• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 82/2021
  • Fecha: 19/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No cabe apreciar caducidad del expediente disciplinario, al resultar de aplicación la suspensión de términos e interrupción de plazos determinada por la D.A. 3.ª RD 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La falta de previa información sobre la identidad del secretario auxiliar que intervino en la declaración testifical del dador del parte no impidió su recusación ni representó vicio de procedimiento que afectara a los derechos del recurrente y a la validez de la declaración. Tampoco se vulneró derecho fundamental alguno por la mera reflexión introducida, a mayor abundamiento, en uno de los fundamentos de derecho del informe del asesor jurídico de la autoridad sancionadora que no alteró los hechos imputados ni contribuyó a su integración en el tipo disciplinario ni a la selección de la sanción. No se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, pues el tribunal de instancia se apoyó en suficiente prueba de cargo -documental no contradicha y testifical por la que se ratificó el parte emitido-. No es viable una alegación por vulneración del principio de tipicidad que se limite a seguir cuestionando la valoración de la prueba y los propios hechos probados. Tampoco es coherente que en el desarrollo de esa alegación se prescinda de entrar en consideraciones jurídicas sobre la subsunción de la conducta sancionada en el precepto disciplinario sustantivo cuya infracción se denuncia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 6557/2021
  • Fecha: 18/05/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si un acto sancionador, consistente en una multa pecuniaria fija por cumplimiento tardío -sin requerimiento previo de la Administración-, de la obligación de suministrar información a través del modelo 720 sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Disposición adicional 18ª de la Ley General Tributaria) puede resultar incompatible con el derecho de la Unión Europea, considerando el principio de proporcionalidad y las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la UE, en particular y sin perjuicio de otras que pudieran resultar afectadas, la libre circulación de capitales, interpretadas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 83/2021
  • Fecha: 18/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conforme se desprende del relato de hechos probados: la sancionada se encontraba el día de los hechos en el puesto de la Guardia Civil de su destino haciendo unas fotocopias para un trámite relacionado con su condición de guardia civil; en el momento de los hechos estaba en situación de suspensión de empleo por tiempo de dos meses; la interesada no vestía de uniforme. De todo ello se desprende que el recurso debe ser estimado, ya que la previsión típica no quedó colmada, pues los hechos no tuvieron lugar ni en el ejercicio concreto de las funciones, ni durante la prestación del servicio ni con ocasión del mismo. En cuanto a la previsión típica de estar vistiendo de uniforme, es palmario que la acción puede dirigirse no solo contra superiores, compañeros o subordinados, sino también contra ciudadanos, de lo que se desprende que el requisito de vestir de uniforme solo puede predicarse del sujeto activo de la conducta. Esta conclusión no impide recordar el respeto y consideración que todos los miembros de la Guardia Civil deben observar para con sus superiores, compañeros o subordinados, habida cuenta de la visión institucional sobre la naturaleza militar de la Guardia Civil, que se ostenta de modo permanente, en el servicio y fuera de él, lo que habría podido dar lugar a encuadrar la conducta enjuiciada en otro tipo disciplinario -como el de falta de respeto contemplado en el art. 9.18 LORDGC-, pero no la aplicada, por imperativo del principio de legalidad sancionadora.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARCIAL VIÑOLY PALOP
  • Nº Recurso: 550/2020
  • Fecha: 18/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La resolución impugnada exigió el reintegro parcial y denegó, además, el derecho al percibo de otra parte de la ayuda concedida a la entidad recurrente dentro del programa de desarrollo de las Comarcas Mineras, que había sido concedida para la construcción de un edificio de uso docente e institucional. La Sala parte de la regulación de esta clase de subvenciones y, tras valorar la prueba aportada a los autos, concluye que no se cumplió con la realización del proyecto subvencionado en los términos recogidos en el Convenio de aplicación. No obstante, aprecia un incumplimiento solo parcial lo que entiende justifica la aplicación del principio de proporcionalidad y la limitación del deber de reintegro, y ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley General de Subvenciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: MARIA CARMEN FRIGOLA CASTILLON
  • Nº Recurso: 145/2021
