Resumen: Novación de cláusula suelo con pacto de renuncia a ejercitar cualquier acción por parte del prestatario. Acción de nulidad del contrato inicial y del novatorio, y oposición del banco aduciendo la existencia de la citada renuncia. La demanda fue estimada en ambas instancias, se declaró la nulidad de la cláusula suelo y del acuerdo que la novó, y se condenó al banco a la restitución de las cantidades cobradas en aplicación de tal cláusula, con sus intereses legales. Según jurisprudencia ya reiterada, el TJUE admite la validez de una cláusula de renuncia de acciones incorporada a un acuerdo transaccional, pero siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. En caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia debería cumplir con las exigencias de transparencia representadas porque el consumidor dispusiera de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula. En este caso la novación de la cláusula suelo fue una transacción válida, dado que, pese a ser predispuesta, fue transparente, pues el prestatario en ese momento ya conocía que era potencialmente nula, y la incidencia de la cláusula inicial y de la nueva, por la que el interés no bajaría del 2,5%. Sin embargo, es nula la de cláusula renuncia de acciones que abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al acuerdo transaccional.
Resumen: Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre novación de la cláusula abusiva: es posible que una cláusula potencialmente nula, como la cláusula suelo, pueda ser modificada por las partes, pero si esta modificación no se negocia individualmente, sino que la cláusula ha sido predispuesta por el empresario, debe cumplir las exigencias de transparencia. Pautas interpretativas para el control de transparencia: información al prestatario consumidor; circunstancias concurrentes (contexto de la novación tras la STS 241/2013 que provocó el conocimiento generalizado de la eventual nulidad de las cláusulas suelo, conocimiento del consumidor de la repercusión de la cláusula originaria y de la evolución del índice de referencia en años anteriores y previsibles; publicación de la evolución de los índices de referencia por el Banco de España; la trascripción manuscrita del consumidor sobre el alcance de la cláusula no basta para afirmar que fue negociada, pero puede contribuir a su transparencia). Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo transaccional que contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones. Nulidad de la cláusula de renuncia de acciones que no se limita a las acciones relativas a la validez de la cláusula suelo, sino que abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace en dicho acuerdo. Costas procesales: imposición al banco demandado de las de primera instancia no obstante la estimación parcial de la demanda.
Resumen: Novación de cláusula suelo (Ibercaja). Acuerdo posterior que modifica a la baja la cláusula. Validez del acuerdo novatorio porque supera el control de transparencia. Costas. Conforme a la doctrina del TJUE, es posible que una cláusula potencialmente nula, como la cláusula suelo, pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada individualmente, sino predispuesta, debe cumplir el control de transparencia. El TJUE entiende que la información que debía suministrarse al prestatario consumidor debía permitirle conocer las consecuencias económicas derivadas del mantenimiento de la cláusula suelo, criterio de transparencia que se cumple en este caso (ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una trascripción manuscrita de conocimiento de la cláusula y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España). Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula suelo inicial, con restitución de las cantidades indebidamente pagadas hasta el acuerdo novatorio. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con el TJUE.
Resumen: Novación de cláusula suelo con pacto de renuncia a ejercitar cualquier acción por parte del prestatario. Acción de nulidad del contrato inicial y del novatorio. Según jurisprudencia ya reiterada, el TJUE admite la validez de una cláusula de renuncia de acciones incorporada a un acuerdo transaccional, pero siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. En caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia debería cumplir con las exigencias de transparencia representadas porque el consumidor dispusiera de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula. En este caso la novación de la cláusula suelo fue una transacción válida, dado que, pese a ser predispuesta, fue transparente, pues el prestatario en ese momento ya conocía que era potencialmente nula, y la incidencia de la cláusula inicial y de la nueva, por la que se sustituía aquel interés variable por uno fijo. Sin embargo, es nula la de cláusula renuncia de acciones que abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al acuerdo transaccional
Resumen: Se desestima el recurso de casación de la entidad financiera, que defendía la validez de las cláusulas de las novaciones modificativas cuando cumplen las exigencias de transparencia (exigencias que entendía cumplidas en el acuerdo firmado por las partes, que suprimía la cláusula suelo) y de las cláusulas de renuncia de acciones, cuando no se tratara de renuncias previas. Una vez que la cláusula suelo fue suprimida y no se sustituyó por otro "suelo" inferior, un interés fijo o un incremento del diferencial, la controversia se ciñe a la validez de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones. Se reitera la doctrina fijada en otras sentencias anteriores y se considera que la cláusula es nula. La jurisprudencia admite la inclusión de una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones dentro de un acuerdo transaccional, siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada, o que sea transparente, de modo que el consumidor haya podido conocer de antemano las consecuencias que derivaban de la misma. En este caso, la cláusula de renuncia abarca a cuestiones ajenas a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional. Incluso en el caso de que la cláusula hubiera ceñido la renuncia de acciones a las relativas a la cláusula suelo, la misma sería abusiva, porque el predisponente no había facilitado al consumidor la información sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que declaró la nulidad de la cláusula de gastos, atribuyó por mitad el pago de los gastos notariales y no impuso las costas de la primera instancia. La Sala reitera su doctrina. Se desestima el motivo de casación referido a la atribución del gasto notarial, ya que la obligación de restituir únicamente el 50% de los gastos abonados por los prestatarios es conforme con la doctrina de la Sala Primera. Se revoca el pronunciamiento sobre las costas de primera instancia, que no se impusieron a la entidad demandada pese a la declaración de abusividad de la cláusula. Al resolver así, la resolución recurrida no respetó las exigencias derivadas de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y del principio de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretadas por las SSTS 419/2017, de 4 de julio y 35/2021 de 27 de enero, y por la STJUE sentencia de 16 de julio de 2020. En consecuencia, se condena al banco demandado al pago de tales costas procesales.
