Resumen: No resultó acreditada la existencia de ninguna animadversión por parte del Subsecretario de Defensa al dictar la resolución sancionadora. Imputar públicamente una actuación arbitraria en el ejercicio de sus competencias al Subsecretario de Defensa -al adjudicar una vacante en la Fiscalía Jurídico Militar- durante una comida a la que acudían generales auditores y otros miembros del Cuerpo Jurídico Militar supone un abierto acto de menosprecio y descrédito profesional, en el que la dignidad militar de dicha autoridad queda seriamente comprometida, además de dañada su imagen pública. Las palabras emitidas por el recurrente fueron irrespetuosas -desacertadas, gratuitas y contrarias a las normas que rigen el código de conducta de todo militar, que ha de desempeñar sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico militar en la estructura orgánica- y manifiestamente contrarias a la disciplina, sin que resulte necesario, para que la conducta sea típica, que la falta de respeto se realice en persona -y no por alusiones, como tuvo lugar en el caso-. Tachar de arbitraria una decisión de la autoridad administrativa no queda amparada por el derecho a la libertad de expresión: las palabras excedieron de una mera opinión, pasando a ser una abierta crítica irrespetuosa en un acto público sobre una concreta actuación sobre la que el recurrente podría haber manifestado su queja al Subsecretario de Defensa en caso de considerar que la decisión no se ajustaba a la normativa de destinos.
Resumen: De los hechos indiciarios tenidos en cuenta, de los elementos probatorios practicados y de los que pretende el recurrente que se practiquen, se desprende que la investigación tiene por objeto unos hechos que, probablemente, fueran debidos a una imprudencia en el manejo de explosivos, lo que provocó el fallecimiento de cinco militares y las lesiones sufridas por otros tres cuando estaban desarrollando prácticas de desactivación de explosivos. No obstante, dada la fecha de los hechos y que, hasta ahora, el procedimiento no se ha dirigido contra nadie -tras sucesivos procesamientos y revocaciones-, los mismos se encuentran prescritos, ya que la prescripción de cualquier delito imprudente que hubiera desencadenado el trágico resultado se ha producido ya por el transcurso de diez años a que se refiere el art. 131.1 CP, computados desde la fecha de la comisión de la infracción punible, sin que la misma haya quedado interrumpida, al no haberse dirigido el procedimiento contra persona determinada indiciariamente responsable del delito.
Resumen: La sala dispuso de prueba de cargo, lícitamente obtenida y practicada con todas las garantías de la que infirió razonablemente el relato de hechos probados. No concurre la falta de motivación invocada. La privación de sentido producida por una situación de embriaguez en la víctima de abusos sexuales no exige, para que los abusos se consideren no consentidos, que la embriaguez anule sus facultades intelectivas y volitivas. En el relato de hechos probados concurren los elementos del tipo aplicado, ya que la incuestionada situación de embriaguez y semiinconsciencia en que se hallaba la víctima afectó aquellas facultades en un grado de intensidad tal que las mermaba intensamente, lo que comporta que no pudiera emitir un consentimiento válido o, cuando menos, no viciado, para llevar a cabo las prácticas sexuales que sobre ella se llevaron a cabo. Dentro de la expresión «privadas de sentido» que contempla el tipo legal se integran aquellos supuestos en que la pérdida de conciencia no es total, pero afecta de manera intensa a la capacidad de reacción activa de la víctima frente a fuerzas externas que pretenden aprovecharse de su debilidad. Procede declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, ya que los hechos ocurrieron en acto de servicio, pues los autores eran alumnos de un centro docente militar de formación que, aunque estaban en periodo de descanso, tenían la orden de vestir de uniforme cuando abandonasen el centro y permanecer así hasta su regreso a él.
Resumen: El tribunal sentenciador dispuso de suficientes indicios como para realizar un juicio de inferencia lógico y razonable, sin atisbo alguno de arbitrariedad, que le permitió establecer como probados los hechos que declaró como tales en la sentencia recurrida. Debe desestimarse el motivo casacional de error de hecho en la apreciación de la prueba, ya que se apoya en la valoración de las declaraciones testificales practicadas en el acto del juicio oral, pruebas personales que no tienen la consideración de documentos a efectos casacionales, cuya apreciación, por otra parte, corresponde al órgano sentenciador bajo el principio de inmediación. El motivo del recurso por infracción de ley penal sustantiva no se atiene al necesario respeto al relato de hechos probados, lo que es causa de desestimación. En cualquier caso, dicho relato se incardina adecuadamente en el tipo apreciado, al concurrir todos sus elementos: condición militar del condenado; emisión de una información falsa sobre asuntos del servicio -ya que, requerido por la superioridad para que acreditara su concurrencia a determinados exámenes oficiales, circunstancia que había determinado que le fueran concedidos tres días de permiso, aportó documentos manipulados, con la intención de acreditar que había concurrido a los exámenes los tres días, cuando solo lo había hecho dos; actuación, no solo con dolo -al saber lo que hacía y querer hacerlo-, sino a sabiendas y con intención de dar una información falsa.
