Resumen: Archivo de actuaciones de reclamación, por no apreciarse ninguna vulneración de la normativa de protección de datos personales. Tras rechazar la objeción de falta de legitimación del actor, desestima el recurso. El acto impugnado es la decisión del CGPJ de archivar, sin una suficiente investigación a juicio del recurrente, una denuncia exclusivamente basada en la indebida revelación de datos personales. Si ese era el objeto de la denuncia que el recurrente pretendía que se investigase por si se había producido algún ilícito disciplinario, difícilmente puede achacar a la decisión del Consejo no haber investigado otra supuesta infracción diferente a la denunciada, cual es la destrucción o alteración de archivos informáticos, que no puede calificarse de indisolublemente ligada o derivada de la que constituía el objeto de su queja. Por otra parte, si no se produjo el expurgo de los datos personales no necesarios para la causa instruida contenidos en los dispositivos de almacenamiento masivo del actor antes de su entrega al Ministerio Fiscal y, posteriormente, al resto del partes personadas, fue por la falta de diligencia de la parte recurrente, sin que los indicios aportados por el demandante sean suficientes para justificar la prosecución de las actuaciones indagatorias incoadas por el CGPJ.
Resumen: Imposición de sanción en casos de simulación. Existencia de dolo. Imposibilidad de apreciar causa de exclusión de la culpabilidad.
Resumen: Auto de admisión; determinar: sí el artículo 30 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, al tipificar las sanciones con arreglo a una horquilla máxima en función de la competencia del órgano sancionador, respeta las exigencias constitucionales de tipicidad sancionadora.
Resumen: Determinar si el plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 de la Ley General Tributaria para el inicio de un procedimiento sancionador, derivado de la comisión de una infracción tributaria, resulta de aplicación, únicamente, a los supuestos de incoación de procedimientos sancionadores que traigan causa de un procedimiento previo, iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección o, por el contrario, resulta también de aplicación en caso de incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria, como ocurre en el caso particular con la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero regulada en la Disposición adicional decimoctava de dicha Ley.
Resumen: IRPF. Aplicación de los artículos 16 y 179.2.d) de la Ley General Tributaria (LGT): ¿estimada la simulación resulta procedente aplicar, en todo caso, la sanción o cabe invocar la interpretación razonable de la norma como causa exculpatoria de la responsabilidad por infracción tributaria por la existencia de calificaciones jurídicas divergentes en relación con operaciones similares? El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictadas el 21 de septiembre de 2020 (RCA 3130/2017); 15 de octubre de 2020 (RCA 4328/2018) y 22 de octubre de 2020(RCA 4786/2018).
Resumen: Anulación de una resolución sancionadora en sede de reposición. Retroacción de actuaciones. Determinación del efecto sobre el plazo máximo de tramitación del expediente. Determinación del plazo para dictar una nueva resolución sancionadora.
Resumen: La Sala estima el recurso. El art. 57.2 LOEX, que es el precepto que ha determinado en este caso la expulsión del recurrente, ha sido interpretado por esta Sala en sentencias anteriores, fijando doctrina. El art. 57.2 de la LOEX no dispone la expulsión del extranjero que hubiese sido condenado a pena privativa de libertad superior a un año, sino del extranjero que cometa un delito doloso sancionado en España con esa pena. Y no vienen al caso principios propios del ámbito sancionador como los de individualización y proporcionalidad de las penas (art. 131 de la Ley 30/1992), pues la individualización de la pena -y ello debe ser aquí destacado- ya se ha producido en el ámbito penal. Por ello, la expulsión es una medida ad hoc impuesta por la legislación de extranjería en atención a la gravedad "en abstracto" del delito cometido por las especiales razones de ese régimen jurídico, ajenas a consideraciones propias de otros ámbitos normativos. Por tanto, el art. 57.2 LOEX, y, en concreto, su inciso "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año" debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a la pena asignada, en abstracto, al tipo en la legislación penal y no a la pena efectivamente impuesta en el caso concreto como consecuencia de la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Resumen: IRPF. Aplicación de los artículos 16 y 179.2.d) de la Ley General Tributaria (LGT): ¿estimada la simulación resulta procedente aplicar, en todo caso, la sanción o cabe invocar la interpretación razonable de la norma como causa exculpatoria de la responsabilidad por infracción tributaria por la existencia de calificaciones jurídicas divergentes en relación con operaciones similares? El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictadas el 21 de septiembre de 2020 (RCA 3130/2017); 15 de octubre de 2020 (RCA 4328/2018) y 22 de octubre de 2020(RCA 4786/2018).
Resumen: La incoación de nuevo expediente tras la declaración de caducidad del anterior al no haber prescrito la falta investigada, así como el desglose e incorporación de la documentación del primero de los expedientes, fue ajustada a derecho. Las manifestaciones realizadas por la recurrente en varios medios de comunicación social integran el tipo disciplinario apreciado, ya que, a través de ellas, realizó auténticas peticiones y reclamaciones, mostrando abierta discrepancia con el acoso laboral que decía estar sufriendo y exigiendo que terminara. Las manifestaciones realizadas a través de los medios no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, habida cuenta de que, además de su carácter irrespetuoso, a través de ellas la recurrente llegó a hacer imputaciones gratuitas y sin fundamento alguno de conductas que podrían ser constitutivas de infracción disciplinaria o, incluso, de ilícito penal -así: que el fin último era echarla de la Guardia Civil; que se falsificaban informes; que había visto a borrachos, porreros, cocainómanos o narcotraficantes vistiendo de uniforme; etc.-. El tribunal de instancia dispuso de suficiente prueba de cargo, valorada con sometimiento a las reglas de la lógica, sin que llegara a albergar duda alguna de la certeza de los hechos imputados a la recurrente, por lo que no resultaba aplicable el in dubio pro reo. Las circunstancias concurrentes hacen que se considere más ajustada que la impuesta la sanción de un mes de suspensión de empleo.
Resumen: Admisión. Inspección técnica de edificios residenciales. Establecimiento de reserva a favor de determinados profesionales: análisis a la luz de lo dispuesto en los artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Existencia de interés casacional objetivo para aclarar, matizar, reforzar o en su caso corregir la jurisprudencia existente. Precedentes: AATS de 25 de marzo de 2021 (RRCA 4486/2020 y 4580/2020), de 8 de abril de 2021 (RRCA 2470/2020 y 3674/2020) y de 15 de abril de 2021 (RCA 8116/2020).
