Resumen: Proceso declarativo en el que se ejercita la pretensión de vencimiento anticipado por incumplimiento grave y esencial de las obligaciones del prestatario que deja de pagar las cuotas e insolvencia sobrevenida. Es posible resolver el préstamo cuando el prestatario incumple de manera grave sus obligaciones esenciales, como la de devolver el capital en ciertas cuotas o abonar los intereses. Para valorar la gravedad del incumplimiento debe tenerse en cuenta tanto su carácter prolongado en el tiempo como la falta de reparación de la situación por parte del deudor. Entre los supuestos que permiten al acreedor anticipar el vencimiento de la obligación se encuentra la insolvencia sobrevenida del deudor. Para evitar el vencimiento anticipado sería preciso que el deudor ofreciera una nueva garantía, sin que en otro caso resulte exigible al acreedor que espere al término final de la operación para hacer efectivo su crédito. En el caso, el acreedor estaba facultado para declarar el vencimiento anticipado al haberse producido un incumplimiento en el pago de las cuotas vencidas de entidad suficiente como para revelar la falta de seguridad del pago del crédito. La declaración de vencimiento anticipado efectuada por la entidad acreedora con anterioridad a la presentación de la demanda no excluye su posterior petición en un proceso. Excede del contenido propio de la sentencia declarativa de condena el pronunciamiento sobre el procedimiento que debe seguirse para su ejecución.
Resumen: El Pleno de la Sala estima el recurso de casación interpuesto por un consumidor contra la sentencia que no impuso las costas procesales a la entidad bancaria que, pese a allanarse a la demanda, había rechazado previamente una reclamación extrajudicial que tenía el mismo contenido. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial resolvieron que cada parte debía cargar con sus propias costas porque la demanda se había presentado cuando ya estaba en vigor el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y el demandante no había acudido al procedimiento extrajudicial previsto en dicha norma. La Sala tiene en cuenta que, aunque la reclamación extrajudicial del consumidor tuvo lugar antes de la entrada en vigor del RDL 1/2017, esa actuación fue justamente la prevista en esta norma: efectuar una reclamación a la entidad financiera para que dejara de aplicar la cláusula suelo y le devolviera lo indebidamente cobrado por su aplicación. La entidad financiera rechazó la solicitud alegando que su actuación había sido correcta y que la cláusula suelo no era abusiva. Sin embargo, interpuesta la demanda, se allanó a la misma. Por ello, el Tribunal Supremo concluye que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial infringe el RDL 1/2017, interpretado a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de la cláusula que impone al prestatario el pago de todos los gastos derivados de la contratación de un préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y condenó al banco demandado a devolver todos los gastos abonados por el cliente-demandante. La audiencia confirmó la sentencia. Recurre en casación el banco demandado y la sala estima su recurso. La sala reitera su doctrina, según la cual, el principal sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el prestatario, los gastos de notaría deben ser satisfechos por mitad y los gastos del Registro de la Propiedad deben ser satisfechos por el prestamista. Respecto de los gastos de gestoría y tasación, la sala declara que, de acuerdo con la doctrina de la STJUE de 16 de julio de 2020, ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabía negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula declarada abusiva; cuando resulte de aplicación la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, los gastos de tasación corresponderán al prestatario, por haberlo prescrito así en el apartado i) de su art. 14.1.e. Se estima en parte el recurso de casación y la demanda.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo hipotecario, novado posteriormente en documento privado en el que se rebajó el límite de intereses y se renunció al ejercicio de acciones con causa del contrato así como a las liquidaciones habidas hasta la fecha. En primera instancia se estimó la demanda y, recurrida en apelación, la Audiencia Provincial desestimó el recurso. Afirmó la nulidad de la cláusula suelo inicial contenida en el contrato de préstamo hipotecario y argumentó por qué también es ineficaz la reducción de la cláusula suelo y la renuncia al ejercicio de las eventuales acciones de nulidad contenida en el documento de novación. Declaró la imposibilidad de convalidar la cláusula nula mediante su sustitución por otra que sea más favorable a los intereses del consumidor incluso aunque contenga una renuncia a la acción de nulidad que pudiera corresponderle. La demandada interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra dicha sentencia, aunque luego se desistió del primero. En casación se cuestiona la valoración jurídica del documento privado de novación, defendiendo la validez de la transacción y de la renuncia de acciones contenida en el mismo. La Sala, conforme a la STJUE 9/7/20, estima en parte el recurso, declara la validez de la novación de la cláusula suelo y la nulidad de la renuncia genérica al ejercicio de cualesquiera acciones relativas al contrato de préstamo hipotecario.
Resumen: Denegación de la suspensión del recurso de casación por la pendencia de cuestión prejudicial ante el TJUE (entre otras razones, las cuestiones sustanciales que se plantean en ella ya han sido resueltas por el TJUE). Motivo de casación inadmisible: se denuncia una norma procesal. Estipulaciones en documento privado que constituyen una modificación o novación de la cláusula suelo. y que contienen una renuncia al ejercicio de acciones, que son dos elementos esenciales de un negocio transaccional. Reiteración de doctrina jurisprudencial: la doctrina del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula, como la cláusula suelo, pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada individualmente, sino que la cláusula ha sido predispuesta por el empresario, en ese caso debería cumplir, entre otras exigencias, con las de transparencia. Pautas interpretativas en la doctrina del TJUE sobre la introducción de la cláusula suelo y su aplicación a un posterior acuerdo contractual, no negociado individualmente, que modifica la inicial cláusula suelo. En el caso: cláusulas no negociadas; la cláusula de modificación cumple las exigencias de transparencia; la cláusula de renuncia no es válida ya que abarca a cuestiones ajenas a la controversia sobre la cláusula suelo. No cabe la aplicación de las normas de confirmación de los contratos anulables. Costas de primera instancia: principio de no vinculación.
