• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2493/2019
  • Fecha: 28/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condenado en ambas instancias el banco demandado, con base en la Ley 57/1968, a pagar al demandante, hoy recurrente, las cantidades que reclamaba como anticipos a cuenta del precio de su vivienda, más sus intereses legales, el objeto del recurso de casación se reduce a la determinación del comienzo del devengo del interés legal. Se estima el recurso porque la sentencia de la Audiencia Provincial estableció que los intereses legales se devolviesen desde la fecha de presentación de la demanda. Se reitera la doctrina de la Sala Primera: los intereses se devengan desde la fecha de cada anticipo, dado que se trata de intereses remuneratorios y no moratorios. La cuestión de si procedería fijar el final del devengo de intereses en el momento en que la promotora fue declarada en concurso, es una cuestión nueva que no integró el debate de las instancias y que no procede examinar en casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1838/2019
  • Fecha: 28/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había desestimado la pretensión, frente a la aseguradora de una promotora de viviendas, de reclamación de las cantidades entregadas a cuenta para la compra de una vivienda, por estar prescrita esta acción al amparo del art. 23 LCS. La sala aplica su doctrina fijada de la sentencia de pleno 320/2019, de 5 de junio, que resuelve la aplicación del plazo de prescripción general del art. 1964 CC (quince años en su redacción aplicable) en lugar del previsto en el art. 23 LCS (dos años), habiendo declarado que la reforma de la Ley de Ordenación de la Edificación llevada a cabo por la Ley 20/2015 no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del comprador ni puede valorarse como interpretación auténtica de la Ley 57/1968. En el supuesto litigioso no había transcurrido el plazo de quince años ni siquiera en el peor de los casos para el demandante, desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda (primer cuatrimestre de 2010) hasta la fecha de interposición de la demanda (marzo de 2016). La estimación del recurso determina la devolución de actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener la acción por prescrita, se pronuncie sobre todas la cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 1183/2019
  • Fecha: 28/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia que había confirmado el pronunciamiento no condenatorio en costas de la primera instancia, basado en la estimación solo parcial de la demanda en cuanto a los efectos restitutorios, pese a la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula de gastos a cargo del prestatario, además de la de los intereses de demora y de vencimiento anticipado. Se reitera la jurisprudencia sobre esta materia. Al confirmar el pronunciamiento no condenatorio en costas, la resolución recurrida no respetó las exigencias derivadas de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y del principio de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretados por la jurisprudencia del TJUE y del TS. Por tal razón, se revoca el pronunciamiento sobre costas de primera instancia contenido en la sentencia de la Audiencia Provincial y lo sustituye por el de la condena a la entidad financiera demandada al pago de tales costas procesales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 4155/2018
  • Fecha: 24/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima en parte el recurso de casación frente a una sentencia que desestimó la demanda del prestatario consumidor y declaró la validez de un acuerdo, de abril de 2014, que eliminaba la cláusula suelo y establecía temporalmente un interés fijo, sin cláusula de renuncia. La sala reitera su jurisprudencia: una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuyo carácter abusivo puede ser declarado judicialmente, puede ser objeto de un acuerdo de novación entre ese profesional y ese consumidor. Para que esta novación sea válida es necesario que el consumidor preste un consentimiento libre e informado. En el caso, la modificación de la regulación del interés remuneratorio no supuso la mera rebaja del límite mínimo, sino la completa eliminación de la cláusula suelo, por eso no es exigible la inclusión de una expresión manuscrita del consumidor sobre el conocimiento de riesgos. EL acuerdo supera el control de transparencia, aparece redactado de forma clara y comprensible y el contexto temporal de la novación, tras la STS 241/2013, provocó el conocimiento generalizado de la eventual nulidad de las cláusulas suelo. La validez de este acuerdo no comporta una renuncia tácita al ejercicio de acciones derivadas de la cláusula suelo. La validez de la renuncia exigiría que el consumidor fuera informado de su coste económico y en el caso ni siquiera la renuncia tácita es clara, terminante y equívoca. Se estima la pretensión de restitución de las cantidades.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3507/2017
  • Fecha: 16/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de cláusula que referenciaba el interés variable al IRPH, estimada en ambas instancias por considerarse que dicha cláusula no superaba el control de transparencia por no haberse facilitado a la prestataria información sobre los términos de la oferta vinculante, ni haber explicado las consecuencias de la elección de ese índice en lugar de otros que hubieran resultado más favorables. Cláusulas abusivas en los contratos concertados con consumidores y la jurisprudencia que la interpreta. Conforme a dicha doctrina, un primer parámetro de transparencia vendría constituido por la publicación del IRPH en el BOE, un segundo parámetro, era la información que la entidad prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. En concreto, debía comprobarse el cumplimiento por la entidad de crédito de la obligación de informar a los consumidores, conforme a la normativa nacional, de "cuál había sido la evolución del IRPH de las cajas de ahorros durante los dos años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamo y del último valor disponible". Esta exigencia ha sido matizada, si por los datos públicamente disponibles un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, estuviera en condiciones de entender el funcionamiento del cálculo. Además, la falta de transparencia no sería condición suficiente para apreciar la abusividad. No concurre en el caso ni el desequilibrio ni la mala fe. Se estima la casación.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pontevedra
  • Ponente: MANUEL ALMENAR BELENGUER
  • Nº Recurso: 1056/2021
