Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en la infracción por la sentencia impugnada de la jurisprudencia del TC y de esta sala sobre: a) el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad; b) el derecho a la presunción de inocencia; c) el derecho de defensa. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha vulnerado los arts. 24.2, 117, 25 y 9.3 CE, por quebrantamiento del derecho de defensa, así como de los principios de imparcialidad y legalidad, por falta de tipicidad de la conducta del sancionado, la presunción de inocencia y el principio de seguridad jurídica. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad -art. 25.1 CE-; b) vulneración de los principios de proporcionalidad -art. 19 LORDGC- e interdicción de la arbitrariedad -art. 9.3 CE-. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en la vulneración del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad -art. 25.1 CE- en que incurre la sentencia recurrida, por la falta de concreción del tipo disciplinario aplicado, que se dice pertenece a los denominados «tipos en blanco». La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Admisión. Autorización de entrada en domicilio para la ejecución de actos administrativos. Recuperación posesoria. Menores de edad. Principio de proporcionalidad. Apartamiento deliberado de la jurisprudencia -artículo 88.3.b) de la LJCA-. Precedentes: AATS, entre otros, de 31 de octubre de 2019, 21 de febrero y 8 de mayo de 2020 (RRCA 4507/2019, 7176/2019 y 7291/2019, respectivamente).
Resumen: Licencia de taxi. Revocación de licencia. Cesión de datos por la Agencia Tributaria en virtud del artículo 95 de la Ley General Tributaria. Han recaído SSTS de 11 de marzo de 2021 (recurso de casación núm. 8049/2019) y de 15 de marzo de 2021 (recurso de casación 8288/2019), seguidas por la sentencia en virtud del principio de unidad de criterio y de seguridad jurídica. No obstante, la Sala precisa que a diferencia de esos supuestos, donde se examinaba la cuestión en relación en la condición de "flotero" de los recurrentes, en este supuesto se trata de un titular de licencia de autotaxi, sin embargo, se afirma que ninguna de tales circunstancias altera el resultado esencial del juicio de la Sala expresado en la inicial STS 344/2021, de 11 de marzo, de manera que se reitera el criterio por el que una Administración, si para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la AEAT la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto el acto dictado con base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 95.1 de la LGT.
Resumen: Dos son las cuestiones planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: i) cómo y cuándo debe computarse el plazo de prescripción de la sanción impuesta cuando se ha interpuesto recurso de reposición y no de alzada, que es la hipótesis a la que se refiere el art. 30 Ley 40/15; y b) si apreciada la prescripción de la sanción, la nulidad de ésta puede extenderse a las demás obligaciones impuestas por el art. 118 del TRLA, y que no fueron objeto de la prescripción. A la primera cuestión el TS responde afirmativamente, pues aunque la norma no se refiere al recurso de reposición, una interpretación conforme a su finalidad e identidad de situaciones y contenido de ambos recursos, procede aplicar el mismo criterio legal. Ello supone superar el criterio de la Ley 30/92 que anudaba la prescripción a la ejecutividad de la resolución sancionadora, lo que desde el punto de vista de la seguridad jurídica en relación con la inactividad de la Administración, podía dar lugar a situaciones manifiestamente perjudiciales para el administrado. A la segunda cuestión, el TS, conforme, entre otras, a la STS de 17 de febrero de 2020 (RCA 1544/18), concluye que la apreciación de prescripción de la sanción no se extiende a la de otras obligaciones o prohibiciones impuestas, en este caso la de reposición del demanio, pues la acción de reparación es de distinta naturaleza a la acción de carácter sancionador.
Resumen: La falta de previsión de la doble instancia penal en el ámbito militar no puede provocar indefensión, por lo que el recurso de casación en el que se invoque infracción de la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia ha de permitir la revisión íntegra de la sentencia condenatoria, también en cuanto a la culpabilidad y participación en los hechos de los recurrentes. La conducta inveraz imputada al primero de los condenados quedó acreditada por suficiente prueba directa -testificales y reconocimiento del propio acusado-, por lo que, al no albergar duda alguna el tribunal sentenciador respecto de los hechos que declaró probados, no puede aplicarse el principio in dubio pro reo. Resulta inviable el motivo basado en error facti, pues no se apoya en prueba documental alguna que soporte ningún error manifiesto y palmario con relevancia para modificar el relato fáctico y el sentido del fallo. La conducta del cabo legionario y de su esposa, dama legionaria, condenados por faltar a la verdad en sus explicaciones a los mandos para justificar un retraso de aquel en la presentación a la primera lista de ordenanza carece de la entidad y relevancia necesarias para su castigo como delito, tanto desde la perspectiva de la lesividad para el servicio, como desde la de la proporcionalidad, habida cuenta de la especial relevancia constitucional que ostenta la privación de libertad y de que, aun impuesta la pena mínima, esta se elevó a 6 meses de privación de libertad.
Resumen: 1. El artículo 26 de la Ley del Concierto Económico debe ser interpretado en el sentido de que, aunque habilita al órgano foral competente para que, en Vizcaya, apruebe modelos de declaración e ingreso, no permite que, a su amparo, se sustituya el régimen de liquidación resumen anual por el de autoliquidación y, menos aún, para que del cambio de sistema surja una causa nueva de interrupción de la prescripción extintiva en materia de IVA, distinta a la que se atribuya al modelo 390 que rige para la Administración del Estado. 2. La presentación de la declaración-resumen anual del IVA, modelo 390, aprobada en la Orden foral 3196/2012, de 21 de diciembre, no constituye un supuesto de interrupción de la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, a la luz del artículo 26 de la Ley del Concierto Económico. 3. La orden incurre en exceso normativo con relación a lo establecido en la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del IVA que, en su artículo 164, uno, 6º, dispone que, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas para determinados regímenes especiales, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración resumen anual, mandato en que no cabe referencia alguna a autoliquidaciones anuales ni a su eventual efecto interruptivo.
Resumen: Contrato de gestión de servicio público y abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. Capacidad y solvencia técnica de las empresas licitadoras. Carácter restrictivo de la exclusión de la posibilidad de agrupar o acumular las capacidades y experiencias de los distintos operadores económicos, únicamente cuando el objeto del contrato o las circunstancias lo justifiquen y con observancia del principio de proporcionalidad. Consideración como suficiente de la acreditación por una de las empresas que forman parte de la UTE de la experiencia requerida en el sector de actividad, con independencia de que la otra empresa cumpla o no tal requisito. Derecho del operador económico a recurrir, para un determinado contrato, a las capacidades de otras entidades, independientemente de los vínculos que tenga con ellas, para cumplir tanto los criterios relativos a la capacidad económica y financiera, como los relativos a las capacidades técnicas y profesionales. Integración o suma de las capacidades de las empresas o utilización de medios ajenos a la propia empresa para favorecer el acceso a la licitación de los contratos. Intención del derecho comunitario de favorecer la participación amplia de los licitadores.