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria frente a una sentencia que había declarado la nulidad por falta de transparencia de dos cláusulas suelo y también la nulidad del acuerdo posterior por el que se rebajó el límite mínimo y se introdujo una cláusula en virtud de la cual el prestatario renunciaba a ejercitar cualquier acción que trajera causa de su formalización y clausulado. La sala reitera su doctrina dictada en supuestos semejantes al litigioso. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado en un momento en el que se había publicado la STS de 9 de mayo de 2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo, además se valora que los prestatarios realizaron una trascripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual en la que se expresaba el valor del índice, además de su publicación en el BOE. La renuncia de acciones es abusiva por su carácter genérico ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de las cláusulas suelo iniciales.
Resumen: Recurso de casación admisible: se citan las normas de Derecho comunitario que se consideran infringidas, se expone las razones por las que la parte recurrente entiende que han sido vulneradas y se identifican las sentencias del Tribunal Supremo a las que se opondría la sentencia recurrida; el acierto del planteamiento no condiciona la admisibilidad del recurso, sino su estimación. Las costas en los litigios sobre cláusulas abusivas en caso de estimación total de la demanda con apreciación de serias dudas de derecho y principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas. Doctrina jurisprudencial: la regulación de las costas procesales pertenece en principio a la esfera de la autonomía procesal de los Estados miembros; si por la apreciación de existencia de serias dudas de hecho o de derecho, el consumidor, vencedor del litigio, tuviera que pagar los gastos de su defensa y representación, no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos; efecto disuasorio inverso; la regla general del vencimiento favorece el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea. La regulación de la imposición de las costas no colisionará con el Derecho de la Unión Europea y, en concreto con la Directiva 93/13/CEE, si se respetan los principios de efectividad y equivalencia.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario. La sentencia de la Audiencia Provincial confirma la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad de la cláusula con efecto restitutorio pleno. Sin embargo, estima el motivo de apelación formulado por la entidad predisponente referido a la no imposición de costas en la primera instancia y aprecia dudas de derecho. Por esta razón, no se imponen las costas de la primera instancia ni las de apelación, en este último caso, ante la estimación parcial del recurso de apelación. Recurre en casación el cliente demandante y la sala estima su recurso. Se aplica la doctrina contenida en varias resoluciones, según la cual, si pese a vencer en un litigio sobre cláusulas abusivas, el consumidor tuviera que pagar los gastos derivados de su defensa y representación por apreciarse serias dudas de hecho o de derecho, se produciría un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de promover litigios por cantidades moderadas. Por lo expuesto, en seguimiento del principio de efectividad del derecho comunitario y el efecto disuasorio que supone su aplicación, la sala casa la sentencia recurrida y confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: Ley 57/1968. Contratos de compraventa de viviendas pertenecientes a una promoción respecto de la cual existía póliza colectiva de entidad bancaria garantizando la devolución de los anticipos. Responsabilidad de la entidad avalista por el total de las cantidades anticipadas por los compradores correspondientes a pagos previstos en el contrato. La entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales, responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses, sin que proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro y sin que su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato dependa de que se ingresen o no esas cantidades en una cuenta bancaria, ni del carácter de la cuenta en que se ingresen. Ni siquiera exonera de responsabilidad al banco avalista la circunstancia de que los pagos se hicieran en metálico y no se ingresaran en cuenta alguna de la promotora, ya estuviera abierta en la entidad avalista o en otra entidad, a menos que se pruebe que, por tratarse de pagos de cantidades no previstas en el contrato, ni siquiera con la entrega de copia de los contratos podía la avalista evitar que escaparan a su control. Se desestima el recurso por infracción procesal, por incumplimiento de requisitos formales y carencia manifiesta de fundamento, y se estima en parte el recurso de casación.
Resumen: La Sala estima el recurso por infracción procesal al considerar que la sentencia recurrida incurre en un error patente en la valoración de la prueba documental privada y, en consecuencia, estima probado que del total de cantidades anticipadas por el comprador a cuenta del precio de las dos viviendas adquiridas solo ingresó en la cuenta que la promotora tenía en la entidad bancaria demandada y ahora recurrente, la cantidad de 6.955€. Asimismo, se estima el recurso de casación. No se cuestiona en el recurso la responsabilidad legal de la entidad bancaria, ahora recurrente conforme al art.1-2º de la Ley 57/1968 y la jurisprudencia de la Sala Primera que lo interpreta, sino que tan solo pretende limitarla cuantitativamente para que, de conformidad con dicha doctrina, únicamente comprenda las cantidades efectivamente ingresadas en dicha entidad (su responsabilidad es la propia de las entidades receptoras de cantidades, no la del garante). No basta con la prueba de que se hicieron los anticipos, como pretende la parte demandante-recurrida, sino que ha de probarse que las cantidades se ingresaron en alguna cuenta de la promotora en la entidad bancaria demandada. Dada la revisión de la base fáctica de la sentencia recurrida en los términos que resultan de la estimación del recurso por infracción procesal, y acreditado que solo se ingresaron 6.955 euros del total de lo anticipado, a dicha cantidad ha de limitarse la responsabilidad del banco demandado.
