Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en aclarar, matizar, concretar o, en su caso, corregir, la jurisprudencia sentada por esta Sala en las SSTS de 19 de noviembre de 2020 (RCA 4614/2019), de 29 de diciembre de 2020 (RCA 7045/2019), de 8 de marzo de 2021 ( RCA 1975/2020 (18) y de 18 de marzo de 2021 (RCA 3934/2020 (20) , entre otras, en relación con el derecho de acceso a la información regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y la garantía de la confidencialidad prevista en la normativa específica reguladora de los mercados de valores.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 24.1, 24.2 y 25 CE, en lo relativo al derecho de defensa, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, en su vertiente de motivación. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del art. 25.1 CE -principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad- y jurisprudencia que lo desarrolla; b) vulneración de la jurisprudencia que desarrolla la falta grave prevista en el art. 8.33 LORDGC; c) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24 CE, y error en la valoración de la prueba. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, con infracción del art. 25.1 CE; b) nulidad de pleno derecho por infracción del art. 47.1 Ley 39/2015. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 25 y 14 CE. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: La revisión de oficio es excepcional y está pensada únicamente para aquellos casos en que siendo firme el acto administrativo -y, por tanto, no pudiendo ser atacado-, sin embargo, su palmaria nulidad determina, por motivos tasados y claros que constituyen verdaderos vicios de orden público, la necesidad de su expulsión del ordenamiento jurídico. Se aprecia una manifiesta incongruencia en la demanda, ya que el actor se limita a cuestionar la validez de la notificación que le fue efectuada de la resolución sancionadora, sin hacer mención alguna a la resolución administrativa impugnada, que no es otra que la decisión ministerial por la que se inadmitió la revisión de oficio por él solicitada. No obstante, la sala da respuesta al recurrente en aras a otorgarle la mayor tutela judicial. Ningún vicio de nulidad se aprecia en los sucesivos intentos de notificación de la resolución sancionadora realizados en el expediente disciplinario, plenamente ajustados a lo dispuesto en el art. 53 LORDFA -de preferente aplicación a lo dispuesto en la Ley 39/2015-, ya que se intentó realizar la notificación infructuosamente por burofax y por dos veces en días distintos y a distintas horas en el domicilio en que residía el expedientado, realizándose, por último, mediante publicación edictal. La decisión ministerial impugnada, por la que se inadmite la revisión de oficio solicitada por el recurrente, está debidametne motivada, al haberse dado en ella respuesta razonada de la causa de tal decisión.
Resumen: La Sala confirma la sentencia dictada en la instancia por la que se venía a desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente frente al Ayuntamiento por los daños que se afirman causados a consecuencia de la caída sufrida por la reclamante. Tras realizar una serie de consideraciones en relación con la responsabilidad de las Administraciones Públicas y afirmar que la carga de la prueba de los presupuestos que hacen nacer la responsabilidad indemnizatoria, salvo los supuestos de fuerza mayor o culpa de la víctima -que corresponde probar a la Administración-, recae en quien la reclama, concluye que en el supuesto presente lo transcedente no es acreditar las condiciones de la vía pública sino que una vez establecido tal hecho ha de probarse cumplidamente donde y como se produjo la caída siendo en extremo transcendente la prueba de la mecánica de esta, resultando a tal efecto netamente insuficientes los informes, dictámenes o partes médicos, los cuales sólo pueden acreditar la efectiva existencia de la lesión y su trascendencia o alcance pero constituyen, por su propia naturaleza y contenido, medios probatorios inidóneos para la acreditación de la forma concreta de causación de las lesiones a que los mismos se refieren (FD 4º).
Resumen: Las manifestaciones del ciudadano que, tras acudir al puesto en el que prestaba servicio el encartado, se dirigió a otro a presentar la denuncia que inicialmente pretendía presentar en el primero, no contradicen las afirmaciones realizadas por el recurrente en su descargo. La sala infiere que el ciudadano aceptó las explicaciones ofrecidas por el recurrente sin queja, disconformidad o protesta alguna, por lo que decidió voluntariamente no presentar la denuncia y desplazarse a la localidad colindante, en la que se habían producido los daños que pretendía denunciar, para intentar primero un arreglo amistoso con la empresa causante del daño o, en otro caso, denunciar ante el puesto de dicha localidad, marchándose convencido y sin ningún tipo de malestar. De ello no es posible deducir una negativa por parte del recurrente a hacer lo que le resultaba debido ni a entorpecer el ejercicio de un derecho, sino que se limitó a orientar al afectado sobre otra posibilidad que no puede reprocharse como carente de lógica, dada la previa intervención en el lugar de los hechos de la dotación del otro puesto de la Guardia Civil, la posible realización de trámites paralelos en el otro ayuntamiento y la mayor rapidez con que, a través de dicho puesto, podía tramitarse la denuncia. No resulta acreditada, en consecuencia, la intención de evitar la admisión de la denuncia, propósito o intención manifiesta, con astucia o habilidad para el engaño, que vendría a integrar el dolo específico del tipo.
Resumen: Determinar si el plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), para el inicio de un procedimiento sancionador, derivado de la comisión de una infracción tributaria, resulta de aplicación, únicamente, a los supuestos de incoación de procedimientos sancionadores que traigan causa de un procedimiento previo, iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección o, por el contrario, resulta también de aplicación en caso de incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria, como ocurre en el caso particular con la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero regulada en la disposición adicional decimoctava LGT.
Resumen: Admisión. Sanción en materia de telecomunicaciones. Artículos 76.5 y 77.30 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones: determinar si existe entre ambos preceptos un concurso de normas punitivas.