Resumen: Ley 57/1968. Póliza colectiva para garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Falta de emisión de los certificados individuales. Responsabilidad de la entidad avalista por el total de las cantidades anticipadas por los compradores a cuenta del precio de su vivienda correspondientes a pagos previstos en el contrato, aunque se hicieran en efectivo a la promotora y no se ingresaran por esta en cuenta abierta a su nombre en la avalista o en otra entidad. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la sala, la entidad debe responder frente a los compradores de las cantidades previstas en el contrato y anticipadas por ellos aunque no se ingresaran en una cuenta de la promotora. El banco no se ha opuesto a los recursos. Sin necesidad de examinar el recurso extraordinario por infracción procesal, se estima el recurso de casación y se confirma la sentencia de primera instancia, incluido el devengo del interés legal en las fechas de las respectivas entregas a cuenta, tal y como se pidió en la demanda y establece la jurisprudencia de esta sala. Al asumir la instancia, se estima el recurso de apelación del banco en cuanto impugnó su condena a pagar las costa de la primera instancia, pues la reducción del principal reclamado es suficientemente significativa para concluir que la estimación de la demanda, a diferencia de lo razonado en la sentencia de primera instancia, no fue sustancial, sino parcial.
Resumen: Demanda interpuesta antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Litigio regido en materia de costas por las normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Regulación de las costas en caso de allanamiento y finalidad de la norma (fomentar la solución extrajudicial a los conflictos). La norma general no es contraria al Derecho de la UE, incluso cuando se aplica en litigios sobre cláusulas abusivas. Coordinación del principio de protección del consumidor, que tiene como una de sus facetas la efectividad de protección frente a las cláusulas abusivas, con otros principios del Derecho de la UE, como es el de garantizar la buena administración de justicia, uno de cuyos aspectos es procurar que los medios de los tribunales se utilicen para resolver los asuntos que exijan ineludiblemente una solución judicial, lo que también beneficia al consumidor. Fomento de UE de las soluciones extrajudiciales a los litigios, también en materia de consumo. En el caso: los demandantes formularon en la demanda una petición principal (eliminación de la cláusula suelo y restitución de las cantidades cobradas en aplicación de dicha cláusula desde la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013) que había sido aceptada en la comunicación que el banco les había hecho llegar apenas unos días antes en contestación a su requerimiento. Proceso innecesario.
Resumen: Acción de nulidad de por abusivas de determinadas cláusulas, que fue estimada en parte, pero sin imponer las costas al banco demandado. Sin necesidad de examinar el recurso por infracción procesal, se estima el de casación y se revoca el pronunciamiento sobre costas de primera instancia contenido en la sentencia de la Audiencia Provincial, sustituyéndose por el de la condena al banco demandado al pago de tales costas procesales, todo ello, para respetar las exigencias derivadas de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y del principio de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretados por la jurisprudencia.
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de condiciones generales (interés de demora, vencimiento anticipado y gastos) con reajuste del cálculo del capital e intereses sin ellas, devolución de las cantidades cobradas en exceso en su aplicación y modificación en escritura pública del cambio originado por la nulidad e inscripción en el Registro de la Propiedad, haciéndose cargo de todos los gastos la demandada. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y declaró la nulidad de las cláusulas de interés moratorio, vencimiento anticipado y gastos, absolviendo a la demandada del resto de pretensiones, sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes. Interpuesto recurso de apelación por la demandante, se desestimó el recurso con imposición de costas al apelante. Se interponen recursos extraordinario por infracción procesal y de casación en los que se impugna el pronunciamiento en materia de costas. La Sala estima el recurso de casación al entender que la sentencia recurrida no respetó las exigencias derivadas de Directiva 93/13CEE y del principio de efectividad del Derecho de la UE en los términos que han sido interpretados por SSTS 419/2017 de 4 de julio y 35/2021 de 27 de enero y por la STJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19. Por eso revoca el pronunciamiento sobre costas de primera instancia contenido en la sentencia de la Audiencia y condena al banco al pago de las costas.
