• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 354/2019
  • Fecha: 14/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala señala que, como se expone en el auto de admisión, el actual criterio jurisprudencial sobre el acceso al recurso de apelación de asuntos que versan sobre sanciones disciplinarias de suspensión de empleo y sueldo es que son de cuantía indeterminada. Y en el presente caso, no cabe apreciar ninguna circunstancia por la que dicho criterio jurisprudencial no haya de aplicarse. No cabe acoger la objeción de que ello supone una aplicación retroactiva de la jurisprudencia: los cambios jurisprudenciales, por su propia naturaleza, afectan a concretos litigios que en el momento de iniciarse estaban sometidos a una interpretación diferente de las normas relevantes. Hablar de retroactividad con respecto a los cambios jurisprudenciales puede así no ser enteramente preciso, pues se trata de una categoría tradicionalmente pensada para las normas de Derecho escrito. Pero, admitiendo a efectos argumentativos que dicha categoría pueda aplicarse a la jurisprudencia, es indiscutible que la aplicación de nuevos criterios jurisprudenciales a situaciones nacidas con anterioridad no tendría más topes que los previstos para las leyes, es decir, los impuestos en el art. 9.3 de la CE, que la nueva regla suponga una agravación en materia sancionadora, o que implique una restricción de derechos individuales. En casos como el presente, el nuevo criterio jurisprudencial crea una ventaja para quienes son sancionados disciplinariamente, por lo que se trataría de retroactividad favorable, no prohibida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: MARIA CARMEN FRIGOLA CASTILLON
  • Nº Recurso: 232/2019
  • Fecha: 11/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna en autos el Decreto 46/2019, de 7 de junio, dictado por la Consellería de Territorio, Energía y Movilidad de las Illes Balears, por el que se establecen las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor de ámbito insular y carácter temporal en la isla de Mallorca. La asociación recurrente alega en primer lugar que el Decreto impugnado no se sujeta a la proporción establecida entre la VTC-VT fijada en el artículo 3 del Decreto 43/2014. La sentencia reconoce a las Administraciones insulares la competencia propia de poder conceder en sus respectivos ámbitos insulares autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor, que podrán o no seguir la proporción contemplada en el artículo 3 del Decreto 43/2014. Es decir, tienen plena soberanía para fijar el criterio proporcional. La ley 4/2014 contempla en el apartado 4º del artículo 74 bis las autorizaciones que son competencia propia de los Consells Insulars, de ámbito estrictamente insular y que pueden ser temporales o permanentes. Para esa clase de autorizaciones, la ley les faculta, que los Consells establezcan su proporción, y además, su régimen jurídico, así como las condiciones de otorgamiento, modificación, extinción u otras que consideren necesarias. Y eso lo refuerza aun más si cabe el apartado 6º de ese mismo texto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUANA PATRICIA RIVAS MORENO
  • Nº Recurso: 982/2021
  • Fecha: 10/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre en apelación la sentencia del Juzgado que desestima el recurso contra una sanción por dos infracciones graves por venta de bebidas alcohólicas en horario nocturno. En la sentencia se analiza el motivo relativo a la vulneración del derecho a la prueba en el expediente, expresando que corresponde al interesado demostrar que el rechazo de la prueba le ha causado indefensión; en el caso, solicitó la testifical del presunto comprador o compradores de las bebidas, pero la intervención de éstos en los hechos ya constaba en el expediente a través de las manifestaciones de los agentes denunciantes; sin que hubiera ningún indicio de que los compradores, cuya identidad parecía incluso desconocer la parte, fueran a negar lo que allí se manifestaba. En cuanto al motivo relativo a la vulneración de la presunción de inocencia, se desestima asimismo con fundamento en el valor de las actas extendidas por los agentes, seguidas de informes ampliatorios, por lo que tanto la inexistencia de tickets de venta, cuya entrega depende del vendedor, como la falta de aprehensión de las bebidas, no puede considerarse suficiente para arrojar dudas que desvirtúen la presunción de inocencia, todo lo cual determina la desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: MARIA PILAR MARTINEZ CEYANES
  • Nº Recurso: 97/2021
