Resumen: Le consta una pena de dos años de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal Número 4 de Zaragoza, como autor responsable de un delito de lesiones agravado por utilización de instrumento peligrosootra de seis meses de prisión por un delito de amenazas, además de dos meses de prisión como responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa por un delito de lesiones, impuesta por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Zaragoza, le consta, además, un tercer antecedente penal: Condenado por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Zaragoza, prisión por un delito de resistencia o desobediencia. A pesar de que aporta que ha reconocido a dos hijos, con ello no acredita relacion afectiva, ni cumplimiento de obligaciones para con ellos. La Sala confirma la Sentencia apelada, dado que no hay acreditado arraigo y La conducta personal del apelante es susceptible de calificarse todavía como constitutiva una amenaza grave para intereses fundamentales de nuestra sociedad.
Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que impone, a un Funcionario de Instituciones Penitenciarias, una sanción de cinco meses de suspensión de funciones, por la comisión de la infracción grave prevista en el 7.1.i) del Real Decreto 33/1986, por falta de rendimiento. Tipicidad de la conducta: existencia. Cuando el funcionario admite el retraso o el incumplimiento, la carga de la prueba de la justificación recae sobre él. En el presente caso, el agente no ha aportado elementos objetivos que acrediten una causa externa, grave o insuperable que explique la demora, limitándose a alegar la inexistencia de intencionalidad y de pruebas directas. Sin embargo, tales argumentos resultan insuficientes para enervar la responsabilidad administrativa, toda vez que el principio de responsabilidad en la función pública exige a los agentes el cumplimiento de sus tareas con diligencia, oportunidad y eficacia,configurándose una infracción cuando el funcionario incurre en un retraso no justificado en el cumplimiento de sus obligaciones. El agente no ha aportado elementos objetivos que acrediten una causa de fuerza mayor o impedimento legítimo que justifique el retraso, limitándose a realizar manifestaciones genéricas, sin sustento documental alguno, incurriendo, por tanto, en la tipicidad del precepto. Proporcionalidad de la sanción impuesta. Desestimación del recurso contencioso-administrativo.
Resumen: Circunstancia agravante de falta de identificación, que conlleva la falta de conocimiento del sitio por donde accedió a nuestro país. Para la Sala es suficiente para proceder a la expulsión, ratificando los tres años de prohibicción de entrada.
Resumen: En el caso que nos ocupa el actor muestra una conducta gravemente antisocial, teniendo un historial delictivo en el que constan hasta 6 antecedentes penales, con independencia de que la mayoría sean cancelables. Para la Sala el interesado constituye una amenaza actual, real y suficientemente grave al orden público. Teniendo en cuenta que la última fue por delito de tráfico de drogas, la última de ellas por el subtipo agravado y penado con tres años y un día de prisión. Tiene arraigo con Marruecos al que regresó en 2019.
Resumen: El recurrente alega que debería de aplicarse la doctrina sobre la expulsión de residentes con autorizacion de larga duración pero no tiene esa condición. Se le expulsa por haber cometido un delito con pena privativa de libertad superior a un año, donde no ha de valorarse arraigo. Por ello la Sala confirma la expulsión.
Resumen: La Sala reseña que se aporta en el expediente un informe de la policía nacional en el que se recoge que le constan 6 detenciones por delitos de hurto, robo con fuerza en las cosas, usurpación y 7 filiaciones distintas, por lo que se emite un informe policial desfavorable. Además de ello no consta en el expediente administrativo el certificado del Registro Central de Penados en España y no consta tampoco que hubiera permanecido en España durante los dos años anteriores a la solicitud, constando solamente el certificado de Colombia con el contenido "actualmente no es requerido por autoridad judicial alguna", conllevando lo expuesto el incumplimiento de los requisitos para la concesión de la autorización de la residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar la forma de calcular el resultado neto por las actividades económicas durante el año 2019, a efectos de ser beneficiario de las ayudas previstas en el Real Decreto-Ley 5/2021, en concreto, si el único parámetro a tener en cuenta es la base imponible del Impuesto sobre Sociedades declarada en el ejercicio 2019, o si pueden admitirse otras formas de acreditación.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia que desestimó el recurso confirmando la resolución de expulsión del territorio español del recurrente. El apelante había solicitado una autorización de Residencia de larga duración que le fue denegada por razones de orden público debido a sus antecedentes penales, que incluían condenas por delitos de lesiones. La Sala, tras analizar las circunstancias personales del apelante, su situación familiar y laboral, concluye que no representaba una amenaza real y grave para la sociedad. Entiende que los antecedentes penales del apelante son una realidad intensamente reprobable y una conducta altamente censurable en un ciudadano que pretende integrarse en la sociedad española. Sin embargo, es padre de una hija menor de edad que reside en España desde 2018 y que se encuentra bajo su guarda y custodia, ademas de tener un hijo nacido en España en 2023. Todo ello, unido a la suspensión de la condena impuesta y a la vida laboral, en que constan 3 años y 10 meses trabajados, por lo que considera no debe procederse a la expulsión.
Resumen: Se plantea la correción de la expulsión por estancia irregular. Se ratifica la doctrina de que es necesaria la existencia de circunstancias agravantes para imponer la sanción de expulsión. En el caso, el recurrente está indocumentado, carece de domicilio (el domicilio del empadronamiento corresponde con el centro de menores) y ha sido condenado por 2 delito leves. Es cierto que son delitos leves, pero incluso los antecedentes policiales de los que consta en el expediente su resultado pueden configurar un dato negativo. Durante su minoría de edad también fue sometido a medidas correctoras. Las circunstancias negativas que concurren justifican el acuerdo de expulsión, cuando además carece de datos positivos ante su falta de arraigo laboral, económico o familiar en España.
Resumen: En el expediente consta la consulta a la base de datos del registro central de penados, en la que aparece la condena por sentencia del juzgado de lo penal nº 8 de Zaragoza de 11 de junio de 2021 por delito de violencia en el ámbito familia,. Injurias o vejaciones , y la condena por sentencia del juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 de Zaragoza de 2 de diciembre de 2020 ,por delito de quebrantamiento de condena, y consta asimismo informe en relación a los antecedentes policiales del apelante, en el que se recoge que fue detenido el 14 de abril de 2020 por delito de agresión sexual, al interponer denuncia una psicóloga que refiere atender a una menor que admitió haber sufrido abuso sexual por su padre, activándose los protocolos, resultando también abuso sexual con las hijas de su pareja, victimas menores de edad, constando órdenes de alejamiento sobre las víctimas, en virtud del procedimiento 42/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y prohibición de salida del territorio nacional. El informe es desfavorable a la concesión de la tarjeta, por la naturaleza y gravedad de los delitos. La Sala considera que todo ello, es suficiente para denegar la tarjeta de residencia, al tratarse la víctima de la persona con la que le une el víncula, por la que se concede la tarjeta. Añadiendo que la condena por abuso sexula ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.
