Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria del recurso de alzada dictada por el Mando de Operaciones de la Zona de Galicia de fecha 21 de junio de 2024, por la que examina la revocación por la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la licencia de armas tipo "E" y "D" al recurrente. Señala la Sala que para solicitar las licencias y autorizaciones especiales de armas, además de la documentación requerida para cada supuesto en los correspondientes artículos de este Reglamento, los interesados deberán acreditar la posesión de las aptitudes psíquicas y físicas adecuadas y los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo de las armas, en la forma prevenida. Y añade que se trata de valorar la idoneidad del recurrente para ser portador de un arma, instrumento éste último cuya peligrosidad justifica la rigurosa aplicación de las previsiones normativamente establecidas y la aceptación de un alto nivel de exigencia respecto a las condiciones del solicitante hasta el punto de que resulten razonablemente eliminados los elementos de duda que pudieran concurrir, y apreciándose que a tenor del carácter restrictivo indicado en la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana, por lo que la Sala estima que existe base suficiente para la adopción de una decisión que privilegie el interés público frente al interés particular del recurrente.
Resumen: El auto de admisión de este recurso de casación entendió con interés casacional esclarecer si cabía sancionar a un obligado tributario que había seguido las indicaciones formuladas en la contestación a una consulta en el seno del programa denominado INFORMA de la AEAT y determinar si tales contestaciones tenían valor de actuación de información ex artículo 86 LGT. Sin embargo, la sentencia desestima el recurso de casación sin fijar doctrina jurisprudencial puesto que constata una desconexión entre la realidad de los hechos configuradores de la pretensión y la cuestión de interés casacional dado que el criterio contenido en el programa INFORMA no se ha aplicado en ningún momento.
Resumen: No hay ningún indicio de que el tiempo invertido por cada una de las personas indicadas en el acta de liquidación e infracción en la realización de ese curso on line concurra ninguna de las notas características de la relación laboral: compromiso personalísimo de desarrollar la actividad, voluntariedad, dependencia, ajenidad, retribución.De hecho, se ha puesto de manifiesto que la empresa recurrente carece de cualquier posibilidad de controlar en qué momento dichas personas, a las que les ha facilitado las claves de acceso, acceden a la plataforma, por lo que resultaría imposible que les diese de alta en una fecha determinada, ya que no puede conocer a priori qué trabajadores, finalmente, van a hacer el curso, su duración y en qué momento. Por ello, la formación en materia preventiva realizada antes de la finalización del proceso de selección por la ETT y por tanto antes de la contratación de cada trabajador, en un momento en que ni siquiera hay certeza de si dicha persona va a ser contratada en el futuro por la actora, no puede considerarse determinante del alta en la Seguridad Social.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto que desestima la solicitud de medidas cautelares de suspensión de la ejecución del acto impugnado, y señala que no concurre arraigo en el recurrente, además de indicar una serie de circunstancias que suelen considerarse elementos negativos a efectos de expulsión por estancia irregular, entre las que cita un incumplimiento de salida obligatoria por haber caducado sin renovación el 9 de diciembre de 2022 la autorización de residencia temporal de menor extranjero no acompañado tutelado por entidad pública. Señala la Sala que debe recordarse que, de conformidad con una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la hora de decidir la eventual procedencia de la adopción de medidas cautelares en materia de extranjería, cuando el objeto de impugnación lo constituye la resolución que acuerda la expulsión del territorio nacional, es la existencia o inexistencia de arraigo el parámetro decisivo para la concesión de la medida cautelar, entendiéndose por arraigo la existencia de especiales intereses familiares, sociales o económicos del recurrente, que se verían seriamente perjudicados si se procediera a la expulsión; si bien no puede desconocerse, por otro lado, que, conforme dispone el artículo 130.2 de la vigente Ley Jurisdiccional, la medida podrá denegarse cuando de la misma pudiera seguirse perturbación grave a los intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.
Resumen: Protección datos carácter personal. Publicación de listado con los resultados de un proceso selectivo de concurso oposición convocado por el SERGAS. La sancionada ordena las listas oficiales por puntuación y diferenciando los turnos de acceso. La Sala señala que existe tratamiento de datos personales, pues se modifican las listas oficiales al ordenarlas de forma distinta. Principio de consentimiento, inexistencia del mismo para la publicación diferenciada de la oficial, que no es mera reproducción de aquella. Principio de proporcionalidad, artículo 29 de la Ley 40/2015.
Resumen: Se invoca pérdida de la finalidad legítima de las penalidades visto el tiempo transcurrido desde la fecha de incoación hasta la de notificación de la resolución de imposición de penalidad, por lo que se viene a burlar por parte de la Administración la finalidad legítima asociada a la naturaleza de este tipo de penalidades porque no responde a un intento de que el contrato se ejecute correctamente de manera que pervierte la finalidad coercitiva o correctora que se le debe aplicar a las penalidades. La sentencia no aprecia caducidad en el procedimiento de imposición de penalidades pues el TS ha venido a consolidar como doctrina definitiva que las penalidades no revisten un carácter sancionador y el expediente para su determinación no puede considerarse como un procedimiento autónomo e independiente, de modo que no es aplicable el instituto de la caducidad, por tratarse de trámites, decisiones o incidencias dentro del procedimiento de ejecución del contrato. Aplicación del principio de proporcionalidad.