  • Fecha: 10/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es un hecho plenamente acreditado que fue la propia titular del establecimiento hotelero y de restauración la que indicó a los agentes la existencia de la nave donde depositaban alimentos para su consumo posterior. También lo es que dichos alimentos carecían de documentación que aseguraran su trazabilidad, al carecer de toda información las bolsas que los contenían según revela el reportaje fotográfico realizado. Existía, pues, un riesgo para la salud de los consumidores visto que la directa vinculación entre la nave y el restaurante permitía el suministro de los alimentos almacenados y, de hecho, parte del menú se compone de carne de vacuno. El principio de cautela o precaución que, como ha quedado expresado, preside esta materia impide dar por buena la versión el recurrente relativa a que todo ese material estaba destinado al consumo familiar. Probablemente tal versión sea cierta en relación a una parte de los productos hallados, como la carne de jabalí que el testigo D.Avelino manifestó que correspondía a una pieza por él cazada. Pero los indicios de que los alimentos almacenados fueran destinados a comercializarse en el restaurante y, desde luego, a alimentar a terceros ajenos a la familia del recurrente, son lo suficientemente sólidos como para determinar la actuación administrativa impugnada. Considerando en definitiva que la resolución recurrida es ajustada a derecho procede la íntegra desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MATILDE APARICIO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 1740/2019
  • Fecha: 10/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Ley no exige que que se notifique la declaración de fallido del deudor, principal con la comunicación de inicio del procedimiento, sino solamente que se deje constancia de dicha declaración de fallido y en la resolución iniciando el procedimiento para derivar responsabilidad, consta la declaración de fallido del deudor principal. Por lo cual se ha respetado esta garantía reglamentaria de responsable, en el caso de que sea aplicable. Para la tasación a efectos del apremio, la ley no exige un informe técnico o valoración por peritos de la Administración, pudiendo hacerla un funcionario de los servicios técnicos si tiene conocimientos suficientes y figuran en el expediente administrativo tres informes del mismo técnico que determinan el valor del local y dos plazas de garaje, así como que es inferior a la responsabilidad hipotecaria y el demandante cuenta la responsabilidad hipotecaria de los inmuebles considerando solo la deuda principal con el banco, cuando dichos inmuebles responden además de intereses y costas por lo que no queda acreditado el desacierto en la declaración de fallida de la deudora principal. En fecha muy anterior a este acuerdo de derivación de responsabilidad, el demandante como administrador estaba obligado a convocar Junta General para decidir sobre la disolución; circunstancia que debe entenderse que conocía, puesto que si aceptó el cargo de administrador, normalmente sería con conocimiento de sus responsabilidades.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA CONSUELO URIS LLORET
  • Nº Recurso: 85/2021
  • Fecha: 10/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a la desestimación presunta de la reclamación formulada al objeto de que se iniciara el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental contra determinadas empresas y personas físicas,anulando la desestimación impugnada y condenando al órgano competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la iniciación de un procedimiento de exigencia de responsabilidad por daños medioambientales en el mar menor contra las empresas y personas que se detallan en el fallo con adopción, en su caso,de las medidas provisionales y resolución definitiva que proceda. Con carácter previo se reconoce la legitimación al Ministerio fiscal atribuida por la Disposición adicional octava de la ley 26/2007.A continuación se centra la controversia,no tanto en las concretas medidas a exigir para la reparación de los daños medioambientales,sino cual es la administración competente para tramitar y resolver el procedimiento.Siendo el contexto en el que se produce el requerimiento,por parte del Ministerio fiscal,el de las diligencias penales tramitadas para la investigación de las personas responsables de los vertidos al mar menor y estando,por ello,debidamente identificado el recurso natural afectado. Se concluye declarando por el tribunal a la la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, como competente para aplicar la legislación ambiental sectorial al causar los daños al mar menor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 148/2021
