Resumen: La Sala señala que el criterio ya se ha estableció en SSTS de 11 de marzo de 2021 (recurso de casación núm. 8049/2019) y de 15 de marzo de 2021 (recurso de casación 8288/2019), 13 de mayo de 2021 (recurso de casación 5011/2019), 10 de junio de 2021 (recurso de casación 7821/2019), 24 de junio de 2021 (recurso de casación 1550/2020), 22 de diciembre de 2021 (recurso de casación 1395/2020), 19 de enero de 2022 (recurso de casación 2179/2020) y 3 de marzo de 2022 (recurso de casación 6580/2020), cuyo sentido se impone por razones de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE), igualdad en la aplicación de la Ley (artículo 14 de la CE), y la propia coherencia de la jurisprudencia, cabe señalar que la Administración local no empleó los datos para un fin tributario sino para aplicar la normativa reguladora del taxi. Además tal cesión se hizo sin consentimiento del interesado y con base en una solicitud equívoca pues del oficio remitido a la AEAT se deduce que interesaba los datos para actuar respecto a los titulares de licencias que indebidamente las hubieran cedido a floteros.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso contra la resolución de la AXENCIA GALEGA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA por la que se acordó la ejecución subsidiaria de la orden de demolición de una construcción erigida en Razo del témino municipal de Carballo, por encontrarse en la zona de servidumbre de protección acordada por Resolución de 29 de junio de 1.995. Señala la Sala que no procede entrar en el análisis de cuestiones que debieron haber sido planteadas contra la resolución principal de que dimana la aquí analizada. Y añade que cuando se ordenó la demolición de la caseta carecía de licencia, encontrándose en zona de servidumbre marítimo terrestre, y a hora de lo que se trata es de la ejecución de esa resolución firme, del Delegado Provincial de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de fecha 29 de junio de 1995, dictada en expediente tramitado por la realización de obras en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, consistente en una construcción de una caseta de bloques y muros y cierre de parcela, siendo competencia de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística la adopción de las medidas de protección de la legalidad respecto a las obras y actividades realizadas en suelo rústico, en cualquiera de sus categorías, por lo que la competente para tramitar el expediente de restitución de la legalidad es la Administración Autonómica.
Resumen: La Sala dice que el Ayuntamiento tiene competencia para su dictado. La Ordenanza impugnada impone medidas limitativas al ejercicio del derecho a la movilidad de los titulares de vehículos sin distintivo ambiental, prohibiendo la circulación de estos vehículos con carácter general en días y horas laborables con determinadas excepciones, sujetas al cumplimiento de determinadas cargas, como las de previo registro y solicitud de autorización, a su vez limitada (número o tiempo), de manera que la ordenación debe sujetarse al imperativo de proporcionalidad. Descarta la Sala defectos formales y en cuanto ala motivación, indica que el sistema de etiquetado ambiental DGT aparece como un marco de referencia razonable desde el momento en que clasifica los vehículos más contaminantes. Considera la Sala que las medidas son desproporcionadas sobre todo para los residentes en las zonas, habiendo otras menos gravosas. También cuestiona los datos tenidos en cuenta de la calidad del aire y zonificación. No hay memorias o informes suficientes.
Resumen: Se confirma por esta sentencia el Auto del Juzgado de la instancia que acuerda denegar la medida cautelar de suspensión de la orden de expulsión adoptada por la Administración y ello al entender que no se acredita de forma adecuada la existencia de perjuicios para el recurrente que pudieran derivarse de la ejecución del acto impugnado, fijándose especialmente en el eventual arraigo que pudiere tener el recurrente en nuestro país, y ello considerando que el mismo no existe al no acreditar el arraigo que invoca.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto confirmando la sentencia de la instancia y, con ello, la sanción de expulsión impuesta al recurrente por la comisión de la infracción prevista en artículo 53.1.a) de la LO. 4/2000, con prohibición de entrada al territorio español por un período de tres años. Se aborda en primer lugar por la Sala,la cuestión relativa a la impugnación de la resolución de incoación del procedimiento sancionador. al ser una resolución de trámite, que no produce estado y respecto de la que procede la inadmisión. En cuanto al fondo, se sustenta la apelación en el fuerte arraigo invocado por la recurrente en cuanto que es una pareja de hecho constituida e inscrita en un registro público con un español y carece de antecedentes penales que pudieran fundar su expulsión además de desarrollar una actividad laboral con un precontrato de trabajo encontrándose en trámite de solicitar la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Se sustenta por la Sala, la desestimación del recurso interpuesto en lo declarado por la Sentencia del TJUE de 8-10-2020 y la interpretación realizada por la STS de 17-3-2021 para centrar el debate en la aplicación del principio de proporcionalidad a la hora de confirmar la sanción de expulsión impuesta acorde, asimismo,a lo declarado por la Directiva comunitaria y por ello se exige la valoración de las circunstancias concurrentes de manera individualizada,circunstancias que concurren en el presente supuesto.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado, que desestimó el recurso contencioso interpuesto contra la orden municipal de demolición por la ejecución de obras sin licencia urbanística, impidiendo los usos derivados de esas obras. No se admite la impugnación de las notificaciones, fueron correctas. Tampoco se aprecia la caducidad de la acción, pues no transcurrió el plazo previsto de 8 años desde la finalización de las obras, que empieza a contarse desde la total terminación de las obras, y sin necesidad de acudir a las reglas generales de la carga de la prueba. La prueba la soporta no la Administración sino el administrado que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad en la realización de unas obras y que por tanto ha creado la dificultad para el conocimiento del "dies a quo". Las obras colocaron la vivienda en situación de fuera de ordenación. El informe técnico municipal determina la incompatibilidad urbanística de las obras en relación con el planeamiento aplicable. Tampoco se aprecia la nulidad radical invocada por la recurrente.
