Resumen: Sanción mínima de 10.000 euros por no atender a tres requerimientos para obtención de información y datos respecto de un tercero con los que había mediado operaciones económicas. Artº 203.5 de la LGT. Principio de proporcionalidad, remisión a la sentencia de 8 de marzo de 2022, rec. cas. 873/2019. Trascendencia tributaria exigida en la infracción del artº 203.5 de la LGT; si bien exige, en todo caso, por expresamente venir así dispuesto en el texto legal, la concurrencia de la trascendencia tributaria, pero sin que quepa vincular la trascendencia tributaria, en todo caso, a que la no ratificación o aportación de los datos por el obligado tributario dilate, entorpezca o impida la actuación administrativa, sino que basta que reúna los criterios jurisprudencialmente dispuestos, de suerte que afecte a la aplicación estricta de los tributos, en su expresión general, no circunscrita a determinados procedimientos de gestión o de inspección, y que aporten, al menos, una utilidad potencial, indirecta o hipotética, en los términos antes concretados.
Resumen: Posibilidad de aplicación de los principios y garantías propios del procedimiento administrativo sancionador a la revocación de una licencia de autotaxi. Utilización como prueba de cargo de los datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la tramitación de un procedimiento sancionador.
Resumen: La suspensión automática de la ejecutividad de las sanciones, establecida en el artículo 212.1 LGT no es aplicable a las sanciones objeto de una derivación de responsabilidad ex art. 42.2 LGT. Ello es sin perjuicio de solicitar y pedir la suspensión frente al acuerdo de declaración de responsabilidad solidaria, en el caso del artículo 42.2 LGT, conforme a las reglas generales que disciplinan tal suspensión.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso contra la resolución de la AXENCIA GALEGA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA por la que se declaran ilegalizables las obras y se ordena su demolición de una construcción en el lugar de Fonte Verea, en el término municipal de Toén. Señala la Sala que no cabe apreciar, ni se controvierte, un error de apreciación en la sentencia de instancia en la calificación del expediente en el que recae la resolución impugnada de expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística sin que se imponga al recurrente sanción alguna sino que declarando las actuaciones manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente se ordena su demolición, con el fin de restablecer la legalidad urbanística, no ejercitándose potestades sancionadoras. Y añade que no teniendo el expediente de reposición naturaleza sancionadora no puede entenderse vulnerado el principio de non bis in ídem alegado por el recurrente. Concluyendo en que resulta evidente que enjuiciando la resolución recurrida en función de la normativa aplicable al tiempo de su dictado y en atención a la misma, dada la incompatibilidad de la construcción con la misma, la demolición de lo construido constituye la única alternativa, por lo que también este motivo del recurso ha de ser desestimado y por ello íntegramente confirmada la sentencia de instancia.
Resumen: El mando sancionador respetó formalmente el procedimiento establecido en el régimen disciplinario de las FF.AA. para la imposición de una sanción por falta leve. Sin embargo, la prueba testifical en la que se ampara el mando sancionador para corroborar el contenido del parte disciplinario se llevó a cabo con infracción de lo dispuesto en el art. 366 LEC -de aplicación supletoria-, ya que se practicó ante el teniente dador del parte y estando un testigo en presencia del otro, pudiendo responder cualquiera de ellos indistintamente a las preguntas que se les formularon simultáneamente, por lo que la prueba no fue espontánea -condición básica para su correcta valoración-, sino condicionada o mediatizada. En consecuencia, no se considera que la prueba fuera legalmente obtenida con los requisitos para poder ser considerada prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Concluyendo el procedimiento -como consecuencia de la estimación del recurso de casación- sin declaración de responsabilidad del expedientado por inexistencia de la infracción, este tiene derecho a ser indemnizado por cada uno de los cinco días en que estuvo privado de libertad como consecuencia de la sanción de arresto que le fue impuesta conforme a la cuantía máxima de la dieta diaria de indemnización por razón del servicio, actualmente establecida en 155,90 euros diarios.
