Resumen: Demanda sobre resolución de arrendamiento por ruina estimada por la Audiencia Provincial. Hay mutatio libelli cuando se altera de manera significativa la acción, la causa petendi o el petitum, pero no concurre en este caso (se alega que durante el proceso se introdujeron obras adicionales a las contempladas en la demanda como determinantes de la ruina, pero no es así: no se han incorporado nuevos defectos, sino el mayor valor de reparación que supuso la corrección del defecto de la cubierta citado en la demanda, sobre el que el demandado pudo aportar un nuevo dictamen pericial). Jurisprudencia sobre el art. 118 LAU/1964: la ruina no se identifica solo con un acontecimiento puntual, sino que incluye los estados de pérdida técnica ocasionados por deterioros importantes, por la acción del tiempo, calidad de los materiales e incluso negligencia. No cabe tener en cuenta las obras ya ejecutadas con antelación al ejercicio de la acción, sin perjuicio de la facultad del arrendador de repercutir su coste. Las reparaciones necesarias a cargo del arrendador no pueden tener tal alcance que obliguen a reconstruir edificios en ruina patente. Es indemnizable el incumplimiento contractual del arrendador que no ha realizado en su momento las reparaciones necesarias, facilitando el estado de ruina, sin que a ello obste la antigüedad del inmueble cuando fue adquirido. Se estima, en este punto, el recurso de casación del arrendatario y se fija la indemnización correspondiente.
Resumen: El recurso tiene su origen en una demanda de juicio ordinario de tutela civil de derechos fundamentales por vulneración del derecho al honor por la publicación de un artículo en la desaparecida revista "Interviú" y en "El Periódico de Aragón", con el título en este último "Escándalo en la iglesia zaragozana" y " Pedro Antonio fue cesado por ocultar un caso de acoso a un diácono". Alegaba que fue víctima de una campaña mediática en el año 2014 en la que vertieron en la generalidad de los medios de comunicación graves acusaciones de acoso a un adulto diácono con el que habría estado compartiendo vivienda en la casa parroquial de Épila, Zaragoza, aportando tales publicaciones todo tipo de detalles. En ambas instancias se desestimó la demanda al considerar que la noticia publicada era de trascendencia pública y veraz sin que los artículos tuvieran un contenido ofensivo. En el recurso de casación se combate el juicio de ponderación realizado en la sentencia recurrida y la condena en costas al considerar el recurrente que debe apreciarse la intromisión ilegítima en el derecho al honor y que no deben imponerse las costas al presentar el caso serias dudas de hecho y de Derecho. La sala lo desestima ya que el juicio de ponderación se ajusta a la doctrina de la Sala pues el contenido de las informaciones era de interés general y los hechos de trascendencia pública, cumpliéndose el requisito de veracidad y de proporcionalidad de la información sin que aprecie la existencia de dudas.
Resumen: Error en la valoración de la prueba con relevancia constitucional que puede ser alegado en el recurso extraordinario por infracción procesal: ha de tratarse de un error material o de hecho y ha de ser patente, manifiesto, evidente o notorio, inmediatamente verificable a partir de las actuaciones judiciales. En el caso, existencia de error patente (en contra de lo que declara la sentencia recurrida, sí constan los documentos públicos relevantes para la aplicación de la condición resolutoria expresa). Motivación de las sentencias: justificación causal del fallo, al margen de que satisfaga o no los intereses y pretensiones de las partes; se vulnera este requisito cuando no hay motivación, si esta es insuficiente o si está desconectada con la realidad de lo actuado o da lugar a un resultado desproporcionado o paradójico; canon constitucional de la motivación; juicio sobre suficiencia de la motivación; no impone ni una argumentación extensa ni una respuesta pormenorizada a cada una de las alegaciones de las partes, sino una respuesta judicial argumentada en derecho y vinculada a los extremos controvertidos; puede ser escueta y concisa; motivación arbitraria. Estimación del recurso y asunción de la instancia: no hay incumplimiento imputable a la compradora; no opera la cláusula penal; actuación incumplidora de ambas partes que frustra la finalidad del contrato, que equivale en la práctica a su extinción por mutuo disenso, con el efecto de la restitución de las prestaciones.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo deducida antes de que expirase el plazo para que se resolviera la reclamación extrajudicial. El banco se allanó a la acción de nulidad, pero impugnó en apelación su condena en costas. La AP confirmó su condena por mala fe diciendo que el régimen de reclamación previa era voluntario para el cliente, que el banco no atendió la reclamación y que no se allanó al presentar su primer escrito sino después de varios tramites, evidenciando con tal conducta procesal su reticencia a atender la pretensión de la parte actora. La sala estima la existencia de infracción procesal aplicando su doctrina sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC. Para apreciar mala fe del banco la AP valoró erróneamente la prueba, al omitir que el banco contestó al requerimiento en plazo. Cuando recibió el requerimiento el banco contestó en plazo y ofreció el trámite de reclamación extrajudicial del art. 3 RDL 1/2017, pese a lo cual la demanda se presentó antes de que expirase el plazo de tres meses para resolver esa reclamación extrajudicial.