  • Fecha: 18/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Constituye el objeto del recurso contencioso las resoluciones del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca que desestimaron sendos recursos de alzada interpuestos contra la Orden de demolición y de sanción por infracción urbanística, en relación con la parcela 28 del polígono 5 del término municipal de Campanet. El Juzgado desestima el recurso y en el fundamento jurídico quinto da respuesta a las argumentaciones sustantivas. Rechaza que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido; que no exista motivación de la ampliación de las edificaciones objeto del expediente y también que se infrinjan los principios de tipicidad y proporcionalidad. El almacén tienda se construyó en dos fases distintas, la primera era una ampliación de una antigua caseta de naturaleza rústica, y la segunda es posterior al año 2004, sin concretar tampoco cuándo, por lo que tiene la parte la obligación de acreditar en qué momento y anualidad terminó esa segunda fase constructiva, porque es desde ese momento que finalizó esa segunda fase que se inicia el plazo de prescripción para esa construcción. La parte actora no practió prueba en el debate que acreditara con certeza ese punto por lo que sus argumentos decaen.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
  • Nº Recurso: 243/2016
  • Fecha: 18/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La entidad actora, frente a la cual se incoó un procedimiento sancionador que concluyó con la imposición de una multa por su participación en un cártel, aportó una información errónea sobre su volumen de negocios cuando fue requerido para ello. Como consecuencia de dicha conducta se le incoó otro procedimiento en el que igualmente ha recayó una sanción, que es la recurrida en este caso. Frente a las alegaciones de la sancionada, que insiste en la falta de culpabilidad, la Sala manifiesta no albergar duda entonces de que la conducta de la actora obedecía a la intención de minorar el volumen de negocios del año 2014 a fin de reducir el importe de la multa o, cuando menos, a una grave negligencia evidenciada en el cumplimiento de sus obligaciones contables, pues solo así podría explicarse esa dualidad de cifras remitidas, unas a la CNMC, y otras al Registro Mercantil. Por lo que desestima al recurso y confirma la resolución impugnada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 7817/2020
  • Fecha: 17/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción por incumplimiento de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero. Improcedente aplicación del plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 LGT para el inicio de un procedimiento sancionador. Retroacción de actuaciones. El plazo de caducidad del artículo 209.2 de la Ley General Tributaria no resulta aplicable al procedimiento sancionador que nos ocupa, puesto que no se ha iniciado como consecuencia de ninguno de los cuatro procedimientos expresamente previstos en dicho artículo, regulados en los artículos 128 a 140 y 145 a 159 de dicha Ley , sino que derivan de la presentación voluntaria, pero fuera de plazo, de las declaraciones informativas de bienes.situados en el extranjero
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 26/2022
  • Fecha: 17/05/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en lo siguiente: a) infracción del art. 24.1 CE (tutela judicial efectiva); b) infracción del art. 24.2 CE (presunción de inocencia); c) infracción del art. 25.1 CE (principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad). La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 211/2021
  • Fecha: 17/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Remisión a la sentencia de 29 de abril de 2022, dictada en el recurso de casación RCA/7831/2020. El plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 LGT para el inicio de un procedimiento sancionador, derivado de la comisión de una infracción tributaria, no resulta de aplicación en caso de incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria, en particular no es aplicable en el caso de presentación extemporánea de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. A la vista de esta doctrina, procede, estimar el recurso de casación planteado por el abogado del Estado, anulando el pronunciamiento de instancia en cuanto diverge de la expresada jurisprudencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 246/2021
  • Fecha: 17/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación en el que la cuestión casacional a resolver consistía en eterminar si la superación del plazo establecido para pagar los gastos objeto de la subvención lleva irremisiblemente al reintegro de aquellos gastos no pagados en plazo, o si cabe aplicar el principio de proporcionalidad en atención al mayor o menor periodo temporal de la superación del plazo legal establecido. De modo que la principal cuestión que se debate en el presente recurso es la fecha en la que hay que considerar efectuado el pago de la actividad subvencionada cuando dicho pago se produce mediante cheques bancarios entregados dentro del plazo de justificación, pero que son hechos efectivos por la entidad recipiendaria de los mismos con posterioridad a la finalización del citado plazo. Entiende que la Administración autonómica hizo una interpretación rigorista de lo dispuesto en los artículos 31.2 de la Ley General de Subvenciones y 1170, párrafo segundo, del Código Civil, dando lugar a un resultado gravoso que se acuerda prescindiendo de la conducta de la entidad perceptora de la subvención y vulnerándose con ello el principio de proporcionalidad, pues se impone a la beneficiaria el reintegro de la subvención siendo así que dicha entidad realizó el pago dentro del plazo señalado en el condicionado de la subvención, como demuestra el recibo liberatorio emitido por Academia Alcorcón, siendo esta última la que tardó en presentar al cobro el talón nominativo.

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