  • Fecha: 10/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno instando a la CNMV a la retroacción de las actuaciones practicadas a fin de incoar el trámite de audiencia al afectado por el expediente sancionador objeto de solicitud de información. Desestimación. La preferente aplicación de unas disposiciones especiales no impide la aplicación supletoria de la Ley de Transparencia en los demás extremos no regulados por la norma sectorial, excepto de aquellas previsiones que resulten incompatibles con las especialidades contempladas en la norma especial. No toda la información que se pide a la CNMC o la que se incorpora a un expediente sancionador resuelto por dicho organismo tiene carácter confidencial, sino que para ello se precisa que reúna determinados requisitos, sin que, por otra parte, la concesión de un trámite de audiencia para que el afectado por la información solicitada, que no ha sido declarada previamente confidencial, pueda alegar lo que a su derecho convenga, pueda ser considerado incompatible con las previsiones contenidas en la Ley del Mercado de Valores.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA CONSUELO URIS LLORET
  • Nº Recurso: 523/2021
  • Fecha: 10/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia desestimatoria de la instancia y,con ello la sanción de expulsión impuesta al recurrente con prohibición de entrada por plazo de 3 años, por encontrarse irregularmente en territorio nacional por carecer de documentación expedida por las autoridades españolas que autorice su estancia en España. Se desestima el recurso en la instancia aplicando el criterio establecido por la STS de 12-6-2018 y la sentencia del TJUE de 8-10-2020 razonando la ausencia de arraigo del recurrente en España para sustentar la expulsión. Se estima el recurso interpuesto,dejando sin efecto la sanción de expulsión impuesta siguiendo la doctrina del TJUE y la concreción de la misma mediante STS de 17-3-2021en la que se exige la valoración individualizada de cada caso concreto de las circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, y trasladado lo anterior al supuesto enjuiciado se estima el recurso interpuesto al considerar que, más allá de la estancia irregular no consta circunstancia de agravación alguna de la misma por parte del recurrente, tal y como exige la doctrina del TS aplicada, de conformidad con lo declarado por el TJUE, habiéndose acreditado que está identificado por su pasaporte, tiene un domicilio conocido, se encuentra empadronado en el domicilio desde 2019 y posee tarjeta sanitaria,además de registrar distintas asistencias sanitarias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA RUFZ REY
  • Nº Recurso: 154/2020
  • Fecha: 09/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aparte de los requisitos contables y los relativos a la emisión y contenido de las facturas, el carácter deducible de un gasto y de los importes de IVA soportados, viene determinado por la efectiva adquisición del bien o realización del servicio o actividad que motiva el pago, exigencia indispensable para poder afirmar que los bienes y servicios adquiridos se utilizan en la realización de operaciones sujetas al impuesto y no exentas, y la afectación de los bienes y servicios adquiridos a la actividad empresarial o profesional del que pretende deducirse las cuotas soportadas en su adquisición. Respecto de los gastos de combustible, la sociedad no es propietaria de ningún vehículo y no se ha acreditado que los gastos cuestionados estén directamente relacionados con la generación de ingresos mediante su afectación exclusiva a la actividad profesional. Los gastos documentados en tiques carecen de los datos necesarios para identificar al destinatario del servicio y respecto a los gastos de consultoría no ha quedado debidamente acreditado que las facturas se correspondan con los servicios alegados y, por tanto, no se aprecia su relación con la generación de los ingresos empresariales. La AEAT no puede razonar la existencia de culpabilidad mediante la simple afirmación de que las cuotas controvertidas no tienen carácter deducible, pues esto justifica la regularización llevada a cabo en la liquidación, pero no acredita la concurrencia del elemento subjetivo de la infracción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 340/2021
  • Fecha: 09/03/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala considera que el presente recurso presenta interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo para la formación de jurisprudencia respecto de la dualidad punitiva que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, prevé para la infracción grave de estancia irregular prevista en su artículo 53.1 a; en atención a la interpretación realizada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 3 de marzo de 2022, -asunto C-409/20- respecto de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, en el sentido de considerar que no se opone a la misma, sancionarla permanencia irregular de un nacional de un tercer país en el territorio de un Estado miembro, cuando no concurra circunstancias agravantes, en un primer momento, con una sanción de multa que lleve aparejada la obligación de abandonar el territorio de dicho Estado miembro en el plazo fijado salvo que, antes de que este expire, se regularice la situación del nacional de un tercer país y, en un segundo momento, si no se ha regularizado su situación, con una decisión en la que se ordena obligatoriamente su expulsión.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.