Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020, sobre novación de cláusulas suelo, y de la STS 645/2021, sobre los acuerdos firmados con Ibercaja como sucesora de las cajas de ahorro extremeñas. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las SSTS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9/05/2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020, sobre novación de cláusulas suelo, y de la STS 645/2021, sobre los acuerdos firmados con Ibercaja como sucesora de las cajas de ahorro extremeñas. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020, sobre novación de cláusulas suelo, y de la STS 645/2021, sobre los acuerdos firmados con Ibercaja como sucesora de las cajas de ahorro extremeñas. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Ejercitada acción de desahucio por impago de la renta, la parte demandada solicita sea declarada nulidad de actuaciones porque la sentencia apelada declara probada la existencia de una deuda sin valorar la prueba por ellos solicitada, si bien, esto no determina la nulidad del procedimiento, pues podría haber sido solicitada su práctica en el recurso de apelación, si consideraban indebida la denegación del medio de prueba señalado, previo recurso de la decisión denegatoria, que aquí tampoco se hizo. En cuanto al error en la valoración de la prueba, la parte demandada presentó justificante del ingreso de cuatro meses, y no estando imputados los pagos a otras mensualidades, debe considerarse saldada y queda pendiente el abono de una mensualidad antes de la vista y en cuanto a la enervación, el pago no se había verificado en el momento de presentación de la demanda, existiendo requerimiento previo de pago, por lo que no tiene efectos el pago posterior.
Resumen: Reclamación a entidad bancaria de las cantidades abonadas a cuenta a promotor para la compraventa de vivienda en construcción y depositadas en el banco (Ley 57/68). Estimada la demanda recurre la demandada, alegando que no existió entrega e ingreso de las cantidades reclamadas en la entidad bancaria. En relación con la responsabilidad del banco, la Sala refiere la jurisprudencia que indica que si existe garantía, los anticipos ingresados por el comprador se encuentran garantizados por el asegurador o avalista aunque no se ingresen en la cuenta especial sino en otra diferente del promotor pero en la misma entidad bancaria, y si no existe dicha garantía, ello no impide que las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía respondan frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad, lo que se completa con el deber de control sobre el promotor que el artículo 1 de la Ley 57/1968 impone al banco. En el presente supuesto no constan ingresadas las cantidades en la cuenta especial, pero en cuanto a otras cuentas, el director de la oficina bancaria se muestra evasivo en sus respuestas, tratando de ocultar su existencia, de lo que se desprende la responsabilidad del banco como depositario, y por el incumplimiento de su deber de control del promotor.
Resumen: Reclama de cantidad objeto del reconocimiento de deuda suscrito ante notario, y correspondiente con parte del precio no abonado de una compraventa. Desestimada la demanda recurre el actor, alegando en primer lugar la falta de motivación de la sentencia. En relación a ello, la motivación debe permitir el eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos, lo que implica la exteriorización del fundamento de la decisión adoptada, favoreciendo su comprensión. Pero dicha exigencia de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla, por lo que estando suficientemente motivada la sentencia de instancia procede rechazar dicha alegación. En cuanto al fondo, la reclamación se basa en una escritura pública de reconocimiento de deuda, y si bien la demandada aporta un documento firmado por un hijo del actor en el que se deja sin efecto la deuda, el reconocimiento de deuda es posterior al mismo y no hace referencia a dicho documento privado, por lo que no puede entenderse que este documento privado se realizase para extinguir la deuda existente ni liquidar la deuda.
Resumen: La audiencia recordará los criterios jurisprudenciales sobre la valoración de la prueba pericial, resaltando que el juez no está vinculado por el criterio de ninguno de los peritos, pudiendo decantarse por el que le pueda parecer más objetivo y mejor fundado, y respecto de la aplicación de la normativa sobre lucha conttra la morosidad, la audiencia se decantará por su aplicación, considerando que aun siendo la liquidación de un contrato sinalagmático donde concurriendo obligaciones recíprocas, tales se incumplen por ambas partes, donde sí cabe atender un elemento de proporcionalidad de modo que el deudor de una obligación notoriamente superior no puede esquivar completamente la mora frente a un incumplimiento recíproco claramente de menor entidad puesto que conculcaría la buena fe, la conducta desproporcionada que se basa en el incumplimiento de una obligación relativamente menor de la contraparte para intentar evitar el cumplimiento de una obligación esencial propia.
Resumen: Reclamación de cantidad en concepto de cuotas comunitarias no abonadas. Desestimada la demanda recurre la actora alegando que la demandada no ha abonado los gastos generales para el sostenimiento del inmueble, considerando que la sentencia de instancia no valoró correctamente la prueba practicada. La Sala indica que la apelación coloca al juzgador de segunda instancia en la misma posición que el de primera, con plenitud jurisdiccional para la valoración de la prueba y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio, dentro de los límites de la obligada congruencia. Examinando las pruebas obrantes en los autos, no puede llegarse a conclusión diferente de la alcanzada por la juzgadora de primera instancia. Así, no consta el acuerdo liquidatorio de la Junta de Propietarios que incluya la liquidación en relación al apartamento propiedad de la demandada, y si bien existen dos certificados emitidos por el Secretario Administrador de la meritada Comunidad de Propietarios, éstos no son documentos, por sí solos suficientes para la reclamación que se efectúa, si no van acompañados del Acta de la Junta de Propietarios que incluya el acuerdo liquidatorio. La ausencia de tal elemento no permite sin más dar por probado que la cuantía que se reclama es la realmente adeudada cuando no existe liquidación de la deuda y aprobación de la misma por parte de la Junta, por lo que dada la falta de prueba se desestima el recurso.
