Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia que revocó la resolución del contrato por incumplimiento culpable acordada por la administración con empresa adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad. No cabe cuestionar en casación, por constituir hecho probado respecto al que se no se aduce arbitrariedad o irracionalidad en los términos en que ha sido apreciado por la Sala de instancia, que el retraso en el abono de la percepción salarial no constituye, en los términos en que se produjo y dada la plena satisfacción de las obligaciones salariales que declara la sentencia recurrida, un incumplimiento de las obligaciones laborales. No cabe que el recurso de casación se desvincule del caso concreto objeto de enjuiciamiento por lo que la Sala no puede fijar doctrina sobre la concreta cuestión que plantea el auto de admisión y el recurso ha de ser desestimado.
Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: infracción de los derechos fundamentales a obtener la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia (art. 24.1 y 2 CE), así como la eventual vulneración del derecho a la legalidad sancionadora en su complemento representado por la tipicidad de la conducta (art. 25.1 CE), con referencia a la infracción disciplinaria del art. 8.6 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que, a priori, se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: el art. 24 CE, en lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva con infracción del derecho a la presunción de inocencia. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de manera que, como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que lleva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1. LJCA, a que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: La controversia casacional se centra en determinar si el intercambio de la aludida información entre empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles constituye una restricción por objeto o si, en atención a la naturaleza de la información intercambiada, no existen elementos suficientes para poder apreciar la existencia de una infracción por objeto. Se ha de partir de una interpretación restrictiva de la infracción por objeto. En el presente caso se trató de intercambios de información comercialmente sensible que tenía lugar en tres tipologías de foros de intercambio: El Club de Marcas o club de socios, con la colaboración de la consultora Urban en el año 2010 y el denominados Foro de Directores de Postventa. La información intercambiada comprende una gran cantidad de datos que recaen sobre: la rentabilidad y facturación de las redes de concesionarios en total y desglosada por venta de automóviles (nuevos y usados) y actividades de postventa (taller y venta de recambios); márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus redes de concesionarios; estructuras, características y organización de las redes de concesionarios... La información intercambiada es apta para reducir la incertidumbre en el proceso de determinación de los precios y en la conducta futura de las competidoras, que afecta gravemente la independencia con la que cada operador debe actuar en el mercado, y por ello es constitutiva de cártel.
Resumen: La Sala confirma la sentencia del Juzgado que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución municipal que acuerda imponer una sanción de clausura de local durante seis meses y un día, como responsable de la infracción prevista en el apartado 5 del artículo 37 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, por incumplimiento de resolución administrativa que ordena la suspensión del funcionamiento de la terraza de veladores. Habiéndose suspendido únicamente el funcionamiento de la terraza, no puede ordenarse la clausura total del establecimiento al amparo del art. 37.5 de la LEPAR, pues en tal supuesto se infringe el principio de tipicidad. No podemos obviar, además, que la suspensión del funcionamiento de la terraza no se había acordado al amparo de la LEPAR, sino en virtud del incumplimiento del artículo 13 de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración de la Ciudad de Madrid de 30 de julio de 2013 (FD 5º).