Resumen: La sentencia impugnada incurre en un grave déficit de motivación y error patente en la aplicación del derecho en lo que atañe a la participación del teniente que resultó absuelto en los hechos por los que fueron condenados el resto de los acusados, defectos que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por la Abogacía del Estado. Poniendo los hechos que la sentencia impugnada declara probados en relación con sus fundamentos de la convicción y legales, se deduce que para que la trama criminal actuara o siguiera actuando resultaba imprescindible la cooperación, cuando no la inducción, del teniente que resultó absuelto, dada su condición de jefe de la unidad y su capacidad para ponerle fin, ya que del relato de hechos probados se deduce que el teniente tenía conocimiento de la actividad criminal, pero, lejos de impedirla o de, al menos, formular el correspondiente parte militar, la consintió y toleró durante todo el tiempo en que estuvo al frente de la unidad -y ello, con independencia de que recibiera, o no, parte del dinero defraudado-. La sentencia impugnada ni explica de forma suficiente, racional y lógica las razones por las que no concurren los requisitos para considerar al teniente como inductor ni da ninguna razón para excluir otras formas punibles alternativas de comisión y participación delictiva, como la comisión por omisión, la cooperación necesaria o la complicidad. Por lo tanto, la conclusión absolutoria carece absolutamente de motivación.
Resumen: De los fundamentos de la convicción y de los elementos de juicio de la sentencia impugnada se desprende que el tribunal de instancia, titular de la facultad valorativa, realizó un proceso deductivo a través del que extrajo de los elementos probatorios de los que dispuso una inferencia lógica y razonable, por lo que quedó enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. No se advierte ninguna indefensión o merma de garantías para el justiciable. Conforme al art. 125 LPM, tan pronto como se comunique a una persona la existencia de un procedimiento del que pudieran derivarse responsabilidades penales en su contra, se le instruirá de su derecho a la asistencia letrada, obligación que consta que se cumplió y que no resulta empañada por el tenor del último párrafo del precepto -que se refiere a la inmediata puesta en conocimiento de la denuncia o de la actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito- cuando entre incoación, ratificación del parte y personación hay un escaso lapso temporal -también se desprende así del art. 6.3.a) CEDH, que señala que aquella comunicación ha de tener lugar en el más breve plazo-, máxime si se tiene en cuenta que las diligencias iniciales se ciñen a la previsión procesal de acordar lo preciso para la comprobación del contenido del parte o denuncia.
Resumen: El informe psiquiátrico designado como documento a efectos casacionales no se sometió a contradicción en el juicio oral, por lo que no puede considerarse como medio idóneo para acreditar el invocado error en la valoración de la prueba en que hubiera podido incurrir el tribunal sentenciador. Pero, es más, el informe pericial en que se apoya el motivo no es literosuficiente, ya que no es demostrativo, por sí mismo, de la afectación de la capacidad mental del recurrente para poder considerar que durante el tiempo en que permaneció fuera de todo control militar y ajeno a sus obligaciones militares, tuviese anuladas o disminuidas sus facultades intelectivas y volitivas -base fáctica que justifica la circunstancia eximente o atenuante invocadas y que requiere plena acreditación-. El tribunal sentenciador contó con suficiente prueba de cargo, válidamente obtenida y regularmente practicada, que le permitió tener por probados los hechos que declaró como tales. El inamovible relato de hechos probados se incardina adecuadamente en el tipo penal apreciado, al concurrir todos sus elementos: condición militar del sujeto activo; falta de incorporación de este a su nuevo destino, tras cesar en la situación de servicio activo pendiente de asignación de destino; incumplimiento de la normativa vigente, al ausentarse -o no presentarse, pudiendo hacerlo- de la unidad, destino o residencia por más de 3 días; conciencia y voluntad del incumplimiento del deber de presencia, disponibilidad y control.
Resumen: No concurre contaminación de procedimiento, ya que no hay identidad entre la autoridad que ha resuelto el recurso -tras la nulidad y retroacción de las actuaciones acordada- y la que en su momento lo hizo. Por otra parte, aunque sí haya intervenido en ambos casos el mismo órgano asesor, este no es el titular de la potestad disciplinaria, quien, además, podría apartarse del informe técnico-jurídico de su asesor. La valoración probatoria de la sentencia de instancia fue exhaustiva. En particular, la versión que se desprende del parte militar emitido por el sujeto pasivo de la acción fue corroborada a través de datos periféricos que la ratificaron sin fisuras. En cuanto al quebrantamiento del arresto cautelar, concurren esclarecedores y concretos testimonios que avalan que el hoy recurrente conocía su imposición. El relato de hechos probados se incardina adecuadamente en los tipos disciplinarios apreciados. En cuanto al primero de ellos, la conducta del encartado supuso una grave desconsideración e irrespetuosidad, públicamente, ante una formación de alumnos, con la palmaria incidencia que ello producía en principios nucleares de la milicia, el de jerarquía y el de disciplina, bienes jurídicos tutelados por la norma, que claramente se vieron socavados, sin que mediara ninguna agresión ilegítima que desvaneciera la antijuridicidad de la conducta. En cuanto al segundo, el recurrente quebrantó el arresto que le había sido impuesto cautelarmente y del que tenía pleno conocimiento.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte que recurre considera que la sentencia de instancia ha infringido: a) el art. 24.1 CE, relativo al principio de la tutela judicial efectiva, a la indefensión y a tener un proceso justo, por infracción del derecho de defensa contradictoria y del derecho a un proceso justo o con todas las garantías, por la indefensión sufrida y la falta del canon reforzado de motivación; b) el art. 24.2 CE, que consagra el derecho a la presunción de inocencia. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del derecho de defensa y del derecho a un proceso justo y con todas las garantías, consagrado en el art. 24.2 CE; b) vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 CE; c) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 CE, por arbitraria valoración de la prueba y por realizar una valoración carente de las ineludibles garantías. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que finalmente se dicte por la sala pueda extenderse a otras cuestiones que se estimen relevantes en la deliberación, en la que se examine y decida el recurso, y sin prejuzgar ahora el fondo del asunto, al tratarse únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto.
