Resumen: El tribunal de instancia valoró las diversas pruebas, todas ellas lícitamente obtenidas, conforme a una estructura racional y lógica, por lo que no se vio afectado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. No hay base ninguna en las actuaciones para sostener, como hace el recurrente, que se rompió la cadena de custodia de las muestras de orina que le habían sido tomadas, sin que tengan relación alguna con los hechos imputados las alegaciones del recurrente relativas al número de personas que se sometieron a la prueba de orina el mismo día o al no envío del contenedor que alojaba el resto de pruebas de orina realizadas aquel día. En los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida no se introduce ningún elemento fáctico que no estuviera contenido en los hechos probados ni en estos se aprecia la existencia de ningún concepto jurídico predeterminante del fallo.
Resumen: El tribunal de instancia realizó una acertada y completa valoración de todos los elementos de juicio que tuvo a su disposición, empleando razonamientos adecuadamente expuestos en la sentencia recurrida, de la que se desprende la suficiencia del elenco probatorio -testificales de superior y subordinados del acusado- y su apreciación en pura lógica, hasta alcanzar una decisión acomodada al ordenamiento, por lo que resultó enervada la presunción de inocencia. El recurrente no encauza el motivo de error de hecho en la valoración de la prueba conforme a las pautas jurisprudencialmente exigidas para su viabilidad, ya que no acude a una prueba documental relevante a efectos casacionales, sino a meras e hipotéticas desavenencias entre los testigos y el recurrente, desavenencias que supuestamente avalarían su versión del decurso fáctico. También debe decaer el motivo casacional por error iuris, a través del cual no puede alterarse el relato fáctico de la sentencia impugnada ni cuestionar la prueba o prescindir de consideraciones jurídicas relativas a la subsunción de los hechos probados en los preceptos penales de carácter sustantivo cuya infracción se denuncia. Además, la sentencia impugnada expone con detalle los elementos objetivo -alteración documental en asunto del servicio idónea para afectarlo- y subjetivo -dolo falsario- del delito de deslealtad, así como su naturaleza pluriofensiva, lo que permite concluir que los hechos probados colman la previsión típica.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en lo siguiente: a) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 CE; b) generación de indefensión (art. 24 CE). La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: El motivo de casación de error de hecho en la valoración de la prueba debe ser desestimado, pues de los informes médicos a los que, de manera genérica, se refiere la recurrente, no se deduce error alguno en la apreciación de la prueba llevada a efecto por el tribunal de instancia, ya que a tales documentos se refirió este cuando, a pesar de entender acreditado el padecimiento de una determinada dolencia por la recurrente y la recomendación de no trasladarse de localidad, razonó que aquella no había estado disponible para el mando ni sometida al control militar a pesar de los insistentes requerimientos efectuados desde su unidad para que presentase solicitud de incapacidad temporal para el servicio y para que se personase para efectuar desde el primer momento la verificación, control y seguimiento de su situación. Ese acertado razonamiento del tribunal sentenciador sobre la falta de disponibilidad y sometimiento al control militar por parte de la recurrente determina la tipicidad de su conducta. En cuanto a la alegación relativa a la falta de intención de abandonar el destino y de permanecer ajena al control de los mandos, debe recordarse que para la perfección del elemento subjetivo basta el dolo natural, genérico o neutro, conforme al cual, no se requiere ninguna intención o motivación específica, sino que basta con que el actor tenga conocimiento de los elementos objetivos del tipo, de la obligación de presencia y disponibilidad permanente que corresponde a los militares.
Resumen: El escrito de preparación del recurso de casación de la Abogacía del Estado se presentó cuando ya se había rebasado ampliamente el plazo legal de 30 días, resultando, por lo tanto, inadmisible, lo que, en el trance casacional en el que el recurso se encuentra, determina su desestimación. El TC ha recordado reiteradamente la constitucionalidad de los plazos procesales fijados por el legislador para el ejercicio de las acciones, ya que no puede dejarse al arbitrio de las partes el cumplimiento de los requisitos procesales, apreciación extensible al ejercicio mismo de las acciones.
