Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: a) el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo reconocidos en los arts. 24.2 CE y 38 LORDGC; b) el principio de legalidad, en su complemento de tipicidad garantizado en el art. 25.1 CE y la jurisprudencia que lo desarrolla; c) el principio de proporcionalidad de la sanción, reconocido en el art. 19 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Interpretación del artículo 203.5.c) LGT. El artículo 203.5.c) de la LGT no nos suscita dudas sobre su inconstitucionalidad, interpretado en el sentido de que habilita a la Administración sancionadora y a los Tribunales de Justicia a utilizar un margen de apreciación entre 10.000 y 400.000 euros, en que no solo se tome en consideración la cifra de negocios del sujeto incumplidor -ajeno, aquí, al titular de la información con relevancia fiscal-, sino también la gravedad intrínseca de la conducta y la individualización del elemento subjetivo y su intensidad, sea por dolo o culpa.2) La ausencia de motivación específica sobre la gravedad de la conducta o la especial culpabilidad concurrente obliga a la Administración, caso de concurrencia de los demás elementos del tipo y la culpabilidad -referida a la mera conducta- a imponer la sanción en su grado mínimo. 3) La cifra de negocios del infractor -titular de los datos de transcendencia fiscal o un tercero ajeno a ellos-, no es el único elemento determinante del quántum de la sanción por la comisión de la infracción tipificada en el antedicho precepto sino, a lo sumo, un factor más de graduación, que ha de ser vinculado al tipo objetivo -la conducta tipificada- y al tipo subjetivo -la culpabilidad, sea por dolo o culpa y, aun dentro de ellas, la intensidad con que concurren.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del art. 25.1 CE, principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, y jurisprudencia que lo desarrolla; b) vulneración de la jurisprudencia que desarrolla la falta grave prevista en el art. 8.6. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que a priori se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en lo siguiente: a) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 CE, por inexistencia de prueba de cargo; b) vulneración del art. 25.1 CE, principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, y la jurisprudencia que lo desarrolla; c) vulneración de la jurisprudencia que desarrolla la falta grave prevista en el art. 8.10 LORDGC. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 Ley 29/1998, reformada por LO 7/2015-, en los términos en que a priori e plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación el Ilmo. Sr. abogado del Estado considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 42.2 LORDGC, en relación con el art. 24 CE. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 Ley 29/1998, reformada por LO 7/2015-, en los términos en que a priori e plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del derecho fundamental a la legalidad y su complemento representado por la tipicidad (art. 25 CE), en relación con los arts. 7 y 8 LORDGC. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo, en los términos en que a priori e plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Consolidación de la jurisprudencia existente referida a la posibilidad de resolver por la segunda causa, declarado en concurso el contratista, con apertura de la fase de liquidación si tal causa de resolución concurre con incumplimiento culpable de contratista como causa de resolución que persiste. Impugnación de distintas resoluciones del Ministerio de Fomento sobre resolución de contratos de concesión de obra pública por incumplimiento culpable de la concesionaria. Estimación de los recursos de casación interpuestos. Se enerva la potestad de la Administración de optar entre resolver o mantener la ejecución del contrato solo cuando se hubiese declarado el concurso. Concurrencia con una situación de incumplimiento esencial y persistente del contrato, en particular, su inejecución. Determinación de la prevalencia del incumplimiento culpable del contratista como causa de resolución cuando concurre con la declaración de concurso de contratista con apertura de la fase de liquidación.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto dando respuesta a la cuestión planteada que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, declarando que el artículo 117 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en relación con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, debe interpretarse en el sentido de que incumbe a las Administraciones Públicas competentes en materia de minas velar por el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad minera a que se sujetan los establecimientos de beneficio de recursos minerales o geológicos, en los que se apliquen técnicas mineras, en cuanto tienen por objeto proteger la seguridad de las personas ocupadas en dichos trabajos de riesgos a la vida o a la salud, mientras que la competencia de las Administraciones Públicas en materia laboral se limita a sancionar aquellos incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales referidos a actividades reguladas por la Ley de Minas que no exijan la aplicación de técnicas mineras. Cabe significar, al respecto, que el régimen sancionador establecido en la Ley 22/1973 de Minas, tiene como finalidad asegurar, además de lo señalado anteriormente, regular el desarrollo de estas actividades económicas de interés general, así como para preservar el medio ambiente, que constituyen los bienes jurídicos protegidos específicamente por esta normativa.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la Resolución dictada por el TEAR por la que se desestima las reclamaciones acumuladas contra acuerdo de liquidación correspondiente al IRPF de dos ejercicios y contra el acuerdo de imposición de sanción, se invoca la incongruencia omisiva del TEAR y la existencia de conflicto en aplicación de la norma tributaria, lo que se rechaza por la Sala, ya que el TEAR da respuesta al planteamiento del recurrente en relación con los presupuestos y requisitos precisos para la deducibilidad de los gastos y se dice que, además del soporte material y contabilidad del gasto puede haber otros incumplimientos fiscales; en este caso que no está acreditado que dichos gastos estén relacionados con el ejercicio de su actividad profesional, ya que no se trata de un conflicto en la aplicación de la norma tributaria, sino la concurrencia de los requisitos necesarios para deducir los gastos y que no se trata sólo de la tenencia de facturas y su anotación contable, sino de la vinculación a la actividad y en este caso el recurrente únicamente aporta una justificación documental del gasto y su anotación contable, pero no la relación causal con la actividad y en cuanto a la sanción, se afirma que no es motivo invalidante de la misma que se inicie el procedimiento sancionador antes de la notificación de la liquidación y en cuanto a la culpabilidad que la conducta del recurrente no se entiende sino existe una voluntad defraudatoria.
Resumen: Se impugna la resolución del Director General de la Policía, por la que se impone al recurrente, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, la sanción de suspensión de funciones durante diez días por la comisión de la falta grave tipificada en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2010 del Régimen disciplinario del CNP. Había sido condenado por delito de alcholemia. Se apela a la invasión del derecho a la intimidad. Pero esta primera alegación no puede prosperar, porque el régimen estatutario y disciplinario configurado legalmente en España para los funcionarios policiales justifica la imposición de sanción disciplinaria basada en una previa condena penal por acto realizado fuera de servicio. Alegación de la improcedencia de la ejecución de la detracción de haberes. Bien puede comprenderse que la mencionada detracción de haberes pertenece a la fase de ejecución de la sanción, por lo que resulta improcedente aquella alegación con ocasión de la impugnación de la resolución sancionadora. Vuneración del principio "non bis in idem" que no existe pues el TC ha precisado que, no estando ante doble ejercicio del poder punitivo del Estado (doble pena, doble sanción o acumulación de pena y sanción), sino ante una pena con la consecuencia de la sanción, no cabe hablar de bis in idem. Indefensió; pero no se especifica cuál es la relevante alegación de la que se ha visto privado y que pudiera determinar un resultado diferente en la resolución final.
