Resumen: Frente al argumento de la prescripción de la infracción, la sentencia responde que en el presente supuesto nos encontramos ante una infracción continuada, habida cuenta de que se trata de una utilización de aguas para el riego sin la oportuna concesión. La infracción se produce tantas veces como se utiliza la referida agua sin el debido título administrativo, por lo que constituyen una pluralidad de ilícitos que infringen el mismo precepto. Y efectivamente, el proceso de riego no puede acotarse en una fecha concreta y determinada, sino que se prolonga a lo largo del tiempo, de donde se colige el carácter continuado de la infracción. Por ello, también se podrá concluir que la utilización del agua sin el debido título se realiza mediante una pluralidad de actos, pues solo así puede pervivir el cultivo de la finca cuyo riego es recurrente.
Resumen: Se recurre en apelación la sentencia del Juzgado que estima el recurso contra la resolución que impuso una sanción de suspensión para el ejercicio de la abogacía por diez días. En la sentencia de apelación se plantea la admisibilidad del recurso, aplicando la doctrina jurisprudencial que establece que la sanción de suspensión debe considerarse de cuantía indeterminada. En cuanto al fondo, se confirma el criterio de la sentencia recurrida que estima que la sanción impuesta infringe el principio de tipicidad, pues la intervención del abogado no se produjo en un procedimiento de mediación o arbitraje en sentido estricto, en el que existe el deber de confidencialidad y de guardar secreto profesional respecto de las actuaciones, y que la simple modificación legislativa, incluyendo la mediación entre las actuaciones que no pueden desvelar los Abogados, no permite subsumir en el tipo los hechos sin hacer ningún esfuerzo interpretativo, considerando asimismo que en este caso tampoco se dan los requisitos para apreciar una conducta culpable, pues no consta acreditado que el abogado tuviera intención de incumplir con su obligación colegial.
Resumen: Se rechazan las alegaciones de la recurrente referidas a la tramitación y motivación del PHIB porque i) no se trata de una revisión general ni siquiera de una revisión por circunstancias sobrevenidas a la revisión del planeamiento del segundo ciclo aprobada por RD 701/2015, sino del complemento de dicha revisión de segundo ciclo para incluir las determinaciones relativas a los aspectos o recomendaciones de la Comisión Europea; ii) no ha sido elaborado por órgano incompetente, pues la evaluación ambiental forma parte de la elaboración del planeamiento o la revisión del mismo, y su ejercicio por las CCAA responde a sus competencias estatutarias sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su territorio; iii) sobre la no inclusión de la Memoria de Impacto Normativo, se trata de una mera discrepancia de la recurrente no justificada; iv) en cuanto a la delimitación de las zonas húmedas, la consideración y reconocimiento de zonas potenciales tiene amparo en la normativa sectorial, encomendando a los organismos de cuenca su inclusión en el correspondiente inventario; y v) respecto a la condición de suelo urbano de los terrenos de la recurrente y el deber de indemnizar por la delimitación de los mismos como Zona Húmeda, el art. 40 TRLA establece que la modificación de los planes hidrológicos no dará lugar a indemnización, salvo lo dispuesto en el art. 65 respecto a la revisión de concesiones válidamente otorgadas.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia y,con ello,la resolucíon impugnada por la que se acordaba la expulsión del territorio nacional del recurrente y la prohibición de entrada en España por tiempo de tres años,al encontrarse irregularmente en el territorio nacional, por carecer de documentación expedida por las autoridades españolas que autorice su residencia en España y constarle haber sido condenado en sentencia por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y por un delito de conducción sin permiso o retirado cautelar o definitivamente. Y todo ello sin que conste tampoco que el recurrente cuente con arraigo alguno en España. Se sustenta la apelación en defectos procedimentales en la tramitación del procedimiento administrativo que son rechazados sin más al ser correcta la tramitación por el cauce del procedimiento preferente. En cuanto al fondo se confirma,asimismo,la sanción de expulsión impuesta por la correcta aplicación de la doctrina del TJUE y del Tribunal Supremo. Y todo ello partiendo de la primacía del derecho comunitario, rechazando la opción entre la sanción de multa y expulsión, en los supuestos de estancia irregular y siendo acorde a derecho la valoración, junto con la estancia irregular, de otros factores concurrentes, de índole negativa,que sustentan la expulsión.
Resumen: Modelo 720. Sanciones. Determinar si un acto sancionador, consistente en una multa pecuniaria fija por cumplimiento tardío -sin requerimiento previo de la Administración-, de la obligación de suministrar información a través del modelo 720 sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Disposición adicional 18ª de la Ley General Tributaria) puede resultar incompatible con el derecho de la Unión Europea, considerando el principio de proporcionalidad y las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la UE, en particular y sin perjuicio de otras que pudieran resultar afectadas, la libre circulación de capitales, interpretadas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Misma cuestión planteada que en los RRCA 6202/2019, 6410/2019, 5695/2020 y 4321/2021.
