se pruebe que los administradores que han incurrido en negligencia en el ejercicio de las funciones de su cargo, actuando como órgano social, lo que exige un mayor esfuerzo argumentativo de la parte actora al identificar las actuaciones del administrador que sean contrarias a la diligencia de un ordenado comerciante, lo que no se da en este caso. Respecto a la acción de responsabilidad por deudas sociales, planteada de forma subsidiaria, entiende que estamos ante una responsabilidad de naturaleza objetiva o ex lege cuando concurren cualquiera de las causas de disolución de la sociedad, siendo la misma de interpretación restrictiva, por lo que debe quedar terminantemente probada en todos sus extremos, sin que se haya probado la existencia de pérdidas que reduzcan a menos de la mitad el patrimonio neto.