  • Fecha: 16/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se resuelve sobre un contrato de dos productos, un préstamo mercantil y una tarjeta PASS, con seguro aparejado. El demandado utilizó la tarjeta y efectuó disposiciones durante cuatro años. El examen de los movimientos contables que se recogen en el extracto constatan la fecha de cada movimiento, el concepto y el importe. En el funcionamiento de las tarjetas el usuario debe controlar los extractos y protestar ante cualquier incorrección. Sobre el carácter abusivo de las cláusulas se trata de un supuesto de absoluto desconocimiento de lo pactado. Existe imposibilidad, o al menos notoria dificultad, de que por su minúsculo tamaño las cláusulas sean leídas, lo que afecta directamente a la posibilidad de comprensión, y, por tanto, al requisito de transparencia. Se declara la nulidad de las cláusulas y se liquidan únicamente los cargos realizados en concepto de compras o disposiciones realizadas efectivamente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3437/2017
  • Fecha: 16/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de cláusula que establece como índice de referencia de un préstamo hipotecario a interés variable el IRPH. Controles de trasparencia y de contenido. Un primer parámetro de transparencia vendría constituido por la publicación del IRPH en el BOE que permite al consumidor medio comprender cómo se calcula el referido índice, de modo que esa publicación salva las exigencias de transparencia en cuanto a la composición y cálculo del IRPH. El segundo parámetro viene establecido por la información que la entidad prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. Aun en el caso de que la ausencia de información directa sobre la evolución del IRPH en los dos años anteriores determinara la falta de transparencia de la cláusula cuestionada, ello no implica su nulidad sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, permite valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. El ofrecimiento por la entidad prestamista de un índice oficial, aprobado por la autoridad bancaria, no puede vulnerar por sí mismo la buena fe. El desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes debe ser valorado en el momento de suscripción del contrato. La evolución más o menos favorable del índice no puede ser determinante. Inexistencia de desequilibrio y de mala fe.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 3575/2017
  • Fecha: 15/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reiteración de la jurisprudencia de la sala primera sobre la validez de la cláusula de interés variable referenciada al índice IRPH inserta en un préstamo hipotecario concertado con consumidores. Las sentencias de primera y segunda instancia declararon la nulidad de la cláusula por no superar el control de transparencia. Recurrida en casación la sentencia por el banco, la sala estima el recurso. En primer lugar, declara que, conforme a la doctrina de la sala, es posible que una cláusula que afecta al objeto principal del contrato se configure como una condición general de la contratación; en segundo lugar, reitera la jurisprudencia sobre los parámetros a tener en cuenta al examinar la cláusula litigiosa que son, en esencia, la publicación del IRPH en el BOE, que permite al consumidor conocer cómo se calcula el tipo medio y la información que la prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. Dadas estas condiciones, aunque en el caso de que la falta de información sobre la evolución en los dos años anteriores pudiera considerarse como no transparente, ello no determinaría la nulidad per se, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, es decir, si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. No se aprecia mala fe ni desequilibrio importante entre las partes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO GARCIA MARTINEZ
  • Nº Recurso: 5947/2018
  • Fecha: 15/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo en préstamo hipotecario por falta de transparencia, desestimada en ambas instancias. La jurisprudencia sobre el control de transparencia de las condiciones generales insertas en contratos celebrados con consumidores reitera, en lo que interesa para el caso, que lo relevante es la información precontractual, que permite comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar, que la intervención del notario no suple la falta de información del banco, que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por sí, la finalidad o razón de ser de la exigencia de transparencia, y que el deber de información precontractual no puede quedar reducido a que el prestatario tenga la posibilidad de acceder a la minuta de la escritura en que se instrumenta el contrato dentro de los tres días previos a la firma. El fedatario público interviene en el momento final del iter contractual, cuando las voluntades ya están conformadas, y cuando la posibilidad del prestatario de dar marcha atrás deviene excepcional. La sentencia recurrida se aparta de este cuerpo de doctrina porque que la cláusula se hubiera incorporado válidamente, de forma comprensible, sin enmascaramientos, no implica que el banco ofreciera la debida información precontractual, y porque la oferta vinculante se hizo solo un día antes de la firma de la escritura
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO GARCIA MARTINEZ
  • Nº Recurso: 4190/2018
  • Fecha: 15/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cláusula suelo. Recurso extraordinario por infracción procesal. Se estima. Incongruencia. La congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes, oportunamente deducidos, y el fallo de la sentencia, en atención a la petición y a la causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no solo de los preceptos procesales sino también cuando afecta al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal. La Audiencia ha declarado la nulidad de la cláusula suelo por contravención de la buena fe contractual alterando con ello la causa de pedir (basada en la falta de transparencia y en la abusividad de la cláusula suelo) y dictando una sentencia incongruente. Asumida la instancia se concluye que como el recurrente no tiene la condición legal de consumidor no cabe aplicar la normativa de consumidores y usuarios ni llevar a cabo los controles de transparencia y abusividad, siendo procedente únicamente el control de incorporación. Este último requiere que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En las cláusulas suelo, como la presente, en principio, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o, en su caso por los contratantes, suele satisfacer ambos aspectos.

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