Resumen: El banco demandado fue condenado en ambas instancias a restituir al comprador demandante (ahora recurrente) las cantidades anticipadas que reclamaba en este pleito más el interés legal. El objeto del recurso de casación se reduce a determinar el comienzo del devengo del interés legal, toda vez que el recurrente pide que se fije a tal efecto las respectivas fechas de entrega de las cantidades aportadas, frente al criterio de la sentencia recurrida de fijarlo en la fecha de la demanda. En la sentencia recurrida se razona que la responsabilidad del banco receptor de los anticipos comienza con la falta de entrega de la obra y que desde esta fecha hasta la demanda no constaba que dicho banco hubiera sido requerido de pago extrajudicialmente. Se estima el recurso, al apreciar que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia de la Sala Primera, que dispone que los intereses legales se devengan desde cada anticipo, al ser intereses remuneratorios. Esta doctrina se ha aplicado con independencia de que se haya declarado responsable a una entidad garante o, como en este caso, a la entidad bancaria receptora de los anticipos por no exigir la apertura de cuenta especial debidamente garantizada.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos, considerando prescrita la acción de restitución. El tribunal estima el recurso de apelación, revoca la sentencia y acuerda condenar a la restitución de los gastos vinculados a la nulidad de la cláusula; no considera prescrita la acción para reclamarlos. El tribunal considera que las sentencias de 23 de enero de 2019 consolidan jurisprudencia en relación con los efectos derivados de la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos, y que dicha fecha ha de ser tomada como referencia para el inicio del cómputo del plazo de prescripción. Y desde esa fecha hasta la presentación de la demanda no transcurrió el plazo de prescripción de cinco años de las acciones personales.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos al prestatario sin expresa condena al pago de las costas procesales. El recurso de apelación solo tiene por objeto el pronunciamiento sobre costas procesales. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación y revocó el pronunciamiento sobre costas procesales y, en su lugar, acordó la condena de la parte demandada al pago de las costas procesales. Considera el tribunal que el demandante tiene un legítimo interés en la declaración de nulidad de la cláusula, aunque no ejercite la de restitución de los indebidamente satisfechos por el prestatario. El tribunal rechaza la existencia de abuso o que la demanda pretenda eludir causas de oposición como la prescripción de la acción de restitución, y afirma que tampoco la demandada reconoció la nulidad de la cláusula al ser requerida a tal efecto por el prestatario. Considera, por lo tanto, total la estimación de la demanda y procedente la condena de la demandada al pago de las costas procesales. Para fundar su decisión también recurre a la doctrina del TJUE sobre la distribución de gastos en el proceso cuando se ejercitan acciones para solicitar la declaración de nulidad de una cláusula abusiva (el principio de efectividad justifica la atribución de los gastos al empresario cuando solo existe una mera divergencia económica).
Resumen: Sucesivos swaps, sin que en dos de ellos se hubiera suministrado por el banco la debida información previa ni cumplimentado los test. Acción de anulabilidad por error vicio en el consentimiento y restitución de prestaciones. En las dos instancias se confirmó la caducidad de la acción respecto de las cuatro primeras operaciones y en cuanto a las dos últimas, aunque no consta acreditado el deber de información precontractual del banco siendo el cliente un inversor minorista, se concluye que no existió error, pues quien contrató por la demandada era conocedora del producto y sus riesgos. Contratos suscritos post MiFID: la asimetría impone a las entidades prestadoras de servicios financieros un deber de información precontractual sobre características del producto y sus riesgos. Aunque por sí mismo el incumplimiento de esos deberes de información no conlleva apreciación de error vicio, es un dato que incide en la apreciación del error. En este caso no consta que el banco calificara al cliente como inversor profesional, por lo que era minorista, y por ello el banco estaba obligado a suministrar con carácter previo una información clara y comprensible al cliente (TAFECSA) que permitiera conocer los riesgos concretos de estos productos, y realizar los correspondientes test de conveniencia o de idoneidad, en su caso, lo que no hizo. Opera la presunción de error vicio. No siempre la previa contratación de swaps implica conocimiento del producto y sus riesgos.