Resumen: El planteamiento del recurrente parte de una premisa incorrecta, ya que considera que el transporte de un alumno de la Escuela Naval Militar a un hospital es un «servicio particular» -y, por lo tanto, a su juicio, eral «ilegal» su traslado en vehículo oficial, por lo que debía incumplir la orden recibida-. Por el contrario, todo acto relacionado con la tutela que los centros docentes militares han de ejercer sobe sus alumnos -entre los que se encuentran los de cuidar y velar por su salud, especialmente, si se trata de centros en régimen cerrado, como es el caso- tiene carácter de servicio oficial. El incumplimiento de la orden de traslado del alumno al centro hospitalario que fue encomendada al recurrente supone una quiebra de los principios rectores de la institución militar, además de la distribución de funciones de la organización -de modo que el conductor del vehículo suplanta funciones propias del servicio sanitario y del capitán del destacamento-. Los razonamientos empleados por la sentencia recurrida en modo alguno carecen de motivación ni lesionan el derecho a la tutela judicial efectiva. En definitiva, la conducta del recurrente carece de toda justificación e integra, al menos, la falta leve que le fue apreciada, al concurrir en ella todos los elementos de dicho tipo disciplinario. No se aprecian el error en la valoración de la prueba ni las vulneraciones invocadas de los derechos a la presunción de inocencia, a la defensa y a la utilización de los medios de prueba.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución de la APLU de 4 de julio de 2022 objeto del presente procedimiento por considerar que es conforme a derecho. Señala la Sala que la competencia para la adopción de medidas relativas a la protección de la legalidad urbanística en relación con el suelo rústico incumbe a la APLU como competencias propias, y no delegadas. Añadiendo que atendido que nos hallamos ante una parcela clasificada por las NNSS del Ayuntamiento de Cabanas como suelo no urbanizable, le es de aplicación del régimen del suelo rústico. Habiendo de añadirse que el suelo rústico de especial protección patrimonial, está constituido por los terrenos protegidos por la legislación de patrimonio cultural. Siendo de aplicación dicho régimen, atendido que las obras se encuentran en el contorno de protección de la Mámoas de Punxeiro. Concluyenco en que lo que resulta del examen de las actuaciones es la realización de una actividad continuada a lo largo de los años, sin que quepa apreciar la diferenciación pretendida por la parte apelante; y sin licencia ni autorización, y sin que se pueda considerar que se trate de actuaciones en terrenos con características vinculadas a la actividad que se desarrolle en ellos.
Resumen: Recurso interpuesto por Partido Nacionalista Vasco contra la resolución del pleno del Tribunal de Cuentas que le impuso una sanción de 5.000€ por la infracción de carácter leve del artículo 17. Cuatro a) de la Ley Orgánica 8/2008 sobre Financiación de los Partidos Políticos, consistente en faltar al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas previsto en el artículo 19. La Sala desestima el recurso y señala que no hay caducidad del procedimiento sancionador (no se superan 6 meses de duración entre la fecha de incoación y la de la notificación de la resolución). No hay falta de previsión legal de la sanción. El artículo 17 bis de la LO 8/2007 habla de la sanción a imponer por la comisión de infracciones leves. Es evidente el error del legislador pues el artículo 17.3 tipifica las infracciones graves, no las leves, que están previstas en su apartado 4. Se trata de un error tan manifiesto que ninguna dificultad hay para salvarlo aunque nos encontremos ante disposiciones sancionadoras. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en su sentencia n.º 69/2024. Los hechos acreditados entrañan la infracción del deber de colaboración: no le facilitó la documentación sobre sus contratos que le requirió con precisión en la fiscalización de los ejercicios 2018 y 2019 y las razones dadas no sirven para exonerarlo. Concurre la culpa del sancionado, pues fue consciente del deber que pesaba sobre él y optó por no adoptar de inmediato las medidas necesarias para cumplirlo en plazo.
Resumen: Protección datos carácter personal. Exigencia de uso de mascarilla para entrar en establecimiento abierto al público (noviembre 2021), o acreditación de la exención para portarla. Resolución de inadmisión de la AEPD sin tramitación previa, ausencia de infracción procedimental, inexistencia de indefensión material. Afirma la Sala que las reclamaciones presentadas ante la AEPD deben aportar cuantos datos puedan apoyar su realidad, circunstancias de hecho y su relación con la normativa de protección de datos. La decisión de la AEPD, siendo motivada, puede ser de inadmisión
