• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: FRANCISCO JOSE SOSPEDRA NAVAS
  • Nº Recurso: 43/2020
  • Fecha: 21/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala dice que el Ayuntamiento tiene competencia para su dictado. La Ordenanza impugnada impone medidas limitativas al ejercicio del derecho a la movilidad de los titulares de vehículos sin distintivo ambiental, prohibiendo la circulación de estos vehículos con carácter general en días y horas laborables con determinadas excepciones, sujetas al cumplimiento de determinadas cargas, como las de previo registro y solicitud de autorización, a su vez limitada (número o tiempo), de manera que la ordenación debe sujetarse al imperativo de proporcionalidad. Descarta la Sala defectos formales y en cuanto ala motivación, indica que el sistema de etiquetado ambiental DGT aparece como un marco de referencia razonable desde el momento en que clasifica los vehículos más contaminantes. Considera la Sala que las medidas son desproporcionadas sobre todo para los residentes en las zonas, habiendo otras menos gravosas. También cuestiona los datos tenidos en cuenta de la calidad del aire y zonificación. No hay memorias o informes suficientes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 61/2021
  • Fecha: 17/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Constatada la carencia de relato fáctico en la resolución sancionadora, resulta directamente afectada su validez, lo que es determinante de su nulidad, no ya solo por la infracción que supone del art. 47.1 LORDFA, sino también por afectar a los derechos de defensa, presunción de inocencia y legalidad de la potestad sancionadora. Resulta contrario a la lógica jurídica que el órgano judicial no se limite al control de la actuación administrativa y, en su caso, a precisar, corregir o completar los hechos con el resultado de la prueba practicada en el proceso judicial, sino que desborde dicha función mediante la sustitución de la Autoridad sancionadora en la determinación de los hechos merecedores de sanción. Tal inversión de funciones, además de vulnerar la tutela judicial efectiva, perjudica el derecho de defensa, ya que solo tras la sentencia de instancia -al final del proceso de revisión de la actuación administrativa- tendría conocimiento la recurrente de la conducta que le es atribuida y que resulta subsumible en el tipo disciplinario aplicado, sin otra posibilidad de reacción que el recurso extraordinario de casación, limitado al examen de las cuestiones de derecho, con exclusión de las de hecho, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 93 LJCA.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 6695/2020
  • Fecha: 16/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reitera la jurisprudencia -singularmente, STS de 17/03/2021 (rec. 2870/2020)-, que declara que la única sanción viable para el caso de estancia irregular es la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, si bien se exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, circunstancias estas que son las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo. Porque en nuestro Derecho, la situación de estancia irregular se califica como infracción grave -art. 53.1.a) LOEX-, regulándose el procedimiento para su sanción -bien sea ordinario o preferente, pero en todo caso único-, como única es la sanción que puede imponerse conforme al art. 57 de dicha Ley. No cabe, pues, la opción de la sanción de multa o expulsión, sino que en todo caso ha de acordarse la expulsión, cuando concurran la señaladas circunstancias de agravación. Se recuerda la doctrina reiterada del TJUE -reflejada también en la STJUE de 03/03/2022- en el sentido de que la Directiva 2008/115/CE no tiene por objeto armonizar totalmente las normas de los Estados miembros en materia de residencia de extranjeros, por lo que no se opone a la calificación (como delito o como infracción administrativa) de la estancia irregular establecida por un Estado miembro.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 4727/2020
  • Fecha: 16/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. La Orden respeta los principios de legalidad y reserva de ley, en cuanto que las obligaciones impuestas tienen como base normativa lo dispuesto en los arts. 29.2.f) y 93 de la LGT, en relación con los arts. 30.2 del Real Decreto 1065/2007, y los arts. 18 y 19 de la LIS y 13.4 y 37 de la RIS; respetándose, así mismo, el principio de proporcionalidad en función de la transcendencia tributaria de la información a obtener por la obligación formal impuesta. Al no poseer naturaleza sancionadora la citada Orden, carece de virtualidad para quebrantar el principio de tipicidad propia del ámbito sancionador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 2240/2021
  • Fecha: 16/03/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Reintegro de subvención. Las cuestiones planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar: (i) si la superación del límite "de mínimis" establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, constituye el supuesto de reintegro establecido por el artículo 37.1.h) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones [ artículo 33.1.h) de la Ley 9/2007, de 13 de junio , de subvenciones de Galicia]; y (ii) si el principio de proporcionalidad resulta o no aplicable al incumplimiento del límite de mínimis.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 4850/2020