Resumen: Recurso de casacón contra sentencia desestimatoria del recurso interpuesto contra resolucón de contrato de obras y contra resolución de liquidación. Estimación. El instituto de la caducidad resulta aplicable a los procedimientos de liquidación de contratos en los que se incluya la determinación de los daños y perjuicios irrogados a la Administración como consecuencia de la resolución del contrato por causa imputable al contratista. Al plazo máximo del procedimiento cuyo vencimiento sin dictar y notificar la resolución expresa determina el efecto de la caducidad, a falta de su regulación en el TRLCAP y RGLCAP, deberá acudirse a la legislación supletoria, que establece un plazo de 3 meses para los procedimientos cuyas normas reguladoras no fijen plazo máximo. Y, en el presente caso, se aprecia la caducidad del procedimiento de liquidación, pues el procedimiento excedió del plazo máximo de 3 meses establecido por el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 para aquellos procedimientos cuyas normas reguladoras no fijen su plazo máximo, por lo que debe aplicarse el efecto previsto por el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, consistente en que el vencimiento del indicado plazo máximo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa produce la caducidad del procedimiento.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto, que conforme a lo señalado en el auto de admisión aclara si la Ley de Ordenación de la Edificación contiene una reserva a favor de determinados profesionales (arquitectos y arquitectos técnicos) para la emisión de informes de inspección técnica de edificios residenciales, y otras actuaciones análogas; y, de ser así, si tal reserva resulta conforme a los principios de necesidad y de proporcionalidad cuyo respeto imponen tanto la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado, como la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. La cuestión suscitada en el presente recurso guarda estrecha relación con las que han sido ha sido ya abordadas por la Sala en su reciente sentencia nº 31/2022, de 18 de enero (casación 1371/2019). La Sala concluye que atendiéndose a la particularidad de la actividad ejercida (informes de evaluación) y al objeto sobre el que se proyecta (construcciones de uso residencial), la eventual reserva de una actividad a favor de determinados profesionales encuentra su anclaje directo en la mencionada Ley de Ordenación de la Edificación. De modo que el artículo 8.1, inciso segundo, del decreto 53/2018, no vulnera los principios de necesidad y de proporcionalidad recogidos en el artículo 5 de la Ley de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado, ni el principio de no discriminación previsto en el artículo 3 de la misma Ley.
Resumen: Recurso de apelación. Admisión. Cuantía indeterminada. Sanción disciplinaria de empleo y sueldo. La sentencia impugnada debe ser casada, ordenándose la retroacción de actuaciones al órgano judicial a quo a fin de que, declarado admisible el recurso de apelación, se pronuncie sobre el fondo del mismo.
Resumen: La Sala señala que, como se expone en el auto de admisión, el actual criterio jurisprudencial sobre el acceso al recurso de apelación de asuntos que versan sobre sanciones disciplinarias de suspensión de empleo y sueldo es que son de cuantía indeterminada. Y en el presente caso, no cabe apreciar ninguna circunstancia por la que dicho criterio jurisprudencial no haya de aplicarse. No cabe acoger la objeción de que ello supone una aplicación retroactiva de la jurisprudencia: los cambios jurisprudenciales, por su propia naturaleza, afectan a concretos litigios que en el momento de iniciarse estaban sometidos a una interpretación diferente de las normas relevantes. Hablar de retroactividad con respecto a los cambios jurisprudenciales puede así no ser enteramente preciso, pues se trata de una categoría tradicionalmente pensada para las normas de Derecho escrito. Pero, admitiendo a efectos argumentativos que dicha categoría pueda aplicarse a la jurisprudencia, es indiscutible que la aplicación de nuevos criterios jurisprudenciales a situaciones nacidas con anterioridad no tendría más topes que los previstos para las leyes, es decir, los impuestos en el art. 9.3 de la CE, que la nueva regla suponga una agravación en materia sancionadora, o que implique una restricción de derechos individuales. En casos como el presente, el nuevo criterio jurisprudencial crea una ventaja para quienes son sancionados disciplinariamente, por lo que se trataría de retroactividad favorable, no prohibida.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a la desestimación presunta de la reclamación formulada al objeto de que se iniciara el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental contra determinadas empresas y personas físicas,anulando la desestimación impugnada y condenando al órgano competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la iniciación de un procedimiento de exigencia de responsabilidad por daños medioambientales en el mar menor contra las empresas y personas que se detallan en el fallo con adopción, en su caso,de las medidas provisionales y resolución definitiva que proceda. Con carácter previo se reconoce la legitimación al Ministerio fiscal atribuida por la Disposición adicional octava de la ley 26/2007.A continuación se centra la controversia,no tanto en las concretas medidas a exigir para la reparación de los daños medioambientales,sino cual es la administración competente para tramitar y resolver el procedimiento.Siendo el contexto en el que se produce el requerimiento,por parte del Ministerio fiscal,el de las diligencias penales tramitadas para la investigación de las personas responsables de los vertidos al mar menor y estando,por ello,debidamente identificado el recurso natural afectado. Se concluye declarando por el tribunal a la la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, como competente para aplicar la legislación ambiental sectorial al causar los daños al mar menor.