Resumen: Demanda de nulidad, anulabilidad y resolución contractual y de responsabilidad por incumplimiento contractual, respecto de un producto financiero estructurado suscrito con una entidad bancaria La demanda se dirigió contra la sociedad matriz de la que figura en el contrato. La sentencia recurrida apreció la falta de legitimación pasiva de la entidad bancaria demandada, dado que dicha entidad no fue parte en el contrato de compraventa del producto. Recurso extraordinario por infracción procesal: el principio de congruencia de las sentencias se proyecta sobre las pretensiones no sobre los argumentos como hace el recurrente. La legitimación procesal es susceptible de examen por el cauce del recurso extraordinario por infracción procesal y por la vía del recurso de casación. El recurso de casación se desestima con expresión de la jurisprudencia sobre el principio de relatividad de los contratos. En el caso, el respeto a la personalidad jurídica de las sociedades de capital excluye la legitimación de la demandada por el hecho de ser la sociedad matriz del grupo en el que se integra la entidad contratante. Circunstancias diversas a las de la STS 769/2014. La respuesta a las reclamaciones previas del cliente no es un acto propio que necesariamente suponga el reconocimiento de la legitimación pasiva.
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia que condenó a la entidad demandada (avalista colectivo) al abono de las cantidades entregadas a cuenta por considerar aplicable la Ley 57/68 a un acuerdo entre las partes en el que expresamente se pactaba someterse a las garantías de esa ley. La ley 57/68 no es aplicable a quien adquiere la vivienda con fines no residenciales, ni, por tanto, al comprador de un apartamento turístico destinado, como el conjunto en el que se integra (Hacienda Casares) a una finalidad y explotación hotelera. El pacto entre las partes, compradora y vendedora, para aplicar dicha ley no vincula al banco. Aunque el comprador no consumidor y el vendedor puedan pactar en el contrato de compraventa la obligación del vendedor de garantizar la devolución de los anticipos y la sujeción de la garantía a lo establecido en la Ley 57/1968, esta sujeción provendrá de lo pactado entre las partes, no de la propia ley ni de su interpretación jurisprudencial. De forma que este acuerdo se regirá por lo pactado y no por el régimen tuitivo de la Ley 57/1968 y su jurisprudencia, lo que implica que no sea aplicable al comprador inversor la doctrina jurisprudencial sobre la efectividad de las pólizas colectivas en ausencia de aval individual. En consecuencia, no puede aplicarse en contra del banco la doctrina jurisprudencial existente sobre la eficacia de los avales colectivos en favor de los compradores sí amparados por la Ley 57/1968.
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia que condenó a la entidad demandada (avalista colectivo) al abono de las cantidades entregadas a cuenta por considerar aplicable la Ley 57/68 a un acuerdo entre las partes en el que expresamente se pactaba someterse a las garantías de esa ley. La ley 57/68 no es aplicable a quien adquiere la vivienda con fines no residenciales, ni, por tanto, al comprador de un apartamento turístico destinado, como el conjunto en el que se integra (Hacienda Casares) a una finalidad y explotación hotelera. El pacto entre las partes, compradora y vendedora, para aplicar dicha ley no vincula al banco. Aunque el comprador no consumidor y el vendedor puedan pactar en el contrato de compraventa la obligación del vendedor de garantizar la devolución de los anticipos y la sujeción de la garantía a lo establecido en la Ley 57/1968, esta sujeción provendrá de lo pactado entre las partes, no de la propia ley ni de su interpretación jurisprudencial. De forma que este acuerdo se regirá por lo pactado y no por el régimen tuitivo de la Ley 57/1968 y su jurisprudencia, lo que implica que no sea aplicable al comprador inversor la doctrina jurisprudencial sobre la efectividad de las pólizas colectivas en ausencia de aval individual. En consecuencia, no puede aplicarse en contra del banco la doctrina jurisprudencial de esta sala sobre la eficacia de los avales colectivos en favor de los compradores sí amparados por la Ley 57/1968.