Resumen: Admisión. IRPF. Primero: Determinar si la denegación de la solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos de una declaración complementaria del IRPF, respecto de la que se haya presentado de forma extemporánea el Modelo 720 sobre bienes y derechos situados en el extranjero, puede resultar incompatible con el derecho de la Unión Europea, considerando el principio de proporcionalidad y las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la UE, en particular y sin perjuicio de otras que pudieran resultar afectadas, la libre circulación de capitales, interpretadas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Segundo: Esclarecer si vulnera el Derecho a la tutela judicial efectiva, -en su vertiente de derecho a un proceso sin dilaciones indebidas-, la decisión de un órgano judicial de no suspender el proceso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva un recurso, ya admitido, en el que se cuestiona la legalidad de la norma aplicable para resolver la controversia suscitada en el propio proceso.
Resumen: Auto de admisión. La sentencia recurrida (de diciembre de 2019) razonó - en base a las SSTS de 19 y 27 de febrero de 2019- la procedencia la expulsión automática ex art. 57.2 de la LOEX de los extranjeros residentes de larga duración, sin que resultase de aplicación el artículo 57.5 de la LOEX ni el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE. Atendiendo a que sobre la cuestión litigiosa se ha pronunciado ya la Sección Quinta de esta Sala en sentencias, entre otras, de 4 de marzo, 27 de julio y 3 de diciembre de 2020 y, más recientemente, 27 de diciembre de 2021(RCA 5364/18), 3522/19, 7556/19 y 7279/20, en las que se sostiene, en esencia la aplicabilidad de los arts. 12.3 de la Directiva 2003/109/CE y 57.5.b) de la LOEX, se admite a trámite el recurso. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, en aplicación del art. 57.2 de la LOEX, procede la expulsión automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en el apartado 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, debiendo precisarse, en este caso, cuándo cabe entender que el residente de larga duración representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, a efectos de lo dispuesto en el referido art. 57.2.
Resumen: Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Se declara inaplicable el régimen de financiación del bono social y del régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social, establecidos en el artículo 1, apartado 3, del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, así como también la disposición transitoria única del citado Real Decreto-ley 7/2016, por resultar incompatibles con la Directiva 2009/72/CE, por carecer de una justificación objetiva y ser discriminatoria; y se declara inaplicables y nulos los artículos 12 a 17 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, y el derecho de la actora a ser indemnizada y resarcida por las tareas de comprobación. Se desestima en lo demás. El extremo de la potencia contratada máxima exigida para la consideración de consumidor vulnerable se asocia con un nivel de renta que no supere un umbral determinado, lo cual es coherente con la Directiva 2009/72/CE. No existe contradicción entre el art. 52 de la Ley del Sector Eléctrico y el art. 19 del Real Decreto impugnado. La DF 2ª del RD 897/2017, que modificó el art. 5 del Real Decreto 1435/2002, es plenamente ajustada a la finalidad perseguida de protección al consumidor.
Resumen: La CNMC recurre en este caso por el trámite especial de la Ley 20/2013, de Garantía para la Unidad de Mercado, la resolución del Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación de Gobierno de Granada de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, por la que se requiere al promotor de un proyecto de investigación minera para que aporte el proyecto firmado por un titulado en Minas, al entender que no es competente un licenciado en Ciencias Geológicas.La Sala estima el recurso y advierte que el precepto recurrido implica, en efecto, una limitación al libre ejercicio de la actividad profesional que no se encuentra justificada en los principios de necesidad, de interés general y de proporcionalidad recogidos en el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, considerando que la restricción para el cuerpo de geólogos en la elaboración de este proyecto no esté debidamente justificada o motivada, desconociéndose las razones de la reserva de actividad al cuerpo de ingenieros de minas, sin que aparezca la necesaria vinculación, capacitación técnica o experiencia profesional.
Resumen: Considera acreditada las circunstancias agravatorias, entre las que se encuentra hallarse indocumentado y no poder ser identificado, como es el caso. Además de ello la parte demandante no acreditado el arraigo familiar ni que haya intentado regularizar su situación irregular en España. Tampoco tiene medios económicos con los que procurarse su sustento, es decir, que no dispone de posibilidades legales de asentarse en nuestro país. Nos hallamos ante el ilícito administrativo consistente en residir o vivir en España sin título habilitante e idóneo para tal propósito, lo cual constituye una infracción grave cuya sanción a imponer es la expulsión. Se confirma la expulsión.
