Resumen: La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 474 bis/2024, de 18/06/2024, declara su incompetencia por razón de territorio sin llegar a pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. Se reitera doctrina (sentencias 485/2024 de 19 de marzo (rec. 105/2022) y 995/2023 de 22 de noviembre (rec.144/2021) para concluir que no puede confundirse el ámbito del conflicto con el de la norma legal o convencional aplicada o interpretada, A la vista de esta doctrina, no es correcta la decisión alcanzada por la sentencia de instancia al enjuiciar su competencia, que corresponde al TSJ. Resulta evidente que en tanto que se plantea la aplicación de la norma y el reconocimiento de un determinado régimen de jornada y descansos a quienes trabajan en la empresa demandada, y las consecuencias de la decisión van a afectar tan solo a dicha empresa, que limita su actividad al ámbito autonómico, y a los centros de trabajo y personas que prestan sus servicios para ella en el territorio de la comunidad autónoma, resulta competente la Sala de Extremadura, ello en tanto que el conflicto no excede, no es superior, a su ámbito competencial territorial.
Resumen: La Audiencia Nacional tras rechazar las excepciones de falta de acción, falta de legitimación activa e inadecuación de procedimiento desestima la demanda de tutela de la libertad sindical interpuesta por el sindicato CIGA contra ABANCA. La Sala considera que la falta aportación de de información directa por parte de la empresa al asesor designado por el sindicato cuando si se hace entrega de la misma al miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad no vulnera la libertad sindical del CIGA por cuanto que su representante está facultado para compartir la misma total o parcialmente con el asesor para que pueda asistirle debidamente.
Resumen: La sentencia apuntada desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Gecovaz S.L. frente a la sentencia que condenó a la empresa al pago de diferencias salariales a una trabajadora. El Supremo confirma que la acción individual de reclamación de cantidades no estaba prescrita, al considerar que el proceso colectivo previo de impugnación de convenio interrumpió válidamente el plazo de prescripción hasta la firmeza de la sentencia que anuló ciertos preceptos del convenio aplicado por la empresa. Rechaza, además, que la reclamación enviada por una representante legal de los trabajadores careciera de eficacia interruptiva.
Resumen: Reclamación de cantidad: cómputo del plazo de prescripción correspondiente a la reclamación individual de diferencias salariales del periodo comprendido entre abril de 2016 y diciembre de 2017, cuando se ejerce una acción individual de reclamación de cantidad y se ha incoado un procedimiento de impugnación de convenio colectivo sobre el que se sustenta la referida reclamación. El Juzgado apreció la prescripción. La Sala de suplicación estimó el recurso y declaró no prescrita la acción. La Sala IV TS resuelve que la prescripción excluyente quedó interrumpida tanto por el procedimiento colectivo (impugnación del convenio) hasta la firmeza de su resolución, como por las peticiones realizadas por la trabajadora frente a la empresa, ya de manera personal, ya a través de la representación de los trabajadores, por constar perfectamente identificada en el listado presentado por dicha representación, por lo que desestima el recurso..
Resumen: La cuestión objeto de debate consiste en determinar si las cantidades reclamadas por la trabajadora, correspondientes a diferencias salariales, se encuentran o no prescritas, teniendo en consideración que la acción individual está en relación con un procedimiento de impugnación de convenio colectivo. El JS estimó la excepción de prescripción. El TSJ revoca y desestima la excepción de prescripción al considerar que la doctrina sobre los efectos interruptivos de los proceso de conflicto colectivo se pueden aplicar de igual forma a los de impugnación de convenio. Recurre la empleadora en casación unificadora solicitando que se estime la prescripción. La Sala IV considera que la prescripción se interrumpe por el procedimiento de impugnación del convenio colectivo hasta la firmeza de la resolución. A continuación, analiza el iter cronológico del caso concreto del que se desprende la persistencia de la trabajadora en su reclamación de cantidad sin abandonar su derecho. Desestima el recurso.
Resumen: Impugnándose por CGT un acuerdo suscrito entra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y diversos sindicatos que afecta tanto a personal laboral como a funcionario la Audiencia Nacional aprecia la excepción de falta de competencia del orden social ya que siguiendo jurisprudencia que se cita al verse afectadas condiciones de trabajo que afectan a personal funcionario la cuestión debió promoverse ante el orden contencioso- administrativo.