  • Fecha: 16/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción mínima de 10.000 euros por no atender a tres requerimientos para obtención de información y datos respecto de un tercero con los que había mediado operaciones económicas. Artº 203.5 de la LGT. Principio de proporcionalidad, remisión a la sentencia de 8 de marzo de 2022, rec. cas. 873/2019. Trascendencia tributaria exigida en la infracción del artº 203.5 de la LGT; si bien exige, en todo caso, por expresamente venir así dispuesto en el texto legal, la concurrencia de la trascendencia tributaria, pero sin que quepa vincular la trascendencia tributaria, en todo caso, a que la no ratificación o aportación de los datos por el obligado tributario dilate, entorpezca o impida la actuación administrativa, sino que basta que reúna los criterios jurisprudencialmente dispuestos, de suerte que afecte a la aplicación estricta de los tributos, en su expresión general, no circunscrita a determinados procedimientos de gestión o de inspección, y que aporten, al menos, una utilidad potencial, indirecta o hipotética, en los términos antes concretados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 7984/2021
  • Fecha: 16/03/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Posibilidad de aplicación de los principios y garantías propios del procedimiento administrativo sancionador a la revocación de una licencia de autotaxi. Utilización como prueba de cargo de los datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la tramitación de un procedimiento sancionador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 3723/2020
  • Fecha: 15/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La suspensión automática de la ejecutividad de las sanciones, establecida en el artículo 212.1 LGT no es aplicable a las sanciones objeto de una derivación de responsabilidad ex art. 42.2 LGT. Ello es sin perjuicio de solicitar y pedir la suspensión frente al acuerdo de declaración de responsabilidad solidaria, en el caso del artículo 42.2 LGT, conforme a las reglas generales que disciplinan tal suspensión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO CUESTA DEL CASTILLO
  • Nº Recurso: 54/2021
  • Fecha: 15/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El mando sancionador respetó formalmente el procedimiento establecido en el régimen disciplinario de las FF.AA. para la imposición de una sanción por falta leve. Sin embargo, la prueba testifical en la que se ampara el mando sancionador para corroborar el contenido del parte disciplinario se llevó a cabo con infracción de lo dispuesto en el art. 366 LEC -de aplicación supletoria-, ya que se practicó ante el teniente dador del parte y estando un testigo en presencia del otro, pudiendo responder cualquiera de ellos indistintamente a las preguntas que se les formularon simultáneamente, por lo que la prueba no fue espontánea -condición básica para su correcta valoración-, sino condicionada o mediatizada. En consecuencia, no se considera que la prueba fuera legalmente obtenida con los requisitos para poder ser considerada prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Concluyendo el procedimiento -como consecuencia de la estimación del recurso de casación- sin declaración de responsabilidad del expedientado por inexistencia de la infracción, este tiene derecho a ser indemnizado por cada uno de los cinco días en que estuvo privado de libertad como consecuencia de la sanción de arresto que le fue impuesta conforme a la cuantía máxima de la dieta diaria de indemnización por razón del servicio, actualmente establecida en 155,90 euros diarios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 2137/2020
  • Fecha: 14/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casacón contra sentencia desestimatoria del recurso interpuesto contra resolucón de contrato de obras y contra resolución de liquidación. Estimación. El instituto de la caducidad resulta aplicable a los procedimientos de liquidación de contratos en los que se incluya la determinación de los daños y perjuicios irrogados a la Administración como consecuencia de la resolución del contrato por causa imputable al contratista. Al plazo máximo del procedimiento cuyo vencimiento sin dictar y notificar la resolución expresa determina el efecto de la caducidad, a falta de su regulación en el TRLCAP y RGLCAP, deberá acudirse a la legislación supletoria, que establece un plazo de 3 meses para los procedimientos cuyas normas reguladoras no fijen plazo máximo. Y, en el presente caso, se aprecia la caducidad del procedimiento de liquidación, pues el procedimiento excedió del plazo máximo de 3 meses establecido por el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 para aquellos procedimientos cuyas normas reguladoras no fijen su plazo máximo, por lo que debe aplicarse el efecto previsto por el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, consistente en que el vencimiento del indicado plazo máximo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa produce la caducidad del procedimiento.

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