Resumen: El recurrente no infringió el deber de neutralidad política por haberse adherido y haber aportado un comentario personal a un manifiesto de respuesta colectiva en contra del franquismo en las FF.AA., ya que no tomó partido en un debate político, sino que, en contestación a un previo manifiesto de respeto y desagravio a Franco, recordaba que los militares no pueden presionar como colectivo al Estado democrático. Tampoco lo infringió: cuando en una entrevista en un medio digital se posicionó a favor de la exhumación de Franco, al tratarse de una mera opinión personal en relación con una medida destinada al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica; ni cuando utilizó la expresión "salud y República" como cierre de un comentario escrito, pues se trata de un mero saludo, amén de que la RAE admite una acepción de palabra "república" referida a cualquier forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. Las referencias que realizó el recurrente sobre los firmantes del manifiesto de apoyo a Franco no suponen ninguna manifestación contraria a las FF.AA., ni siquiera contra sus autoridades o mando, ya que se trataba de militares retirados y en la reserva. Las afirmaciones del recurrente sobre el apoyo al franquismo en las FF.AA. y sobre la necesidad de reprender a los 600 firmantes del primer manifiesto y de dejarles sin sueldo no integran la falta de realizar manifestaciones falsas, pues constituyen meros juicios de valor ajenos a hechos objetivos.
Resumen: El hecho de que el trámite de audiencia ante el instructor se llevase a cabo sin la asistencia del guardia civil designado como asesor no produjo un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del encartado, pues, aunque supuso una vulneración formal de su derecho de defensa, intervino con dicho asesoramiento en todas las declaraciones testificales practicadas como medio de investigación, formuló alegaciones al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, por lo que no se le privó de su derecho a alegar y poder demostrar lo que a sus intereses convenía, habiendo podido incluso, si lo hubiera considerado relevante, solicitar del instructor que le recibiese declaración con asistencia de su asesor.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: a) el derecho a un proceso con todas las garantías, por infracción del principio de imparcialidad; b) el art. 24 CE, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva con infracción del derecho de defensa y la presunción de inocencia; c) el art. 25 CE, principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: Las indagaciones preliminares realizadas por el dador del parte disciplinario -al amparo del art. 40.2 LORDGC- no implican ni la nulidad del parte ni del expediente disciplinario por el hecho de que no se acordara, con carácter previo a este, la práctica de una información reservada. El recurrente no ha acreditado, no ya lo indispensable de la prueba denegada o no practicada, sino ni siquiera su necesidad para la fijación de los hechos con relevancia disciplinaria, no habiendo identificado en qué haya consistido el menoscabo sustancial que hubiera experimentado por culpa de la actuación administrativa o judicial en cuanto a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, ni cuales fueron los hechos relevantes que quiso y no pudo acreditar, de forma que no ha concretado de qué manera se le originó una indefensión material real y efectiva. La prueba se practicó en el seno del procedimiento sancionador con total respeto al derecho de contradicción. Se está ante un procedimiento de control jurisdiccional de la actuación de la Administración que es directo o de instancia única y de plena cognición -aunque referido únicamente al objeto del proceso-, por lo que la sala puede entrar en el examen del expediente disciplinario. Se aprecia que existió prueba de cargo, que fue razonablemente apreciada por la autoridad sancionadora, que extrajo de aquella conclusiones que se compadecen con la lógica, la razón y la sana crítica, por lo que no se vio afectada la presunción de inocencia.
Resumen: El tribunal de instancia dispuso de suficiente prueba de cargo -declaraciones testificales e informe pericial caligráfico- lícitamente obtenida y regularmente practicada, que fue valorada conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. La sala no puede ahora sustituir la valoración practicada en la instancia bajo el principio de inmediación. El recurrente presentó una receta manipulada que no se ajustaba a la realidad sabiendo que el comandante médico no se la había prescrito, por lo que puede entenderse acreditado el dolo necesario para la perfección del tipo penal. El motivo del recurso referido al error de hecho en la valoración de la prueba no puede prosperar pues ni la receta médica ni la prueba caligráfica sobre la misma demuestran error alguno del juzgador, sino que, por el contrario, sirven para entender que la misma receta manipulada.