Resumen: El actor formuló demanda instando la aportación al plan de pensiones de las aportaciones adicionales correspondientes desde su baja indemnizada hasta que cumpliese 65 años. El Juzgado de lo Social número 2 de Albacete desestimó la demanda. El TSJ de Castilla La Mancha estimó el recurso de suplicación formulado, reconoció el derecho y condenó a LIBERBANK y al Banco de Castilla La Mancha a realizar las aportaciones adicionales que fueran venciendo desde el mes de agosto de 2017 hasta que cumpliese los 65 años o hasta su jubilación. Recurre el actor y LIBERBANK en unificación de doctrina siendo ambos recursos inadmitidos por falta de contradicción, el primero en la presente sentencia y el segundo en auto de inadmisión previo. La sentencia invocada de contraste había reconocido el derecho hasta los 65 años sin mayores precisiones. Sin embargo, en ninguno de los casos, ni en la sentencia de instancia ni en la de suplicación, fue objeto de controversia la circunstancia concreta de la jubilación por lo que la Sala no aprecia contradicción. Sigue pronunciamientos anteriores en el mismo sentido.
Resumen: La cuestión objeto de debate consiste en determinar si las cantidades reclamadas por la trabajadora, correspondientes a diferencias salariales, se encuentran o no prescritas, teniendo en consideración que la acción individual está en relación con un procedimiento de impugnación de convenio colectivo. El JS estimó la excepción de prescripción. El TSJ revoca y desestima la excepción de prescripción al considerar que la doctrina sobre los efectos interruptivos de los proceso de conflicto colectivo se pueden aplicar de igual forma a los de impugnación de convenio. Recurre la empleadora en casación unificadora solicitando que se estime la prescripción. La Sala IV considera que la prescripción se interrumpe por el procedimiento de impugnación del convenio colectivo hasta la firmeza de la resolución. A continuación, analiza el iter cronológico del caso concreto del que se desprende la persistencia de la trabajadora en su reclamación de cantidad sin abandonar su derecho. Desestima el recurso. Reitera doctrina.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto por Mapfre, Compañía de Seguros y Reaseguros y se confirma la sentencia dictada sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, con vulneración de derechos fundamentales, y que ordenó el levantamiento de la suspensión de! procedimiento acordada, debiéndose proceder, en consecuencia, al señalamiento del correspondiente juicio. En casación unificadora la cuestión suscitada es si existe litispendencia entre la demanda de oficio de la autoridad laboral de la letra d) artículo 148 LRJS (letra actualmente suprimida) y la demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo interpuesta por la actora. La Sala IV da una respuesta negativa por lo que la demanda de oficio de la autoridad laboral, conducente a determinar la naturaleza de la relación entre las partes, que además es posterior en el tiempo, no puede causar litispendencia respecto de la anterior demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo interpuesta por la actora. Para ello reitera que la litispendencia tiende a impedir la simultánea tramitación de dos procesos con el mismo contenido, requiriendo las mismas identidades que la cosa juzgada: subjetiva, objetiva y causal. No basta con que entre ambos procesos exista una mera conexión o identidad de alguno de estos elementos (pero no de todos), pues esto último a lo único que puede dar lugar es a la posibilidad de acumulación de ambos procesos a instancia de parte legítima, constituyendo una hipótesis distinta a la de litispendencia
Resumen: Intereses: el objeto de este recurso es determinar si procede la condena al pago de los intereses del art. 29.3 del TRLET, cuando el empleador ha sido condenado a abonar diferencias por no incluir determinados complementos salariales en el cálculo de las vacaciones. La Sala de unificación de la doctrina, señala que a partir de la STS 17 de junio de 2014 (rcud 1315/2013), y como sintetiza la STS 246/2023, de 29 de marzo (rcud 3266), reiterada por varias posteriores, como por ejemplo, las SSTS 599/2023, de 27 de septiembre (rcud 503/2021), 921/2023, de 7 de noviembre (rcud 4063/2020), y 6/2024, de 8 de enero (rcud 2888/2021), la «regla general» es el «carácter objetivo y automático» de la mora salarial del artículo 29.3 ET y la «regla especial» de no aplicación objetiva y automática se ciñe a «supuestos excepcionalmente complejos», como los que menciona la propia STS 246/2023, entre los que se incluye el supuesto, examinado por ella y por las que la siguen, de los efectos temporales de una declaración de inconstitucionalidad. También es un supuesto excepcional el resuelto, por ejemplo, por la STS 131/2023, de 14 de febrero (rec. 152/2020), en el que existían normas de control del gasto público. Pero concluye que el supuesto enjuiciado no encaja en ninguno de los supuestos excepcionales.