Resumen: Recurso de casación admisible: fundado en el interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, se citan e identifican las sentencias que lo pondrían de manifiesto. Como regla, la contradicción entre condiciones particulares y condiciones generales debe resolverse a favor de las primeras, salvo que las generales resulten más favorables para el adherente. En el caso, no hay contradicción, puesto que al hablar la póliza de invalidez por cualquier causa se refiere a cualquier posible origen de la invalidez (accidente, enfermedad, etc.), mientras que cuando define la invalidez incapacitante se está refiriendo a un tipo concreto -la absoluta- dentro de las posibles. Definición de riesgo establecida en la póliza: se indica que la incapacidad debe ser absoluta, esto es para mantener cualquier relación laboral o actividad profesional; cláusula delimitadora del riesgo en cuanto que concretan el objeto del contrato y fija qué riesgos, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro; no es una cláusula que limite o modifique el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Interpretación contra proferentem: cláusulas que no son oscuras ni inteligibles, sino claras, incluso didácticas, que tampoco vulneran protección la normativa sobre consumidores y condiciones generales de la contratación.
Resumen: Apartamento turístico tipo suite en construcción, destinado, como el conjunto en el que se integraba, a una finalidad y explotación hotelera, no residencial. Inaplicabilidad de la Ley 57/1968 por la finalidad no residencial de la compraventa. La Ley 57/1968 no ampara a los compradores de vivienda que adquieren para un uso. no residencial propio, sino negocial. No puede aplicarse en contra del banco la doctrina jurisprudencial sobre la eficacia de los avales colectivos en favor de los compradores que sí están amparados por la Ley 57/1968. El pacto entre las partes para aplicar dicha Ley no vincula al banco. Aunque la sentencia 857/2021 se refirió también a la ausencia de pacto entre promotor y banco para avalar a todos los compradores del mismo complejo hotelero y a la falta de compromiso del banco para avalar al comprador, se trata de meras consideraciones añadidas a la verdadera razón decisoria, que es la improcedencia de imponer al banco demandado derechos irrenunciables del comprador cuando resulta que la razón de ser de esa imperatividad de la Ley 57/1968 no es otra que el destino residencial de la vivienda y no, por tanto, el fin negocial o de explotación existente en estos casos. La inaplicabilidad de la Ley 57/1968 debería haber supuesto que tampoco se declarase responsable al banco depositario, pero ese pronunciamiento condenatorio de la sentencia recurrida ha quedado firme, al no haber sido recurrida por el banco demandado.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: inexistencia de error notorio en la valoración de las pruebas testificales de los empleados del banco demandado; principio de facilidad probatoria (corresponde a la demandante acreditar que su asesor financiero carecía de cualificación para superar el pretendido déficit informativo); inexistencia de error en la valoración de la prueba pericial. Ni la falta de acreditación de la información que con carácter previo a la contratación del producto debe proporcionar la entidad financiera, ni la ausencia del test de conveniencia o, en su caso, el de idoneidad, determinan por sí la existencia de error vicio, sino que permiten presumirlo, lo que no impide que pudiera acreditarse que a pesar de la falta de constancia de la información precontractual y del preceptivo test, el cliente contrató con conocimiento de las características del producto y de sus riesgos. La ausencia de información escrita precontractual por parte del banco no generó perjuicio alguno en la parte demandante (calificable como cliente profesional) dado que conocía a través de su asesor financiero las características del producto que adquiría, sus riesgos y las consecuencias de su cancelación, a lo que se une que la cancelación fue negociada también con el debido asesoramiento de su asesor financiero.