Resumen: Estimación del recurso de casación en un supuesto en el que la audiencia provincial había acogido el recurso de apelación y declarado que la demandante, ahora recurrida, es la madre no biológica del menor. La Sala 1ª, tras analizar el marco normativo y jurisprudencia sobre la materia, considera que la maternidad por naturaleza de la demandada quedó determinada por el parto el art.120 CC. Por el contrario, con arreglo al derecho vigente aplicable, no pudo haber determinación de la maternidad a favor de la demandante. En ese momento, el art. 7.3 LTRA permitía la determinación de la maternidad de la mujer casada con la madre que consintiera ante el encargado del Registro civil que se determinara respecto de ella la filiación cuando el niño naciera. En el caso, demandante y demandada nunca han contraído matrimonio, la demandante no prestó su consentimiento para que quedara determinada su maternidad, ni inició la única vía entonces posible para la determinación de la filiación, la adopción. Además, no se aprecia la existencia de posesión de estado. La sentencia recurrida no ha valorado adecuadamente el interés del menor; se entiende contrario a dicho interés que, tras no haber quedado determinada la filiación por el cauce legal previsto para ello, se fije judicialmente cuando no solo no resulta de una constante relación de maternidad vivida, sino que además es contraria a la voluntad, los deseos, sentimientos y opiniones de un menor ya adolescente.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que, al fijar la indemnización por clientela como consecuencia de la extinción de un contrato de agencia de telefonía, resolvió que no cabía incluir como remuneraciones, a los efectos de calcular esa indemnización, las recibidas por programas de desarrollo de actividad comercial, de desarrollo de infraestructuras, de renovación de tecnología, de postventa y las comisiones prepago. Se reitera la jurisprudencia dictada sobre asuntos relativos a contratos de agencia suscritos por Vodafone. Cuando se establecen una diversidad de servicios a prestar por el agente, no pueden tomarse en consideración para el cálculo de la indemnización por clientela únicamente las comisiones -fijas o porcentuales- propiamente dichas, sino que por «remuneración», en el sentido del art. 11 LCA, debe entenderse la totalidad de las cantidades percibidas por el agente por el desempeño de su actividad. Y ello no solo porque el art. 28.3 LCA se refiere a remuneraciones y no solo a comisiones, sino también porque la relación de colaboración mercantil entre las partes conllevaba la prestación por el agente de una multiplicidad de tareas que el empresario abonaba conforme a un modelo retributivo unitario, que no puede intentar fraccionar en detrimento de los derechos del agente. En consecuencia, se deberá incluir en el cálculo de esta indemnización todos los conceptos retributivos que la demandante percibía como consecuencia del contrato.
Resumen: Demanda interpuesta por una mercantil en la que solicitó que se declarase la no incorporación y nulidad de la cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés y se condenara a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, al considerar que la cláusula no superaba el control de incorporación y la Audiencia la confirmó. Recurre en casación la entidad bancaria y la sala estima el recurso. Declara la sala que, en este caso, la cláusula está contenida en la escritura pública, fue leída por el notario y no tiene dificultad alguna de comprensión; al contrario, explica de forma meridiana que, como consecuencia de su inclusión, el interés pactado no podrá bajar del suelo ni superar el techo; otra cosa es que el administrador social de la compañía mercantil prestataria pudiera ser más o menos consciente de su carga jurídica y económica, pero eso es control de transparencia, no de inclusión, y no cabe en un contrato entre profesionales. En consecuencia, desde el punto de vista de la cognoscibilidad, la sala no comparte la conclusión de la sentencia recurrida, puesto que la demandante tuvo posibilidad real y efectiva, con un mínimo de diligencia, de conocer la existencia de la cláusula suelo. Se estima la apelación y, en consecuencia, se desestima la demanda.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda interpuesta en ejercicio por el actor de una acción negatoria de servidumbre de paso de finca rustica. Argumenta el órgano de apelación que la parte apelada alega como cuestión previa que el artículo 250 LEC que enumera los asuntos que por razón de la materia deban ventilarse en juicio verbal, no contempla de forma específica el ejercicio de derechos reales, la tutela de los mismos como por ejemplo mediante la acción negatoria .Ello remite a la elección del procedimiento por razón de la cuantía que la propia actora, fijó en su demanda y mantuvo en el acto de la vista en la suma de 117,43 euros. No supera pues dicha cuantía la mínima de 3.000 euros exigida en el artículo 455 LEC para que sea admisible el recurso de apelación lo que deviene causa de desestimación del mismo.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las SSTS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. No ha lugar a pronunciarse sobre la licitud y eficacia de la cláusula de renuncia de acciones y derechos que se dice contenida en el acuerdo novatorio porque se considera inexistente. Sobre la novación de la cláusula suelo, la jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio, en el presente caso, no supuso la rebaja de la cláusula suelo sino su eliminación, por lo que no era necesaria la inclusión junto a la firma del cliente, de una expresión manuscrita en la que el prestatario manifestase haber sido informado de los posibles riesgos derivados del préstamo hipotecario. El convenio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9/05/2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo y además aparece redactado de forma clara y comprensible para un consumidor medio siendo las consecuencias jurídicas y económicas del mismo fácilmente comprensibles para cualquier consumidor medio. Se mantiene la condena en costas impuesta al banco en primera instancia, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Novación modificativa de préstamo hipotecario. Acuerdo posterior que sustituye el interés variable con cláusula suelo por fijo temporalmente y luego variable sin limitación. A diferencia de otros acuerdos celebrados por las entidades financieras tras la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, para la novación de la cláusula suelo, el acuerdo objeto de la litis no contiene una cláusula de renuncia de acciones. No puede partirse de la licitud y eficacia de una cláusula de renuncia inexistente. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. En este caso, el acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo. Además los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma, el convenio aparece redactado de forma clara y comprensible para un consumidor medio y en fin, las circunstancias concurrentes eran suficientes para que la estipulación por la que se eliminaba el interés mínimo, se establecía uno fijo durante 18 meses y la vuelta al variable sin suelo superase el control de transparencia. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