Resumen: Dominio Püblico Hidráulico. Infracción por contaminación de aguas. Vertido autorizado, en que se excedes los límites impuestos. Artículo 116 Texto Refundido Ley de Aguas. Límites cuantitativos y cualitativos impuestos en la autorización de vertidos. El Ayuntamiento recurrente es titular de la autorización de vertido y, por tanto, responsable de cumplir sus condiciones. Derecho administrativo sancionador y pluralidad de acciones u omisiones, infracción continuada al ser tres vertidos en lapso temporal corto, realizados por el mismo sujeto activo. No se aprecia vulneración del principio de proporcionalidad, existencia de circunstancias agravantes, falta de prueba en contra.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia,y con ello,la resolución impugnada por la que se acuerda la expulsión y su prohibición de entrada en España, por un periodo de 5 años, y que conlleva la extinción de la autorización de residencia de larga duración de la que es titular el interesado.Se confirma la resolución impugnada en la instancia atendiendo a los antecedentes penales del interesado,de nacionalidad marroquí,al haber sido condenado a la pena de 2 años de prisión por lesiones en el ámbito familiar además de constarle antecedentes por detención por un delito de malos tratos en el ámbito familiar sustentándose,la expulsión,en el hecho de haber sido condenado por un delito sancionado en nuestro país con pena privativa de libertad superior a un año, y no estar cancelado el antecedente penal. Se confirma la sentencia apelada, en la segunda instancia, rechazando las alegaciones sobre falta de motivación de la resolución administrativa,así como la inexistencia peligro real, actual y suficientemente grave para el orden público junto con el arraigo familiar y el interés superior del menor,que asimismo invoca. Refiere la Sala que no constan cancelados los antecedentes penales,cuestión ésta que no se discute.Se destaca la gravedad de los hechos que se declaran probados en la sentencia condenatoria y las lesiones sufridas por la esposa y sin que el apelante,por ser residente de larga duración,goce de protección especial.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestima el recurso contencioso- administrativo presentado contra la resolución del Director de la APLU de 19 de diciembre de 2019, desestimatoria del recurso de reposición contra la de 23 de noviembre de 2017, en la que se declaraban no legalizables las obras objeto de expediente, ordenando su demolición y cese de los usos a que diesen lugar. La Sala señala que el plazo anual de caducidad del expediente de reposición de la legalidad urbanística se computa desde el acuerdo de incoación hasta la fecha de notificación de la resolución que pone fin al expediente, sin que se pueda iniciar el cómputo en fecha anterior al acuerdo de incoación y sin que, por tanto, pueda integrarse en el cómputo del plazo anual de caducidad del expediente el tiempo invertido en las actuaciones previas de investigación. La sala concluye en que debe desestimarse la alegación de caducidad respecto a las actuaciones de naturaleza informativa previas a la incoación, que no forman parte del expediente de reposición de la legalidad, lo que determina que el tiempo invertido en ellas no determine la caducidad de este expediente, y que tampoco quepa apreciar propiamente el efecto de la caducidad procedimental respecto de tales actuaciones informativas, que no son propiamente un expediente administrativo que deba concluir con una resolución que haya de ser notificada dentro de un plazo determinado so pena de caducidad.
Resumen: Se reitera la doctrina (STS 17/03/21) consistente en determinar el alcance de la sentencia del TJUE 2020/807, relativa a la interpretación de la Directiva 2008/115, en relación a la consideración que merece la expulsión del territorio español de los extranjeros que hayan incurrido en la conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) LOEX: si procede la expulsión o solo la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular. La distinta consideración de la estancia irregular en el derecho de la Unión y el derecho interno, pone de manifiesto una primera controversia, en cuanto en la Directiva la única respuesta prevista es la decisión de retorno, mientras que en nuestra legislación se establece la posibilidad de que dicha respuesta se sustituya por la imposición de una multa. De manera que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la decisión de expulsión y no cabe la posibilidad de sustitución por una sanción de multa, sin que tal conclusión resulte alterada por la sentencia 2020/807. Eso sí, se requiere una motivación suficiente de la concurrencia en el sujeto de tales circunstancias de agravación (han de considerase las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo) para entender debidamente justificada la proporcionalidad de la medida de expulsión.
Resumen: La Sala confirma la sentencia de la instancia por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución municipal que ordena la demolición de obras ejecutadas ilegalmente en terrenos de Cañada Real Galiana. Tras señalar que la Ley territorial 2/2011 no tiene incidencia alguna en la clasificación urbanística del suelo afectado (FD 4º), desestima la alegada caducidad de la acción en atención a que la calificación de los terrenos en el planeamiento del Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid es la de espacios libres (FD 5º). Desestima igualmente la posible quiebra del principio de igualdad no ofrece la apelante términos válidos de comparación (FD 6º). No cabe, finalmente, invocar el principio de proporcionalidad cuando se trata, como es el caso, del ejercicio por la Administración de sus potestades en orden al restablecimiento de la legalidad urbanística (FD 7º).