Resumen: Constatada la carencia de relato fáctico en la resolución sancionadora, resulta directamente afectada su validez, lo que es determinante de su nulidad, no ya solo por la infracción que supone del art. 47.1 LORDFA, sino también por afectar a los derechos de defensa, presunción de inocencia y legalidad de la potestad sancionadora. Resulta contrario a la lógica jurídica que el órgano judicial no se limite al control de la actuación administrativa y, en su caso, a precisar, corregir o completar los hechos con el resultado de la prueba practicada en el proceso judicial, sino que desborde dicha función mediante la sustitución de la Autoridad sancionadora en la determinación de los hechos merecedores de sanción. Tal inversión de funciones, además de vulnerar la tutela judicial efectiva, perjudica el derecho de defensa, ya que solo tras la sentencia de instancia -al final del proceso de revisión de la actuación administrativa- tendría conocimiento la recurrente de la conducta que le es atribuida y que resulta subsumible en el tipo disciplinario aplicado, sin otra posibilidad de reacción que el recurso extraordinario de casación, limitado al examen de las cuestiones de derecho, con exclusión de las de hecho, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 93 LJCA.
Resumen: Se reitera la jurisprudencia -singularmente, STS de 17/03/2021 (rec. 2870/2020)-, que declara que la única sanción viable para el caso de estancia irregular es la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, si bien se exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, circunstancias estas que son las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo. Porque en nuestro Derecho, la situación de estancia irregular se califica como infracción grave -art. 53.1.a) LOEX-, regulándose el procedimiento para su sanción -bien sea ordinario o preferente, pero en todo caso único-, como única es la sanción que puede imponerse conforme al art. 57 de dicha Ley. No cabe, pues, la opción de la sanción de multa o expulsión, sino que en todo caso ha de acordarse la expulsión, cuando concurran la señaladas circunstancias de agravación. Se recuerda la doctrina reiterada del TJUE -reflejada también en la STJUE de 03/03/2022- en el sentido de que la Directiva 2008/115/CE no tiene por objeto armonizar totalmente las normas de los Estados miembros en materia de residencia de extranjeros, por lo que no se opone a la calificación (como delito o como infracción administrativa) de la estancia irregular establecida por un Estado miembro.
Resumen: Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. La Orden respeta los principios de legalidad y reserva de ley, en cuanto que las obligaciones impuestas tienen como base normativa lo dispuesto en los arts. 29.2.f) y 93 de la LGT, en relación con los arts. 30.2 del Real Decreto 1065/2007, y los arts. 18 y 19 de la LIS y 13.4 y 37 de la RIS; respetándose, así mismo, el principio de proporcionalidad en función de la transcendencia tributaria de la información a obtener por la obligación formal impuesta. Al no poseer naturaleza sancionadora la citada Orden, carece de virtualidad para quebrantar el principio de tipicidad propia del ámbito sancionador.
Resumen: Admisión. Reintegro de subvención. Las cuestiones planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar: (i) si la superación del límite "de mínimis" establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, constituye el supuesto de reintegro establecido por el artículo 37.1.h) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones [ artículo 33.1.h) de la Ley 9/2007, de 13 de junio , de subvenciones de Galicia]; y (ii) si el principio de proporcionalidad resulta o no aplicable al incumplimiento del límite de mínimis.
