Resumen: Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno instando a la CNMV a la retroacción de las actuaciones practicadas a fin de incoar el trámite de audiencia al afectado por el expediente sancionador objeto de solicitud de información. Desestimación. La preferente aplicación de unas disposiciones especiales no impide la aplicación supletoria de la Ley de Transparencia en los demás extremos no regulados por la norma sectorial, excepto de aquellas previsiones que resulten incompatibles con las especialidades contempladas en la norma especial. No toda la información que se pide a la CNMC o la que se incorpora a un expediente sancionador resuelto por dicho organismo tiene carácter confidencial, sino que para ello se precisa que reúna determinados requisitos, sin que, por otra parte, la concesión de un trámite de audiencia para que el afectado por la información solicitada, que no ha sido declarada previamente confidencial, pueda alegar lo que a su derecho convenga, pueda ser considerado incompatible con las previsiones contenidas en la Ley del Mercado de Valores.
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia desestimatoria de la instancia y,con ello la sanción de expulsión impuesta al recurrente con prohibición de entrada por plazo de 3 años, por encontrarse irregularmente en territorio nacional por carecer de documentación expedida por las autoridades españolas que autorice su estancia en España. Se desestima el recurso en la instancia aplicando el criterio establecido por la STS de 12-6-2018 y la sentencia del TJUE de 8-10-2020 razonando la ausencia de arraigo del recurrente en España para sustentar la expulsión. Se estima el recurso interpuesto,dejando sin efecto la sanción de expulsión impuesta siguiendo la doctrina del TJUE y la concreción de la misma mediante STS de 17-3-2021en la que se exige la valoración individualizada de cada caso concreto de las circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, y trasladado lo anterior al supuesto enjuiciado se estima el recurso interpuesto al considerar que, más allá de la estancia irregular no consta circunstancia de agravación alguna de la misma por parte del recurrente, tal y como exige la doctrina del TS aplicada, de conformidad con lo declarado por el TJUE, habiéndose acreditado que está identificado por su pasaporte, tiene un domicilio conocido, se encuentra empadronado en el domicilio desde 2019 y posee tarjeta sanitaria,además de registrar distintas asistencias sanitarias.
Resumen: Aparte de los requisitos contables y los relativos a la emisión y contenido de las facturas, el carácter deducible de un gasto y de los importes de IVA soportados, viene determinado por la efectiva adquisición del bien o realización del servicio o actividad que motiva el pago, exigencia indispensable para poder afirmar que los bienes y servicios adquiridos se utilizan en la realización de operaciones sujetas al impuesto y no exentas, y la afectación de los bienes y servicios adquiridos a la actividad empresarial o profesional del que pretende deducirse las cuotas soportadas en su adquisición. Respecto de los gastos de combustible, la sociedad no es propietaria de ningún vehículo y no se ha acreditado que los gastos cuestionados estén directamente relacionados con la generación de ingresos mediante su afectación exclusiva a la actividad profesional. Los gastos documentados en tiques carecen de los datos necesarios para identificar al destinatario del servicio y respecto a los gastos de consultoría no ha quedado debidamente acreditado que las facturas se correspondan con los servicios alegados y, por tanto, no se aprecia su relación con la generación de los ingresos empresariales. La AEAT no puede razonar la existencia de culpabilidad mediante la simple afirmación de que las cuotas controvertidas no tienen carácter deducible, pues esto justifica la regularización llevada a cabo en la liquidación, pero no acredita la concurrencia del elemento subjetivo de la infracción.
Resumen: La Sala considera que el presente recurso presenta interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo para la formación de jurisprudencia respecto de la dualidad punitiva que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, prevé para la infracción grave de estancia irregular prevista en su artículo 53.1 a; en atención a la interpretación realizada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 3 de marzo de 2022, -asunto C-409/20- respecto de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, en el sentido de considerar que no se opone a la misma, sancionarla permanencia irregular de un nacional de un tercer país en el territorio de un Estado miembro, cuando no concurra circunstancias agravantes, en un primer momento, con una sanción de multa que lleve aparejada la obligación de abandonar el territorio de dicho Estado miembro en el plazo fijado salvo que, antes de que este expire, se regularice la situación del nacional de un tercer país y, en un segundo momento, si no se ha regularizado su situación, con una decisión en la que se ordena obligatoriamente su expulsión.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: a) el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo reconocidos en los arts. 24.2 CE y 38 LORDGC; b) el principio de legalidad, en su complemento de tipicidad garantizado en el art. 25.1 CE y la jurisprudencia que lo desarrolla; c) el principio de proporcionalidad de la sanción, reconocido en el art. 19 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Interpretación del artículo 203.5.c) LGT. El artículo 203.5.c) de la LGT no nos suscita dudas sobre su inconstitucionalidad, interpretado en el sentido de que habilita a la Administración sancionadora y a los Tribunales de Justicia a utilizar un margen de apreciación entre 10.000 y 400.000 euros, en que no solo se tome en consideración la cifra de negocios del sujeto incumplidor -ajeno, aquí, al titular de la información con relevancia fiscal-, sino también la gravedad intrínseca de la conducta y la individualización del elemento subjetivo y su intensidad, sea por dolo o culpa.2) La ausencia de motivación específica sobre la gravedad de la conducta o la especial culpabilidad concurrente obliga a la Administración, caso de concurrencia de los demás elementos del tipo y la culpabilidad -referida a la mera conducta- a imponer la sanción en su grado mínimo. 3) La cifra de negocios del infractor -titular de los datos de transcendencia fiscal o un tercero ajeno a ellos-, no es el único elemento determinante del quántum de la sanción por la comisión de la infracción tipificada en el antedicho precepto sino, a lo sumo, un factor más de graduación, que ha de ser vinculado al tipo objetivo -la conducta tipificada- y al tipo subjetivo -la culpabilidad, sea por dolo o culpa y, aun dentro de ellas, la intensidad con que concurren.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del art. 25.1 CE, principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, y jurisprudencia que lo desarrolla; b) vulneración de la jurisprudencia que desarrolla la falta grave prevista en el art. 8.6. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que a priori se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en lo siguiente: a) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 CE, por inexistencia de prueba de cargo; b) vulneración del art. 25.1 CE, principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, y la jurisprudencia que lo desarrolla; c) vulneración de la jurisprudencia que desarrolla la falta grave prevista en el art. 8.10 LORDGC. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 Ley 29/1998, reformada por LO 7/2015-, en los términos en que a priori e plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación el Ilmo. Sr. abogado del Estado considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 42.2 LORDGC, en relación con el art. 24 CE. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 Ley 29/1998, reformada por LO 7/2015-, en los términos en que a priori e plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del derecho fundamental a la legalidad y su complemento representado por la tipicidad (art. 25 CE), en relación con los arts. 7 y 8 LORDGC. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo, en los términos en que a priori e plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
